Narcotráfico, comodín de la guerra y la paz.

Narcotráfico, comodín de la guerra y la paz

(http://calicantopinion.blogspot.com.co/)

Hernando Llano Ángel

El narcotráfico no es un delito conexo con el político, es una actividad inmersa en la política. Así sucede desde que Richard Nixon declaró la llamada “guerra contra las drogas”, según lo reveló su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper's Magazine:

"¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?", me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. "La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”.

Y pronto se agregó a la lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo” del narcotráfico, como si este fuera una maldición inexorable. Una moderna cruzada de puritanos contra malvados narcotraficantes, que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana y europea.

El “Bien” contra el “Mal”

Una nueva guerra emprendida por el Norte, virtuoso y emprendedor, contra el Sur pagano y corruptor. Y así, el Bien combatiría sin fronteras, ni limitaciones, con Tratados de Extradición, el Mal, encarnado en el polo de la oferta, para proteger a la multitudinaria demanda, cada vez más adicta y víctima de los malvados narcotraficantes del Sur. Desde entonces la extra-adicción de su juventud, su emprendedora elite de lobos de Wall Street, los altos círculos sociales y artísticos, han pretendido evadir su irresponsable hedonismo con sólo la extradición de criminales y codiciosos narcotraficantes del Sur. Al parecer, los únicos responsables de tanto vicio. Incluso se llegó al extremo de criminalizar a nuestra portentosa naturaleza y se la sindicó de ser asesina: “La mata que mata”, para justificar el ecocidio impune de bombardearla y fumigarla con glifosato. Había que convertir en tierra arrasada cientos de miles de hectáreas de bosque tropical, porque albergaba “cultivos ilícitos”. Semejante expoliación y depredación de la naturaleza fue motivo de orgullo nacional para los entonces Presidentes, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que tuvieron el cinismo de llamar a esa política “Plan Colombia” y “Plan Patriota”, respectivamente. Una política que diezmaba y desplazaba, como peligrosos delincuentes, a miles de campesinos marginados, sin consideración alguna a su salud y dignidad, pues eran cómplices de la mortífera industria del narcotráfico.

A fin de cuentas, “raspachines” que proveían a los malvados narcotraficantes de su materia prima, no campesinos y mucho menos ciudadanos. “Raspachines” condenados a ser carne de cañón de organizaciones criminales que se disputaban sus vidas y territorios, desde ejércitos privados con membrete antisubversivo: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pasando por la Fuerza Pública Nacional, un escuadrón de extranjeros y mercenarios fumigadores de glifosato y la misma insurgencia, Farc-Ep y ELN, que contaba así con recursos ilimitados para el avituallamiento de sus ejércitos y la “guerra anti-imperialista”. Y, para completar el perfecto teatro de operaciones, combatió sin tregua a la criminal “narcoguerrilla”, mientras negociaba y elevaba a la condición de delincuentes políticos a los narcoparamilitares de las “AUC”, expidiendo para ellos la ley 975 de 2005, liderada por Uribe y el doctor Luis Carlos Restrepo, pura ternura. Posteriormente, cuando la cúpula de los “paras” empezó a revelar los pactos con el entorno político uribista y develar así la quintaesencia criminal de dicha gobernabilidad, serían inmediatamente extraditados. Tales fueron, muy resumidos, los principales abusos políticos de la “exitosa guerra” contra el narcotráfico y la extradición, que comparten orgullosos Pastrana y Uribe y, todo parece indicar, profundizará su hijo político adoptivo, Iván Duque, sumiso continuador de la fracasada guerra contra las drogas.

¿Victoria de los “narcoguerreros” y derrota de los “narcopolíticos”? 

Y lo que ahora llama a la estupefacción --incluso más que la generada por las combatidas drogas-- es que quienes han politizado a tal extremo el narcotráfico, haciendo de la extradición una delegación casi total de la soberanía judicial del Estado colombiano y del “Plan Colombia” una estrategia militar contrainsurgente exitosa, nieguen en trance presidencial la esencia política del narcotráfico, para poder así extraditar en forma expedita a la antigua cúpula de la extinta FARC-EP, haciendo trizas el Acuerdo de Paz y prolongando indefinidamente la absurda y criminal “guerra contra las drogas”, que cumple 50 años de fracasos continuos. Sin duda, la extradición es sustracción de soberanía judicial y de paz política. Nada importan las más de 220.000 víctimas mortales del conflicto armado interno, arrasadas por ese torbellino de violencia, en nombre de una falsa y maniquea moral, muy rentable para los mercaderes de la guerra y la muerte, tanto los legales como los ilegales, en Estados Unidos y en Colombia. 

De consolidarse el anterior escenario, estaríamos frente al triunfo de los que con ironía pueden ser considerados “narcoguerreros” pura sangre, pues sus políticas antinarcóticas lo corroboran (en EEUU desde Nixon hasta Clinton y ahora Trump; en Colombia: Belisario, Barco, Pastrana y Uribe),  frente a quienes han buscado salidas políticas al problema de las drogas ilícitas, que podrían denominarse cáusticamente “narcopolíticos” (Obama, Gaviria, Samper y Santos), con sus diferentes estrategias gubernamentales de negociación y confrontación, insuficientes para desarticular dicho entramado criminal. Entre ellas, la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento (artículo 35 de la Constitución, ya derogado); la política de “sometimiento a la justicia” Gavirista y su frustrada aplicación Samperista a los Rodríguez (abortada por el acuerdo de Pastrana-DEA con el proceso 8.000) y, el más reciente apoyo norteamericano, con Obama y su delegado en La Habana, que validó el cuarto punto del Acuerdo de Paz: “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Punto que consagró la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, en lugar de la depredadora y criminal de la erradicación forzada, a cambio de proporcionar las FARC-EP las condiciones para que el Estado recobrara su precaria soberanía y la regulación de dichos territorios, reincorporando a los campesinos a su condición plena de ciudadanos, integrándolos legalmente al mercado nacional e internacional. Responsabilidad que el Estado no ha tenido la capacidad de asumir y hoy deja esos territorios en un limbo de cultivos de uso ilícito, anegado en sangre de líderes sociales asesinados por bandas narcotraficantes y de familias campesinas inermes, abandonadas o incluso masacradas por agentes de la Policía Nacional, como aconteció en Tumaco.

Contra una guerra pérdida, una política responsable y sensata: “Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”.

Pero también hay que resaltar que, en el plano internacional, en forma tardía y tímida, algunos ex-presidentes latinoamericanos que han padecido y experimentado la impostura de tan absurda guerra, se expresaron en la “Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”, el 11 de febrero de 2009, bajo el título: “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio Paradigmático”:

“Convocada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, y Ernesto Zedillo de México e integrado por 17 personalidades independientes, la Comisión evaluó el impacto de la "guerra contra las drogas" y presentó recomendaciones para políticas más seguras, eficientes y humanas. Sus tres recomendaciones principales son: 1) tratar el uso de la droga como una cuestión de salud pública; 2) reducir el consumo a través de medidas de información y prevención; y 3) enfocar los esfuerzos de la aplicación de la ley en el combate al crimen organizado”.

