Uribe: rechazo a rendir cuentas e impunidad política

Uribe: rechazo a rendir cuentas e impunidad política

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La reacción del senador Uribe ante la investigación que le abrió la Corte Suprema de Justicia por la presunta manipulación de testigos vuelve a mostrar la peor cara de un sistema donde los presidentes no rinden cuentas, los ciudadanos no vigilan y los políticos quedan impunes.

Hernando Llano Ángel*

Uribe investigado

El pasado 17 de febrero, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el ex presidente Álvaro Uribe por “su presunta participación en la manipulación de testigos”.

Según la Corte, Uribe habría intervenido las declaraciones de testigos para acusar al senador del Polo democrático Iván Cepeda de conformar un cartel de falsos testigos y desprestigiar su labor como congresista. Por lo anterior, la Corte también archivó la investigación contra Iván Cepeda.

Alergia a rendir cuentas

Palacio de Justicia.   Foto:  Instituto Distrital de Turismo

Denuncias e investigaciones como esa son apenas lógicas en época electoral. Lo inusual es que los aspirantes a cargos públicos respondan airadamente cuando se analiza su responsabilidad en el desempeño de sus funciones, hasta el punto de descalificar todo examen de su pasado en la vida pública afirmando ser víctimas de una “persecución política”.

Ese tipo de reacciones desconoce que la primera característica de la responsabilidad política es precisamente la obligación de rendir cuentas sobre sus acciones y omisiones en el desempeño de un cargo. Es decir cumplir con el artículo 6 de nuestra Constitución:

“Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Si cada aspirante a un cargo público rindiera cuentas sobre la forma como cumplió sus funciones constitucionales y legales en los cargos que ocupó en el pasado, los ciudadanos podrían tomar la decisión responsable de reelegirlo o de sancionarlo.

Portales web como el de Congreso Visible ya permiten ejercer esta vigilancia ciudadana, y toda persona responsable debería hacerlo. Si tal responsabilidad ciudadana se ejerciera, con absoluta seguridad depuraríamos el Congreso de muchos impostores de la voluntad general y quizá cobraría vigencia el artículo 133 de la Carta:

“Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.

Cuando los gatos se van…

Pero tal depuración de Congreso no acontece, porque no somos ciudadanos políticamente responsables y carecemos, casi por completo, de la noción de lo público, pues hemos crecido con la idea de que el Estado es un botín al servicio de los políticos.

Muchos ciudadanos todavía piensan que el poder es de los políticos y, lo que es peor, la mayoría de los políticos están convencidos de que el poder les pertenece.

Sin veeduría ciudadana los políticos hacen parranda, pues no se sienten responsables ante sus electores. Así lo demostraron los congresistas de la pasada legislatura, cuando en una expresión de máxima mezquindad política e insensibilidad moral, negaron la creación de las dieciséis circunscripciones transitorias de paz para las víctimas del conflicto armado.

Si cada aspirante a un cargo público rindiera cuentas, los ciudadanos podrían tomar la decisión responsable de reelegirlo o sancionarlo.

Para los congresistas que bloquearon dicha posibilidad, las curules supuestamente serían ocupadas por miembros de las FARC, cuando en la reglamentación de ese punto quedó expresamente prohibida la postulación de cualquier miembro de la desaparecida organización.

Este revelador y vergonzoso pasaje de la política nacional nos demuestra una vez más que en su estrecho horizonte de perpetuarse en sus curules, los opositores de los acuerdos no están trabajando por la paz.

Y no sólo por la negación de la existencia de las víctimas y su derecho político a serles reconocida oportunamente su plena ciudadanía, sino porque así se cierra la posibilidad de que seamos algún día una comunidad reconciliada, donde las víctimas y los victimarios se sienten al lado y se reconozcan como ciudadanos que han desistido de la violencia.

Sangre e impunidad

Senador Iván Cepeda.  Foto: Senado de la República

Pero tal como se están desarrollando las campañas electorales, todo indica que vamos a insistir en una polarización que bien podría perpetuar la violencia.

Según informe de la Misión de Observación Electoral, “durante la campaña política 62 líderes han sido víctimas de la violencia. Desde el 11 de diciembre de 2107, 31 fueron asesinados, 11 sufrieron atentados y 20 han recibido amenazas”.

Se está reeditando la pesadilla sangrienta de la eliminación de la UP, que también se construyó sobre una montaña insostenible de impunidad política.

