domingo, enero 28, 2024

EL FALLO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: ¿CONTEMPORIZACIÓN GENOCIDA?

 

EL FALLO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: ¿CONTEMPORIZACIÓN GENOCIDA?

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/fallo-la-corte-internacional-justicia-prudencia-genocida

Hernando Llano Ángel

Las medidas que acaba de dictar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las Naciones Unidas, emplazan al Estado Israelí en su accionar belicista contra la población palestina en la franja de gaza a cumplir las siguientes resoluciones:

1-      Evitar el genocidio. Israel deberá adoptar “todas las medidas dentro de su alcance” para evitar que se cometan los hechos previstos en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción contra el Delito de Genocidio. Esto incluye actos tales como matar a un miembro o grupo étnico sujeto a protección como la población palestina, causar lesiones a la integridad física o mental de las personas o someterlas a determinadas condiciones de existencia con el fin de su destrucción física”.

Tal medida de la CIJ parece ignorar que todas las anteriores acciones las viene ejecutando en forma sistemática y generalizada el ejército israelí desde el día posterior al terrorífico ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 y las seguirá ejecutando, según la declaración desafiante del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pues considera que dicha medida cautelar “no solo es falsa, es indignante” [1]. Sin embargo, hasta la fecha el número de víctimas mortales gazatíes es superior a 25.000, siendo “cinco de cada 10 fallecidos menores de edad, tres de cada 10 son mujeres y dos de cada 10 son hombres con 18 años o más”[2].

2-      Prevención y castigo de toda incitación al genocidio. El Gobierno de Israel deberá establecer también todas las medidas posibles para “prevenir y castigar cualquier incitación pública o directa para cometer actos de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza”.

De nuevo, la CIJ desconoce que exactamente eso ha venido haciendo el Estado Israelí, especialmente desde el llamado del ministro de defensa, Yoav Gallant, el mismo 7 de octubre, cuando afirmó: "Estamos luchando con animales humanos y actuaremos de la misma manera"[3]  y ordenó un "completo asedio" sobre la Franja de Gaza, de tal manera que el territorio costero controlado por Hamás no reciba ni suministro eléctrico, ni combustible, ni comida”.  Esa manera de luchar del ejército israelí supera en más de 24.000 víctimas mortales a las cerca de 1.200 ejecutadas cruelmente por Hamas el 7 de octubre de 2023. No queda duda que en la asimetría del terror genocida en marcha el Estado Israelí sobrepasa a Hamas, pues convierte a Gaza en un campo de aniquilación y de desplazamiento forzado de millones de gazatíes, sin precisar campos de concentración para su eliminación, como lo hicieron los nazis contra sus antepasados.

 

3-      Asegurar la disposición de ayuda humanitaria en Gaza. El Estado israelí estará obligado a garantizar la disposición de servicios básicos urgentes y ayuda humanitaria para hacer frente a las “adversas condiciones de vida” a las que se enfrentan los civiles palestinos”.

 

Una vez más, la CIJ parece olvidar que la primera medida tomada por el Estado Israelí fue imponer la “tierra arrasada”[4] al bloquear el ingreso de “bienes indispensables para la supervivencia de la población civil”, como “hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia”, lo que constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales”.

 

4-Preservar pruebas de crímenes cometidos. Israel deberá impedir la destrucción de las pruebas que puedan utilizarse en el caso para demostrar los actos cometidos. Una medida cautelar tan piadosa como irrealizable e ingenua, pues implicaría una autoincriminación y eventual condena de Israel por genocidio.

 

5- “Presentar un informe. El Gobierno israelí deberá presentar a la CIJ en el plazo de un mes un informe en el que se describan todas las medidas que se hayan adoptado para dar efecto al fallo provisional del Tribunal de la ONU”.  

 

Otra medida cautelar contemporizadora con el genocidio en marcha, pues en el transcurso de un mes las víctimas gazatíes seguirán aumentando, superando con seguridad las 30 mil. Por todo lo anterior, dichas medidas cautelares de la CIJ más se parecen a una contemporización genocida con Israel y están lejos de ser medidas eficaces a favor de la vida de los gazatíes y la liberación de los rehenes en manos de Hamas.

 

¡Alto el fuego de Israel y liberación inmediato de los rehenes por Hamas!