No obstante, la sensatez de dichas propuestas, hoy resultan insuficientes. Ya es hora de dar pasos más audaces en el ámbito internacional y de promover, como bloque latinoamericano, en las Naciones Unidas, el fin del prohibicionismo, matriz de la “guerra contra las drogas”, adoptando curiosamente la misma política que el Estado norteamericano aprobó en 1933, al derogar la enmienda que prohibió y penalizó el consumo del licor en 1914. Al respecto, cabe recordar el siguiente argumento a favor de la derogatoria de la Enmienda de la Prohibición, expuesto por el vocero de la Cámara, Oscar W. Undelwood, por considerar el prohibicionismo un "esquema tirano que pretende establecer por ley la virtud y la moralidad", en contra de su colega prohibicionista de Alabama, Richmond Pearson Hobson, quien la defendía con argumentos como:

"Una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico", es una "droga creadora de hábito", "veneno protoplásmico, asquerosa excreción de un organismo viviente que convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delito no naturales". El hombre blanco tiene la misma tendencia, salvo que "por el hecho de estar más evolucionado, le toma más tiempo llegar al mismo nivel” [1].

Según lo anota el historiador Martin Short: “La prohibición había originado un horrible daño moral. Había convertido en ilegal un negocio de dos mil millones de dólares y se lo entregó a los gánsteres. La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de templanza. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaría al crimen organizado, convirtiéndolo en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda” [2].

Por eso es la hora de la regulación estatal, tal como lo está haciendo Uruguay con el control oficial de la producción, distribución y el consumo de la marihuana, para arrebatarle al crimen organizado tan violento como lucrativo negocio. Pero también es la hora de la prevención, la educación y la responsabilidad personal (como lo promueven con éxito las campañas contra el consumo del tabaco y el alcohol) que es lo propio de toda persona adulta y del ejercicio de la ciudadanía. Lo contrario, es reconocer que no se puede prescindir del Estado Policivo y terapéutico (Thomas Szasz), que trata a sus ciudadanos como siervos y menores de edad, carentes de autonomía personal, por lo cual deben ser vigilados y castigados, como lo propone el joven Iván Duque con mentalidad retardataria. Sigue así fielmente los preceptos de sus padres políticos adoptivos, Pastrana y Uribe, tan amigos de la templanza del fuego y las aspersiones con glifosato, totalmente inicuas y toxicas, pero electoralmente muy exitosas, sustentadas en los prejuicios y los miedos de quienes añoran un padre castigador y su brutal pedagogía de la “letra con sangre entra”. Así, Duque pretende disuadir y disminuir el consumo de sustancias estupefacientes con persecución policial, incautación de dosis personal y eventuales multas draconianas, que sólo promoverán mayor corrupción y descomposición de la convivencia y el tejido social. Tal como sucedió durante la prohibición del licor en Estados Unidos.  Ya lo decía Al Capone, con fina ironía:

"Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos de entre la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mí mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo lícor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”. (3)

Un “Bien” que estimula el “Mal”

Con la templanza y la virtud de Duque, sus asociados y potenciales electores, estaremos condenados a medio siglo más de heroica lucha contra el “flagelo de las drogas”, no sólo como consecuencia de la codicia de los narcotraficantes sino también del “celo y la rectitud moral” de gobernantes que los combaten en nombre de valores superiores que ellos mismos ignoran o desprecian: la libertad, la dignidad humana, la paz y la democracia, convirtiéndolos en una coartada perfecta para prolongar su dominación y perpetuar  una guerra pérdida. Una guerra que sólo se ganará cuando se abandone el paradigma prohibicionista y asuma el Estado su rol regulador, preventivo y formativo, dejando atrás el policivo, represivo y punitivo, que sólo eleva los precios de las drogas ilícitas y aumenta las ganancias de los narcotraficantes, además del presupuesto de las agencias antidroga, que medran y subsisten en el mundo de la ilegalidad, la corrupción y el crimen. Sólo basta mirar, sin celo extraditable, la celada montada por la DEA en el caso Santrich, con la participación de varios de sus agentes, cuya trama deberá ser examinada y valorada por la JEP, pues la Fiscalía y la Justicia ordinaria parecen haber perdido, lamentablemente, su independencia y autonomía judicial.

(1) Citado por Muso F, David Md, (1993) en su libro “La enfermedad americana”. Bogotá, Ed. Tercer mundo. p. 331.

(2) Short, Martin (1986) “Mafia, la sociedad del crimen”, Barcelona, Ed. Planeta. p. 75.

(3) Short, Martin (1986) “Mafia, la sociedad del crimen”, Barcelona, Ed. Planeta, pp. 70.

 

La hora del juicio ciudadano.

LA HORA DEL JUICIO CIUDADANO

Hernando Llano Ángel

La hora de la verdad

Se acerca la hora de la verdad. Puede ser el próximo 27 de mayo o, en segunda vuelta, el 17 de junio, cuando expresemos nuestro juicio ciudadano en las urnas. Un juicio que decidirá mucho más que el nombre del inquilino de la Casa de Nariño. Un juicio que decidirá, sin exageración alguna, quiénes somos los colombianos y cómo queremos vivir. Decidirá si deseamos seguir siendo complacientes con la corrupción y cómplices con el crimen. O, por el contrario, rechazaremos aquellos que hasta hace muy poco financiaron sus campañas presidenciales con dineros de Odebrecht[1] y aún no rinden cuentas ante la justicia. Aquellos que siempre tienen la coartada perfecta para parecer inocentes, incluso proclamarse adalides de la “moral y las buenas costumbres”, no obstante estar rodeados de copartidarios en la cárcel y de dirigentes sub judice. Dirigentes con decenas de investigaciones congeladas en la Comisión de Acusaciones de la Cámara o engavetadas por malévolos magistrados en los altos tribunales. En fin, llego la hora en que cada ciudadano y ciudadana, sin excusa alguna, deberá decidir si continúa legitimando un régimen sustentado en la mentira, la ilegalidad y el crimen o, por el contrario, con su voto empieza a cambiar la historia y a desmontar el tinglado de un régimen maloliente y putrefacto.  Llego la hora de tumbar un régimen --según expresión de Álvaro Gómez Hurtado— afianzado en una alianza estratégica de complicidades. Las complicidades fraguadas entre quienes depredan lo público y nuestra portentosa biodiversidad, aliados con una minoría de mercaderes privilegiados, nacionales e internacionales, que impunemente acrecientan su codicia en nombre de la democracia.  Y lo podemos tumbar como ciudadanos, sin cortar cabezas, con nuestros votos en las urnas, votando contra quienes hacen de la mentira, la corrupción[2] y el crimen su fórmula por excelencia de gobernabilidad, cavando todos los días con su violencia y corrupción tumbas y fosas comunes en campos y ciudades[3].

Un régimen de privilegios criminales y privilegiados impunes

Está próxima la hora para que cada ciudadano decida si vota por el crimen mayor de la inequidad, mediante la apropiación del Estado –la máxima expresión institucional del interés público y el bienestar general—por quienes hoy promueven en su campaña presidencial ponerlo al servicio de los privilegiados, reduciendo el pago de sus impuestos, derruyendo de paso los cimientos del Estado Social de derecho, consagrado en el artículo primero de nuestra Constitución Política. O, por el contrario, vota por quienes promueven responsablemente en sus campañas una justicia tributaria que brinde mayores oportunidades de trabajo, salud, y educación a quienes carecen de derechos y posibilidades de una vida digna. También deberemos decidir si votamos por quienes promueven el crimen mayor de la injusticia, anunciando el desmantelamiento de las altas cortes para entronizar en una sola Corte el reino de la impunidad, y así favorecer aquellos privilegiados que solo ven y exigen el castigo de los crímenes de los marginados. O, por el contrario, votamos por quienes respaldan la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión para la búsqueda de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, cuyo horizonte es el reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, empezando por los rebeldes, continuando por los agentes institucionales y los particulares que estratégicamente financiaron grupos paramilitares.

