martes, enero 24, 2023

PERÚ, MÁS ALLÁ DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

 

PERÚ, MÁS ALLÁ DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/peru-mas-alla-la-democracia-liberal

Hernando Llano Ángel.

Un consenso universal recorre el mundo político, la crisis terminal y global de la democracia liberal[1]. Crisis especialmente grave en Latinoamérica, en donde asistimos a procesos de transición política que se debaten entre su reinvención en clave ciudadana, intercultural, telúrica y ecológica o su colapso populista, racista y autoritario. Lo acabamos de ver con el triunfo en las urnas de Lula en Brasil y el intento esperpéntico de destituirlo, emulando los fanáticos de Bolsonaro la escena Hollywoodense de Trump y sus seguidores en Washington. Tal es el mayor desafío que enfrentan hoy los presidentes de Chile, Brasil y Colombia y sus gobiernos progresistas de izquierda, cuya agenda es esencialmente reformista y de corte socialdemócrata. Sus tres líderes: Gabriel Boric, Lula da Silva y Gustavo Petro, con sus diferencias de edades, estilos de liderazgo y proyectos políticos, comparten una visión de la democracia que va más allá de la liberal, sin renegar y mucho menos desconocer sus dos pilares fundamentales: la propiedad privada y el Estado de derecho. Pero también los tres son plenamente conscientes que la democracia liberal ha sido en sus respectivos países una democracia de mercado y para mercaderes, profundamente racista, clasista, cultural y socialmente excluyente. No ha sido una democracia socialmente incluyente, menos receptiva y respetuosa de la pluralidad cultural y étnica de nuestros pueblos originarios, capaz de integrar intereses y reconocer derechos más allá de las lógicas mercantilistas de la ganancia y la seguridad jurídica de minorías privilegiadas. Su verdadera identidad y nombre es mercadocracia y su apellido cacocracia[2]. Obviamente, la principal consecuencia de lo anterior ha sido una profunda crisis de representación política y su correlato de precaria legitimidad del Estado en la mayoría de nuestros países. Perú encarna hoy dramáticamente esa situación. Asistimos a la escenificación pública de una democracia plebeya[3] que asciende desde el profundo sur peruano hacia Lima, capital política y económica, buscando liberarse de la dominación de esa caricatura cacocrática de la democracia liberal, usurpada por una red de intereses clientelistas y empresariales, agenciada por políticos profesionales que han convertido el Estado en un botín que se disputan avariciosamente. No por casualidad en los últimos seis años Perú tenido seis presidentes[4]: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynzski, Martín Vizcarra,  Manuel Merino, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. Ese es el trasfondo de la actual crisis peruana. De allí que las demandas de esa ciudadanía pluricultural, de alguna forma representada por Pedro Castillo, sean precisamente la renuncia de la actual presidenta Boluarte, la disolución del Congreso, la pronta convocatoria a elecciones y la integración de una Asamblea Nacional Constituyente. Propuestas que, obviamente, el establecimiento representado por Dina Boluarte[5] considera inadmisibles, pues ellos viven en el ensueño de considerarse auténticos representantes del pueblo y depositarios de plena legitimidad política. Un ensueño que cada día se convierte en una pesadilla más sangrienta, pues se tienen que parapetar, literalmente esconderse tras las bayonetas y las armas de la Fuerza Pública, para poder conservar sus cargos y prebendas burocráticas. En la realidad, como lo vemos en todos los noticieros y periódicos, quienes han dado un golpe de Estado en Perú son ellos, los políticos profesionales de siempre, presididos por Boluarte, pues su principal y casi único recurso de gobernabilidad es la fuerza, la violencia, la represión y el asesinato de civiles inermes. Tremenda paradoja, encarcelan a Pedro Castillo bajo el cargo de promover un golpe de Estado, pero son ellos quienes lo están ejecutando. Cada día arrecia más la violencia y aumenta el número de civiles asesinados, cuya cifra es incierta, pero las noticias reportan al menos 54 víctimas mortales[6]. Hoy, en Perú, el pueblo está en las calles y las plazas públicas, es decir, el poder ciudadano y democrático está siendo hostigado, reprimido y masacrado por una autocracia que está usurpando el Estado y se vale de la Fuerza Pública para ocupar ilegítimamente las instituciones de representación del pueblo, como el Congreso y la Presidencia. Por eso, la única salida política es, efectivamente, reconstruir las instituciones que canalizan la savia de la democracia, la voz y decisiones de sus ciudadanos, lo que solo puede hacerse convocando lo más pronto posible elecciones con plenas garantías de legalidad, competencia plural y paz política, para conformar un nuevo gobierno con la suficiente legitimidad popular que le permita convocar una Asamblea Constituyente. Una Asamblea que, a su vez, debe reconstruir la legitimidad democrática en el Perú, incluyendo a esas mayorías que hoy están en las calles de Lima y reclaman una democracia ciudadana, intercultural y ecológica, que sustituya esa cacocracia blanca de mercaderes y mercenarios que se autodenomina democracia.

