¿La Constituyente de la paz o la Paz Constituyente?

DE-LIBERACIÓN

(Junio 23 de 2013)

¿LA CONSTITUYENTE DE LA PAZ O LA PAZ CONSTITUYENTE?

Hernando Llano Ángel.

Un fantasma recorre las calles de La Habana y está a punto de ahuyentar la obsesión por la paz que reinaba en las conversaciones entre el Gobierno y las FARC. Justo cuando ambas partes abordan el segundo punto sobre la participación política, se extravían en un confuso y laberíntico debate político-jurídico sobre el sentido y alcance de una Asamblea Nacional Constituyente. Probablemente ello se deba a la idea entre romántica y narcisista que conserva el gobierno de la Constituyente de 1990 y de la Carta del 91, frente a la imagen de frustración y engaño que tienen las FARC, pues el mismo 9 de diciembre en que elegíamos los delegatorios, era bombardeado el Secretariado en Casa Verde. El siguiente es el recuerdo de Pablo Catatumbo, en entrevista con Alfredo Molano:

“Nosotros estábamos preparados para la constituyente, y el gobierno de Gavira, sin oponerse públicamente a nuestra participación, barajaba sus cartas. Con una de ellas en el bolsillo llegaron altos funcionarios del Gobierno a conversar con Marulanda un mes antes de la elección de constituyentes; buscaban definir el número de constituyentes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), compuesta por ELN, EPL, FARC y M-19 en la asamblea constituyente. Conversaron con Marulanda y con Alfonso en muy buenos términos hasta que se trató el número de constituyentes de la Coordinadora. Días antes se habían reunido sus jefes Francisco Caraballo, el cura Manuel Pérez, Carlos Pizarro con Marulanda para definir nuestra participación. Las cifras eran muy distintas y la diferencia muy grande. Gaviria ofrecía cinco cupos y la Coordinadora pedía 20. Una vez puestos los números sobre la mesa, los delegados dijeron: “Los toman o los dejan”. Marulanda no contestó ni sí ni no, dijo solamente: “Necesitamos un tiempo para consultar con todos los miembros de la CGSB”. No hay tiempo, respondieron en forma perentoria los funcionarios, el helicóptero no puede volar después de las 5 de la tarde. Ustedes deben tomar la decisión ya. Marulanda no podía tomarla y les dijo: “Quédense esta noche aquí y mañana encontramos una solución”. Respondieron: No, no tenemos tiempo. Marulanda les ripostó: si no tienen una noche para conversar, ¿qué tiempo le van a dedicar a la paz? Así que el helicóptero salió aquella tarde sin una respuesta. Un mes después, el día de la elección de constituyentes, el Ejército bombardeó los campamentos del río Duda. Fue la llamada Toma de Casa Verde, que ni fue en Casa Verde ni fue toma; el coronel Alfonso Velázquez reconoció después en un escrito que el alto mando militar admitió que el operativo había sido un gran error militar. La realidad es simple y llana: No nos liquidaron, allá seguimos. Lo digo ahora: Los ultimátum no sirven con las Farc. Fue el momento en que más cerca hemos estado de un acuerdo de paz. Es obvio que si nosotros participamos en una constituyente y compartimos su redacción, de hecho, nos acogemos a ella sin reservas y queda sin fundamento el alzamiento armado. La insurgencia no puede seguir alzada en armas contra una Constitución que ha suscrito”.

“Ni tanto que queme al Santo, ni tan poco que no lo alumbre”.