La verdad nos hará libres

Quizá así conozcamos algún día la verdad de tantas atrocidades, unas cometidas supuestamente en nombre de la “justicia social” y otras en defensa de una espectral “democracia”, que hoy nos afecta y avergüenza como sociedad. Con nuestro voto podemos empezar a pagar esa inmensa deuda de verdad que tenemos con todas las víctimas, desde las más pobres hasta las más ricas, pues su dolor e igual dignidad reclaman con el mismo derecho e intensidad que los responsables las reparen, sin ocultar sus rostros, revelando los motivos e intereses que tuvieron para cometer tanta ignominia. Sin conocer todas las verdades, las insurgentes, oficiales y particulares, por dolorosas y atroces que sean, nunca serán posibles la justicia ni la reconciliación y continuaremos extraviados en un laberinto de mentiras honorables y de sentencias parcializadas, que más temprano que tarde se trocaran en venganzas y odios generacionales. Es imperiosa una memoria integral y colectiva de lo sucedido, de lo contrario seguiremos viviendo en la mentira de la “democracia más estable y profunda de América Latina”[4] y el crimen continuará gobernando impunemente.

En fin, con nuestro voto, decidiremos si somos capaces de reconocernos como colombianos y colombianas, todos y todas, con el mismo derecho de participar políticamente en la construcción de una casa común, de una Colombia justa y con iguales opciones para hacer posible la dignidad. O, por el contrario, vamos a continuar profundizando y consolidando este régimen de privilegios criminales y privilegiados impunes. Líricamente lo expresaba Belisario Betancur en 1982 en su discurso de posesión presidencial: “dejemos de ser federación de rencores y archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”. Por todo ello, no es el momento de votar con miedo, es la hora de votar con valor, razón y corazón, como una ciudadanía responsable que no se deja intimidar. El miedo nos arrebata la razón y nos amarga el corazón. El miedo nunca es inocente y mucho menos buen consejero, reza la sabiduría popular, pues quien lo azuza busca intimidar, controlar y dominar a los demás. Parafraseando a Camus, hoy Colombia en las urnas no precisa de “almas tibias sino de corazones ardientes que sepan dar un sitio justo a la moderación”. Pero sobre todo de futuros gobernantes que sepan alentar esperanzas sin crear y caer en falsas y populares expectativas, imposibles de realizar sin el apoyo, el concurso y el control de una ciudadanía participativa e inflexible en su rechazo, repudio y sanción de la corrupción, el crimen y la injusticia, más allá de simpatías partidistas o personales.

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[1] - Tanto la campaña de Santos, con su Vice y actual candidato presidencial, Germán Vargas Lleras, como la de Zuluaga y el actual candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, quien acompañó a Zuluaga a Brasil, donde Odebrecht le aportó 1.6 millones de dólares. Al respecto ver: http://www.dinero.com/pais/articulo/fiscalia-confirma-pagos-de-odebrecht-a-campanas-de-santos-y-zuluaga/247493.

[2]- El costo de la corrupción se calcula en 50 billones de pesos al año, ver http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/precio-de-la-corrupcion-en-colombia-61749.

[3] - Desde 2016 han sido asesinados 282 líderes sociales: http://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-282-lideres-sociales-asesinados-en-colombia/558634. En la última década murieron en Colombia 63.634 personas por desnutrición y patologías asociadas: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mortalidad-desnutricion-un-drama-de-todo-el-pais-articulo-627093.

[4] - Estable y profunda en la generación de víctimas mortales, pues de las aproximadamente 220.000 dejadas por el conflicto armado interno entre 1958 y 2012, el 81.5% fueron civiles y el 18.5% restante combatientes, ver: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-memorias-guerra-dignidad-new-9-agosto.pdf

Uribe: rechazo a rendir cuentas e impunidad política

Uribe: rechazo a rendir cuentas e impunidad política

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

La reacción del senador Uribe ante la investigación que le abrió la Corte Suprema de Justicia por la presunta manipulación de testigos vuelve a mostrar la peor cara de un sistema donde los presidentes no rinden cuentas, los ciudadanos no vigilan y los políticos quedan impunes.

Hernando Llano Ángel*

Uribe investigado

El pasado 17 de febrero, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el ex presidente Álvaro Uribe por “su presunta participación en la manipulación de testigos”.

Según la Corte, Uribe habría intervenido las declaraciones de testigos para acusar al senador del Polo democrático Iván Cepeda de conformar un cartel de falsos testigos y desprestigiar su labor como congresista. Por lo anterior, la Corte también archivó la investigación contra Iván Cepeda.

Alergia a rendir cuentas

Palacio de Justicia.   Foto:  Instituto Distrital de Turismo

Denuncias e investigaciones como esa son apenas lógicas en época electoral. Lo inusual es que los aspirantes a cargos públicos respondan airadamente cuando se analiza su responsabilidad en el desempeño de sus funciones, hasta el punto de descalificar todo examen de su pasado en la vida pública afirmando ser víctimas de una “persecución política”.

Ese tipo de reacciones desconoce que la primera característica de la responsabilidad política es precisamente la obligación de rendir cuentas sobre sus acciones y omisiones en el desempeño de un cargo. Es decir cumplir con el artículo 6 de nuestra Constitución:

“Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Si cada aspirante a un cargo público rindiera cuentas sobre la forma como cumplió sus funciones constitucionales y legales en los cargos que ocupó en el pasado, los ciudadanos podrían tomar la decisión responsable de reelegirlo o de sancionarlo.

Portales web como el de Congreso Visible ya permiten ejercer esta vigilancia ciudadana, y toda persona responsable debería hacerlo. Si tal responsabilidad ciudadana se ejerciera, con absoluta seguridad depuraríamos el Congreso de muchos impostores de la voluntad general y quizá cobraría vigencia el artículo 133 de la Carta:

“Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.

Cuando los gatos se van…

Pero tal depuración de Congreso no acontece, porque no somos ciudadanos políticamente responsables y carecemos, casi por completo, de la noción de lo público, pues hemos crecido con la idea de que el Estado es un botín al servicio de los políticos.

Muchos ciudadanos todavía piensan que el poder es de los políticos y, lo que es peor, la mayoría de los políticos están convencidos de que el poder les pertenece.

Sin veeduría ciudadana los políticos hacen parranda, pues no se sienten responsables ante sus electores. Así lo demostraron los congresistas de la pasada legislatura, cuando en una expresión de máxima mezquindad política e insensibilidad moral, negaron la creación de las dieciséis circunscripciones transitorias de paz para las víctimas del conflicto armado.

Si cada aspirante a un cargo público rindiera cuentas, los ciudadanos podrían tomar la decisión responsable de reelegirlo o sancionarlo.

Para los congresistas que bloquearon dicha posibilidad, las curules supuestamente serían ocupadas por miembros de las FARC, cuando en la reglamentación de ese punto quedó expresamente prohibida la postulación de cualquier miembro de la desaparecida organización.

Este revelador y vergonzoso pasaje de la política nacional nos demuestra una vez más que en su estrecho horizonte de perpetuarse en sus curules, los opositores de los acuerdos no están trabajando por la paz.

Y no sólo por la negación de la existencia de las víctimas y su derecho político a serles reconocida oportunamente su plena ciudadanía, sino porque así se cierra la posibilidad de que seamos algún día una comunidad reconciliada, donde las víctimas y los victimarios se sienten al lado y se reconozcan como ciudadanos que han desistido de la violencia.

Sangre e impunidad

Senador Iván Cepeda.  Foto: Senado de la República

Pero tal como se están desarrollando las campañas electorales, todo indica que vamos a insistir en una polarización que bien podría perpetuar la violencia.

Según informe de la Misión de Observación Electoral, “durante la campaña política 62 líderes han sido víctimas de la violencia. Desde el 11 de diciembre de 2107, 31 fueron asesinados, 11 sufrieron atentados y 20 han recibido amenazas”.

