UN INFORME TOTALMENTE SESGADO
https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/informe-totalmente-sesgado
“Que cada hombre
diga lo que considera verdad y la verdad misma encomendémosla a la divinidad”
G. E. Lessing[1]
Hernando Llano
Ángel (ellano@javerianacali.edu.co)
El Informe Final de la Comisión
de la Verdad está totalmente sesgado. No es objetivo. Mucho menos neutral.
Contiene los sesgos de los gritos y del padecimiento de millones de víctimas.
Desde los gritos desesperados de las víctimas desmembradas por las motosierras
de los paramilitares y sus miles de asesinatos selectivos y masacres
perpetradas[2],
que alcanza la horripilante cifra de 205.000 homicidios. También contiene la
angustia y la humillación de los más de 50.770 secuestrados por las Farc-Ep y
otras organizaciones guerrilleras, como el ELN. El estupor y la desesperación
agónica de miles de jóvenes, víctimas de los “Falsos positivos”, asesinados por
criminales que deshonraron uniformes y armas del Estado, asignadas para la
protección de la población civil y no para su aniquilación. Entre los últimos
informes divulgados por la Comisión, destaca el título de “Colombia Adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado”,
coordinado por la politóloga Tania Rodríguez[3],
con cerca de 30 equipos territoriales y Casas de la Verdad, que contiene en
trece libros las voces de las víctimas y de los responsables de la devastación
de vastos territorios, la victimización y resistencia de sus pobladores. Tal
cúmulo de información, análisis y testimonios puede consultarse en el siguiente
enlace: https://www.comisiondelaverdad.co/colombia-adentro-1
Una “Democracia” Victimizadora
A dicho universo de sesgos y
versiones, hay que agregar los padecimientos de más de 9 millones de víctimas[4]
del desplazamiento forzado, que hacen parte de esta ignominiosa realidad
política, social y económica que se oculta bajo el pomposo y falso prestigio de
“la democracia más antigua y estable de Suramérica”. Entre 1988 y 2016 la
Comisión de la Verdad documentó, a través de una rigurosa investigación y cruce
de fuentes de datos oficiales, de testimonios de familiares de víctimas, informes
académicos e institucionales, como el del Centro Nacional de Memoria Histórica,
“¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra
y dignidad”[5],
el asesinato de 405.664 colombianos por causa del conflicto armado, siendo el
85 por ciento civiles inermes. Esta cifra es muy superior a todas las víctimas
mortales de las dictaduras del Cono Sur, sumando las cometidas bajo las ordenes
de dictadores como Stroessner en Paraguay, entre 1954-1989; Pinochet en Chile
desde 1973 a 1989 y Videla en Argentina entre 1976 y 1981. Igual sucede con el
número de personas desaparecidas por causa del conflicto armado, que en nuestro
caso llega 121.768 entre 1985 y 2016, según el Informe Final. Semejante
universo de horror y número de víctimas irredentas, debería avergonzar a quienes
en nombre de la defensa de esta tanática “democracia” o de su lucha armada por
instaurarla, han sido responsables política, ética y existencialmente de esta realidad
infernal en que todavía nos debatimos. Ninguna democracia existe cuando ella se
convierte en una máquina mortífera para perpetuar generaciones de víctimas y de
victimarios, como nos sucede hasta el presente. Una realidad que se explica,
pero jamás se justifica y mucho menos puede ser considerada legítima, cuando
sus máximos responsables políticos convierten la democracia y el Estado en una
coartada perfecta para la comisión de crímenes y la degradan a un horripilante
fetiche institucional que les permite gobernar impunemente en nombre de
supuestos valores como la libertad, la justicia, la seguridad, la propiedad y
la dignidad humana. Valores tras los cuales solo defienden un injusto,
excluyente y autoritario statu quo al servicio de privilegiados soberbios,
indolentes e ignorantes. Solo así podemos comprender trinos, como el siguiente,
de la senadora Paloma Valencia, el pasado 29 de julio: “Reconocer las atrocidades que cometió el estado legítimo, defendiendo a los colombianos y buscando el bienestar
de todos, no implica (ni requeiere, sic) equipararlo a guerrilla y paras”[6]. Quienes no tenemos y menos compartimos ese
sesgo atroz de la legitimidad de la senadora Paloma, nos preguntamos: ¿Cómo
puede ser legítimo un Estado cuyos agentes cometen atrocidades, supuestamente defendiendo
a los colombianos y buscando el bienestar de todos? ¿Será propio de un
Estado democrático cometer atrocidades, como los miles de falsos positivos, o crear
por Decreto Autodefensas Civiles, dotándolas de armas de uso privativo de la
Fuerza Pública, como lo hizo su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia,
mediante el Decreto 3398 de 1965[7] en
el parágrafo 3 del artículo 33? ¿Será ese tipo de sesgos, propios de una
seguridad nacional inspirada en la lucha contra el “enemigo interno,” que desde
el contexto de la guerra fría se impuso como la doctrina oficial del Ejército
colombiano, lo que tanto teme la senadora Valencia que conozcan los estudiantes
colombianos en colegios y universidades? Parece que la senadora Valencia olvidó
el punto 33 del “Manifiesto
Democrático”, escrito por su admirado y loado expresidente Álvaro Uribe Vélez,
donde expresa que: “Cualquier acto de
violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta
del orden estatal”[8].
