lunes, enero 22, 2024

POLÍTICA, VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD

 

POLÍTICA, VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/politica-violencia-criminalidad

Hernando Llano Ángel.

Sin duda, política, violencia y criminalidad conforman una especie de nefasta trinidad tanática[1], que se extiende por todas las latitudes del mundo, desde la línea ecuatorial que cruza geográficamente nuestro planeta hasta la septentrional Suecia, como puede verse en este informe de Euronews[2]. Claro está, la relevancia y gravedad de cada una de estas tres dimensiones distintas: política, violencia y criminalidad que generan una sola crisis planetaria, depende de sus protagonistas criminales y de la legitimidad y fortaleza de los Estados que desafían. En el caso de Ecuador[3] y Suecia los protagonistas son bandas criminales que se disputan mercados ilegales y ponen en jaque a los respectivos Estados, obviamente con consecuencias muy diferentes. En el Ecuador no solo desafían la gobernabilidad del presidente Daniel Noboa, sino incluso la existencia de un débil Estado que recurre erráticamente a declarar la existencia de un conflicto armado interno para enfrentarlas. No sucede lo mismo en Suecia, dada la fortaleza y legitimidad del Estado, asediado por bandas criminales que desafían la seguridad ciudadana y exigen un tratamiento policivo y preventivo más diversificado relacionado con la migración ilegal y su reclutamiento por el narcotráfico.

Los Estado criminales

Pero otra cosa muy distinta sucede si los protagonistas de la violencia y el crimen son jefes de Estado, como Putin y Netanyahu, que pretenden camuflarse con los oropeles de la seguridad estatal y la protección de sus nacionales, bajo los cuales cometen impunemente –por ahora—crímenes de guerra y de lesa humanidad, como bien lo explica el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo en esta entrevista[4]. En dichas circunstancias, la política, es convertida en guerra de ocupación en Ucrania y de genocidio en Palestina (Franja de Gaza y Cisjordania), y así la violencia se despliega en su máxima expresión militar y la criminalidad toma la forma de razón de Estado con el argumento de rechazar amenazas mortales. En el caso de Rusia, contra la OTAN y de Israel contra Hamas. Entonces se llega al absurdo ético de intentar legitimar nacional e internacionalmente semejantes crímenes atroces, que ya sobrepasan en Palestina[5] las 30.000 víctimas mortales, la mayoría niños y mujeres, con bombardeos generalizados y la estrategia de tierra arrasada o quemada[6], que constituye una práctica genocida al privar a la población civil de bienes indispensables para su supervivencia. “Los Protocolos adicionales I y II ofrecen los siguientes ejemplos de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil: los artículos alimenticios, las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego”, señala el Comité Internacional de la Cruz Roja. Precisamente por ello, Sudáfrica ha denunciado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU en la Haya[7] por estar incurso en la promoción de un genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, pues ambos Estados son miembros de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948[8], aprobada justamente después de la terrible Shoah[9] o genocidio de judíos durante la segunda guerra mundial. Ahora, terrible ironía, es invocada por Sudáfrica para frenar el genocidio de gazatíes por el Estado Israelí.  Se espera que en las próximas semanas la Corte Internacional dicte medidas de prevención que obliguen al Estado Israelí a poner fin a la criminal ocupación, el genocidio y la catástrofe humanitaria en curso de la población gazatí en la Franja[10] y en Cisjordania, donde ya han sido asesinados más de 100 niños palestinos[11].

Ius in bello Vs Ius ad bellum[12]

Una vez más el Derecho Internacional humanitario y su regulación legal de la guerra (Ius in bello) está librando un pulso vital contra la criminalidad política de Netanyahu y Putin, quienes apuestan por un supuesto Ius ad bellum (derecho a la guerra) para legitimar sus crímenes internacionales. En últimas, es la confrontación entre la política y el DIH como matriz de vida y cultura, frente a la política guerrerista y criminal de líderes autocráticos a quienes la justicia internacional debería, al menos, contener y en lo posible procesar y condenar. Otro pulso muy diferente es el que libran Ecuador y Suecia contra las bandas criminales. Un pulso que también debe resolver la política para lo cual se requieren múltiples estrategias, más allá del uso exclusivo de la persecución judicial y la represión militar en tanto son diversas economías ilegales la fuente inagotable de la violencia y la corrupción, sumadas a la migración, la discriminación, segregación y exclusión social. Para empezar, la política debería reconocer que mientras persista el prohibicionismo será el mismo Estado el responsable de las ganancias siderales que obtienen las bandas criminales a través del narcotráfico y de la explotación de las olas de migrantes, todo un entramado al servicio de la pulsión consumista y la evasión hedonista de millones de adictos. Reconocer, especialmente Ecuador que su actual respuesta a la crisis es errática, como lo explica Rodrigo Uprimny[13] en su columna de hoy, pues el problema no se soluciona con megacárceles, mucho menos a sangre y fuego, porque dicha criminalidad es un problema interméstico, tanto doméstico como internacional, que precisa el diseño y aplicación de estrategias conjuntas entre los Estados afectados y en todos los ámbitos. Empezando por el económico con la regulación y control estatal de las drogas; el social mediante la generación de oportunidades y mercados legales; el judicial y cultural, asumiendo la prevención y educación de la población más joven, brindándole alternativas lúdicas a su inmensa creatividad y rebeldía frente a la ausencia de futuro para sus vidas. En fin, reconociendo que el asunto es una policrisis[14], más allá de una simple crisis de la política criminal, que eventualmente solucionaría el problema con más policías, más jueces y megacárceles. Nunca habrá suficientes celdas, ni vallas para contener tanta gente hambrienta y desesperada, como tampoco drogas para satisfacer el sinsentido de millones de vidas adictas a la evasión y el goce tanático.  

 



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