Víctimas y expresidentes en el laberinto de las verdades, la justicia y la
impunidad
Hernando Llano
Ángel
El próximo 9 de abril conmemoraremos
el día de las víctimas de la violencia política y se evocará una vez más a
Jorge Eliecer Gaitán, cuya impronta no es la de un hombre sino la de un pueblo.
La impronta del pueblo colombiano, un pueblo todavía irredento en su identidad,
memoria y dignidad, que hoy continúa extraviado y sacrificado en el laberinto
de una violencia política cada día más difusa y degradada. Se cumplirán 73 años
del asesinato de Gaitán y el eco de su “Oración por la paz”[1] retumba
en el olvido, como entonces retumbó en los oídos del presidente Mariano Ospina
Pérez, a quien estaba dirigida y le exigía: “Señor
Presidente: serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el
espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el
pueblo, para devolverle al país la tranquilidad pública. ¡Todo depende
ahora de vos! Quienes anegan en sangre el territorio de la Patria, cesarían en
su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio
de vuestra voluntad”. Y esta exigencia, casi en tono de imploración,
continúa hoy lamentablemente vigente, por las innumerables víctimas que sigue
cobrando este conflicto, como las recientes en Corinto. Con el agravante que
hoy no tenemos la voz elocuente y firme de un líder que las represente, más sí
un Acuerdo de Paz que por primera vez en la historia sitúa a las víctimas en el
epicentro de la vida nacional. Pero, también, debemos reconocer que Iván Duque
no es Ospina Pérez y se enfrenta a un maremágnum de actores violentos y
criminales sobre los cuales su voluntad es impotente y su voz es inaudible,
cuando no objeto de burla y desprecio por Iván Márquez y Santrich.
Laberinto de violencia y máquinas de guerra
Sin duda, los actores
protagónicos y antagónicos no son los mismos. Ningún líder actual tiene la
fuerza ética y el liderazgo de Gaitán, por el cual fue asesinado. Se podría
afirmar, parafraseándolo, que el país nacional –las clases populares que apenas
sobreviven de su trabajo y las medias con su fragilidad— continuamos
esquilmados por el país político, esa amalgama de burócratas y funcionarios
corruptos amangualada con oligarcas indolentes, que gobiernan impunemente y
superviven rodeados de lujo y derroche gracias a sus privilegios, rentas
legales e ilegales. Y a estos oligarcas liberales y conservadores, como los
llamaba Gaitán, se agrega hoy un entramado de economías ilegales y criminales,
donde los límites entre la codicia de los narcotraficantes y los delirios de
comandantes guerrilleros se confunden y entremezclan de manera letal contra la
población civil y sus líderes. Se forma así un laberinto fatídico donde son
desplazadas forzosamente millones de víctimas y la sociedad se encuentra
atemorizada y extraviada. Para completar este panorama dantesco, el actual
gobierno nacional parece estar regentado por un Duque con pretensiones de Rey
que, en su fantasiosa megalomanía, quiere erigirse en una especie de cruzado en
trance de guerra. Lo más grave es que no cuenta ni con el conocimiento, ni la
competencia y mucho menos con los recursos y la Fuerza Pública para vencer a un
enemigo que no logra descifrar ni conocer. Un enemigo que es una legión mutante
y ubicua integrada por múltiples organizaciones criminales y dinámicas ilegales
que llegan hasta el interior del propio Estado. Así las cosas, estamos más
cerca de contar con una incontrolable y asesina “máquina de guerra”, que
propiamente con un Estado de derecho democrático. Y la consecuencia de ello es
que las víctimas de la violencia política aumentan día tras día, como las del
Covid-19, sin que disponga para aquellas de una vacuna efectiva que contenga la
violencia y salve sus vidas.
La vacuna contra la violencia política
Sin embargo, hace 73 años, en la
misma “Oración por la Paz”, Gaitán identificaba claramente esa vacuna
contra la violencia política: “Señor
Presidente: en esta ocasión no os reclamamos tesis económicas o políticas.
Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos
avergüencen ante propios y extraños. ¡Os
pedimos hechos de paz y civilización! ... Os pedimos una pequeña y grande
cosa: que las luchas políticas se desarrollen por los cauces de la
constitucionalidad”. Así de simple. Suena hasta parecido a una auténtica
“paz con legalidad”. Justamente lo que logró el Acuerdo de Paz con cerca de 13
mil guerrilleros de las Farc-Ep, hoy la mayoría en el partido de Los Comunes,
pero que vienen siendo eliminados en forma persistente y hasta el 1 de marzo ya
han sido asesinados 259, siguiendo la ruta del exterminio de la Unión
Patriótica. Y a este desangre continúo, hay que sumar la espeluznante cifra de
masacres cometidas en el 2020 que, según el informe de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[2],
fueron 76 con 292 víctimas mortales. En lo corrido de este año ya van 22
masacres con 81 víctimas, según el seguimiento riguroso de Indepaz[3].
Pero si contamos el número de líderes sociales y de derechos humanos asesinados
en los tres meses de este año, la cifra ya es de 36 personas cuyas identidades
y actividades pueden consultarse en este enlace de Indepaz[4].