  

Objetivos que podría haber catalizado exigiendo un cese del fuego inmediato de Israel, acompañado de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamas. Aunque seguramente Netanyahu no la hubiera acatado y la CIJ carece de fuerza vinculante para hacerla cumplir, habría sentado un ejemplar precedente legal y moral, que pondría a Israel en una encrucijada internacional. Quizá lo más valioso de las anteriores medidas es que la admisión de la CIJ de la demanda por genocidio contra el pueblo palestino, presentada por Sudáfrica, es ya una condena política y moral de la civilidad y la sensibilidad humana contra Netanyahu y su gobierno de extrema derecha. Sin duda, señala el principio del fin de un autócrata criminal que utiliza la guerra para escapar del juicio y la eventual condena de la Corte Suprema de Justicia de su país por corrupto[5]. Habrá que esperar que transcurran varios años para la condena del Estado Israelí por genocidio, que deberá dictar la CIJ, si la ONU quiere impedir la consolidación de un orden político internacional criminal.  Dicha sentencia, por tarde que llegue, impedirá que sionistas fanáticos continúen utilizando con cinismo criminal el holocausto[6] o la Shoah como “una fuente de poder y de privilegios”, abusando de la memoria y el sufrimiento del pueblo judío, tal como lo hace hoy Netanyahu y sus aliados nacionales e internacionales contra el pueblo palestino. Entonces se cumpliría la sentencia de Plutarco, que cita Tzvetan Todorov en su ensayo “Los abusos de la memoria”[7]:La política se define como aquello que sustrae al odio su carácter eterno, dicho de otra manera, que subordina el pasado al presente”. Un presente que exige ya el cese del fuego genocida israelí, la libertad de todos los rehenes por Hamas y el reconocimiento pleno de un Estado Palestino autónomo, liberado del odio y el fanatismo islamista contra el Estado Israelí, para que el pasado de guerra y venganzas quede subordinado a un presente y futuro de paz para ambos pueblos. La sentencia de Plutarco también aplica totalmente para los protagonistas de la violencia política en nuestro país, desde la extrema izquierda, pasando por el “centro democrático” hasta la cabal extrema derecha. Todos ellos son incapaces de reconocer sus responsabilidades y crímenes en este degradado conflicto armado, unos en nombre de la democracia y otros de la revolución, y sacrifican así el pueblo que dicen representar, como lo hacen respectivamente Netanyahu y Hamas. Todavía sueñan con eliminar al contrario en una guerra interminable, pues cada bando reclama una inexistente superioridad moral para gobernar y descalifica a su adversario por terrorista, obsesionado con su aniquilación y victoria total, como delira Netanyahu contra Hamas. No por casualidad histórica ambos conflictos, el árabe-israelí y el nuestro, datan por lo menos desde 1948 y tienen como sustrato –a pesar de la abismal diferencia-- la disputa por el territorio y su población. Ambos conflictos reclaman para su fin la imperiosa y vital necesidad de auténticos Estados democráticos seculares y ciudadanías ajenas a fanatismos políticos, religiosos o nacionalistas, manipuladas por líderes supuestamente providenciales que terminan siendo fatales para ambos pueblos.

 

 



lunes, enero 22, 2024

DIGRESIONES SEMÁNTICAS

 

DIGRESIONES SEMÁNTICAS

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/digresiones-semanticas

La realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad”. Antonio Gramsci[1]

Hernando Llano Ángel.

