DE VIOLENCIAS PÚBLICAS Y VIOLADORES INNOMBRABLES
Hernando Llano Ángel
El aspecto más significativo y
preocupante de la confesión pública de la periodista Claudia Morales es haber
sido violada por un hombre tan poderoso que le resulta innombrable. A lo
anterior, se suma que desista de identificarlo por razones de seguridad
personal y familiar y no lo denuncie
judicialmente, pues no tiene ni una sola prueba para incriminarlo, fuera de la
memoria de su doloroso ultraje. Su violador, pues, no es sólo innombrable sino
también intocable e inimputable y se encuentra a salvo de toda jurisdicción.
Hasta la fecha, está por fuera y por encima de la ley. Por eso dicha violación
ha dejado de ser un asunto personal e íntimo y se ha convertido en mucho más
que un escándalo público, es la expresión infamante de la total impunidad de un
poderoso innombrable. Y en tanto el innombrable --hasta ahora inimputable e
intocable-- es un protagonista de primer orden de la vida política nacional,
según la víctima: “un hombre relevante de la vida nacional”, la sordidez de su
violación en un cuarto de hotel ha dejado de ser un asunto íntimo y ha
irrumpido en el escenario político de la campaña electoral del Centro
Democrático.
De un cuarto de hotel a un cuartel electoral
Por ello y puesto que “hay otras
evidencias que amplían su margen de peligrosidad”, como suele suceder con todo
intocable, el primero en responder públicamente fue el expresidente Álvaro
Uribe Vélez –con quien trabajó la periodista para la época de los hechos-- en
los siguientes términos:
“Omito
comentar sobre el burdo ataque político, he sido decente con las mujeres a lo
largo de mi vida. Nuestra oficina de prensa debe publicar viajes presidenciales
en cuya comitiva estuvo la señora, nombre de las personas que estaban a cargo
de la seguridad y sus obligaciones”, según su trino del 24 de enero.
Respuesta curiosa, pues en ella ya
aparece el expresidente convertido en víctima de “un burdo ataque político” y
se refiere despectivamente y con poca consideración --por no decir falta de
decencia y caballerosidad-- a quién fuera víctima con el sustantivo general y
universal de esa “señora”, invisibilizandola. Por último, ladinamente descarga la
responsabilidad en “las personas que estaban a cargo de la seguridad y sus
obligaciones”, después de reconocer que esa “señora” lo acompañó en la
“comitiva de viajes presidenciales”.
¿Por qué esa descortesía de negar hasta el nombre y la identidad de la
víctima, más aún cuando ella hizo parte de la comitiva oficial en varios viajes
presidenciales y se desempeñó como jefa de prensa internacional? ¿Por qué no
deplorar y condenar lo sucedido, así fuera por elemental cortesía y decencia de
caballero, más aún cuando fue completamente ajeno a lo acontecido?
Aquí lo público es privado y viceversa
Quizá la respuesta se encuentre
en que para el expresidente Uribe resulta muy difícil discernir los límites que
separan lo privado, personal y familiar de lo público y lo estatal. Así lo
expresa claramente en el punto 100, el último de su célebre “Manifiesto
Democrático” (MD): “Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de
familia que de político”. Sin duda, sus propios hijos fueron los primeros
compatriotas, al ser legalmente beneficiados con la creación de la Zona Franca de Occidente en el municipio de Mosquera http://www.semana.com/opinion/articulo/sobrados-lote/102175-3.
Es también comprensible que de
allí provenga su imposibilidad de reconocer políticamente a las FARC, pues las sindica
de ser responsables del asesinato de su padre. Por lo tanto, es imperioso que
deban ir primero a la cárcel antes que al Congreso. De esta forma parece
empeñado en prolongar un sufrimiento personal y familiar – para él imposible de
olvidar y perdonar- en una interminable pesadilla nacional. Incluso en el punto 17 del MD, referido a la
administración de lo público, resalta que “las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque
pertenecen a toda la comunidad”, ingeniosa metáfora que no le impidió liquidar
el Seguro Social y privatizar totalmente el derecho a la salud pública de sus
compatriotas, entregándola a la codicia y la corrupción de las EPS. Lo más
irónico es que en el mismo punto había advertido: “Es un delito de lesa comunidad
hacer fiesta con lo estatal. Para salvar
al Seguro Social, al Sena, al
Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero politiquería. Cuando
los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a
privatizar”. En este caso cabe reconocerle que, como buen politiquero y
culebrero, convirtió el cuento en realidad y de paso cometió un “delito de lesa
comunidad” con absoluta impunidad: corrompió por completo la salud pública http://www.semana.com/nacion/articulo/desfalco-de-salucoop/365644-.
Lo público bajo mi voluntad
Resulta, pues, evidente la
asimilación y subordinación de lo público a la voluntad personal y paternal del
entonces presidente Uribe, todo ello realizado con la mejor intención, pues su
propósito fue convertir a Colombia en “una Nación con conciencia ética para que
todos nos preocupemos de no hacer daño al prójimo con nuestro comportamiento”
(Punto 99 del MD). Y con tal intención
ética promovió y ejecutó exitosamente la “seguridad democrática”, con sus miles
de falsos positivos, consecuencia de la Directiva 029 del ministerio de defensa,
http://www.semana.com/nacion/articulo/soldados-que-se-negaron-a-cometer-un-falso-positivo/554942
.
