DOS IVANES TRABADOS EN UN NARCO ABSURDO COMBATE
Hernando Llano Ángel.
Nuestra vida, paz y seguridad
nacional, penden del frágil hilo de la sensatez política de dos Ivanes, hoy
trenzados en una guerra verbal que augura el preámbulo de otra guerra, quizá
más absurda, mortífera e impredecible. Del lado de la legalidad, está Iván
Duque, como presidente responsable del orden público de la nación, de la paz
política y las relaciones internacionales. Del otro, en la ilegalidad, Iván
Márquez, otrora delegatario principal de las FARC-EP en el Acuerdo de Paz con
el Estado colombiano, inferior a su responsabilidad histórica. Están empeñados
y enredados en un guerra absurda, por cuanto se trata de la “guerra contra las
drogas”, declarada por Nixon hace ya casi medio siglo[1].
Una guerra que todos estamos perdiendo, pues ella en lo fundamental es producto
de la extra-adicción de millones de consumidores, que estimulan la oferta, los
precios y las ganancias del crimen. Una guerra que nunca se ganará con la
extradición de Santrich, ni de Márquez, como tampoco se ganó nada con la
extradición de Ledher, los Rodríguez y los comandantes de las AUC. Si acaso,
contribuyó a renovar la cúpula de las organizaciones criminales y a fusionar,
de forma casi inextricable, a la política con el crimen. Ahora que estamos de
conmemoraciones, después de 30 años del magnicidio de Galán, y de los efectos
devastadores del narcoterrorismo de Pablo Escobar, deberíamos recordar como
concluyó tan sangrienta noche.
La constitucionalización del crimen
Concluyó con la convocatoria de
la Asamblea Nacional Constituyente y la inclusión en el artículo 35 de la
Constitución Política de la máxima aspiración de Pablo Escobar: “Se prohíbe la
extradición de colombianos por nacimiento”. Solo entonces el capo se “entregó”
a la justicia y se recluyó cómodamente en su “Catedral”. En otras palabras,
logró incardinar la politización del crimen en la misma Constitución que, desde
entonces, también marcó el comienzo de un triple e irreversible proceso de
degradación de la política: primero, mediante la narcotización de la política
electoral; segundo, con la narcocriminalización del conflicto armado interno y,
tercero, internacionalizando la política de paz y subordinando la seguridad
nacional a la asistencia militar de Estados Unidos. Vamos en orden,
rápidamente.
Narcotización de la política nacional
La
política nacional profundizó su narcotización, hasta alcanzar la cima del
Estado, con el presidente Ernesto Samper (1994-98) y el proceso 8.000. Continúo
su narcotización en las relaciones internacionales y en la “política de paz”
con Andrés Pastrana (1998-2002) y el “Plan Colombia”, presupuesto inicial de la
“seguridad democrática” y de la exitosa guerra de Uribe contra las Farc. Éste,
por su parte, cabalgó victorioso e impune en la degradación criminal de la vida
política nacional con la narcoparapolítica, la desmovilización de las AUC y la
rápida extradición de sus comandantes para que no develarán la tupida y
profunda red de complicidades tejidas en torno a la coalición gubernamental[2],
que respaldó sus dos administraciones (2002-2010). Además, dio continuidad al
“Plan Colombia” con un eufemismo todavía mayor, “Plan Patriota”, para difuminar
así la realidad de la narcointernacionalización dependiente y subordinada de
nuestro conflicto a los intereses norteamericanos en su “guerra contra las
drogas”. Por último, Juan Manuel Santos,
en una movida estratégica, entre el realismo y la responsabilidad política, jugó
la carta de la paz con las Farc-Ep, asegurándose el respaldo de Obama para
buscar una solución política al problema de las drogas ilícitas, quien envía a
su delegado personal, Bernie Aronson y avala el punto cuarto del Acuerdo de Paz,
en un acto de sensatez y sentido común. Este punto reconoce que se requiere un
cambio de enfoque sustentado en: “4.1. Programas de sustitución de cultivos de
uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las
comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los
programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por
dichos cultivos. 4.2. Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública. 4.3.
Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos” con la
corresponsabilidad de la comunidad internacional. Pero, en lugar de dicha
corresponsabilidad, lo que hoy existe es una extra-adicción creciente en sus
consumidores que elevan el precio de la cocaína y, por consiguiente, la
extensión de los cultivos y la codicia de la mafia, según las inflexibles leyes
de la oferta y la demanda. Ya lo decía Milton Friedman, que algo sabía de
economía[3]:
“Si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista
estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las
drogas. Esto es literalmente cierto”.
Narcotráfico, nudo gordiano de la guerra
Pero junto a la narcotización
anterior de la política nacional, también se vivió la narcotización de la
guerrilla y de los paramilitares, que encontraron en la Coca el “banquero de la
guerra”, al decir de Mancuso, agudizando la profunda degradación y progresiva
deslegitimación de sus causas y el extravío en la codicia de muchos de sus
hombres y frentes. A tal punto, que hoy es casi imposible discernir y
distinguir la política del crimen, tal como aconteció en el proceso 8.000 y la
narcoparapolítica. En esta madeja, sin duda, terminaron enredados Santrich y
Márquez, con el concurso de su sobrino, Marlon Marín[4],
no por casualidad hoy testigo protegido de la DEA. Por todo lo anterior, el
narcotráfico es ese nudo gordiano que nos ata a la guerra y la única forma de
desatarlo es asumiendo el Estado colombiano y la comunidad internacional su
regulación y control legal. Así lo hizo Estados Unidos en 1933, aboliendo el
prohibicionismo en el consumo del licor, despojando a las mafias de su violento
control[5].
Lo más grave, es que ahora estamos a punto de que dos insensatos Ivanes, cada
uno defendiendo sus respectivos fundamentalismos: “Paz con legalidad” y “Paz
con justicia social”, añadan un nuevo nudo, todavía más sangriento e
impredecible, y nos amarren a una absurda narcoguerra contra Venezuela, bajo la
coartada imperial de una cruzada contra el narcoterrorismo y el narcodictador
Maduro. Todo ello, enarbolando la defensa de la democracia en Venezuela y el
incumplimiento minoritario de un Acuerdo de Paz en Colombia que, como ciudadanos,
no hemos sido capaces de forjar y defender en ambos lados. Lo más triste es que
una guerra así solo la ganarían astutos líderes con la muerte de otros y la ingenuidad
e ignorancia de “patriotas” y “demócratas” en ambas naciones. ¿Seremos tan
indolentes e irresponsables de permitir semejante narco-absurdo escenario?
[3]
Premio Nobel de economía en 1976.
[5]
También algunas prestantes y poderosas familias, como la Kennedy, que prosperó
gracias a la derogación de la llamada Ley Seca: https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_P._Kennedy
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