No hay noticia en donde no escuchemos el verbo involucrar[2] para referirse a las más diversas actividades y circunstancias. Es un verbo omnipresente y ubicuo. Lo escuchamos en la televisión y la radio, lo leemos en la prensa escrita, en las proclamas políticas, en los programas gubernamentales y hasta en sesudos análisis económicos y académicos. De la noche a la mañana el verbo involucrar desplazó el verbo comprometer[3]. Pareciera que ahora ya nadie se compromete, sino que se involucra. Sospecho que ello tiene que ver con el ascenso del crimen en nuestras sociedades y la casi desaparición del compromiso de numerosos líderes políticos y la mayoría de ciudadanos con la democracia y la legalidad. Por ejemplo, tiene mucho sentido afirmar que Donald Trump[4] está involucrado en numerosos delitos y crímenes, cerca de 91, de los cuales se encuentra sub iudce[5], es decir, pendiente de resolución judicial. Al igual que el expresidente Álvaro Uribe Vélez[6], quien lo supera con más de 200 investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin contar la controvertida y prolongada investigación que adelanta la ejemplar Fiscalía de Barbosa por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos[7]. Por eso, no tiene sentido alguno afirmar que Trump se encuentra comprometido con la democracia, la legalidad y el Estado de derecho, al igual que el expresidente Uribe. Incluso Trump todavía es incapaz de reconocer su derrota electoral frente a Joe Biden y continúa afirmando que se trató de un fraude, así como Uribe no asume responsabilidad política alguna por los miles de crímenes de la llamada “Seguridad democrática”. De alcanzar nuevamente la presidencia Trump significaría el ascenso del crimen a la superpotencia militar del planeta. Semejante acontecimiento cerraría catastróficamente el círculo de ilegalidad y criminalidad en la presidencia norteamericana, iniciada por Richard Nixon con el escándalo de Watergate[8], en el que al menos éste tuvo la decencia de renunciar antes del inicio del juicio político y del impeachment[9]de destitución que le esperaba. Trump, entonces, cerraría impunemente ese círculo si gana la presidencia en el 2026, pues estaría legitimado por la mayoría de norteamericanos que lo elijan. En este caso, cabe afirmar que la sociedad norteamericana estaría más involucrada con el crimen y la ilegalidad que con la democracia y el Estado de derecho, sin el cual aquella deja de existir, como ha sucedido entre nosotros desde fechas casi inmemoriales. También que han sido los líderes del partido más conservador, el partido Republicano, supuestamente defensor del orden, la autoridad y la moralidad, los más involucrados con el crimen y la ilegalidad tanto doméstica como internacionalmente. Algo que sucede en muchas otras latitudes, como en Rusia con Putin y en Israel con Netanyahu, sin olvidar casos frecuentes en nuestra historia. En Estados Unidos, fue Nixon con la guerra de Vietnam y el golpe de Estado en Chile contra el presidente legítimo, Salvador Allende y luego los Bush, padre e hijo, con las guerras del golfo[10] y la ilegal invasión a Irak[11], ésta última sustentada en la criminal mentira de las “armas de destrucción masiva”[12] en manos de Saddam Husein. Así las cosas, es forzoso concluir que, si Trump gana la presidencia en el 2026, hará a Norteamérica grande otra vez como superpotencia militar sustentada en la ilegalidad, el crimen y la impunidad. Algo que no es sorprendente, pues Estados Unidos es “Un País bañado en sangre”[13], como lo describe con rigor y sobriedad Paul Auster[14] en dicho ensayo, donde afirma que desde 1985 el número de víctimas mortales por tiroteos asciende a 1.500.000, superior a todas las bajas sufridas en las guerras internacionales en que Norteamérica ha intervenido. Luego es comprensible que Trump[15], defensor acérrimo de la Asociación Nacional del Rifle[16] (ANR, sus siglas en inglés), sea de nuevo presidente, pues política, sociológica y culturalmente es un legítimo representante de una sociedad tanática, que no puede vivir sin dejar de comprar y disparar armas de fuego. Al respecto, vale la pena ver la película “Dejar el mundo atrás[17], en Netflix, de la que curiosamente son coproductores Barack y Michel Obama, en donde se proyecta el final apocalíptico de la considerada ejemplar democracia, que no pasa de serlo en el mundo de la ficción y la mentira política de quienes controlan la palabra. Razón tenía Gramsci: “quien controla las palabras controla la realidad”. Afortunadamente todos tenemos derecho a la palabra, al menos por ahora, así sea en internet y gracias a los blogs de EL ESPECTADOR.



POLÍTICA, VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD

 

POLÍTICA, VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/politica-violencia-criminalidad

Hernando Llano Ángel.

Sin duda, política, violencia y criminalidad conforman una especie de nefasta trinidad tanática[1], que se extiende por todas las latitudes del mundo, desde la línea ecuatorial que cruza geográficamente nuestro planeta hasta la septentrional Suecia, como puede verse en este informe de Euronews[2]. Claro está, la relevancia y gravedad de cada una de estas tres dimensiones distintas: política, violencia y criminalidad que generan una sola crisis planetaria, depende de sus protagonistas criminales y de la legitimidad y fortaleza de los Estados que desafían. En el caso de Ecuador[3] y Suecia los protagonistas son bandas criminales que se disputan mercados ilegales y ponen en jaque a los respectivos Estados, obviamente con consecuencias muy diferentes. En el Ecuador no solo desafían la gobernabilidad del presidente Daniel Noboa, sino incluso la existencia de un débil Estado que recurre erráticamente a declarar la existencia de un conflicto armado interno para enfrentarlas. No sucede lo mismo en Suecia, dada la fortaleza y legitimidad del Estado, asediado por bandas criminales que desafían la seguridad ciudadana y exigen un tratamiento policivo y preventivo más diversificado relacionado con la migración ilegal y su reclutamiento por el narcotráfico.