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martes, enero 17, 2023

CARLOS JIMÉNEZ GÓMEZ (1930-2021) Y SU PERENNE ACTUALIDAD

 

 CARLOS JIMÉNEZ GÓMEZ (1930-2021) Y SU PERENNE ACTUALIDAD

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Hernando Llano Ángel.

El pasado 16 de enero de 2023 se cumplieron dos años del fallecimiento en Bogotá de Carlos Jiménez Gómez, quien se desempeñó como Procurador General de la Nación bajo el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Es imprescindible recordarlo, pues, como en alguna entrevista lo expresará, “Colombia es un país de 24 horas”. Carecemos de memoria institucional, incluso cotidiana y personal. Quizá esa amnesia sea un mecanismo de defensa para no enloquecer, pues una avalancha y una nueva masacre, borran de nuestra conciencia las sucedidas ayer. A la toma, incineración y destrucción del Palacio de Justicia[1], 6 y 7 de noviembre de 1985, siguió el arrasamiento y la desaparición de Armero[2], el 13 de noviembre. Una catástrofe política y otra natural, ambas evitables. La primera, de haber tenido sensatez el M-19 y prudencia Belisario Betancur. Pero en ambos predominó el delirio y la revancha, respectivamente. En la segunda, si se hubieran acatado todas las previsiones y advertencias de los expertos, Armero no hubiese sido una tragedia y no sería hoy un campo santo, yermo y abandonado. Así sobrevivimos en Colombia, extraviados en un laberinto de desgracias, violencias, imprevisiones y olvidos, desde hace mucho más de 100 años. Pero, si prescindimos de la memoria, no solo ignoramos quiénes somos, sino lo que es peor cómo vivimos y hasta morimos, por no asumir nuestras responsabilidades en el presente. Para conjurar tan letal epidemia del olvido y la irresponsabilidad, voy a recurrir a una selección de textos del propio Jiménez Gómez, destinados a quienes no tuvieron el privilegio de conocerlo o perdieron la memoria y la gratitud para recordarlo. Son textos que dan cuenta de su extraordinaria y versátil personalidad, así como de sus profundas convicciones democráticas y su recio carácter republicano. Virtudes por las cuales el establecimiento político lo condenó al ostracismo, pues no toleró que revelará, como Procurador General de la Nación, en forma tan descarnada y veraz, todas las imposturas y la descomposición ética y política de un establecimiento que desde entonces fusionó el Estado con el crimen, la violencia, la corrupción y la impunidad. Por lo tanto, conviene empezar por su propia identidad: “Pertenezco al sindicato invisible de los abogados que escriben, esos que al lado del código manejan la novela, el poema, la reflexión sociológica o la investigación histórica; y que, sintiéndose no menos escritores que abogados, se precian de tener de los problemas político-sociales y humanos un concepto integral y más alto, pues que sus inquietudes miran tanto al horizonte plano de las realidades de cada día como al abismo de los grandes interrogantes del hombre y del destino”[3], como escribió en uno de  sus últimos libro Testigo del diluvio, 1999, editorial Kimpres. En dicho texto, publicado 13 años después de haber culminado su gestión en la Procuraduría General, hace un balance crítico y esclarecedor de sus más importantes y polémicas decisiones frente a la que definió como una “Procuraduría de Opinión”, en el sentido de “recoger las grandes preocupaciones de la opinión y erigirlas en materia de su trabajo; defender los intereses del común; como la calle, hablar un lenguaje claro, plantear la verdad desnuda y tocar sin miramientos cuanto su misión le mande, como intérprete y vocero del sentido ético y político de la comunidad. La Procuraduría de opinión es, en suma, una auténtica Procuraduría ciudadana”. Y, en efecto, a ella se consagró, sin concesiones, durante esos 4 años turbulentos e históricos. Para resaltar sus principales aportes, escribí una reseña de sus más tras trascendentales decisiones en “Carlos Jiménez Gómez: Un Procurador Histórico, In Memoriam”[4], en tres entregas en el 2021, por lo que ahora dedicaré este blog a citar sus apreciaciones sobre los dos problemas que más afectan nuestras vidas, el presente y futuro político de Colombia, como son la violencia política y el narcotráfico. Al respecto en “Testigo del diluvio”, bajo el acápite de “Orden Público y Narcotráfico”, sustentó