CALICANTO: RECONOCIMIENTO, ANTES DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN

RECONOCIMIENTO, ANTES DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN

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Hernando Llano Ángel.

Antes del perdón y la reconciliación está el reconocimiento de nuestra igual condición y dignidad humana. El reconocimiento de nuestra igual fragilidad frente a la violencia y el sufrimiento: “Acero y piel, combinación tan cruel”, canta Sting[1]. En fin, el reconocimiento de nuestra común mortalidad. Sin dicho reconocimiento por parte de todos aquellos que han causado daño, sufrimiento, devastación y aniquilación de millones de víctimas, carece de sentido hablar de perdón y reconciliación. El reconocimiento del daño, el sufrimiento y el mal causado es el primer paso para el perdón y la reconciliación. Pero sucede que en Colombia hay una legión de compatriotas incapaces de dar ese paso porque su soberbia moral se los impide. Es el caso de todos aquellos que se consideran moralmente superiores y siempre actúan absolutamente convencidos que sus juicios y decisiones solo producen el bien, porque a ellos les asiste la verdad y la justicia. Se consideran imbuidos y portadores del espíritu del bien y consagran sus vidas a derrotar el mal. A exterminarlo de la faz de la tierra. Sus vidas solo tienen sentido si lideran una cruzada para aniquilar a los malvados. Lo grave es que en medio de tanta lucidez beatífica y obsesión por hacer el bien son incapaces de reconocer el mal que causan. «El diablo no es el príncipe de la materia, sino la soberbia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad sin sombra de dudas», escribió Eco en «El nombre de la Rosa». Y entre nosotros abundan estos encumbrados personajes a la derecha y la izquierda del espectro político. Por eso han convertido a la política en una actividad espectral, mortal. Desde el inicio de nuestra vida republicana se han dividido y enfrentado en bandos irreconciliables, cuyas banderas cambian según las circunstancias coyunturales. Centralistas contra federalistas, proteccionistas contra librecambistas, Terratenientes contra campesinos e indios, Patricios contra plebeyos y negros, Conservadores contra Liberales, Creyentes contra Ateos, Demócratas contra Comunistas, Patriotas contra Terroristas y hoy en forma más difuminada la llamada “gente de bien” contra la “chusma y la canalla”, esa masa informe de indios, negros y mestizos, que pretende representar el Pacto Histórico. Pero con el informe de la Comisión de la Verdad y el encuentro entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe parece que ese maniqueísmo letal, esa guerra moral y mortal interminable entre unos supuestos “buenos” contra otros absolutamente “malos” empieza a revelarse como la gran mentira que nos ha condenado al odio y el desconocimiento mutuo en medio de una densa bruma de sectarismos políticos a la derecha y la izquierda, de prejuicios sociales, culturales, sexistas y racistas que comienzan lentamente a difuminarse. Pero ello nos llevará generaciones. No es un asunto que desaparezca después de unas elecciones presidenciales donde por primera vez en la historia gana el País Nacional[2] sobre el País Político. Más bien pude recrudecerse, pues no faltará la llamada “gente de bien” que repudia radicalmente la presencia en la cúpula del Estado de representantes de los y las nadies, como la Vicepresidenta Francia Márquez. Así aconteció en Estados Unidos con el triunfo de Obama y la nefasta revancha de la supremacía blanca con Trump. Pero también porque en el Pacto Histórico hay mucho lastre de ese País Político que puede impedirle avanzar a la velocidad y en la dirección reformista que demanda el País Nacional. Personajes destacados de ese País Político como Roy Barreras, Armando Benedetti y Piedad Córdoba, entre muchos otros, que hoy se le suman al Pacto Histórico bajo la coartada del Acuerdo Nacional y la reconciliación política.

El Titanic de Duque

Sin duda, la Nave del Estado a la que llega Petro es muy parecida al Titanic, ostenta lujo y boato, pero tiene el casco roto, tiende alfombras rojas al paso de un Capitán autista que ignora su inminente naufragio y está dedicado a repartir condecoraciones, mientras algunos de sus tripulantes aprovechan el caos para desmantelar y apropiarse lo poco que aun flota sobre la Nave. Es una Nave que hace agua por todos los costados, casi sin combustible para terminar la extraviada y sangrienta travesía de un Ducado que deja más de 900 líderes sociales asesinados[3] y culmina dentro de un mes sin ser capaz de contenerla. Le tocará a Gustavo Petro conducir esta vetusta y corrupta Nave en medio de un mar agitado y la pandemia de la recesión económica internacional. Una pandemia mucho más difícil de sortear que la del Sars-Cov-2 y sus innumerables variables, pues contra ella no se ha inventado todavía una vacuna efectiva. En contraste con este incierto panorama internacional, cuenta Petro con una carta de navegación extraordinaria para evitar el naufragio del Estado, como es el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Un informe que nos interpela a reconocer nuestra responsabilidad personal como ciudadanos en el cumplimiento del artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Reconocimiento de máximos responsables políticos

