IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA
CIUDADANA E IMPUNIDAD POLÍTICA HISTÓRICA
Hernando Llano Ángel
Es apenas lógico que en época
electoral irrumpan denuncias e investigaciones sobre el pasado político y las
ejecutorias en la gestión pública de los candidatos que aspiran alcanzar
curules en los cuerpos representativos o regentar el destino de la Nación
desde la Presidencia de la República. Lo
que es inusual es que dichos aspirantes tengan prevenciones e incluso respondan
airadamente, cuando se escruta y analiza su responsabilidad en el desempeño de
la función pública. Incluso algunos descalifican todo examen de su pasado en la
vida pública, con el argumento de ser víctimas de una implacable e injuriosa
persecución política. Desconocen así que la primera característica de la
responsabilidad política es precisamente la obligación pública de rendir
cuentas sobre sus acciones y omisiones en el desempeño de un cargo público. Es
decir, cumplir simplemente el artículo 6
de nuestra Constitución: “Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos
lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de
sus funciones”. A partir de allí, para el caso de los congresistas que aspiran
a la reelección, bastaría someterlos a una rendición de cuentas sobre la forma
como cumplieron sus funciones constitucionales y legales. Así, cada ciudadano
tomaría la decisión responsable de reelegirlo o sancionarlo, según el examen
objetivo y riguroso de su cumplimiento o incumplimiento, por “omisión o
extralimitación” de sus funciones. La información está disponible en Congreso
Visible: http://www.congresovisible.org/
y todo ciudadano responsable debería hacerlo. Si tal responsabilidad ciudadana
se ejerciera, con absoluta seguridad depuraríamos el Congreso de muchos
impostores de la voluntad general y quizá cobraría vigencia el artículo 133 de
la Carta: “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan
al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus
electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.
Irresponsabilidad Ciudadana
Pero tal depuración del Congreso
no acontece, porque no somos ciudadanos políticamente responsables y carecemos,
casi por completo, de la noción de lo público, pues hemos crecido con la idea
de que es un botín al servicio de los políticos. Incluso muchos ciudadanos
todavía piensan que el poder es de los políticos y, lo que es peor, la mayoría
de los políticos están convencidos que el poder es de ellos. Así lo demostraron
en la pasada legislatura, cuando en una expresión de máxima mezquindad política
e insensibilidad moral, negaron la creación de las 16 circunscripciones
transitorias de paz para las víctimas del conflicto armado interno, a las
cuales aspiran numerosas víctimas de las FARC-EP, de los grupos paramilitares y
de agentes del Estado, como se puede constatar en esta información del diario
El Espectador: “Las víctimas que quieren llegar al Congreso”(https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/las-victimas-que-quieren-llegar-al-congreso-articulo-739228).
Para los congresistas que
bloquearon dicha posibilidad, consignada en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón
entre el Estado y las FARC-EP, dichas curules supuestamente serían ocupadas por
miembros de las FARC-EP, cuando en la reglamentación de ese punto quedó
expresamente prohibida la postulación de cualquier miembro de dicha
desaparecida organización --cuyo listado completo lo tiene el Gobierno--
atendiendo la propuesta de los mismos miembros de la oposición, que no obstante
en la votación final decidieron hundirla. Este revelador y vergonzoso pasaje de
la oposición nos demuestra, una vez más que, en su estrecho horizonte de
perpetuarse en sus curules, no existe la paz. No sólo por la negación de la
existencia de las víctimas y su derecho político a serles reconocida
oportunamente su plena ciudadanía, sino sobre todo porque así difícilmente
podremos llegar a ser algún día una comunidad política nacional, reconciliada,
al no permitirse que estén en un mismo recinto las víctimas y sus victimarios,
reconociéndose y tratándose como ciudadanos que han desistido de seguir
eliminándose físicamente entre ellos.
Campaña sangrienta e impune
Pero tal como se están
desarrollando las actuales campañas electorales, todo parece indicar que vamos
a continuar en esa polarización sangrienta. Según informe de la Misión de
Observación Electoral, “durante la campaña política 62 líderes han sido
víctimas de la violencia. Desde el 11 de diciembre de 2107, 31 fueron
asesinados, 11 sufrieron atentados y 20 han recibido amenazas” https://colombia2020.elespectador.com/politica/violencia-contra-lideres-politicos-y-sociales-se-disparo-en-epoca-electoral. Es más, según informe de la misma Fiscalía
General de la Nación y del Vicepresidente de la República, general (r)
Óscar Naranjo, “hay 12 casos de
familiares de excombatientes que han sido asesinados, hay 28 casos de
excombatientes y hay 10 casos de líderes sociales asociados al partido de la
Farc que han sido asesinados en los últimos meses”, para un total de 50
víctimas mortales https://www.elespectador.com/noticias/politica/fiscalia-ha-registrado-50-asesinatos-contra-miembros-de-las-farc-articulo-738005.