Se está reeditando la pesadilla sangrienta de la eliminación de la UP, que también se construyó sobre una montaña insostenible de impunidad política.

Según un informe de la Fiscalía General y el Vicepresidente de la República, el general (r) Óscar  Naranjo, “hay 12 casos de familiares de excombatientes que han sido asesinados, hay 28 casos de excombatientes y hay 10 casos de líderes sociales asociados al partido de la FARC que han sido asesinados en los últimos meses”, para un total de 50 víctimas mortales.

A este panorama se suma el sabotaje persistente de las manifestaciones públicas de la FARC, que la llevó a suspender sus actividades proselitistas.

Por lo tanto se está reeditando la pesadilla de la eliminación de la Unión Patriótica, que también se construyó sobre una montaña insostenible de impunidad política.

Recordemos que la violenta toma y retoma del Palacio de Justicia y la destrucción de su sede desembocó en la incineración y desaparición de las investigaciones más importantes: un antecedente que nos alerta sobre el peligro de que los políticos le hagan el quite a la justicia.

Impunidad presidencial

Expresidente de Colombia, Belisario Betancur.   Foto: Señal Memoria

Por los hechos del 7 de noviembre de 1985, el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, presentó una denuncia ante la Cámara de Representantes contra Belisario Betancur y su ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe. La investigación fue archivada por la Comisión de Acusaciones “por ser, repetimos, un típico acto de Gobierno, ejecutado por quien solo podía hacerlo, es decir, el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Defensa”.

Con Uribe gobernador, los grupos paramilitares dejaron la macabra estela de 939 víctimas mortales en ese Departamento.

Desde entonces la total indiferencia ante la violencia política se convirtió en otro “típico acto de gobierno”. Los presidentes hicieron poco o nada para detener los gravísimos hechos que siguieron al Palacio de Justicia: la aniquilación de la Unión Patriótica y de su candidato presidencial, Jaime Pardo Leal.

Luego, la violencia ejercida por el mismo Estado fue otro “típico acto de gobierno”: César Gaviria dio el consentimiento tácito para que los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) cazaran y dieran de baja al “patrón”.

La violencia mutó y se convirtió en un apéndice paraestatal con la creación de las Convivir, promovidas con tanto entusiasmo por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe.

Con Uribe gobernador, los grupos paramilitares dejaron la macabra estela de 939 víctimas mortales en ese Departamento:

• En su primer año como gobernador se produjeron 143 asesinatos;
• En el segundo se duplicó esta cifra, con 357 asesinatos;
• Y cerró con un broche de sangre de 439 víctimas.

Al respecto, el ex comandante paramilitar Freddy Rendón, más conocido como el “Alemán”, afirmó sobre las afinidades políticas de Carlos Castaño con Uribe:

“Cuando aparece Uribe con ese discurso, Carlos decía: Uribe es el hombre con el que nosotros vamos a hacer la negociación, porque es antioqueño, porque es cercano a amigos nuestros, porque fue quien impulsó las Convivir y todas se convirtieron en autodefensas, porque Pedro Juan Moreno era cercanísimo a Carlos, yo lo vi muchas veces reunido con él. Y además surge con un discurso igualito al de Carlos. 

— ¿En qué sentido?

— Recogía ese ideal de la autodefensa, que había que tener una mano fuerte contra la guerrilla, que había que liberar los territorios para que el Estado entrara a ejercer soberanía. Que el monopolio de las armas tenía que estar en manos del Estado. Entonces, nosotros nos identificamos en ese momento y además cuando ese hombre surge como candidato presidencial, todo se volcó a un apoyo irrestricto en las regiones”.

Lo acontecido antes es historia conocida:

• La presidencia de Samper y el proceso 8.000;
• El acuerdo preelectoral de Andrés Pastrana con las FARC para cambiar votos por el Caguán;
• Y las dos administraciones de Uribe, donde se logra la desmovilización de las AUC, pero al precio de una impunidad mucho mayor que la que ahora critica con acidez el señor expresidente. Como señala el informe ¡Basta Ya!, los grupos paramilitares cometieron 1.166 masacres y 8.903 asesinatos selectivos, lo que no afectó el proceso de aplicación de la Ley 975, no obstante ser un requisito sine qua non para acogerse y beneficiarse de ella.

En suma, todos los recientes presidentes de la República, desde Belisario Betancur hasta Santos, han gozado del beneficio de la impunidad política. Esa impunidad tiene asidero, justamente, en la falta de responsabilidad política ciudadana y en el rechazo de los gobernantes a la simple idea de rendir cuentas. Ya lo decía lúcida y cínicamente Sartre: “Nada es más respetable que una impunidad largamente tolerada”.

La reacción de Uribe a esta última investigación de la Corte Suprema de Justicia es un ejemplo más del poder que se arrogan los mandatarios y de una larga tradición de impunidad presidencial.

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com.

Irresponsabilidad ciudadana e impunidad política histórica.

 IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA CIUDADANA E IMPUNIDAD POLÍTICA HISTÓRICA

Hernando Llano Ángel

Es apenas lógico que en época electoral irrumpan denuncias e investigaciones sobre el pasado político y las ejecutorias en la gestión pública de los candidatos que aspiran alcanzar curules en los cuerpos representativos o regentar el destino de la Nación desde la Presidencia de la República.  Lo que es inusual es que dichos aspirantes tengan prevenciones e incluso respondan airadamente, cuando se escruta y analiza su responsabilidad en el desempeño de la función pública. Incluso algunos descalifican todo examen de su pasado en la vida pública, con el argumento de ser víctimas de una implacable e injuriosa persecución política. Desconocen así que la primera característica de la responsabilidad política es precisamente la obligación pública de rendir cuentas sobre sus acciones y omisiones en el desempeño de un cargo público. Es decir,  cumplir simplemente el artículo 6 de nuestra Constitución: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. A partir de allí, para el caso de los congresistas que aspiran a la reelección, bastaría someterlos a una rendición de cuentas sobre la forma como cumplieron sus funciones constitucionales y legales. Así, cada ciudadano tomaría la decisión responsable de reelegirlo o sancionarlo, según el examen objetivo y riguroso de su cumplimiento o incumplimiento, por “omisión o extralimitación” de sus funciones. La información está disponible en Congreso Visible: http://www.congresovisible.org/ y todo ciudadano responsable debería hacerlo. Si tal responsabilidad ciudadana se ejerciera, con absoluta seguridad depuraríamos el Congreso de muchos impostores de la voluntad general y quizá cobraría vigencia el artículo 133 de la Carta: “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.

Irresponsabilidad Ciudadana

Pero tal depuración del Congreso no acontece, porque no somos ciudadanos políticamente responsables y carecemos, casi por completo, de la noción de lo público, pues hemos crecido con la idea de que es un botín al servicio de los políticos. Incluso muchos ciudadanos todavía piensan que el poder es de los políticos y, lo que es peor, la mayoría de los políticos están convencidos que el poder es de ellos. Así lo demostraron en la pasada legislatura, cuando en una expresión de máxima mezquindad política e insensibilidad moral, negaron la creación de las 16 circunscripciones transitorias de paz para las víctimas del conflicto armado interno, a las cuales aspiran numerosas víctimas de las FARC-EP, de los grupos paramilitares y de agentes del Estado, como se puede constatar en esta información del diario El Espectador: “Las víctimas que quieren llegar al Congreso”(https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/las-victimas-que-quieren-llegar-al-congreso-articulo-739228).

