COLOMBIA EN LA RUTA DE LAS
VERDADES Y LAS RESPONSABILIDADES
Hernando
Llano Ángel
El pasado jueves 18 de marzo, a las 8.30 de la mañana, la Comisión de la
Verdad presentó públicamente el comienzo de una ruta inexplorada en nuestra
historia política y social. Un comienzo curiosamente interrumpido por una falla
en el fluido eléctrico, pero que puede verse en su totalidad en este enlace[1],
superado el sospechoso traspiés. Se la ha denominado: “Ruta de Contribución a
la Verdad y de Reconocimiento de las Responsabilidades”, y empezó con la
participación de Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso, enemigos a muerte en el
campo de batalla y ahora comparecientes ante la Comisión, el país y el mundo,
para dar cuenta de sus crímenes atroces. Crímenes que han afectado más de 9
millones de víctimas[2]
y de los cuales no son los únicos responsables, aunque sí principales
antagonistas. Es el comienzo de una ruta que jamás se ha intentado en la larga
y tenebrosa historia de guerras civiles, venganzas partidistas, odios heredados
y conflictos armados internos en nuestro país, donde los victimarios han hecho
las paces sobre el altar de sus víctimas. Así aconteció con el festejado
acuerdo del Frente Nacional, legitimado mediante el plebiscito del 1 de
diciembre de 1957[3] por
mayorías hastiadas de tanta Violencia que, comprensiblemente aliviadas,
convalidaron la repartición miti-miti del botín estatal, con tal de poder vivir
en paz.
La ruta excluyente del
Frente Nacional
Pero no escucharon otras voces, menos incautas y más avezadas en la disputa
política, como las del conservador Gilberto Álzate Avendaño, quien advirtió:
“Consagrar constitucionalmente por doce años un monopolio político del Estado a
favor de las dos colectividades históricas y colocar fuera de la ley cualquier
movimiento popular que eventualmente se forme, es una fórmula antidemocrática y
explosiva si no se les permite actuar dentro de los cuadros del Estado tendrían
que irrumpir revolucionariamente […] Si se adopta la enmienda del plebiscito,
quienes no pertenezcan a ninguno de los dos partidos quedarán sin derechos
políticos, destituidos de la prerrogativas anejas a la ciudadanía”[4]. Y, del lado liberal, el joven Alfonso López
Michelsen, liderando el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), señaló: “Yo
dije: esto lleva al anquilosamiento de los partidos, a la aparición de grupos
nuevos sin antecedentes históricos, a la lucha de clases, porque no va a
solucionar ninguno de los problemas sociales, y a crear un nuevo grupo o un
partido único semejante al mexicano dueño por doce años del país, restándole
oportunidades de cambio y aparición de nuevas figuras a la política colombiana”[5].
