PETRO, UN PÚGIL CONTRA LAS CUERDAS DE LA INSTITUCIONALIDAD.

PETRO, UN PÚGIL CONTRA LAS CUERDAS DE LA INSTITUCIONALIDAD

 

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Hernando Llano Ángel.

Para Gustavo Petro la política es un pugilato. Toda su vida la ha concebido como una lucha inclaudicable e interminable. Desde joven la hizo en el M-19, por fuera del rin de la institucionalidad. Ahora la hace desde el centro del rin, en la Presidencia de la República, lanzando mensajes sin parar y en todas las direcciones desde su cuenta X contra todos sus adversarios, críticos y malquerientes. Es incapaz de tener mesura y tomar distancia, como lo aconseja Max Weber,  frente a todo aquel que se le oponga o lo contrarie. Durante su fulgurante carrera política no ha dejado de combatir y persistir en el cambio de las instituciones, entendidas como aquellas reglas de juego del poder que en toda sociedad determinan quién gana y quién pierde, cuándo, cuánto y cómo. Por eso sus relaciones con la institucionalidad son tan difíciles y tensas. Le sucede a todo actor político que pretenda transformar una sociedad. Incluso al anarquista antiestatal y libertario de Milei en Argentina, con su monumental ley ómnibus. Para ello deben cambiar la institucionalidad y sus reglas de poder. De allí la desmesura en la cantidad y el alcance incierto de las reformas del “Gobierno del Cambio”, embarcado en al menos diez: tributaria, salud, laboral, pensional, educativa, cultural, energética, justicia, rural y de seguridad, entre las más importantes. Como si fuera poco, semejante bitácora reformista va precedida de la bandera inconmensurable, policroma e interméstica de la Paz Total y de un Plan Nacional de Desarrollo irrealizable en cuatro años: “Colombia potencia mundial de la Vida”. Paradójicamente, la reforma más crucial, la reforma política, quedó aplazada y envolatada desde su temprano fracaso en el Congreso, ante la imposibilidad de tramitarla más allá de los intereses clientelistas y patrimonialistas de la mayoría de congresistas, incluyendo algunos del mismo Pacto Histórico. Los políticos son geniales en reformar todo, excepto a sí mismos y sus reglas de juego, que les facilita casi siempre ganar y parasitar largamente en el Estado.

 