En contraste con Catatumbo, De La Calle y Carrillo, protagonistas indudables en la concepción y parto de la Carta del 91, se comportan como padres orgullosos y defienden la legitimidad y cuasi perfección de la criatura, contra toda evidencia histórica. No hay que olvidar que dicha Constituyente es también hija de la violencia del narcoterrorismo de Pablo Escobar, que la catalizó desatando paradójicamente el proceso civilista de la 7 papeleta, más mediático que democrático, pues a la postre el índice participación ciudadana en la elección de los delegatorios apenas alcanzó el 25% del censo electoral de entonces. Y si realizamos un balance imparcial y consideramos el logro de sus objetivos históricos: la paz política, la democracia participativa, el fortalecimiento de la justicia y la construcción del Estado Social de derecho, su déficit es más que deplorable. La política en lugar de legitimarse se metamorfoseo en narco y parapolítica, convirtiendo la "democracia participativa" en una simbiosis entre el crimen, las elecciones y la corrupción administrativa, con capacidad para asaltar y hasta dirigir la nave del Estado en vastas regiones del país. La justicia está a punto de naufragar en la travesía del clientelismo, los privilegios salariales de las altas Cortes y un mar de impunidad agudizado por la crisis del sistema carcelario. Y sobre la existencia del Estado Social de derecho, habría que preguntarle a las cerca de 5.405.629 víctimas que se han registrado en la Unidad de Víctimas de la Fiscalía hasta qué punto ese pomposo Estado les garantiza sus derechos fundamentales. Bastaría con mirar de frente tal Estado de cosas inconstitucionales, como lo describe a menudo la Corte Constitucional en sus providencias, para despertar del embrujo del poder que se atribuye a las Constituyentes y a la promulgación de la más “democrática y progresista Constitución del continente”, como la denomina el coro gubernamental y sus barítonos De La Calle y Carrillo.

Gobierno y FARC, rehenes de la Constituyente.

Pero no. Todo parece indicar que tanto el Gobierno como las FARC están secuestrados por tan poderoso fetiche. El primero lo invoca para conservar intocable su espíritu “profundamente democrático”, que no pasa de ser un espectro frente a las dimensiones horripilantes de muestra crisis humanitaria. Y las segundas se aferran como naúfragos de sus excesos belicistas a la tabla de salvación de una Constituyente, con la ilusión de que entonces serán los protagonistas del pacto fundacional de la “Nueva Colombia”, con la amplia participación de un pueblo imaginario del cual se consideran su vanguardia y entonces promulgarán una auténtica Carta democrática en tránsito al socialismo. Tanto el Gobierno como las FARC parecen vivir en el reino perfecto de las ficciones políticas y continúan siendo víctimas de la más crónica y grave enfermedad que aqueja nuestra historia política: el fetichismo constitucional, magistralmente diagnosticado así por Miguel Samper en 1867 en su libro “La miseria en Bogotá”: “Al leer tantas Constituciones como las que se expiden en estas tierras, se nos ocurre que en vez de tantos libros consultados para elaborarlas, convendría empapelar los salones de las Cámaras con los cartelones en los que el Doctor Brandreth recomendaba sus píldoras con un aforismo tremendote: “Constitución es lo que constituye, y lo que constituye es la sangre”; sea la que se derrama a torrentes en la guerra, o la que queda en las venas de los señores que legislan, inficionada por los odios, la sed de venganza y la vanidad.” Después de casi dos siglos, ya va siendo hora de comprender que la metáfora médica del Doctor Brandreth no es el remedio más apropiado para la paz política, pues no se alcanzó durante el siglo XIX ni el XX, salvo breves interregnos, en gran parte debido la virulencia por proclamar nuevas y mejores constituciones. Porque, como bien lo demostró Hernando Valencia Villa, ellas no pasaron de ser “Cartas de Batalla”, incluso la mitificada carta del 91, que terminó siendo una tregua efímera con Pablo Escobar y una paz fragmentada que no incluyó a las FARC ni al ELN, entonces considerados por Gaviria y De La Calle monstruos políticos antediluvianos, heridos de muerte por los escombros de la caída del muro de Berlín. Pero para el resto de colombianos no fue el “fin de la historia”, sino más bien el comienzo de una interminable pesadilla marcada por la simbiosis entre la política y el crimen, tanto del lado institucional (la narcoparapolítica y la “seguridad democrática”) como del lado insurgente con sus espurias relaciones y nefastas coaliciones con el narcotráfico y el secuestro.

La paz se induce desde abajo, con sus pobladores y en sus regiones, no se deduce desde el centro y en las Constituyentes.