Fórmula que adobada en medio del fragor de la “guerra fría” entre Estados
Unidos y la Unión Soviética y el posterior triunfo, en 1959 de la Revolución
castrista en Cuba, daría luz al surgimiento de guerrillas con inspiración
marxista como las FARC y el ELN a mediados de la década del 60. Así lo reconoce
Rodrigo Londoño ante la Comisión de la Verdad: “La tiranía y la opresión son
conceptos que llevan a la ONU a justificar el derecho a la rebelión de los
pueblos. Las Farc fuimos cobijados por ese derecho. No nos lo inventamos
nosotros y estuvimos en estado de rebelión hasta que firmamos el acuerdo de
paz. Pero ese derecho a la rebelión no da patente de corzo para realizar
crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad”. Reconocimiento de gran valor,
pues como lo mencionó en su intervención en desarrollo del conflicto armado
interno “cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y en el que
hemos asumido la responsabilidad que nos corresponde y hemos asumido el
retribuir a la sociedad lo que en la JEP se nos imponga en función de eso”. Una
aceptación pública de responsabilidad, algo tardía y después de correr ríos de
sangre, que ningún otro actor armado había realizado antes y que sitúa: “en el
centro del Acuerdo a las víctimas, pues no se puede superar un conflicto de más
de 50 años sin la participación efectiva de las víctimas. A partir de la
reparación integral, o sea el derecho a la verdad y a la justicia”. Por su
parte, Salvatore Mancuso, como máximo vocero de las AUC, comenzó su
intervención con: “Un saludo especial y respetuoso para todas las víctimas del
conflicto armado en el país. A ellas nos debemos y por eso nuestro compromiso
con la verdad y por avanzar en un proceso tan importante como este para
esclarecer las verdades, las coyunturas, los responsables del conflicto
armado”. Siendo especialmente enfático
en advertir que: “Es importante para el país saber que una evidencia limitada
es posible que nos lleve a conclusiones imprecisas. Hasta el momento, para
ustedes la verdad es lo que tienen hasta el momento. Nosotros nos comprometemos
a expresarle a las víctimas, a ustedes y al país los rigores de la guerra,
mostrarles más profundamente lo que hay detrás del conflicto; por qué fueron
victimizadas las personas dentro del conflicto, por qué siguen siendo
victimizadas y por qué cada día se generan más víctimas. Quiénes están detrás,
quiénes somos los responsables, porque nosotros no iniciamos esta guerra. Y
recalcó que “desde el año 1997 venimos buscando lograr un proceso de paz que
nos vincule a todos. Una mesa de cuatro patas, como la llamábamos en aquel
momento. La elocuencia de los hechos desde el 97 hasta hoy, tiene el peso incontrastable
de la horrible realidad que hemos vivido todos estos años y todas las víctimas
que hubiéramos podido evitar si nos sentábamos todos los actores del conflicto.
Guerrilla, Estado, autodefensas y víctimas, incluidas todas las personas a las
que afectamos”. Para concluir: “Lamentablemente muchas de las verdades que
tenemos hoy en día están sesgadas porque fueron contadas, no por los actores
responsables directos de la guerra, sino por personas, de muy buena voluntad,
que quieren aportar a la verdad y a la solución del conflicto pero que hacen
que ese sesgo permita que muchas personas y el Estado eludan su
responsabilidad”.
Faltan muchos responsables
Así las cosas, faltan muchos responsables por comparecer ante la Comisión
para escuchar sus versiones y verdades. Faltan especialmente los protagonistas
estelares, los institucionales, quienes gozaron de la confianza de millones de
ciudadanos y a quienes nos deben muchas explicaciones por sus fracasos en la
búsqueda de la paz política, bien por excesos de la Fuerza Pública o por
omisiones graves en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. De no
comparecer dichos protagonistas, empezando por todos los expresidentes,
difícilmente podrán millones de víctimas conocer las verdades de lo acontecido
y serán inferiores a sus responsabilidades históricas como jefes de Estado.
Tendríamos una visión y un conocimiento parcial e incompleto de este atroz
conflicto, que cada día se profundiza y degrada más por la impostura de sus
protagonistas institucionales, obsesionados en inventar eufemismos para
gobernar impunemente en lugar de reconocer sus responsabilidades y transformar
la realidad. Eufemismos plenos de legalidad formal y vacíos por completo de
justicia real, que se remontan a estrategias fallidas de negociación con el
narcoterrorismo como la famosa “ley de sometimiento a la justicia”, diseñada
para encarcelar a Pablo Escobar y que terminó siendo todo lo contrario, una
auténtica “Catedral” para la criminalidad. Sería interesante conocer las
versiones del expresidente Cesar Gaviria al respecto, especialmente por el
surgimiento de los sanguinarios “PEPES”[6],
Perseguidos por Pablo Escobar, entre cuyos miembros fundadores estuvieron nada
menos que los hermanos Castaño, Don Berna y los carteles de Cali y el norte del
valle. También la llamada ley de “Justicia y Paz”, 975 de 2005 que, en lugar de
hacer justicia a las víctimas de cerca de 1.166 masacres cometidas por los
paramilitares, terminó extraditando a sus comandantes por narcotraficantes.