Para los congresistas que bloquearon dicha posibilidad, consignada en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón entre el Estado y las FARC-EP, dichas curules supuestamente serían ocupadas por miembros de las FARC-EP, cuando en la reglamentación de ese punto quedó expresamente prohibida la postulación de cualquier miembro de dicha desaparecida organización --cuyo listado completo lo tiene el Gobierno-- atendiendo la propuesta de los mismos miembros de la oposición, que no obstante en la votación final decidieron hundirla. Este revelador y vergonzoso pasaje de la oposición nos demuestra, una vez más que, en su estrecho horizonte de perpetuarse en sus curules, no existe la paz. No sólo por la negación de la existencia de las víctimas y su derecho político a serles reconocida oportunamente su plena ciudadanía, sino sobre todo porque así difícilmente podremos llegar a ser algún día una comunidad política nacional, reconciliada, al no permitirse que estén en un mismo recinto las víctimas y sus victimarios, reconociéndose y tratándose como ciudadanos que han desistido de seguir eliminándose físicamente entre ellos.

Campaña sangrienta e impune

Pero tal como se están desarrollando las actuales campañas electorales, todo parece indicar que vamos a continuar en esa polarización sangrienta. Según informe de la Misión de Observación Electoral, “durante la campaña política 62 líderes han sido víctimas de la violencia. Desde el 11 de diciembre de 2107, 31 fueron asesinados, 11 sufrieron atentados y 20 han recibido amenazas” https://colombia2020.elespectador.com/politica/violencia-contra-lideres-politicos-y-sociales-se-disparo-en-epoca-electoral.  Es más, según informe de la misma Fiscalía General de la Nación y del Vicepresidente de la República, general (r) Óscar  Naranjo, “hay 12 casos de familiares de excombatientes que han sido asesinados, hay 28 casos de excombatientes y hay 10 casos de líderes sociales asociados al partido de la Farc que han sido asesinados en los últimos meses”, para un total de 50 víctimas mortales https://www.elespectador.com/noticias/politica/fiscalia-ha-registrado-50-asesinatos-contra-miembros-de-las-farc-articulo-738005. Este panorama, sumado al sabotaje persistente de toda manifestación pública de la Farc, que la llevo a suspender sus actividades proselitistas, está reeditando la pesadilla sangrienta de la eliminación de la Unión Patriótica, acumulando un peso de impunidad política insostenible, cuyo origen mediato puede encontrarse en la incineración y desaparición de la Justicia, con la violenta toma por parte del M-19 y la destrucción física de su sede, el Palacio de Justicia, por el despliegue incontenible e incontrolable de la Fuerza Pública --según la expresión del entonces coronel Alfonso Plazas Vega-- en “defensa de la democracia”.

La impunidad palaciega

No obstante, esa misma noche del 7 de noviembre de 1985, todavía con los restos humeantes del Palacio, el presidente Belisario Betancur asumió toda la responsabilidad política de los hechos, como constitucionalmente le correspondía. Responsabilidad por la cual el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en un informe pionero en la defensa de las víctimas y la prevalencia del Derecho Internacional Humanitario, presentó denuncia a la Cámara de Representantes contra  Belisario y su ministro de defensa, general Miguel Vega Uribe, la cual fue archivada por la Comisión de Acusaciones con la firma de los liberales Horacio Serpa Uribe, Carlos Mauro Hoyos y el conservador Darío Alberto Ordoñez Ortega, “por ser, repetimos, un típico acto de Gobierno, ejecutado por quien sólo podía hacerlo, es decir, el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Defensa. […] Proponemos: Declarase que no hay lugar a intentar acusación ante el Senado de la República contra el Presidente Doctor Belisario Betancur Cuartas y su Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe” (Jiménez, 1986, pp. 322-324). Desde entonces la agudización de esa violencia política se convirtió, por omisión en un típico acto de gobierno, como lo demostraron los gravísimos hechos que siguieron al Palacio de Justicia: la aniquilación de la Unión Patriótica y su candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, bajo la presidencia de Virgilio Barco. Pero también por acción, luego de la creación de los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) con la anuencia tácita de César Gaviria para cazar y dar de baja al “patrón” y  la rápida mutación de esta violencia en apéndice paraestatal con las Convivir. Cooperativas tan entusiastamente promovidas por el entonces gobernador de Antioquia (1995-1997), Álvaro Uribe Vélez, bajo cuya administración los grupos paramilitares dejaron la macabra estela de 939 víctimas mortales en ese Departamento, que comienza en su primer año de Gobernador con 143 asesinatos, en el segundo supera el doble, con 357 y cierra con un broche de sangre de 439 víctimas[1].  Al respecto, decía el ex comandante paramilitar Freddy Rendón, más conocido como el “Alemán”, hablando sobre las afinidades políticas de Carlos Castaño con Uribe: “Cuando aparece Uribe con ese discurso, Carlos decía: Uribe es el hombre con el que nosotros vamos a hacer la negociación, porque es antioqueño, porque es cercano a amigos nuestros, porque fue quien impulsó las Convivir y todas se convirtieron en autodefensas, porque Pedro Juan Moreno era cercanísimo a Carlos, yo lo vi muchas veces reunido con él. Y además surge con un discurso igualito al de Carlos.  ¿En qué sentido?  Recogía ese ideal de la autodefensa, que había que tener una mano fuerte contra la guerrilla, que había que liberar los territorios para que el Estado entrara a ejercer soberanía. Que el monopolio de las armas tenía que estar en manos del Estado. Entonces, nosotros nos identificamos en ese momento y además cuando ese hombre surge como candidato presidencial, todo se volcó a un apoyo irrestricto en las regiones”[2]. Lo acontecido antes, es historia conocida: la presidencia de Samper y el proceso 8.000; el acuerdo preelectoral de Andrés Pastrana con las FARC, cambiando votos por el Caguán y posteriormente las dos administraciones de Uribe, donde se logra la desmovilización y el desarme de las AUC, pero bajo el precio de una impunidad mucho mayor de la que tanto se opone a la concedida a la FARC, pues como lo menciona el informe BASTA YA,  los grupos paramilitares cometieron  1.166 masacres y 8.903 asesinatos selectivos, lo cual no afectó el proceso de aplicación de la Ley 975, no obstante ser un requisito sine qua non para acogerse y beneficiarse de ella la suspensión de toda acción criminal. En conclusión, todos los recientes presidentes de la República, desde Belisario hasta Santos, han gozado del beneficio de la impunidad política. Razón tenía Sartre: “Nada es más respetable que una impunidad largamente tolerada”, debido justamente a la falta de responsabilidad política ciudadana o, quizá, lo que es peor, a la tolerancia con los crímenes de los gobernantes por pura conveniencia personal o el lastre mortal de los odios compartidos.

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[1] - Ver www.cinep.org.co en cuadro Deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia. Banco de da datos de Derechos Humanos y violencia política 2004. Ejecuciones extrajudiciales. (1988-2003).

[2] - - El Espectador, Domingo 22 de Agosto de 2009, p 4.

De violencias públicas y violadores innombrables.

DE VIOLENCIAS PÚBLICAS Y VIOLADORES INNOMBRABLES

Hernando Llano Ángel

El aspecto más significativo y preocupante de la confesión pública de la periodista Claudia Morales es haber sido violada por un hombre tan poderoso que le resulta innombrable. A lo anterior, se suma que desista de identificarlo por razones de seguridad personal y  familiar y no lo denuncie judicialmente, pues no tiene ni una sola prueba para incriminarlo, fuera de la memoria de su doloroso ultraje. Su violador, pues, no es sólo innombrable sino también intocable e inimputable y se encuentra a salvo de toda jurisdicción. Hasta la fecha, está por fuera y por encima de la ley. Por eso dicha violación ha dejado de ser un asunto personal e íntimo y se ha convertido en mucho más que un escándalo público, es la expresión infamante de la total impunidad de un poderoso innombrable. Y en tanto el innombrable --hasta ahora inimputable e intocable-- es un protagonista de primer orden de la vida política nacional, según la víctima: “un hombre relevante de la vida nacional”, la sordidez de su violación en un cuarto de hotel ha dejado de ser un asunto íntimo y ha irrumpido en el escenario político de la campaña electoral del Centro Democrático.