El rol de las instituciones

Al respecto, existe un consenso universal sobre el objetivo principal de las instituciones públicas: regular las interacciones humanas, de tal suerte que podamos prever el resultado de las mismas. Por ello, si no tenemos confianza en las instituciones como esas reglas que ordenan la vida política y socioeconómica, entonces lo que prevalece socialmente es lo impredecible y la anomia caótica. Es decir, el desconocimiento generalizado de las reglas y las normas, pues la mayoría de personas considerará que la forma más segura y exitosa para promover sus intereses y objetivos es desconociéndolas y violándolas. Para llegar más rápido a su destino, miles de conductores infringen con frecuencia las normas y señales de tránsito. Empezando por los gobernantes y poderosos empresarios con sus veloces caravanas de escoltas, para quienes por razones superiores de seguridad personal no existen las normas de tránsito. Miles de usuarios de transporte público no pagan los tiquetes, alegando su pobreza. En las universidades se plagian las tesis académicas y en el Congreso de la República las leyes, para escalar velozmente posiciones de mando. Incluso muchas normas son copiadas de otras sociedades, desconociendo prácticas y costumbres sociales que hacen parte de las llamadas instituciones informales, aquellas que cumplimos cotidianamente pues las llevamos inscritas en nuestra identidad e interacciones sociales. Tal es el caso de la impuntualidad “porque todos llegan tarde”, desde el presidente Petro hasta el profesor. Otra poderosa institución informal es la creencia de millones de colombianos en que el Estado –máxima expresión de la vida pública– es la empresa privada, familiar o si acaso partidista de los políticos que ganan las elecciones. Que el Estado siempre debe estar al servicio de los gobernantes y representantes políticos de turno, beneficiando con contratos, obras y empleos a sus leales votantes y patrocinadores. Así es como los políticos hacen todo lo contrario de lo que prescribe la Constitución, en lugar de actuar como servidores de lo público y de la ciudadanía, favorecen intereses particulares. Es la omnipresente y ubicua corrupción. En verdad, los políticos, salvo contadas excepciones, son los empresarios depredadores de lo público, que negocian y expropian los intereses generales para beneficiar intereses particulares, si acaso sectoriales o corporativos y convierten así el Estado en un mercado, como bien lo demuestra el profesor Edgar Revéiz en su texto homónimo.  En “El Estado como mercado: Gobernabilidad económica y política antes y después de la Constitución de 1991”, nos revela cómo la gobernabilidad presidencial de Cesar Gaviria, al ritmo del neoliberalismo y la apertura económica, terminó impidiendo y torpedeando el cumplimiento de la Constitución de 1991 en la realidad económica y social cotidiana. Así fue como pasó de ser promotor institucional a corruptor presidencial de la Constitución. Desde entonces, padecemos una especie de esquizofrenia institucional, pues la Constitución proclama un Estado Social de derecho, pero la realidad nos demuestra que hace y es todo lo contrario. Un Estado cada vez más privatizado y menos social, a tal punto que el mismo Gaviria promovió con las cooperativas Convivir la privatización de la seguridad pública, que luego mutaron criminalmente en las Autodefensas Unidas de Colombia. El artículo 22 de la Carta nos dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, pero la guerra se prolonga indefinidamente. La Constitución que Gaviria proclamó como “Tratado de Paz”, parafraseando al jurista Norberto Bobbio, terminó siendo en sus manos una declaración de guerra integral contra las FARC, iniciada con el bombardeo a su Secretariado en “Casa Verde” el mismo 9 de diciembre de 1990, cuando elegíamos a los delegatarios de la Constituyente. Y ni hablar de la fantasmagórica democracia participativa, convertida en un mercado de votos con la manipulación de la ciudadanía por hábiles políticos. Políticos que financian su campañas electorales y triunfos presidenciales con patrocinadores ilegales, como el narcotráfico, pero también legales como Odebrecht y grandes conglomerados económicos que cobran por la ventanilla de la contratación pública y las alianzas público-privadas sus generosos aportes. Por eso se inventaron la coartada y el sonsonete de la “transparencia pública” y la lucha contra la corrupción y la politiquería, bandera con la cual se arropan todos los candidatos, desde Uribe hasta Rodolfo Hernández. Esa es la institucionalidad política que tenemos y quienes la usufructúan para su beneficio, hoy ponen el grito en el cielo y se rasgan las vestiduras cuando se exige a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con diligencia su deber constitucional, nombrar la próxima fiscal general de la nación, cuya terna le fue presentada por el ejecutivo desde agosto del 2023, hace casi 6 meses. Es una institucionalidad que no sirve para regular los conflictos, sino para exacerbarlos y, lo que es peor, ocultarnos cómo y quiénes toman realmente las decisiones. En lugar de brindarnos tranquilidad, produce zozobra e incertidumbre. Es lo que sucede nada menos con las elecciones para la Presidencia y el Congreso. Solo al cabo de los años nos enteramos que al general Rojas Pinilla el mismo presidente Lleras Restrepo le escamoteó su triunfo por miedo a que se presentará otro Bogotazo, como se lo contó a su secretario de prensa, Próspero Morales. Ni hablar de los apoyos más escabrosos y muy conocidos de los grupos paramilitares a las campañas de Uribe. En todas las campañas políticas desde 1990, tanto para Presidencia como Congreso, han sido los poderes de facto, algunos más ilegales que otros, quienes han decidido el triunfo de los candidatos en competencia. Es por eso que cabe hablar de una institucionalidad y gobernabilidad electofáctica, más que propiamente democrática.