Este panorama, sumado al sabotaje persistente de toda manifestación pública de
la Farc, que la llevo a suspender sus actividades proselitistas, está
reeditando la pesadilla sangrienta de la eliminación de la Unión Patriótica,
acumulando un peso de impunidad política insostenible, cuyo origen mediato
puede encontrarse en la incineración y desaparición de la Justicia, con la
violenta toma por parte del M-19 y la destrucción física de su sede, el Palacio
de Justicia, por el despliegue incontenible e incontrolable de la Fuerza
Pública --según la expresión del entonces coronel Alfonso Plazas Vega-- en
“defensa de la democracia”.
La impunidad palaciega
No obstante, esa misma noche del
7 de noviembre de 1985, todavía con los restos humeantes del Palacio, el
presidente Belisario Betancur asumió toda la responsabilidad política de los
hechos, como constitucionalmente le correspondía. Responsabilidad por la cual
el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en un
informe pionero en la defensa de las víctimas y la prevalencia del Derecho
Internacional Humanitario, presentó denuncia a la Cámara de Representantes
contra Belisario y su ministro de
defensa, general Miguel Vega Uribe, la cual fue archivada por la Comisión de
Acusaciones con la firma de los liberales Horacio Serpa Uribe, Carlos Mauro
Hoyos y el conservador Darío Alberto Ordoñez Ortega, “por ser, repetimos, un
típico acto de Gobierno, ejecutado por quien sólo podía hacerlo, es
decir, el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Defensa. […]
Proponemos: Declarase que no hay lugar a intentar acusación ante el Senado de
la República contra el Presidente Doctor Belisario Betancur Cuartas y su
Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe” (Jiménez, 1986, pp. 322-324). Desde
entonces la agudización de esa violencia política se convirtió, por omisión en
un típico acto de gobierno, como lo demostraron los gravísimos hechos que
siguieron al Palacio de Justicia: la aniquilación de la Unión Patriótica y su candidato
presidencial, Jaime Pardo Leal, bajo la presidencia de Virgilio Barco. Pero
también por acción, luego de la creación de los Pepes (Perseguidos por Pablo
Escobar) con la anuencia tácita de César Gaviria para cazar y dar de baja al
“patrón” y la rápida mutación de esta
violencia en apéndice paraestatal con las Convivir. Cooperativas tan
entusiastamente promovidas por el entonces gobernador de Antioquia (1995-1997),
Álvaro Uribe Vélez, bajo cuya administración los grupos paramilitares dejaron la
macabra estela de 939 víctimas mortales en ese Departamento, que comienza en su
primer año de Gobernador con 143 asesinatos, en el segundo supera el doble, con
357 y cierra con un broche de sangre de 439 víctimas[1]. Al respecto, decía el ex comandante paramilitar
Freddy Rendón, más conocido como el “Alemán”, hablando sobre las afinidades
políticas de Carlos Castaño con Uribe: “Cuando aparece Uribe con ese discurso,
Carlos decía: Uribe es el hombre con el que nosotros vamos a hacer la
negociación, porque es antioqueño, porque es cercano a amigos nuestros, porque
fue quien impulsó las Convivir y todas se convirtieron en autodefensas, porque
Pedro Juan Moreno era cercanísimo a Carlos, yo lo vi muchas veces reunido con
él. Y además surge con un discurso igualito al de Carlos. ¿En qué sentido? Recogía ese ideal de la autodefensa, que
había que tener una mano fuerte contra la guerrilla, que había que liberar los
territorios para que el Estado entrara a ejercer soberanía. Que el monopolio de
las armas tenía que estar en manos del Estado. Entonces, nosotros nos
identificamos en ese momento y además cuando ese hombre surge como candidato
presidencial, todo se volcó a un apoyo irrestricto en las regiones”[2].
Lo acontecido antes, es historia conocida: la presidencia de Samper y el
proceso 8.000; el acuerdo preelectoral de Andrés Pastrana con las FARC,
cambiando votos por el Caguán y posteriormente las dos administraciones de
Uribe, donde se logra la desmovilización y el desarme de las AUC, pero bajo el
precio de una impunidad mucho mayor de la que tanto se opone a la concedida a la
FARC, pues como lo menciona el informe BASTA YA, los grupos paramilitares cometieron 1.166 masacres y 8.903 asesinatos selectivos,
lo cual no afectó el proceso de aplicación de la Ley 975, no obstante ser un
requisito sine qua non para acogerse y beneficiarse de ella la suspensión de
toda acción criminal. En conclusión, todos los recientes presidentes de la
República, desde Belisario hasta Santos, han gozado del beneficio de la
impunidad política. Razón tenía Sartre: “Nada es más respetable que una
impunidad largamente tolerada”, debido justamente a la falta de responsabilidad
política ciudadana o, quizá, lo que es peor, a la tolerancia con los crímenes
de los gobernantes por pura conveniencia personal o el lastre mortal de los
odios compartidos.
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