CALICANTO: Cali ¿De sucursal del cielo a sede del infierno?

Cali ¿De sucursal del silencio a sede del infierno?

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Hernando Llano Ángel

Tal podría ser la imagen simplista y efectista para resumir la crisis actual de la “Sultana del Valle”, que supuestamente pasó de la noche a la mañana de ser la “sucursal del cielo” a convertirse en la sede del infierno. Pero ya desde el 21 de noviembre de 2019 (21N)[1] se estaba anunciando lo que nos está sucediendo. En dicha fecha irrumpió en las calles de Cali y en otras importantes ciudades del país una nueva ciudadanía. Una ciudadanía plural, crítica, lúdica y diversa, que articuló un cúmulo de reivindicaciones que conforman una especie de arco iris social y político con colores y matices muy diversos. Colores que van desde la frustración y la rabia de una juventud inconforme, cada vez más preparada y crítica, pero sin alternativas de vida, pasando por una población pauperizada que exige en la realidad los derechos sociales consignadas en la Constitución, hasta el repudio generalizado a la violencia brutal y homicida de miembros de la fuerza pública. Una ciudadanía que expresó pacíficamente desde banderas ecologistas, animalistas, hasta reivindicaciones de derechos que en toda auténtica democracia se respetan, como la protesta pacífica, la vida de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, de los opositores, de la diversidad sexual y la pluralidad de las identidades étnicas. Una ciudadanía que también exigió el cumplimiento del Acuerdo de Paz para tramitar los conflictos y las aspiraciones ciudadanas sin el uso sistemático de la violencia oficial o el recurso ilegal y homicida de armas accionadas desde la insurgencia, el paramilitarismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada y hasta de civiles atemorizados. En ese 21N, después del despertar de esa nueva ciudadanía y su expresión multitudinaria y pacífica en las calles, siguió un atardecer lúgubre con desordenes violentos, saqueos a supermercados y graves destrozos a bienes públicos, que culminó con una noche de miedo, aupada en redes sociales por un supuesto asalto a conjuntos residenciales y barrios pudientes, donde los “ciudadanos de bien” se armaron y formaron brigadas de autodefensas con familiares y vecinos. Durante el día y en pocas horas, se pasó del despertar civil y democrático de esa ciudadanía altiva a una noche tenebrosa con una ciudadanía atemorizada y belicosa, dispuesta a defenderse con sus armas de un supuesto ataque de vándalos y terroristas. Ataque masivo que nunca sucedió, como se anunciaba en las redes sociales, salvo en algunos pocos y aislados lugares. Pero el miedo quedó sembrado en la mente de millones de “ciudadanos de bien”, un miedo que nunca es inocente, pues crea imágenes de enemigos de los que hay que autodefenderse y atacar primero, los “malos ciudadanos”, haciéndolo con la mejor buena conciencia y en legítima defensa. Para conjurar ese escenario, el presidente Duque se inventó una supuesta “Conversación Nacional”[2], que derivo en procrastinación oficial y terminó diluida en babosada retórica con la llegada de la pandemia en el 2020, hasta derivar en el actual pandemónium que vivimos.

De la pandemia al pandemónium

Las cifras del DANE expresan ese pandemónium social, pues la pandemia del coronavirus “llevó a un aumento de 6,8 puntos porcentuales de pobreza monetaria, que ascendió a 42,5% en 2020. Eso significa que 21 millones de personas están en esa condición. Por su parte, el indicador de la pobreza extrema ascendió a 15,1%, lo que quiere decir que hubo un incremento de 5,5 puntos. La línea de pobreza extrema está en $145.004 pesos mensuales, y la monetaria en $331.688, que también cambia según las zonas geográficas y su nivel de ingresos”[3]. Y en la Sultana del Valle esa situación social se refleja endémicamente en una violencia estructural que, como en otras ciudades, ha sido detonante de la violencia directa expresada en saqueos y un vandalismo incontrolable, pues la pobreza monetaria pasó de 21,9 % al 36,6 % entre 2019 y 2020. La capital del Valle del Cauca fue la segunda ciudad en la que más personas entraron en condición de pobreza monetaria en 2020: 376.000 más que en 2019, sumando en total 934.000 para 2020[4]. La pandemia del coronavirus agudizó las carencias sociales y las catapultó a un nivel de violencia famélica tal, que miles de personas han aprovechado la oportunidad para saciar su hambre mediante el saqueo de supermercados, la vandalización de los establecimientos financieros y del comercio formal. A la pandemia del coronavirus se sumó entonces la endemia del hambre, la exclusión social y la ira popular contra un gobierno autista y procrastinador, que en lugar de reconocer a tiempo los justos reclamos de diversos sectores sociales, presentó un proyecto de reforma tributaria tan lesivo contra la clase media y los sectores populares que incluso fijó impuestos hasta a la muerte, gravando los servicios funerarios con un IVA del 19%[5]. Un autismo y una procrastinación gubernamental con consecuencias letales, que desde este 28 de abril deja ya más de 40 víctimas mortales y un número indeterminado de desaparecidos que oscila entre 133 y 379, según las diferentes fuentes oficiales o independientes[6]. Estos son los resultados reales de los semánticos de la muerte, pues la “paz con legalidad” se transformó en “paz con letalidad”, siguiendo el ejemplo de “la seguridad democrática” que ejecutó más de 6.000 asesinatos o “falsos positivos”.