 

La institucionalidad electofáctica

La institucionalidad electofáctica teje con la complicidad de muchas manos privadas y públicas la urdimbre del Estado cacocrático y su gobernabilidad electofáctica. Una urdimbre tan densa y extendida por toda la sociedad, con enclaves territoriales donde dominan diversos poderes de facto y clanes políticos, que hasta el mismo Gustavo Petro –quien siendo senador los denunció y combatió—parece haberlos necesitado para ganar la presidencia con el apoyo de figuras tan penumbrosas como Armando Benedetti y otras más, incluso cercanas al paramilitarismo, como lo ha informado la enjundiosa periodista Laura Ardila Arrieta en su artículo “Los pecados de la campaña Petro en el Caribe”.  Por eso hoy Petro está contra las cuerdas de esa institucionalidad electofáctica de naturaleza hibrida, entre legal e ilegal, que Barbosa en el caso de la Ñeñepolítica fue incapaz de investigar en la campaña presidencial de Iván Duque, pero que sí lo hizo con diligencia en el caso de FECODE por su aporte de quinientos millones al partido Colombia Humana. Una institucionalidad que anuda y da forma a una especie de tramoya impenetrable de leyes, incisos e instituciones –entre las cuales destacan la Procuraduría, la Fiscalía y la misma Corte Suprema de Justicia— diseñadas más para proteger que para investigar a los principales actores políticos y económicos del Establecimiento. Así sucedió durante las fiscalías de Montealegre con Palacino y SaludCoop y de Néstor H Martínez con Odebrecht-AVAL y Sarmiento Angulo. Lo contrario sucedió durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez por su enfrentamiento visceral con la Corte Suprema de Justicia, objeto de espionaje por parte del Ejecutivo, pues sus investigaciones sobre la parapolítica terminaron desvertebrando su gobernabilidad electofáctica. Una gobernabilidad que el mismo presidente Uribe promovió públicamente, requiriendo los votos de los congresistas para que aprobaran sus reformas “mientras no estén en la cárcel”, como lo hizo en un congreso de la Federación Nacional de Cafeteros. Por eso también manifestó años después que prefería a los comandantes de las Farc en el Congreso y no en la cárcel, desdiciendo así su vehemente campaña contra el Acuerdo de Paz con el argumento de la impunidad que los cobijaría, el cual seguramente llevó a miles de ciudadanos a votar en contra de la Paz. Los anteriores ejemplos demuestran a las claras que esa institucionalidad, por estos días intocable, sagrada y defendida, no es otra cosa que el resultado de intereses, acuerdos políticos y relaciones de fuerza cambiantes, como cuando el presidente Gaviria y la Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo de la mayoría de políticos y de los cacaos empresariales, cerraron en 1990 el Congreso de la República. Dicha Asamblea creo la Fiscalía General de la Nación como institución de la rama judicial, pero en la práctica ella se convirtió en un apéndice del poder presidencial. Así ha venido sucediendo después del proceso 8.000 hasta terminar convertida, bajo la administración de Barbosa que culmina hoy lunes 12 de febrero, en una plataforma para la oposición política y en un trampolín de su aspiración presidencial, tan vacua y mediocre como su personalidad narcisista.

Corte Suprema de Justicia Procrastinadora y Contemporizadora

Le corresponde ahora a la Corte Suprema de Justicia intentar restaurar la importancia y dignidad institucional de la Fiscalía, más allá de cálculos políticos o burocráticos, nombrando pronto una Fiscal en propiedad. Una fiscal que con su trabajo demuestre no ser una celestina más del poder presidencial y adelante todas las investigaciones con rigor legal y sin favorecimiento, como vergonzosamente no lo hizo Barbosa en el caso de la Ñeñepolítica y en la investigación en curso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsedad procesal y soborno a testigo. Mañana asume como fiscal interina la cuestionada Marta Mancera, enredada por presunto favorecimiento de narcotraficantes en el Valle del Cauca, según investigación de la revista RAYA. Mientras más se prolongue esa interinidad, más se afectará la institucionalidad y credibilidad en la Fiscalía. Crecerán las suspicacias sobre la independencia y autonomía de la Corte Suprema de Justicia, que en el pasado nombró a Barbosa por unanimidad y hoy prolonga su sombría administración con Marta Mancera. Amanecerá y veremos o ¿quizá seguiremos siendo cegados por la penumbra de esta frondosa y estable institucionalidad, que cobija y oculta impunemente a quienes hoy la defienden y procrastinan en nombre del Estado de derecho y la democracia? Tremendo desafío histórico para quien sea nombrada como Fiscal General de la Nación.

 

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