CALICANTO: PETRO, ENTRE EL MITO CONSTITUCIONAL Y LA MITOMANÍA DEMOCRÁTICA

PETRO, ENTRE EL MITO CONSTITUCIONAL Y LA MITOMANIA DEMOCRÁTICA

(Agosto 29 de 2022)

Hernando Llano Ángel

Durante estos primeros 20 días de Petro en la Presidencia, ya está claro que su mandato transcurrirá entre el mito constitucional que proclama la Carta del 91 y la mitomanía de esta “democracia” imaginaria y espectral en que vivimos. Dicha tensión se expresa en la arena política y social en una impaciencia popular creciente que lucha por convertir el mito constitucional en realidad vital y, de otra parte, en una recalcitrante intransigencia elitista por conservar intocables sus privilegios. Las tensiones diarias de indígenas y campesinos en Dagua[1] y el norte del departamento del Cauca, ocupando predios rurales administrados por la SAE y propiedades de ingenios azucareros[2], son el preámbulo del conflicto histórico no resuelto alrededor de la propiedad y el uso productivo de la tierra. Serán cuatro años de una tensión permanente entre el mito de la Constitución del 91 y su retórico “acuerdo sobre lo fundamental” y la mitomanía de una supuesta democracia “participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general”. Mito y mitomanía que desatan la impaciencia popular por vivir ya esas solemnes declaraciones constitucionales, sin más dilaciones, pues las mayorías están desesperadas de reivindicarlas periódicamente y escucharlas cada cuatro años en boca de todos sus gobernantes, sin que se cumplan. Exigen vivir sabroso ya, sin demora y más aplazamientos. La paciencia se agotó. Por eso, Petro culmina su discurso de posesión presidencial jurando que cumplirá el artículo primero de nuestra Constitución: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Del Mito a la Mitomanía

Y con ese juramento Petro se compromete a pasar de dicho mito constitucional al hecho de la realidad vital, pues está claro que ese Estado Social de Derecho no existe en todo el territorio nacional. Es apenas un imperativo político y normativo muy distante y ajeno a la vida cotidiana de la mayoría de colombianos, para quienes el Estado ha sido incapaz de brindarles oportunidades de trabajo, educación, salud y vivienda para el “respeto de su dignidad humana”. Una dignidad que todos proclamamos como sagrada, pero es despreciada y conculcada cotidianamente por el hambre, la discriminación racial, el clasismo maniqueo de los “ciudadanos de bien contra los del mal” y la violencia letal de quienes matan por defender esta espectral “democracia” y otros por instaurarla, enarbolando las banderas raídas de la “soberanía nacional y la justicia social”. Y así ese mito fundante del Estado Social de Derecho terminó convirtiéndose en una monumental y sangrienta mitomanía, llena de buenas intenciones, adornada con mentiras como la “autonomía de sus entidades territoriales”, la “democracia participativa y pluralista”, fundada “en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Mentiras solemnes que todos nos las creemos, pues nos confieren una identidad de ciudadanos modernos y la complacencia de ser demócratas integrales, aunque el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) nos demuestre que somos todo lo contrario. La autonomía territorial terminó en manos de organizaciones criminales, difuminadas entre la codicia del narcotráfico y el delirio de la “revolución”. Por eso somos la “democracia” más victimizadora y sangrienta del continente americano, asentada sobre un territorio con una biodiversidad portentosa, sometida a una depredación desbordada, que sobrevive gracias al crisol de resistencias interculturales de pueblos indígenas y comunidades negras invencibles, que protegen y defienden la Pacha Mamá con sus vidas y dignidad. De allí, el título del Informe Final de la CEV: “Hay futuro si hay verdad”[3], pues si no reconocemos y nos decimos en voz alta esas terribles verdades, jamás tendremos un futuro distinto, como el que proclama y anuncia la Constitución del 91 en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Todo lo contrario, seguiremos viviendo y muriendo en este presente lleno de mentiras, imposturas violentas, ilegalidades, corrupción, muertes incontables y criminalidad impune. Tal es el tamaño del desafío en que nos encontramos. Un desafío que nos convoca a todos y a todas las generaciones, pero que Petro como presidente y el Pacto Histórico, como coalición de gobierno, asumen la responsabilidad de convertirlo en realidad desde el Estado y con la sociedad, no contra la sociedad. Por eso, les conviene recordar el sabio refrán popular según el cual “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.