Nada es más ilegítimo que un Estado terrorista y los agentes responsables
del mismo deben ser juzgados junto a “la guerrilla y los paras”, en igualdad de
condiciones, como lo hace la JEP[9],
sin buscar para ellos una “justicia especial”, similar a la cómplice “justicia
penal militar” o la incompetente Fiscalía General, incapaces de investigar y
contener en forma inmediata y ejemplar los llamados “falsos positivos”, cuya
cifra todavía es incierta.
La inclusión de todos los sesgos
Sin duda, nadie está libre de
tener sesgos[10]
en la vida. Lo grave es cuando no somos conscientes de ellos o, peor aún,
pretendemos estar totalmente exentos y ser los únicos poseedores de la verdad
absoluta y de la auténtica justicia. Porque entonces con dichos sesgos de
personas omnisapientes y plenamente justas se cometen las mayores atrocidades
con la mejor buena conciencia. Así lo hicieron las AUC, supuestamente
defendiendo a Colombia del “flagelo guerrillero”, según lo expresa Mancuso[11]
en su discurso ante el Congreso el 28 de julio de 2002; o las mismas Farc-Ep en nombre de la paz con
justicia social e incluso el “Presidente eterno” con la promoción de sus tres
huevitos: “Seguridad democrática,
confianza inversionista y cohesión social”. Dichos sesgos llevan a muchos a
considerar que hay una violencia buena y legítima en sí misma, la del Estado
porque los protege, y que todas las demás son malas e ilegítimas. Entonces
incurren en los errores conceptuales y los horrores políticos del trino de la
senadora Paloma Valencia. Pero también lleva a muchos otros a tener un sesgo
contrario y pensar equivocadamente que la violencia puede en sí misma generar
legitimidad, como le sucedió a las Farc-Ep y le acontece todavía al ELN. Pero
en la realidad pasa todo lo contrario, la violencia política genera
desprestigio, repudio e ilegitimidad por sus efectos letales y destructivos.
Quizá por ello en el plebiscito por el Acuerdo de Paz ganó el NO, pues para
muchos colombianos resultaba inadmisible que algunos de los comandantes de las
Farc-Ep llegaran al Congreso y estén hasta el 2026. Lo que no comprenden
todavía muchos de estos colombianos es que la única forma de alcanzar la paz
política, presupuesto existencial de toda democracia, es rompiendo esa relación
mortífera entre la política y las armas, cuyo mejor ejemplo es el M-19 y el hoy
presidente electo Gustavo Petro. Ruptura que se logró con el Acuerdo de Paz y
más de 13 mil hombres y mujeres de las Farc-Ep[12]
que se reincorporaron a la vida civil y política. De allí, que el primer
objetivo planteado por Petro en su programa y campaña, que deberá empezar a
concretar desde mañana 7 de agosto, sea el de la paz. Una paz que para ser
grande y total tiene que incluir todos los sesgos, desde los más políticos
hasta los más criminales, atacando las causas generadoras y no solos sus
efectos, como lúcida y valientemente lo plantea el Informe Final de la Comisión
al recomendar que es imprescindible “reconocer
la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la
economía y la forma como la guerra
contra las drogas configura uno de los principales factores de la persistencia
del conflicto”, proponiendo para salir de este laberinto de violencias “un enfoque de derechos humanos y de salud
pública para emprender el diálogo a
fondo hacia soluciones éticas, educativas,
jurídicas, políticas y económicas, tanto en el ámbito nacional como
internacional, que permitan avanzar en la regulación del mercado de drogas y
superar el prohibicionismo”[13]
(p.55). Sin duda, el mayor mérito del Informe Final es que contiene todos los
sesgos, voces y sufrimientos de las víctimas y de sus victimarios, como la de
los máximos responsables de la conducción del Estado, pues ante ella
presentaron sus versiones todos los expresidentes: César Gaviria, Ernesto Samper,
Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. El Informe Final es, pues,
una especie de caleidoscopio[14]
del conflicto armado interno y de nuestra realidad. Gracias a él, podemos
apreciar todos los matices y sesgos de la verdad, girándolo desde la extrema
derecha hasta la extrema izquierda, incluso pasando por el centro para quienes
aún creen posible una visión neutral de nuestra realidad, aunque la crudeza y
ubicuidad del conflicto armado nos demuestre que es imposible. Ya lo decía
sabiamente el arzobispo anglicano Desmond Tutu[15]: “Si
permaneces neutral ante situaciones de injusticia, te has puesto del lado del
opresor”. Por eso es un informe lleno de sesgos y no excluye ninguno.
Están las voces y los sesgos de miles de víctimas, de los principales
victimarios, de numerosos vengadores y de los máximos responsables
institucionales e ilegales del conflicto armado interno. De haber excluido
alguno de dichos sesgos y voces, correría el riesgo de no contribuir al
esclarecimiento de la verdad, la promoción de la convivencia y la no
repetición. Bien lo decía Pascal[16]: “En
la exclusión está el error”, refiriéndose a la búsqueda de la verdad.
Algo más grave sucede cuando la exclusión se da en el mundo de la vida política,
social, cultural, étnica o económica, pues surge el horror de la violencia y la
guerra para lograr la inclusión y el reconocimiento de la propia identidad y
dignidad, sin las cuales no existe democracia alguna.
[12]https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/12/exguerrilleros-desmovilizaron-continuan-acogidos-al-acuerdo-paz-colombia-onu-orix/#:~:text=%22La%20buena%20noticia%20es%20que,acreditadas%20en%20proceso%20de%20reincorporaci%C3%B3n.
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