De un cuarto de hotel a un cuartel electoral

Por ello y puesto que “hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad”, como suele suceder con todo intocable, el primero en responder públicamente fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez –con quien trabajó la periodista para la época de los hechos-- en los siguientes términos:

“Omito comentar sobre el burdo ataque político, he sido decente con las mujeres a lo largo de mi vida. Nuestra oficina de prensa debe publicar viajes presidenciales en cuya comitiva estuvo la señora, nombre de las personas que estaban a cargo de la seguridad y sus obligaciones”, según su trino del 24 de enero. 

Respuesta curiosa, pues en ella ya aparece el expresidente convertido en víctima de “un burdo ataque político” y se refiere despectivamente y con poca consideración --por no decir falta de decencia y caballerosidad-- a quién fuera víctima con el sustantivo general y universal de esa “señora”, invisibilizandola. Por último, ladinamente descarga la responsabilidad en “las personas que estaban a cargo de la seguridad y sus obligaciones”, después de reconocer que esa “señora” lo acompañó en la “comitiva de viajes presidenciales”.  ¿Por qué esa descortesía de negar hasta el nombre y la identidad de la víctima, más aún cuando ella hizo parte de la comitiva oficial en varios viajes presidenciales y se desempeñó como jefa de prensa internacional? ¿Por qué no deplorar y condenar lo sucedido, así fuera por elemental cortesía y decencia de caballero, más aún cuando fue completamente ajeno a lo acontecido?

Aquí lo público es privado y viceversa

Quizá la respuesta se encuentre en que para el expresidente Uribe resulta muy difícil discernir los límites que separan lo privado, personal y familiar de lo público y lo estatal. Así lo expresa claramente en el punto 100, el último de su célebre “Manifiesto Democrático” (MD): “Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político”. Sin duda, sus propios hijos fueron los primeros compatriotas, al ser legalmente beneficiados con la creación de la Zona Franca  de Occidente en el municipio de Mosquera http://www.semana.com/opinion/articulo/sobrados-lote/102175-3.

Es también comprensible que de allí provenga su imposibilidad de reconocer políticamente a las FARC, pues las sindica de ser responsables del asesinato de su padre. Por lo tanto, es imperioso que deban ir primero a la cárcel antes que al Congreso. De esta forma parece empeñado en prolongar un sufrimiento personal y familiar – para él imposible de olvidar y perdonar- en una interminable pesadilla nacional.  Incluso en el punto 17 del MD, referido a la administración de lo público, resalta que “las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad”, ingeniosa metáfora que no le impidió liquidar el Seguro Social y privatizar totalmente el derecho a la salud pública de sus compatriotas, entregándola a la codicia y la corrupción de las EPS. Lo más irónico es que en el mismo punto había advertido: “Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal. Para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a privatizar”. En este caso cabe reconocerle que, como buen politiquero y culebrero, convirtió el cuento en realidad y de paso cometió un “delito de lesa comunidad” con absoluta impunidad: corrompió por completo la salud pública http://www.semana.com/nacion/articulo/desfalco-de-salucoop/365644-.

Lo público bajo mi voluntad

Resulta, pues, evidente la asimilación y subordinación de lo público a la voluntad personal y paternal del entonces presidente Uribe, todo ello realizado con la mejor intención, pues su propósito fue convertir a Colombia en “una Nación con conciencia ética para que todos nos preocupemos de no hacer daño al prójimo con nuestro comportamiento” (Punto 99 del MD).  Y con tal intención ética promovió y ejecutó exitosamente la “seguridad democrática”, con sus miles de falsos positivos, consecuencia de la Directiva 029 del ministerio de defensa, http://www.semana.com/nacion/articulo/soldados-que-se-negaron-a-cometer-un-falso-positivo/554942 .

Convirtió el DAS en una agencia de seguridad personal y no nacional, desde la cual se promovieron asesinatos como los del profesor Alfredo Correa de Andréis https://www.elespectador.com/noticias/judicial/40-anos-de-prision-para-exsubdirector-del-das-por-asesinato-de-correa-de-andreis-articulo-712922  y Jaime Garzón http://www.elcolombiano.com/colombia/ejercito-y-das-participaron-en-crimen-de-jaime-garzon-fiscalia-DC3730173,  entre muchos otros.

Se intervinieron ilegalmente los teléfonos de los periodistas y se realizó una vigilancia extrema sobre la vida familiar y privada de Daniel Coronell y Hollman Morris, entre los más conocidos  http://caracol.com.co/radio/2016/07/29/nacional/1469813945_573282.html. Se espió y estigmatizó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por sus investigaciones que depuraron parcialmente a la política del crimen, condenando cerca de 60 congresistas por la llamada “parapolítica”http://www.semana.com/nacion/articulo/procuraduria-adelanta-519-investicaciones-por-parapolitica-y-bacrimpolitica/470010. Y, por último,  violó casi con total impunidad la Constitución de 1991, al cambiar un “articulito”, por el cual fueron condenados por cohecho sus ministros del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt https://www.elespectador.com/noticias/judicial/sabas-pretelt-de-ministro-estrella-carcel-articulo-555148 y de Salud, Diego Palacios https://www.elespectador.com/noticias/judicial/diego-palacio-confirma-que-si-compro-reeleccion-de-uribe-articulo-687774, además de los excongresitas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenados-yidispolitica-articulo-555143.

La violación de la vida pública

Es decir, asistimos a una violación pública de nuestra ciudadanía y derechos, de la vida política y sus principales instituciones, en nombre de la “seguridad democrática”, como una respuesta estatal a las innumerables y atroces violaciones que en nombre de la “justicia social y la revolución”, durante cerca de 50 años, cometieron las FARC-EP y hoy continúa perpetrando criminalmente el ELN, supuestamente en “defensa” de la sociedad civil y la soberanía nacional de nuestros recursos naturales. Y pese a la dimensión pública de todo lo anterior, todavía hoy parece imposible identificar plenamente a los principales violadores, responsables de tanta ignominia.

Incluso hay quienes señalan que la víctima, en este caso llámese ciudadanía o sociedad civil, no opuso resistencia y se doblegó resignadamente ante sus “verdugos salvadores”, tal como algunos mezquinamente juzgan la reacción de Claudia Morales ante su innombrable, prepotente e impune violador. Lo más grave de esa violencia sistemática de todos los actores protagónicos del conflicto armado, con su secuela indescriptible de violaciones y crímenes contra la población civil inerme (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html) ,  es que terminó atrofiando la sensibilidad, sensatez y capacidad de reacción de la misma víctima. Así aconteció en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 cuando se abstuvo el 62% de la ciudadanía y ganaron quienes votaron por el “NO” al Acuerdo de Paz, a la búsqueda de la verdad y de los  principales responsables de tantas violaciones, públicas y privadas. Dilapidamos, entonces, una oportunidad histórica para dejar sin justificación y legitimidad alguna la presencia de la violencia en la vida política nacional y el protagonismo impune de todos sus violadores, sean ellos de derecha o de izquierda, institucionales, subversivos, parainstitucionales, conocidos o innombrables.