así el doctor Jiménez Gómez sus conceptos, como Procurador General de la Nación, contra la aplicación del Tratado de Extradición con Estados Unidos: “Siempre encontré inaceptable que un problema mundial se quisiera resolver domésticamente; que los intereses de los Estados Unidos como campeón de los países consumidores dictará nuestras políticas en este campo, en perjuicio de nuestros más vitales intereses nacionales; que se pusiera todo el aparato del Estado colombiano a las órdenes discrecionales de las Autoridades Norteamericanas. Yo no soy el Procurador de los Estados Unidos sino de Colombia, dije en mi momento. Me indignaba la obsecuencia de los funcionarios extranjerizantes y sus políticas y sus posturas abdicadoras (p.53)”. Como se ve, desde entonces Jiménez Gómez fue un pionero incomprendido, incluso calumniado, por promover y defender una solución interméstica[5] a tan complejo problema, porque, argumentó: “para mí no hubo, desde las primeras noticias del gran fenómeno, ninguna duda de que este problema y el de la guerrilla eran hermanos y, en el fondo, provenientes de la misma causa: el afán de liberación de la gente en guerra furiosa contra el mundo de la necesidad. Uno y otro eran una y la misma grieta en la tranquilidad y en el orden público del país. Y llegado a la Procuraduría, así lo seguí entendiendo y así lo quise tratar en todo momento (p.55)”. Realidad que solo se reconoció 40 años después en el Acuerdo de Paz del 2016, en su punto 4, dedicado a solucionar el problema de las drogas ilícitas, pues “la persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Se reconoce así que, además de ser parte constitutiva del conflicto armado, la solución definitiva a este problema tiene que ver con la implementación de la Reforma Rural Integral y la construcción de la paz en el campo”[6]. Podría seguir citando muchas más de sus decisiones cruciales, como la denuncia, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, del entonces presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe, por sus actuaciones frente a la violenta toma del Palacio de Justicia por el M-19, que sintetizó así: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los conflictos armados”. Por ello: “La invocación del Derecho de Gentes y del Derecho Internacional Humanitario es un complemento indispensable de toda política de defensa de los Derechos Humanos”. Por todo lo anterior, convendría a este gobierno del Pacto Histórico consultar la obra y las ejecutorias del Procurador Jiménez Gómez, no solo para reafirmar su rumbo progresista, sino sobre todo para inspirarse y guiarse en la búsqueda de esa esquiva “Paz Total”, pues sin duda en sus memorias como Procurador General (publicadas en cinco tomos como “Documentos del Procurador”), encontrará Petro consejos tan pertinentes como el siguiente: “Al Estado se va con tratados, profesores, parlamentarios, prensa, opinión y manifestaciones callejeras. Es una labor de persuasión y educación, de corrección y conversión. De control. La ley es un instrumento, los juzgados una instancia, las cárceles un cerco de aislamiento. Pero por encima de ellos está el Estado empinado, inmenso, apabullante, con una concepción del hombre, de la sociedad y de la historia, que es la que hay que vigilar y hacer valer y respetar, para que sea honesto y consecuente y para que ponga el servicio de la verdad y de la justicia toda su estructura (P. 37). Sin duda alguna, Carlos Jiménez Gómez (q.e.p.d.) con su obra, tanto la institucional como la ensayística, poética y literaria, vive en una perenne actualidad y sus memorias son una guía esclarecedora para la superación de las principales encrucijadas del presente: la paz con justicia social; la gobernabilidad con seguridad y la verdad con reconciliación política. Un legado que todos deberíamos asumir y un ejemplo a emular para vivir dignamente en democracia, sin contemporizar con más mentiras y claudicaciones complacientes, como la de ser un ejemplo de civilidad, solidaridad y ciudadanía, cuando en realidad somos un archipiélago de odios que naufraga en medio del clasismo, el racismo, el fanatismo político, la indolencia e ignorancia de millones que se autodenominan “ciudadanos de bien”, pero siempre están dispuestos a burlar la ley, tomarla por su propia mano o eludir el pago de impuestos.  