Entre el sueño democrático y la pesadilla caudillista plebiscitaria

Porque puede suceder todo lo contrario y el sueño democrático convertirse en una pesadilla caudillista plebiscitaria. Pues las buenas intenciones de la “Paz Total”, de ser la “potencia mundial de la vida”, liderar ante la comunidad internacional “la transición energética ecológica” y tener una “justicia tributaria” con políticas sociales redistributivas, todas metas loables y democráticas, están agudizando muchas expectativas populares irrealizables a corto plazo, así como intransigencias elitistas inadmisibles por más tiempo. Y bajo semejantes presiones sociales, políticas y económicas la ingobernabilidad es un riesgo ineluctable, pero también la tentación de apelar a una fórmula de gobernabilidad autoritaria bajo el espejismo del caudillismo plebiscitario, que ya exhibió Petro como alcalde de Bogotá cuando fue ilegalmente destituido por el entonces Procurador General de la Nación, según providencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[4]. Riesgos que el Presidente debe sortear y superar, si quiere ser coherente con su proyecto de la Colombia Humana y convertirnos en potencia mundial de la vida. Es el desafío histórico y el riesgo político que corren todos los proyectos progresistas y reformistas de izquierda cuando se embarcan en reformas estructurales que afirmen la prevalencia del interés general y público sobre el particular y empresarial. En dicho trance se encuentra Chile y su presidente Gabriel Boric, pues el próximo domingo 4 de septiembre[5] los chilenos decidirán en referendo si se comprometen o no con la nueva Constitución progresista o la rechazan. En nuestro caso, el debate sobre el impuesto a las bebidas azucaradas[6] y los alimentos ultraprocesados es el mejor ejemplo de las resistencias para avanzar por la senda del interés general. Debería prevalecer el interés general y el bien público de la salud de todos, especialmente de la población más pobre, sobre las ganancias de las empresas particulares de gaseosas y embutidos, cuyo principal y casi único objetivo es aumentar sus dividendos, aprovechándose de las necesidades y estimulando los malsanos hábitos alimentarios de la mayoría. Pero ello conllevaría probablemente protestas populares airadas y el descrédito acelerado de un gobierno que prometió beneficiar a los excluidos y marginados. Algo idéntico sucede con el desafío de la transición energética, pues el Estado no puede en lo inmediato prescindir de los ingresos del petróleo y el carbón, así como del gas, pues todos somos “gasoadictos” y dependemos de su consumo diario para preparar nuestros alimentos. Ni hablar de cómo remediar la aberrante concentración de la propiedad agrícola productiva, donde Colombia aparece en el quinto lugar más desigual del mundo, según el Informe Final de la CEV en su volumen de Hallazgos y Recomendaciones[7], como puede leerse en la página 650. En esta “democracia participativa” el índice Gini de tierras según el Censo Agropecuario de 2014 del DANE fue de 0.92, siendo 1 el índice de mayor desigualdad y concentración absoluta de la propiedad. Para superar esos desafíos históricos se precisará de mucho diálogo, como lo recalcó Petro en su discurso de posesión[8], pero sobre todo capacidad de concertación acompañada de realismo, pragmatismo, creatividad y sacrificio de todas las partes. Primero, el sacrificio de ciertas elites económicas y sociales indolentes que deben ceder privilegios y ganancias exorbitantes, pues les llegó la hora de comprender que vivir en un Estado Social de derecho es exigente y costoso, pero especialmente que durante este gobierno ya no cuentan con el patrocinio y muchas veces la complicidad de un Estado patrimonialista y corporativo siempre a su disposición para aumentar sus ganancias y eximirlos de impuestos. Ya terminó la era neoliberal del “Estado como mercado”[9] y al parecer reiniciamos con la pandemia del Covid la del Estado Social de derecho o Estado de Bienestar. Segundo, mucha creatividad, buena voluntad y temperancia de los sectores más excluidos y sacrificados de nuestra sociedad, cuya paciencia se agota pues se saben sujetos de derechos políticos, sociales, económicos y culturales, es decir, ciudadanos plenos[10], que no soportan más seguir siendo tratados como siervos y plebeyos agobiados de deberes y despojados de derechos. Proclaman y demandan a viva voz, desde sus organizaciones y movilizaciones, que la dignidad se haga costumbre y no se diluya en mero asistencialismo y clientelismo estatal. Tercero, le corresponde al presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico demostrar que tienen el suficiente liderazgo democrático para conducir en forma imaginativa, creativa y transformadora ese magma popular de insatisfacciones para conducir en forma imaginativa, creativa y transformadora ese magma popular de insatisfacciones y evitar una nueva erupción del volcán social como la del año pasado. Pero también que como Presidente y Pacto Histórico tienen la prudencia y la audacia para canalizar el emprendimiento, la inteligencia y la buena voluntad de la clase media, la Academia, los artistas, sectores empresariales y agroindustriales productivos, banqueros no agiotistas e inversionistas extranjeros no depredadores, pues sin capital, trabajo e inteligencia será imposible vivir sabroso. Quizá, entonces, pasemos del mito y la mitomanía constitucional a la realidad y el verdadero Estado Social de derecho, presupuesto existencial de la democracia y garantía efectiva para el ejercicio de los Derechos Humanos, poniendo así fin a generaciones de víctimas, victimarios e impostores que cínicamente se proclaman demócratas y aspiran a seguir gobernando impunemente, desfalcando y robando el dinero y trabajo de todos los colombianos. De otra parte, es de esperar que quienes hoy se oponen al gobierno del Pacto Histórico no añoren el pasado y recurran, nuevamente, a la antidemocrática y criminal estrategia de la “acción intrépida” para “hacer invivible la República”[11], desatada por Laureano Gómez en contra de la República liberal reformista de Alfonso López Pumarejo. Es de esperar que ahora sus admiradores y seguidores sean capaces de asumir las responsabilidades políticas por la desaparición de la democracia y su conversión en una cacocracia[12], como lo revela muy bien el Informe Final de la CEV en sus volúmenes “No matarás”[13] y “Hasta la guerra tiene límites”[14].