La hora de la verdad

Pero todo parece indicar que las cosas están cambiando, gracias al valor de muchas mujeres que hoy empiezan a revelar como su cuerpo fue un campo de batalla horadado por esos “valientes guerreros”, de uno y otro bando, según sus testimonios en el libro “La guerra inscrita en el cuerpo” (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo), publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Denuncias que seguramente encontrarán eco en la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Violaciones y atrocidades que también deberán revelar sus perpetradores ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sean ellos guerrilleros, militares, civiles o paramilitares. Así iremos reconociendo la realidad brutal y la verdadera identidad de nuestra innombrable “democracia”, la más estable y profunda de América Latina (http://www.publico.es/internacional/colombia-abre-mayor-fosa-comun.html ), la (in)civilidad de sus gobernantes, defensores, promotores y opositores armados.  El hilo de sangre que recorre y anega la memoria de nuestra nación parece estar a punto de reventarse y revelarnos una verdad dolorosa y liberadora, la de una sociedad y sus valientes mujeres que repudian a sus violadores y ya no está dispuesta a continuar cohabitando con ellos. En estas elecciones de marzo y junio tendremos una nueva oportunidad para demostrarlo, pero serán necesarias varias generaciones para identificarlos y liberarnos totalmente de ellos en nuestra vida pública y privada.

POLÍTICA DE VERDAD

2018: Política de Verdad

Hernando Llano Ángel.

No se trata, como podría insinuarlo el título, de pensar con el deseo y que estas elecciones para Congreso y Presidencia vayan a ser unos comicios transparentes, donde la verdad resplandecerá ante la opinión pública y los ciudadanos decidiremos con plena información y conocimiento de causa. Donde, por fin, la influencia de los financiadores, sean ellos de cuello blanco (Odebrecht y grupos financieros) o exitosos empresarios del mundo criminal (narcotraficantes y parapolíticos) no decidan siempre la suerte del ganador y, en esta ocasión, seamos nosotros los ciudadanos, al menos por una vez, quienes la decidamos libremente con nuestros votos. No, no se trata de caer en semejante ingenuidad “electocrática”. Se trata de algo mucho más modesto y realista, pero también exigente. Se trata de que empecemos a dejar atrás la política como una red de complicidades criminales y la empecemos a vivir como una red de responsabilidades y solidaridades ciudadanas. Que la asumamos como una realidad terrenal y un debate entre candidatos y no una disputa maniquea y mortal entre buenos y malos.

Política Ciudadana

Que la política deje de ser el arte de la complicidad entre unos pocos, que viven de hacer negociados entre ellos y de transitar por la puerta giratoria de los intereses privados y la penumbra de la criminalidad para alcanzar cargos públicos y, desde allí, continuar esquilmando lo que nos pertenece a todos. Hay que dejar atrás esa política de carteles hemofílicos que succionan y desangran las venas de la riqueza nacional. En fin, en el 2018 podemos empezar a repudiar la política como el arte y la maniobra criminal de apropiarse privadamente de lo público, con la coartada de las elecciones, como ha venido siendo desde tiempo inmemorial. Deberíamos empezar a actuar como ciudadanos en lugar de comportarnos como electores cautivos de esas redes clientelistas y criminales, tejidas con la complicidad de la prevalencia del interés particular sobre el general, independientemente de su legalidad o ilegalidad. Ese es el primer paso para forjar una política de verdad. Una política en función de intereses generales y públicos, que honre los derechos y la igualdad de oportunidades que todos constitucionalmente merecemos, pero no tenemos en la vida real.

Política terrenal

El segundo paso quizá sea más difícil y exigente, pues implica superar la política como una lucha a muerte entre el bien y el mal, inspirada en una visión maniquea y cuasi religiosa, que nos divide en dos bandos irreconciliables. En uno de ellos, el de la diestra, se agrupan los “ciudadanos de bien”, y en el otro, la siniestra, los del mal, con quienes es imposible conversar y hay que desterrar, extraditar, encarcelar o incluso eliminar, pues son un peligro público, atentan contra nuestras vidas, seguridad y prosperidad.

Con ellos es imposible hacer política, sólo cabe la guerra y la condena por sus crímenes abominables, después de la cual eventualmente tendrían derecho a la participación política. Tal escenario se parece más a una política celestial, donde sólo participan los buenos y disfrutan entre ellos una plena vida eterna, y no a esta política terrenal, donde vivimos “todos revolcaos” y no existen buenos impolutos y absolutos, siempre asediados por criminales irredentos y perversos, culpables exclusivos de todo lo malo, que deben por tanto ser condenados al fuego eterno de la guerra o al purgatorio prolongado de la reclusión penitenciaria. 

Todos sabemos que esta imagen simplista de buenos absolutos contra malos irredentos no existe en la política terrenal, en la política de verdad, en ninguna parte del mundo, así Trump se empeñe en pregonarla contra “países de mierda” y “Estados terroristas”. Quizá porque en la política no se trata tanto de culpables o inocentes, sino más bien de gobernantes responsables y competentes o de gobernantes irresponsables e incompetentes, que desempeñan sus roles a partir de nuestras decisiones como ciudadanos. Y en la política real, la de verdad, ningún ciudadano puede eximirse de su responsabilidad, ya sea por su abstención o su elección, por el Sí a un proyecto de país plural y democrático o por el No a su existencia. Ya lo decía Edmund Burke en el siglo XVIII, con su fina ironía irlandesa: “Los políticos corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”. Y en el siglo XX, Albert Camus, con lucidez contundente: “La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas”.

Tampoco ningún gobernante puede eludir su mayor responsabilidad en la conducción de su nación, tanto en la guerra como en la paz. “Nadie gobierna impunemente”, y más temprano que tarde rendirá cuentas ante las elecciones o la historia. Por todo lo anterior, en este 2018 estamos en un año de transición, bien hacia una política de verdad o, por el contrario, hacia una simulación de verdad, justicia y reparación, que no nos evitará seguir repitiendo y viviendo una falsa, violenta y dolorosa historia de elecciones y democracia, que tuvo origen reciente por allá en 1957, con la fórmula constitucional del Frente Nacional y el auto sacramental Laureano-Llerista de la reconciliación e impunidad política entre liberales y conservadores, hasta hoy vigente.

Precisamente se trata de no repetir esa historia. Para ello, contamos con dos instituciones inéditas y trascendentales: la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición y la Jurisdicción Especial de Paz, ante las cuales debemos tener todos la capacidad de mirarnos frente al espejo de nuestra lacerante y terrible realidad histórica, paso previo y necesario para reconocernos como colombianos y ciudadanos, más allá del bien y del mal, de la diestra o la siniestra. Empezando, obviamente, por sus principales protagonistas y responsables: gobernantes, militares, comandantes guerrilleros, paramilitares y elites económicas, legales e ilegales, que deberán comparecer ante esas instancias, hasta culminar con el juicio de nuestra propia conciencia. Quizá, entonces, conozcamos y vivamos una política de verdad, de la que todos somos más o menos responsables, especialmente en estas elecciones de 2018.

(Enero 15 de 2018)

La Política: Entre la justicia y la paz.

La política: Entre la justicia y la paz.

Hernando Llano Ángel.

Sin duda, la postulación de Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, a la presidencia de la República, y de algunos de los miembros de la plana mayor del que fuera el Secretariado de las Farc-Ep, al Congreso de la República, parece haber situado la política y la implementación del Acuerdo de Paz en un callejón sin salida. En una especie de encrucijada o dilema político existencial, pues la sociedad colombiana tendría que optar por la justicia, sometiéndolos primero a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para supuestamente así permitir su inscripción a dichos cargos de elección popular. Con lo cual, se estaría incumpliendo el compromiso de cambiar las mortales e innumerables balas disparadas por las FARC-EP –en el pasado-- por unos cuantos e inofensivos votos, que probablemente obtendrá la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en las elecciones del 2018, al postular e inscribir candidatos de tan nefasta recordación para millones de colombianos.