 

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! QUE VIVA LA COCA VITAL!

 

¡QUE VIVA LA COCA VITAL!

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Hernando Llano Ángel.

Ya los principales medios de comunicación reaccionan indignados frente al anuncio del gobierno de Petro de limitar a 20.000 hectáreas la erradicación de los cultivos de coca en el 2023[1], sin utilizar el potencialmente cancerígeno glifosato[2]. Incluso, algunos consideran que dicha decisión es una prueba inocultable del carácter mafioso de este gobierno, que consolida así su alianza con el crimen organizado. Los más radicales dirán que estamos frente a un narcoestado. Para reafirmar ese cargo y deslegitimar el gobierno del Pacto Histórico y su ambicioso proyecto de Paz Total, suman a sus argumentos la disposición de la ley 2272[3] del 2022 que, en su artículo 2, abre la posibilidad de “(ii) acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento. Se entenderá por estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo[4], que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o más economías ilícitas. Se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado Colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”.

El crimen sí paga políticamente

Sin duda, una filigrana legal nada novedosa para desactivar estructuras criminales de alto impacto, pues se inscribe en el modelo de “sometimiento a la justicia”[5], implementado por el expresidente César Gaviria para la entrega de Pablo Escobar y sus temibles “extraditables”. Todos recordamos que, en un principio, fue un éxito sin precedentes, pues desembocó en la entrega de Escobar y su combo criminal, al tiempo que la Asamblea Nacional Constituyente aprobaba el artículo 35 “prohibiendo la extradición de colombianos por nacimiento”. Fue un éxito efímero que logró salvar un número significativo de vidas[6], evitando que los extraditables continuarán sembrando nuestras calles con policías asesinados por sus sicarios  o despedazando civiles con bombas detonadas al azar. Efímero, pues Escobar desde su Catedral siguió oficiando como gran cardenal del narcotráfico, incluso asesinando y descuartizando en dicho templo a sus socios traidores, los Moncada y Galeano[7]. Y, cuando lo considero necesario, abandonó su trono y volvió el terror a nuestras ciudades. Luego caería abatido en Medellín, gracias a la coalición criminal de los Pepes[8], tanto o más violenta que los extraditables, producto del pragmatismo del César que permitió el actuar de los hombres de los Rodríguez Orejuela de Cali junto al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, el DAS y agencias norteamericanas como la DEA y la CIA. Esta nefasta historia conviene recordarla para que, en nombre de la Paz Total, no se repitan episodios semejantes y evitar a toda costa una metamorfosis del crimen tan atroz como la que engendraron los Pepes, trasmutados al poco tiempo en AUC[9], con sus cabecillas principales: Vicente[10] y Carlos Castaño[11]; Diego Fernando Murillo[12], más conocido como Don Berna y Salvatore Mancuso[13], para solo nombrar los protagonistas de cientos de masacres, desplazamientos y despojos de millones de hectáreas a campesinos, indígenas y comunidades negras. Eran tiempos en que el crimen pagaba muy bien, política, social y económicamente. Tanto que Salvatore Mancuso pronunció en el Congreso un impecable e implacable discurso[14] sobre la “heroica gesta” de las AUC contra la subversión, como lo registró el Canal Institucional[15] el 28 de julio de 2004, con el beneplácito del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que no vetó la presencia de Mancuso en el “templo de la democracia”. Luego sería rápidamente extraditado con toda la cúpula de las AUC por atreverse a contar, el 28 de abril de 2008, en el noticiero estelar de RCN al periodista judicial Juan Carlos Giraldo, la verdad sobre la infiltración de los paramilitares en “todas las instancias del poder”[16]. De manera, pues, que el crimen si paga selectivamente. Permite alcanzar objetivos políticos y luego extraditar la verdad sobre aquellas alianzas y coaliciones que catapultaron exitosas carreras políticas, hoy en declive. Tal es la verdadera trama de nuestra política nacional, en algunas ocasiones públicamente develada, como en el proceso 8.000[17] y la narcoparapolítica[18], en