Un deber que demanda especialmente de los máximos líderes políticos su capacidad para reconocer sus responsabilidades en la degradación y perpetuación del conflicto armado interno. Sin ese reconocimiento expreso y personal, no será posible avanzar hacia el perdón y la reconciliación política nacional. Un reconocimiento que debe empezar por el presidente electo, Gustavo Petro, y su pasado como militante en el M-19, cuya organización cometió asesinatos execrables como el mal llamado “ajusticiamiento” del líder sindical José Raquel Mercado[4] y la acción terrorífica de la toma del Palacio de Justicia[5], aunque Petro no estuviese personalmente implicado en tales hechos. Pero también debe esclarecerse la responsabilidad que cabe a todos los expresidentes, empezando por Álvaro Uribe Vélez, como máximo comandante de las Fuerzas Armadas por los numerosos “falsos positivos”[6] o ejecuciones extrajudiciales cometidas en cumplimiento de su política de “seguridad democrática”. Sin dicho reconocimiento por parte de los dos más influyentes y reconocidos líderes políticos del presente, la dignidad y memoria de miles de víctimas nunca será reparada y la verdad continuará sepultada junto a sus cuerpos. Menos será posible avanzar hacia el perdón y la reconciliación política si los mayores responsables de la violencia política, ya desde la subversión en el pasado o desde el gobierno, son incapaces de reconocer sus responsabilidades, declarar sus verdades y comenzar a reparar a las víctimas y sus descendientes. Algo que han empezado a realizar los máximos comandantes de las FARC-EP[7] ante la JEP y sus miles de víctimas. Pero falta que sigan ese ejemplo una larga fila de encumbrados funcionarios, como los expresidentes Gaviria, Samper y Pastrana, cuyas versiones ante la Comisión de la Verdad fueron más exculpatorias de sus errores que de reconocimiento de sus horrores ante las víctimas del narcoterrorismo, el narcotráfico y el Plan Colombia. Ni hablar de los falsos positivos, cuyas explicaciones y versiones de los entonces ministros de defensa[8] Martha Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe y Camilo Ospina aún no conocemos. El único que las rindió públicamente en audiencia ante la Comisión de la Verdad fue el ministro Juan Manuel Santos[9] y solicitó perdón por no detener a tiempo la saga criminal de los “falsos positivos”. El expresidente Uribe negó toda responsabilidad en su cita con el padre De Roux, diciendo que jamás pudo pensar que su ejército cometiera tales crímenes y que “la culpa nunca es de quien exige resultados”[10]. Le corresponde ahora a Petro que le cuente al país y a las víctimas del M-19 lo que sucedió durante su joven militancia y hasta donde asume responsabilidad por ello, sin exculpar por ello al M-19 como organización política-militar. Porque el primer paso para el perdón personal y la reconciliación política nacional es el reconocimiento de las propias responsabilidades por el daño, el sufrimiento y el mal causado, así haya sido cometido con las mejores intenciones y en defensa de la democracia, como pregonaba la consigna del M-19: “Con el pueblo, con las armas, al poder”, después del fraude electoral auspiciado por el expresidente Carlos Lleras Restrepo[11] a la Alianza Nacional Popular del general Gustavo Rojas Pinilla. Ahora que Petro ha llegado a la Presidencia con el pueblo en las urnas, es la oportunidad para el Pacto Histórico de dar ejemplo y demostrarles a los líderes del establecimiento político que se precisa de la máxima integridad moral para gobernar democráticamente. Para comenzar, se precisa del reconocimiento de las propias y personales responsabilidades políticas en la existencia y perpetuación de víctimas y victimarios, comprometiéndose a poner fin a esa criminal gobernabilidad electofáctica[12]. De eso se trata la consigna de «Colombia potencia mundial de la Vida»[13]. Solo así podrá el Estado romper la interminable espiral de venganzas y ajustes de cuentas y dejar de ser esa máquina productora de víctimas y victimarios, para convertirse en una institucionalidad generadora de vida, justicia social y convivencia democrática. Es, nada menos, que el desafío de pasar del Estado cacocrático[14] actual, que naufraga como el Titanic, al Estado democrático y social de derecho anunciado en el primer artículo[15] de nuestra Constitución. Una Nave del Estado que solo será navegable si se construye en el astillero de la participación ciudadana, la concertación de intereses públicos y la conservación de la Pachamama[16], arrojando rápidamente por la borda el lastre de cacos que ya tomaron asiento en la travesía.