La guerra del campo a la ciudad

Así las cosas, las ciudades, sus calles y las carreteras colombianas se convirtieron en un campo de batalla, sembrado de obstáculos y trincheras de despojos, más propio de las operaciones de tierra arrasada en una guerra civil que de una sociedad democrática y un Estado de derecho. De allí que el presidente Duque haya recurrido a la penumbrosa figura de decretar la “asistencia militar” en las principales ciudades, para eludir ante la comunidad internacional el desprestigio de declarar la conmoción interior. Pero ha sido especialmente en Cali donde este escenario de “guerra civil” se ha configurado de manera más dramática, porque justo en ella han confluido las contradicciones y los conflictos sociales de orden histórico y estructural más agudos. Para empezar el conflicto lacerante y sangrante de una Cali de patricios que, salvo valiosas y contadas excepciones, no reconoce todavía a la Cali plebeya, marginal, mestiza y negra. Una Cali mayoritaria cuyas carencias vitales se han profundizado hasta el extremo de la violenta explosión del actual volcán social formado con aluviones de miles de desplazados, expulsados de sus campos y ríos, por el conflicto armado interno, provenientes del pacífico y del sur profundo, que malviven confinados en una especie de guetos raciales y sociales en Aguablanca y en las laderas de Siloé y Terrón Colorado. Este magma social, económico y cultural, se fue sedimentando en capas superpuestas y casi inseparables, configuradas por la economía informal del rebusque y la ilegal del narcotráfico, el microtráfico, los prestamistas gota a gota y la extorsión de bandas a pequeños y medianos negocios barriales, que en la coyuntura actual parecen haber dejado atrás sus disputas violentas y “fronteras invisibles”, para confrontar a la Fuerza Pública junto a sectores juveniles políticamente radicalizados e inconformes. Estos últimos le confieren a dicho magma social marginado un sentido político y una disciplina de resistencia que adquiere ribetes de combate con secciones como los de “primera línea”, respaldados por una red de logística, de primeros auxilios y defensa judicial, que conforman las segunda, tercera y cuarta línea respectivamente. “La primera línea” defiende los bloqueos de calles y carreteras como barricadas civiles de combate cuando la Fuerza Pública arremete. Pero también se encarga de regular y controlar el tránsito de bienes y tráfico de los ciudadanos en las carreteras, los barrios y las periferias de las ciudades.

Sultanes de Cali contra indios invasores

Esta especie de orden plebeyo y caótico ha alterado y exacerbado por completo la normalidad cotidiana y es imposible recuperarla solo con la acción represiva de la Fuerza Pública. Su costo sería una serie de masacres citadinas similares a las ejecutadas en el campo. Algo inimaginable e inadmisible para los urbanitas, pero “tolerable” y hasta comprensible en el campo, escenario “natural” de la guerra. Esta crispación de la vida cotidiana condujo en Cali a quienes siempre la han recorrido libre y gozosamente en sus blancas camionetas de alta gama a reaccionar violentamente contra los “indios invasores” y los “vándalos terroristas”, según la semántica del exsenador subjudice. Entonces conformaron brigadas de “ciudadanos de bien”, “redes virtuales de seguridad” en sus comunas y con sus armas y escoltas, salieron a recuperar su libertad “secuestrada” y el orden público en la ciudad. Coreando consignas “cívicas” como “Cali se respeta” y “los buenos somos más”, salieron a disparar con la absoluta convicción que les confiere su supuesta superioridad moral e impunidad judicial, derivadas de su superestrato social, poder económico y relaciones políticas. Eso fue lo que sucedió el domingo 9 de mayo en la Comuna 22 de Cali cuando bloquearon el ingreso de una chiva de la Minga a la altura del club Comfandi y la iglesia “La María”. Como suele pasar en todos los acontecimientos donde predomina la violencia, el odio, la ira y el miedo, el choque fue muy confuso y hay tantas y contradictorias versiones como los intereses de sus protagonistas y víctimas. Pero de lo que no cabe duda es que para el presidente Duque y estos ciudadanos de bien su derecho a transitar por las vías, el derecho de locomoción, prevalece sobre el derecho a la vida e integridad personal de unos “indios invasores”, a los que Duque conminó a regresar a sus resguardos, sin haber condenado antes el uso criminal de armas por particulares contra su humanidad, con el auxilio de algunos policías. En esa refriega fueron heridos 10 mingueros [7], como se puede apreciar en muchos vídeos[8]. Pero también se cuenta con esta documentada denuncia-vídeo de Cesar Pachón[9], Representante a la Cámara, que permitirá a cada lector formarse su propia conclusión sobre lo sucedido y los principales responsables de tan violento desenlace. De continuar tolerando el gobierno nacional este tipo de alianzas criminales de los “ciudadanos de bien” contra los “malos ciudadanos”, no solo Cali corre el riesgo de convertirse en sede del infierno, sino toda Colombia. El infierno del autoritarismo y el fascismo contra los movimientos sociales, la protesta pacífica de la ciudadanía y todo aquel que sea considerado “vándalo terrorista”, simplemente por oponerse al Sultanato Duque-Uribista, que está convirtiendo a Colombia en la Venezuela que tanto temían, con desabastecimiento, sin gasolina y el asesinato de líderes sociales y jóvenes que protestan, como en la dictadura de Maduro, pero con la coartada de una “democracia tanática”.