otras apenas vislumbrada como la ñeñepolítica[19], pero todas ellas recubiertas por una densa capa de ritos electorales y legalismos que pomposamente llamamos democracia, Estado de derecho y separación de poderes públicos. Dicha trama la hemos empezado a ver con mayor claridad desde el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, gracias al trabajo exhaustivo y riguroso de instituciones como la JEP[20] y la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición con su informe final “Hay futuro si hay verdad”[21]. Ambas instituciones nos han revelado las atrocidades de todas las partes, empezando por el Secretariado de las Farc[22], continuando con miembros de la Fuerza Pública[23] y tangencialmente los máximos responsables políticos, los expresidentes de la República, que han pasado de agache, justificando sus actuaciones ante la Comisión de la Verdad con coartadas institucionales que les brindan total impunidad.

Criminalidad de cuello blanco

Y, paradójicamente, la principal coartada ha sido siempre la lucha contra el narcotráfico, que aparece como el chivo expiatorio de todos nuestros males, cuando no es más que una consecuencia. Una consecuencia, en primer lugar, de la política prohibicionista y su fallida expresión militar de “guerra contra las drogas”. No está de más repetir la contundente apreciación de Milton Friedman[24], premio nobel de economía en 1976, según la cual: "si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto". Sin duda, es la ilegalidad el rey Midas[25] del narcotráfico, pues aumenta sideralmente las ganancias de los capos, como también las que recicla con creces el sector financiero. Incluso el Banco de Occidente, buque insignia del próspero grupo AVAL, fue multado por “el lavado de más de 1.200 millones de dólares entre 1987 y 1988”[26], en la operación “punta del Iceberg”, encabezada por “el procurador general de los Estados Unidos, Richard Thornburgh. En rueda de prensa Thornburgh calificó como "el mayor golpe dado por nuestro gobierno al lavado de dólares provenientes del narcotráfico". Volvería a ser sancionado el Banco de Occidente, pero esta vez por la  “Superintendencia Financiera con una multa de 500 millones de pesos por eludir obligaciones en el control de lavado de activos y ocultar a las autoridades información sobre esa materia…Esta fue la décima segunda sanción de este tipo que recibe en Colombia el Banco de Occidente entre 2001 y 2020”, según Risk Global Consulting[27]. Sin dejar de mencionar el Banco de Colombia, sucursal principal en Cali, casa matriz del proceso 8.000, pues desde la cuenta “Export Café Ltda” se giraron numerosos cheques para la segunda vuelta de la campaña presidencial de Ernesto Samper, según declaración del tesorero de los Rodríguez, Guillermo Alejandro Pallomari[28] ante la justicia norteamericana. Toda la razón tenía el escritor siciliano Leonardo Sciacsia,[29] considerado la "conciencia crítica de Italia" por su implacable denuncia de la corrupción política y de la violencia mafiosa”, cuando afirmó que “el capitalismo es una mafia legal y la mafia un capitalismo ilegal”. De allí que sea el Estado de derecho el llamado a controlar y contener ambas mafias. Para ello es imperioso que asuma su regulación y sanción legal, arrebatando a la criminalidad del narcotráfico y a todo el entramado de blanqueadores del mercado, como la banca y el sector inmobiliario, sus fabulosas y sangrientas ganancias. Parece una quijotada, pero no lo es, pues fue precisamente lo que hizo el estado norteamericano en 1933, derogando la enmienda del prohibicionismo del licor[30], más conocida como Ley Seca. Claro que en el caso de la coca el prejuicio prohibicionista es más fuerte y de carácter global, imbuido por los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región andina y con fundamento en las Convenciones internacionales bajo el auspicio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas[31]. Lo anterior demandará, obviamente, un enorme esfuerzo doméstico e internacional (“interméstico”), para superar la estigmatización y demonización de una planta maravillosa como la coca[32] y transitar por la senda de la marihuana, que pasó de ser una yerba maldita a convertirse en planta bendita en virtud de sus propiedades terapéuticas para el tratamiento del dolor y diversas enfermedades[33].