Todo lo anterior, reafirma la exigencia de Gaitán para: “que las luchas políticas se
desarrollen por los cauces de la constitucionalidad”. Y una sociedad donde esa mínima exigencia no
se cumple, no puede catalogarse como democrática y menos ufanarse ante la
comunidad internacional de ser un Estado de derecho. Esa es la verdad que
debemos construir entre todas y todos los colombianos para salir de este laberinto
de mentiras y crímenes en que vivimos. Porque una característica esencial de
toda democracia es que no acepta ni tolera y mucho menos genera víctimas por
causa de la violencia política. Una democracia no es “una máquina de guerra”
sino un laboratorio de civilidad y una factoría de paz política. Para ello
necesitamos con urgencia el hilo de Ariadna de la civilidad que reclamaba
Gaitán y romper así esta maraña de impunidad, tejida fina e inextricablemente mediante
el uso y abuso perverso de la ley y del derecho por parte de mercaderes de la
justicia, como Diego Cadena, Jaime Granados y Lombana, entre miles más, que hoy
la utilizan para exculpar y encubrir a los responsables de graves delitos
contra la administración pública y la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Razón de sobra tenía García Márquez cuando en la proclama “Por un país al alcance de los
niños”, escribió: “En cada uno de
nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos
fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las
leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”[5].
Este es el mayor desafío que enfrenta la
JEP en la búsqueda de la verdad integral, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición de crímenes atroces. Un desafío que burló
impunemente la llamada ley de “Justicia y paz”, 975 de 2005, pues los
principales responsables de crímenes de lesa humanidad fueron entonces
extraditados a Estados Unidos por el presidente Uribe, quien consideró más
grave el delito de narcotraficar que el de desplazar, masacrar, desaparecer y
despedazar miles de colombianos y colombianas, quedando en deuda con la verdad
y la dignidad de las familias victimizadas en más de 1.166 masacres cometidas
por las AUC. Ahora, gracias a las audiencias realizadas por la Comisión de la
Verdad, como la próxima del 21 de abril, muchas víctimas podrán preguntar a
Mancuso y a otros miembros de las AUC, como también a Londoño y demás
integrantes del Secretariado de las Farc-Ep por los motivos, finalidades e
intereses detrás de tan abominables crímenes. Con estos encuentros en “la
ruta de las verdades y las responsabilidades” que promueve la Comisión
de la Verdad, dolorosa y lentamente iremos saliendo de este laberinto de
violencias e impunidad en que vivimos.
La impunidad institucional
Para ello, sería muy valioso el
aporte de los protagonistas institucionales de la violencia política, pues sin
sus versiones y verdades, no será posible dejar atrás este oscuro y sangriento
laberinto. Es imperiosa la presencia de protagonistas estelares como Cesar
Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes deberían seguir el ejemplo de
Ernesto Samper, quien ya ha estado en dos ocasiones en la Comisión dando sus
versiones sobre el proceso 8.000, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y sus
responsabilidades como Jefe de Estado. Solo conociendo estas versiones y
contrastándolas rigurosamente con hechos irrefutables e incluso judicialmente
demostrados, como el proceso 8.000 y el ingreso de dinero del narcotráfico a la
campaña presidencial de Samper, podremos encontrar la verdad de lo acontecido. Igual
con los miles de “falsos positivos” reportados por la Fiscalía General de la
Nación a la JEP. Ya esta jurisdicción ha empezado a aportar verdad sobre el
crimen de lesa humanidad de toma de rehenes, del cual es responsable las
FARC-EP en el 90.6% de los casos, con 24.482 secuestros, según el informe del
Centro Nacional de Memoria Histórica[6].
Así como los paramilitares de la AUC son responsables de las 1.166 masacres,
que representan el 58.9% de las 1.982 perpetradas entre 1980 y 2012. Masacres
imposibles de cometer sin la pasividad, anuencia o complicidad de miembros de
la Fuerza Pública, y la falta de control por parte de sus superiores, pero
especialmente de todos los Jefes de las Fuerzas Armadas hasta el presente: los
presidentes Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan
Manuel Santos e Iván Duque. Todos son políticamente responsables, bien por
extralimitación u omisión en el cumplimiento de sus funciones, según lo
establece el artículo 6 de la Constitución Política. Es una ofensa para las
víctimas y una vergüenza para la nación y ante la historia, que los actores
armados ilegales y numerosos miembros de la Fuerza Pública estén compareciendo
ante la JEP y la Comisión de la Verdad a rendir cuenta de sus crímenes, pero
los expresidentes eludan todas sus responsabilidades. Si bien es cierto que la
JEP no podrá impartir esa justicia punitiva que exigen y esperan miles de
víctimas, al menos sus victimarios deberán decirles toda la verdad e intentar repararlas
por el daño infligido para tener derecho a las penas propias de la justicia
transicional. Pero si no lo hacen, recibirán penas ordinarias de cárcel hasta
por 20 años. En cambio, todos los expresidentes están cobijados por su fuero
constitucional, que en la práctica es de inmunidad e impunidad, y ni siquiera
se asumen como responsables políticos por sus decisiones y ejecutorias como gobernantes.
Sin duda, esa sí es una impunidad total que causa estupor e indignación, propia
de autócratas como Nicolás Maduro y Donald Trump que se sitúan no solo por
encima de la Constitución y las leyes sino de la misma conciencia, condición y
dignidad que reclama y es propia de todo ser humano. Una verdadera vergüenza,
como la del Estado colombiano y su representante legal, Camilo Gómez, en el
caso de los vejámenes de que fue víctima la periodista Jineth Bedoya, cuya
responsabilidad trató de eludir por todas las formas posibles ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, como lo han hecho todos los representantes
legales del Estado colombiano desde 1995[7]. ¡
Es lo típico de un Estado antidemocrático y canalla, precedido por cínicos que
posan de demócratas y eluden sus responsabilidades ante millones de víctimas, a
quienes Gaitán llamó en su Oración por la Paz “malaventurados porque
ocultaban tras la bondad de las palabras la impiedad por los hombres de su pueblo”
y les anunciaba que “serían señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la
historia!
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