Los Estado criminales

Pero otra cosa muy distinta sucede si los protagonistas de la violencia y el crimen son jefes de Estado, como Putin y Netanyahu, que pretenden camuflarse con los oropeles de la seguridad estatal y la protección de sus nacionales, bajo los cuales cometen impunemente –por ahora—crímenes de guerra y de lesa humanidad, como bien lo explica el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo en esta entrevista[4]. En dichas circunstancias, la política, es convertida en guerra de ocupación en Ucrania y de genocidio en Palestina (Franja de Gaza y Cisjordania), y así la violencia se despliega en su máxima expresión militar y la criminalidad toma la forma de razón de Estado con el argumento de rechazar amenazas mortales. En el caso de Rusia, contra la OTAN y de Israel contra Hamas. Entonces se llega al absurdo ético de intentar legitimar nacional e internacionalmente semejantes crímenes atroces, que ya sobrepasan en Palestina[5] las 30.000 víctimas mortales, la mayoría niños y mujeres, con bombardeos generalizados y la estrategia de tierra arrasada o quemada[6], que constituye una práctica genocida al privar a la población civil de bienes indispensables para su supervivencia. “Los Protocolos adicionales I y II ofrecen los siguientes ejemplos de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil: los artículos alimenticios, las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego”, señala el Comité Internacional de la Cruz Roja. Precisamente por ello, Sudáfrica ha denunciado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU en la Haya[7] por estar incurso en la promoción de un genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, pues ambos Estados son miembros de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948[8], aprobada justamente después de la terrible Shoah[9] o genocidio de judíos durante la segunda guerra mundial. Ahora, terrible ironía, es invocada por Sudáfrica para frenar el genocidio de gazatíes por el Estado Israelí.  Se espera que en las próximas semanas la Corte Internacional dicte medidas de prevención que obliguen al Estado Israelí a poner fin a la criminal ocupación, el genocidio y la catástrofe humanitaria en curso de la población gazatí en la Franja[10] y en Cisjordania, donde ya han sido asesinados más de 100 niños palestinos[11].

Ius in bello Vs Ius ad bellum[12]

Una vez más el Derecho Internacional humanitario y su regulación legal de la guerra (Ius in bello) está librando un pulso vital contra la criminalidad política de Netanyahu y Putin, quienes apuestan por un supuesto Ius ad bellum (derecho a la guerra) para legitimar sus crímenes internacionales. En últimas, es la confrontación entre la política y el DIH como matriz de vida y cultura, frente a la política guerrerista y criminal de líderes autocráticos a quienes la justicia internacional debería, al menos, contener y en lo posible procesar y condenar. Otro pulso muy diferente es el que libran Ecuador y Suecia contra las bandas criminales. Un pulso que también debe resolver la política para lo cual se requieren múltiples estrategias, más allá del uso exclusivo de la persecución judicial y la represión militar en tanto son diversas economías ilegales la fuente inagotable de la violencia y la corrupción, sumadas a la migración, la discriminación, segregación y exclusión social. Para empezar, la política debería reconocer que mientras persista el prohibicionismo será el mismo Estado el responsable de las ganancias siderales que obtienen las bandas criminales a través del narcotráfico y de la explotación de las olas de migrantes, todo un entramado al servicio de la pulsión consumista y la evasión hedonista de millones de adictos. Reconocer, especialmente Ecuador que su actual respuesta a la crisis es errática, como lo explica Rodrigo Uprimny[13] en su columna de hoy, pues el problema no se soluciona con megacárceles, mucho menos a sangre y fuego, porque dicha criminalidad es un problema interméstico, tanto doméstico como internacional, que precisa el diseño y aplicación de estrategias conjuntas entre los Estados afectados y en todos los ámbitos. Empezando por el económico con la regulación y control estatal de las drogas; el social mediante la generación de oportunidades y mercados legales; el judicial y cultural, asumiendo la prevención y educación de la población más joven, brindándole alternativas lúdicas a su inmensa creatividad y rebeldía frente a la ausencia de futuro para sus vidas. En fin, reconociendo que el asunto es una policrisis[14], más allá de una simple crisis de la política criminal, que eventualmente solucionaría el problema con más policías, más jueces y megacárceles. Nunca habrá suficientes celdas, ni vallas para contener tanta gente hambrienta y desesperada, como tampoco drogas para satisfacer el sinsentido de millones de vidas adictas a la evasión y el goce tanático.