¡Cómo si fuera más grave el delito de narcotraficar que el de masacrar,
desplazar millones de campesinos y comunidades, desaparecer miles de personas y
descuartizar seres humanos! Algo muy grave nos tiene que estar sucediendo para
aceptar pasivamente semejante absurdo ético, político y judicial. Absurdo que
se repite hoy, pues este gobierno bajo la consigna de “Paz con legalidad” va a
emprender de nuevo la fumigación de nuestros bosques con glifosato sin
importarle la salud, la vida y el sustento de millares de familias campesinas,
condenadas al cultivo de la coca por la ausencia de políticas integrales de
desarrollo rural. Por el incumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz,
“Solución al problema de las drogas ilícitas”, y su obsecuencia criminal con el
fracaso absoluto del prohibicionismo auspiciado por el Estado norteamericano,
que es precisamente la política que estimula el aumento del precio de la
cocaína, la codicia de los narcotraficantes y el asesinato de muchos líderes
sociales comprometidos con la erradicación manual y el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito (PNIS), condenado al
fracaso.
Los terceros somos nosotros
Pero para este gobierno, igual que los anteriores, es mejor seguir contando
con el narcotráfico como el chivo expiatorio responsable de todos nuestros
males, incluso para aumentar el mortífero gasto militar con la compra de 24
aviones de combate[7] con un
costo cercano a los 4 mil millones de dólares para enfrentar el inminente
peligro de “narcomarquetalia” y su retaguardia el “narcoestado” de Venezuela.
Así las cosas, parafraseando al ministro de defensa, Diego Molano, este
gobierno es una verdadera “máquina de guerra”, más empeñado en pasar a la
historia por una paz con letalidad que con legalidad. Poco importa que las
víctimas aumenten, pues ello se debe al narcotráfico de Otoniel, y la
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a “Narcomarquetalia” y a un ilegítimo
Acuerdo de Paz con unos narcoterroristas. Sin embargo, lo más paradójico es que
esos narcoterroristas y narcoparamilitares hoy le están dando la cara al país y
a las víctimas, conversando civilizadamente, haciéndose cargo de todos sus
crímenes, mientras los protagonistas y responsables de nuestras vidas,
seguridad, bienes y dignidad, son incapaces de comparecer ante la Comisión de
la Verdad y dar sus versiones sobre lo acontecido y asumir sus
responsabilidades históricas. Como si no hubieran gobernado este país y no
tuvieran que responder por las más de 9 millones de víctimas. En materia de
respeto a las víctimas, incluso de ética pública, los victimarios ilegales
están dando lecciones a nuestros “estadistas” de ayer y a los de hoy, tranzados
en defenderse responsabilizando a sus antecesores o sucesores de lo que nos
pasa. Pastrana responsabiliza a Samper por el 8.000; Uribe a Pastrana por el
Caguán y a Santos por el Acuerdo de Paz y ahora Duque de nuevo a Santos por la
violencia, y todos juntos y a la una señalan al narcotráfico como el
responsable. Para terminar, el expresidente Uribe se autoproclama adalid en la
lucha contra la corrupción y el narcoterrorismo, pero destacadas figuras de su
entorno han pagado condena por graves delitos contra la administración pública
y ahora controvierte con cinismo el número de «falsos positivos» bajo sus administraciones.