Convirtió el DAS en una agencia
de seguridad personal y no nacional, desde la cual se promovieron asesinatos
como los del profesor Alfredo Correa de Andréis https://www.elespectador.com/noticias/judicial/40-anos-de-prision-para-exsubdirector-del-das-por-asesinato-de-correa-de-andreis-articulo-712922 y Jaime Garzón http://www.elcolombiano.com/colombia/ejercito-y-das-participaron-en-crimen-de-jaime-garzon-fiscalia-DC3730173,
entre muchos otros.
Se intervinieron ilegalmente los
teléfonos de los periodistas y se realizó una vigilancia extrema sobre la vida
familiar y privada de Daniel Coronell y Hollman Morris, entre los más conocidos http://caracol.com.co/radio/2016/07/29/nacional/1469813945_573282.html.
Se espió y estigmatizó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por
sus investigaciones que depuraron parcialmente a la política del crimen,
condenando cerca de 60 congresistas por la llamada “parapolítica”http://www.semana.com/nacion/articulo/procuraduria-adelanta-519-investicaciones-por-parapolitica-y-bacrimpolitica/470010.
Y, por último, violó
casi con total impunidad la Constitución de 1991, al cambiar un
“articulito”, por el cual fueron condenados por cohecho sus ministros del
Interior y de Justicia, Sabas Pretelt https://www.elespectador.com/noticias/judicial/sabas-pretelt-de-ministro-estrella-carcel-articulo-555148
y de Salud, Diego Palacios https://www.elespectador.com/noticias/judicial/diego-palacio-confirma-que-si-compro-reeleccion-de-uribe-articulo-687774,
además de los excongresitas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenados-yidispolitica-articulo-555143.
La violación de la vida pública
Es decir, asistimos a una
violación pública de nuestra ciudadanía y derechos, de la vida política y sus
principales instituciones, en nombre de la “seguridad democrática”, como una
respuesta estatal a las innumerables y atroces violaciones que en nombre de la “justicia
social y la revolución”, durante cerca de 50 años, cometieron las FARC-EP y hoy
continúa perpetrando criminalmente el ELN, supuestamente en “defensa” de la
sociedad civil y la soberanía nacional de nuestros recursos naturales. Y pese a
la dimensión pública de todo lo anterior, todavía hoy parece imposible
identificar plenamente a los principales violadores, responsables de tanta
ignominia.
Incluso hay quienes señalan que la víctima, en
este caso llámese ciudadanía o sociedad civil, no opuso resistencia y se doblegó
resignadamente ante sus “verdugos salvadores”, tal como algunos mezquinamente
juzgan la reacción de Claudia Morales ante su innombrable, prepotente e impune
violador. Lo más grave de esa violencia sistemática de todos los actores protagónicos
del conflicto armado, con su secuela indescriptible de violaciones y crímenes contra
la población civil inerme (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html)
, es que terminó atrofiando la
sensibilidad, sensatez y capacidad de reacción de la misma víctima. Así
aconteció en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 cuando se abstuvo el 62% de
la ciudadanía y ganaron quienes votaron por el “NO” al Acuerdo de Paz, a la
búsqueda de la verdad y de los principales
responsables de tantas violaciones, públicas y privadas. Dilapidamos, entonces,
una oportunidad histórica para dejar sin justificación y legitimidad alguna la
presencia de la violencia en la vida política nacional y el protagonismo impune
de todos sus violadores, sean ellos de derecha o de izquierda, institucionales,
subversivos, parainstitucionales, conocidos o innombrables.
La hora de la verdad
Pero todo parece indicar que las
cosas están cambiando, gracias al valor de muchas mujeres que hoy empiezan a
revelar como su cuerpo fue un campo de batalla horadado por esos “valientes
guerreros”, de uno y otro bando, según sus testimonios en el libro “La guerra inscrita en el cuerpo” (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo),
publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Denuncias que seguramente
encontrarán eco en la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la no Repetición. Violaciones y atrocidades que también deberán
revelar sus perpetradores ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sean
ellos guerrilleros, militares, civiles o paramilitares. Así iremos reconociendo
la realidad brutal y la verdadera identidad de nuestra innombrable “democracia”,
la más estable y profunda de América Latina (http://www.publico.es/internacional/colombia-abre-mayor-fosa-comun.html
), la (in)civilidad de sus gobernantes, defensores, promotores y opositores
armados. El hilo de sangre que recorre y
anega la memoria de nuestra nación parece estar a punto de reventarse y revelarnos
una verdad dolorosa y liberadora, la de una sociedad y sus valientes mujeres
que repudian a sus violadores y ya no está dispuesta a continuar cohabitando
con ellos. En estas elecciones de marzo y junio tendremos una nueva oportunidad
para demostrarlo, pero serán necesarias varias generaciones para identificarlos
y liberarnos totalmente de ellos en nuestra vida pública y privada.
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