Según un informe de la Fiscalía General y el Vicepresidente de la República, el general (r) Óscar  Naranjo, “hay 12 casos de familiares de excombatientes que han sido asesinados, hay 28 casos de excombatientes y hay 10 casos de líderes sociales asociados al partido de la FARC que han sido asesinados en los últimos meses”, para un total de 50 víctimas mortales.

A este panorama se suma el sabotaje persistente de las manifestaciones públicas de la FARC, que la llevó a suspender sus actividades proselitistas.

Por lo tanto se está reeditando la pesadilla de la eliminación de la Unión Patriótica, que también se construyó sobre una montaña insostenible de impunidad política.

Recordemos que la violenta toma y retoma del Palacio de Justicia y la destrucción de su sede desembocó en la incineración y desaparición de las investigaciones más importantes: un antecedente que nos alerta sobre el peligro de que los políticos le hagan el quite a la justicia.

Impunidad presidencial

Expresidente de Colombia, Belisario Betancur.   Foto: Señal Memoria

Por los hechos del 7 de noviembre de 1985, el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, presentó una denuncia ante la Cámara de Representantes contra Belisario Betancur y su ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe. La investigación fue archivada por la Comisión de Acusaciones “por ser, repetimos, un típico acto de Gobierno, ejecutado por quien solo podía hacerlo, es decir, el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Defensa”.

Con Uribe gobernador, los grupos paramilitares dejaron la macabra estela de 939 víctimas mortales en ese Departamento.

Desde entonces la total indiferencia ante la violencia política se convirtió en otro “típico acto de gobierno”. Los presidentes hicieron poco o nada para detener los gravísimos hechos que siguieron al Palacio de Justicia: la aniquilación de la Unión Patriótica y de su candidato presidencial, Jaime Pardo Leal.

Luego, la violencia ejercida por el mismo Estado fue otro “típico acto de gobierno”: César Gaviria dio el consentimiento tácito para que los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) cazaran y dieran de baja al “patrón”.

La violencia mutó y se convirtió en un apéndice paraestatal con la creación de las Convivir, promovidas con tanto entusiasmo por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe.

Con Uribe gobernador, los grupos paramilitares dejaron la macabra estela de 939 víctimas mortales en ese Departamento:

• En su primer año como gobernador se produjeron 143 asesinatos;
• En el segundo se duplicó esta cifra, con 357 asesinatos;
• Y cerró con un broche de sangre de 439 víctimas.

Al respecto, el ex comandante paramilitar Freddy Rendón, más conocido como el “Alemán”, afirmó sobre las afinidades políticas de Carlos Castaño con Uribe:

“Cuando aparece Uribe con ese discurso, Carlos decía: Uribe es el hombre con el que nosotros vamos a hacer la negociación, porque es antioqueño, porque es cercano a amigos nuestros, porque fue quien impulsó las Convivir y todas se convirtieron en autodefensas, porque Pedro Juan Moreno era cercanísimo a Carlos, yo lo vi muchas veces reunido con él. Y además surge con un discurso igualito al de Carlos. 

— ¿En qué sentido?

— Recogía ese ideal de la autodefensa, que había que tener una mano fuerte contra la guerrilla, que había que liberar los territorios para que el Estado entrara a ejercer soberanía. Que el monopolio de las armas tenía que estar en manos del Estado. Entonces, nosotros nos identificamos en ese momento y además cuando ese hombre surge como candidato presidencial, todo se volcó a un apoyo irrestricto en las regiones”.

Lo acontecido antes es historia conocida:

• La presidencia de Samper y el proceso 8.000;
• El acuerdo preelectoral de Andrés Pastrana con las FARC para cambiar votos por el Caguán;
• Y las dos administraciones de Uribe, donde se logra la desmovilización de las AUC, pero al precio de una impunidad mucho mayor que la que ahora critica con acidez el señor expresidente. Como señala el informe ¡Basta Ya!, los grupos paramilitares cometieron 1.166 masacres y 8.903 asesinatos selectivos, lo que no afectó el proceso de aplicación de la Ley 975, no obstante ser un requisito sine qua non para acogerse y beneficiarse de ella.

En suma, todos los recientes presidentes de la República, desde Belisario Betancur hasta Santos, han gozado del beneficio de la impunidad política. Esa impunidad tiene asidero, justamente, en la falta de responsabilidad política ciudadana y en el rechazo de los gobernantes a la simple idea de rendir cuentas. Ya lo decía lúcida y cínicamente Sartre: “Nada es más respetable que una impunidad largamente tolerada”.

La reacción de Uribe a esta última investigación de la Corte Suprema de Justicia es un ejemplo más del poder que se arrogan los mandatarios y de una larga tradición de impunidad presidencial.

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com.