Y mientras esto acontece, millones de colombianos solo esperan salvar sus vidas
con una vacuna que quizá les llegue tarde, olvidando así que los terceros en
este conflicto somos nosotros, somos todos, y que también debemos rendir cuenta
ante nuestra complaciente conciencia. Que nadie está salvo de esta violencia
política degradada y mucho menos de una violencia social cada día más ubicua,
sin importar la nacionalidad de los victimarios. Pero en realidad el COVID más
mortal y que mayor número de víctimas ha cobrado y seguirá cobrando es pensar
que como terceros, como supuestos “ciudadanos de bien”, somos ajenos al
conflicto y lo único que nos interesa es nuestra seguridad, prosperidad
empresarial y felicidad familiar. Por ello congresistas como María Fernanda
Cabal[8]
y Christian Garcés, en nombre del Centro Democrático, están tan interesados en
flexibilizar el porte de armas, para que muchos mueran con mayor probabilidad y
algunos maten con mayor facilidad, como acontece con frecuencia en los Estados
Unidos donde el número de víctimas solo en 2015 alcanzó la cifra de 1.464
personas heridas o asesinadas en tiroteos.
La Comisión de la Verdad
como “inyección” de humanidad y dignidad
Por eso es tan crucial y vital el rol de la Comisión de la Verdad, pues en
palabras del Padre De Roux: “Aquí estamos todos para esclarecer la tragedia de
nueve millones de víctimas, una tragedia que todavía no para, como lo ponen en
evidencia hoy, por ejemplo, los obispos del Pacífico. El esclarecimiento
necesita de la voz de las víctimas y de los responsables, actores de la guerra
de todos los lados. Pero la verdad que busca la Comisión está más allá y
nosotros someteremos al contraste estos aportes que Colombia necesita oír. La
Comisión pone en primer plano la dignidad de las víctimas y por eso este escenario
no es ni puede ser para glorificarse como actores de la guerra, sino para
mostrar la inmensa deuda que ustedes, los demás actores del conflicto, el
Estado y todos los colombianos tenemos con quienes fueron asesinados,
mutilados, secuestrados, arrebatados de sus tierras, desplazados y humillados
en medio del conflicto armado”. Para concluir: La Comisión misma buscará en
este escenario frente a ustedes y otros actores, y delante del país, la
realidad política, ética y económica que está detrás de la tragedia. Siempre en
la perspectiva de una verdad que nos ayude a comprender. Que lleve a la no
repetición y a la reconciliación. Que responda al clamor de las víctimas cuando
exigen: el respeto de los derechos humanos y su dignidad, la aceptación de
responsabilidades por parte del Estado y de otros actores, la toma de
conciencia colectiva de que tenemos que emprender todos los cambios personales,
institucionales y estructurales que sean necesarios porque no podemos tolerar
más lo intolerable. Hemos acordado que el primer encuentro amplio por la verdad
con víctimas y demás responsables, ante los medios, lo tendremos el día 21 de
abril. Allí les esperamos”. Y le corresponde a la Comisión y a todos nosotros
seguir convocando, incluso emplazando, a los protagonistas institucionales de
este conflicto violento interminable y lacerante, pues ellos tienen la mayor
responsabilidad en lo que nos acontece, así como a nosotros al elegirlos o,
peor aún, reelegirlos indefinidamente y no exigirles el cumplimiento de sus
deberes constitucionales y legales: la protección de la vida, la seguridad, los
bienes y la dignidad de todos y todas, sin discriminación o exclusión alguna,
tanto en el campo, la selva, los páramos, ríos, mares y calles de nuestras
ciudades.
[1] https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/intervencion-de-rodrigo-londono-en-la-presentacion-de-la-ruta-de-contribucion-a-la-verdad
[4] Álzate, G. (1979). Obras selectas en la
colección Pensadores Políticos Colombianos. Bogotá, Colombia, Editorial Cámara
de Representantes.
[5] Vargas, A. (1996). Política y armas al
inicio del frente nacional. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Nacional de
Colombia.
[6] https://www.infobae.com/america/historia-america/2018/11/04/la-historia-de-los-pepes-el-grupo-armado-ilegal-que-ayudo-a-matar-a-pablo-escobar/
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