¡Viva la Coca Vital!

Incluso hay más y mejores argumentos para que la coca deje de ser “la mata que mata” --estigmatizada así por los fundamentalistas prohibicionistas que solo creen en la pedagogía del miedo y el castigo-- y sea reconocida como una planta vital, la “Mama Coca”. Bastaría retomar el culto que le rinden los pueblos andinos originarios, con sus múltiples usos medicinales, alimenticios y rituales. Y para quienes los desprecian y llaman “indios atrasados al servicio de los narcos”, recomiendo que consulten las investigaciones científicas sobre “El potencial de la hoja de coca en la medicina actual”[34] y la “Investigación de los usos lícitos de la hoja de coca,”[35]  en curso, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la universidad de los Andes, adelantada por David Restrepo, Sioly-Rodríguez, Beatriz Ramos y Pablo Zuleta. El mayor desafío es, entonces, restituir a la hoja de coca su portentosa dimensión vital y convertirla en una fuente de ingresos de la economía campesina y nacional, en lugar de erradicarla y mucho menos dejarla en manos de narcos y criminales de cuello blanco. Hay es que sembrarla y transformarla en productos elaborados por la industria nacional farmacéutica, de bebidas y alimentos, confiriéndole el valor añadido necesario, respetando y retomando el saber y el sabor ancestral que los pueblos originarios[36] reconocen y tributan a la Mama Coca, como “HAPPYCOCA una cerveza artesanal tipo pale ale, elaborada con hoja de coca y agua mineral de la sierra nevada de Santa Marta por Nevada Cervecería en Minca, un corregimiento de Santa Marta Magdalena”[37]. Solo así podremos liberarnos del yugo y la codicia del narcotráfico con sus testaferros y blanqueadores criminales, quienes no gratuitamente suelen ser acérrimos enemigos de la regulación legal y del control estatal de la hoja coca, materia prima de sus letales fortunas. Dejaríamos, entonces, de ser los mayores exportadores mundiales de cocaína y quizá nos convertiríamos en “potencia mundial de la vida”, gracias al estímulo prodigioso la hoja de coca y sus compuestos[38], más energizantes y saludables que el mismo café. ¡Que viva la Coca-Vital! ¡La Coca-Vita!, una nueva, refrescante y verde bebida, con mejor sabor y energía que la adictiva, azucarada y peligrosa Coca Cola. Ojalá esto no fuera un delirio imaginario y se convirtiera algún día en una realidad comercial para conquistar legalmente, sin las secuelas del crimen y la violencia, el mercado mundial de bebidas que hoy nos arrebata imperialmente Coca Cola. Tenemos todo el potencial para hacerlo, solo falta voluntad política, ofensiva diplomática y emprendimiento económico, que ya despliegan comunidades indígenas como los Nasa con su Coca Pola[39].


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