Pacta sunt servanda

Si se les niega el derecho a participar en política, en las próximas elecciones, se estaría incumpliendo un compromiso adquirido y suscrito por el Estado colombiano en el punto 36 del Acuerdo Final, consignado así en la página 150: “La imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”. Reformas que ya han tenido lugar mediante el Acto Legislativo número 01 del 4 de abril de 2017, que transcribe literalmente en su artículo 20 lo ya citado en el punto 36 del Acuerdo Final y en los Actos Legislativos 02 del 11 de mayo de 2017, en su artículo 1. Y, como si fuera poco, en el Acto Legislativo 03 del 23 de mayo pasado, en su artículo 1, numeral 5, que permite a las FARC “inscribir candidatos en las mismas condiciones que se exigen a los demás partidos y movimientos políticos. Sin perjuicio de lo anterior, los candidatos que hubieren sido miembros de las FARC-EP, deberán, en el momento de la inscripción de los candidatos, expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el SIVJRNR, contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2017”. Así las cosas, tendríamos que reconocer algo que lapidariamente escribió Ferdinand Lasalle hace ya casi dos siglos: “Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen”. Algo que sabía muy bien el entonces constituyente de 1990, Fernando Carrillo Flórez, y que parece haber olvidado hoy que es Procurador General de la Nación.

De las tumbas a las urnas

Y, sin duda, es preferible que dichos factores reales de poder se decidan en las urnas –como aconteció con la 7 papeleta-- y no en las tumbas, como sucedió después del bombardeo a Casa Verde el 9 de diciembre de 1990. Hay que poner fin a esa combinación mortal de las formas de lucha –balas con votos-  sea ella gubernamental, paramilitar o guerrillera. De eso se trata en las próximas elecciones del 2018 para Congreso y Presidencia de la República. No olvidemos: en política somos los ciudadanos, con nuestro voto, los jueces de última instancia. Allí decidiremos quienes merecen la representación de nuestros valores o intereses o, por el contrario, nuestra censura y condena. La paz política es un asunto de todos, no sólo de los jueces, por constitucionales y encumbrados que ellos sean. Es la segunda oportunidad histórica que tendremos el próximo año: decidir en las urnas si derrotamos definitivamente la guerra y sus partidarios, sean de extrema izquierda o extrema derecha, dándole por fin una oportunidad al debate creador de las ideas y no al combate aniquilador de las armas. No se puede repetir la insensatez del plebiscito del 2 de octubre. Hay que darle una oportunidad a quienes ayer fueron letales y crueles en el campo de batalla, para que nos demuestren mañana que también pueden ser  vitales y justos en el campo de la política. Quizá sea esa una forma paradójica y éticamente desafiante de expresarse la justicia restaurativa. Intentando restaurar en la arena política lo que se arruino en los campos de batalla. Por eso se denomina justicia transicional, pues permite el tránsito de las armas y la violencia a los votos y la controversia. Sería un error estratégico, un horror histórico y una inadmisible impostura de ética política, si se impide a los miembros del antiguo Secretariado de las FARC-EP ser candidatos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común con argucias leguleyas. Argucias no solo antipolíticas sino también inconstitucionales. Es la hora de rescatar la flexibilidad del derecho para la vida y la política. No es el momento de esgrimir la dominante rigidez mortal de un artículo o un inciso y menos supuestas e imposibles faltas disciplinarias, como si los guerrilleros hubieran sido funcionarios públicos, por temor a ampliar la participación política, dando así pretextos para que desesperados o escépticos apelen de nuevo a la violencia con fines políticos.

Error político y horror histórico

Sería un error político estratégico, pues se estaría dando de nuevo argumentos a quienes dicen que en Colombia es imposible el surgimiento de una auténtica oposición política legal, pues sólo a través de las armas se podría llegar a ser alternativa de poder. Y lo anterior es un horror histórico, que nos ha dejado una estela de aproximadamente medio millón de muertos –entre la Violencia y el conflicto armado interno— por ser incapaces de romper ese vínculo fatal de la política con las armas y poder por fin vivir, debatir y decidir en democracia. Y es una postura de ética política inadmisible, pues si se va a exigir que todos los responsables de la violencia política deban primero responder judicialmente, tendríamos que reconocer que jamás se hubiera podido firmar el pacto de paz del Frente Nacional, el más importante del siglo XX. Es más, hoy se tendrían que inhabilitar numerosos congresistas que se encuentran subjudice, empezando por el senador Álvaro Uribe Vélez y sus cerca de trescientas investigaciones congeladas en la Comisión de “Acusaciones” de la Cámara de Representantes, http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/233151-uribe-es-quien-tiene-mas investigaciones-en-contra. Seguramente por lo anterior, se han declarado impedidos 44 senadores para votar la ley estatutaria de la JEP y se han aceptado ya 12 impedimentos, la mayoría del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador y Opción ciudadana, por sus vinculaciones con familiares condenados por parapolítica o investigaciones en curso donde algunos parecen estar implicados, http://www.semana.com/nacion/articulo/el-salvavidas-de-la-jep-en-elsenado/545738.

Congreso por cárcel

Lo cual significa que en el Senado muchos de sus miembros se consideran que no están exentos de relaciones con la violencia y el crimen y que nuestra política debe depurarse de la codicia y el odio, genes de su corrupción, la cual se transmite de generación en generación y de partido en partido. Será por eso que hoy uno de sus más conspicuos representantes, Germán Vargas Lleras, recurre a las firmas para lavar y lanzar su candidatura a la Presidencia de la República. Así las cosas, llegaríamos a una conclusión paradójica, que la JEP puede terminar condenando a los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común al Congreso por cárcel, como curiosamente sucede hoy con más de un honorable senador en ejercicio, cuya impunidad e intocabilidad por la justicia son proverbiales. Con razón Uribe, siendo presidente, pedía a los miembros de su bancada que votaran rápido sus proyectos de ley, antes de ir a la cárcel. En ocasiones es difícil discernir, en esta transición, los límites entre un régimen parlamentario y uno penitenciario.

Por una política sin maniqueísmo

Para lograrlo, se podría proponer, desde un exigente horizonte ciudadano de la ética pública, que se inhabilitaran de por vida todos aquellos que desde el gobierno o la insurgencia tienen las manos manchadas de sangre. Desde Uribe hasta Timochenko, con sus incondicionales y furibundos seguidores. Pero ellos no se darán por aludidos, pues tienen la conciencia muy limpia y tranquila. Han sustituido la ética por el maniqueísmo. El primero, con su “seguridad democrática” y, el segundo, con la “justicia social”. Y quienes no compartan esas banderas, son “terroristas”, “apátridas” o “paracos”. En fin, “buenos y diestros ciudadanos” contra “malos y siniestros ciudadanos” o viceversa. En pocas palabras, una ética a la medida de sus simpatías y antipatías, de sus intereses y cuestionables valores. Por eso, quienes tenemos la última palabra en las próximas elecciones somos todos y todas las ciudadanas, pues con nuestro voto los podemos inhabilitar para representarnos, o, por el contrario, elegirlos repetidamente para gobernarnos. Que cada quien haga un ejercicio público de su conciencia. Sólo así la política algún día podrá salir del lodazal del odio y la codicia en que se encuentra atrapada y ejercerse, más allá del bien y del mal, en un horizonte de reconciliación y controversia siempre presentes, sin necesidad de recurrir a “héroes” y “caudillos vengadores” y mucho menos a “revolucionarios justicieros”, pues millones de víctimas y ciudadanos ya conocemos de sobra sus ejecutorias y alcances.