Así las cosas, habría que concluir que las constituyentes entre nosotros no engendran paz duradera, si acaso treguas parciales cuando no prolongadas y degradas guerras. Más bien suele acontecer lo contrario en la realidad. Es la paz la que constituye nuevos órdenes políticos de convivencia, como no cesan de demostrarlo en muchas regiones comunidades campesinas, indígenas y afros, los numerosos Premios Nacionales de Paz que encarnan epopeyas de civilidad y concordia. Los ejemplos abundan, incluso contra la voluntad vanguardista y militarista de las FARC y el ELN, sumada a la férula represiva del Estado, como son los casos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare; la Guardia Indígena del Cauca; la misma Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, para sólo mencionar los ejemplos más conocidos, victimizados y estigmatizados. Y ello es así porque la paz política sólo será estable y duradera cuando se sustente en el poder de la civilidad y no de los protagonistas de la guerra. En ese poder que surge, como bien lo advirtió Hannah Arendt, “cuando las palabras y los actos no están separados. Cuando las palabras no se utilizan para velar intenciones sino para descubrir verdades y los actos no se realizan para violar y destruir, sino para establecer relaciones y nuevas realidades”. Y es esta dimensión y compromiso con el poder constituyente de nuevas realidades lo que ahora está ausente en La Habana, tanto en el Gobierno como en las FARC, que deberían empezar por el respeto irrestricto e incondicional de los civiles y sus derechos fundamentales, acatando su voluntad y anhelo de vivir ya en paz, sin tener que esperar una incierta y fantasmagórica nueva Constituyente. Porque de no hacerlo pronto, conviniendo una tregua bilateral internacionalmente supervisada y verificada, se perderá la fe en la paz y de nuevo resurgirán las ansias de guerra y venganza, aupadas por los que siempre ganan conservando sus privilegios en nombre de la “seguridad y la democracia”. Entonces se profundizará y prologará esta degradada guerra en nombre de la Constituyente de la paz.

Pacho Santos y las FARC.

DE-LIBERACIÓN

Pacho Santos y las FARC: ni impunidad ni perdón, pero sí reconciliación

 http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3749-pacho-santos-y-las-farc-ni-impunidad-ni-perdon-pero-si-reconciliacion.html

Domingo, 19 de Mayo de 2013 23:37

Hernando Llano Ángel.

La guerra se trasladó al terreno de lo simbólico: vallas envenenadas de odio que ignoran la necesidad de la reconciliación e impiden resolver la difícil ecuación entre la sed de justicia, el afán de venganza y la reparación del tejido social.

Vallas subliminales

La disputa pública entre Francisco Santos y las FARC reflejada en las vallas donde recíprocamente se incriminan por combinar política y crimen demuestra hasta qué punto la suerte de las conversaciones en La Habana se está jugando en la mente y en el corazón de cada ciudadano.

Los mensajes subliminales de las vallas añaden una vuelta más al nudo de la violencia política en Colombia: entre responsables de semejantes crímenes de lesa humanidad difícilmente podrá alcanzarse algún día un acuerdo para la convivencia.

Sólo les queda la alternativa de cortar violentamente la cabeza del bando contrario. Pero ambas partes olvidan que precisamente en ese intento mutuo por aniquilarse llevan más de cincuenta años cortando las cabezas de los demás: los unos, a quienes consideran “auxiliadores de la guerrilla”, los otros a “burgueses vende–patria” o a “narcoparacos asesinos”.

De víctimas y victimarios

No les cabe el menor remordimiento por sus heroicas acciones, pues han ido llenando sus mentes con buenas justificaciones: una supuesta “seguridad democrática” y la anhelada “justicia social”.

Así llegan al extremo de autoproclamarse, respectivamente, “demócratas integrales” y “revolucionarios ejemplares”:

• Los primeros combaten con tal ahínco al terrorismo, que se consideran salvadores de la Patria, predestinados a perpetuarse en la Presidencia de la República.

• Los segundos resisten con tanto heroísmo el terrorismo oficial, que se erigen en mártires populares y crean su leyenda de invictos.

Por eso mismo, a ambos lados les cuesta tanto reconocerse como victimarios y tan fácilmente se reclaman como víctimas. Cada bando reclama con absoluta convicción la justicia de su parte y, por consiguiente, el derecho de juzgar y condenar a la contraparte.

Para ellos no existe otra noción de justicia que el castigo draconiano del enemigo y la benignidad hacia el amigo. Para el primero la humillación, para el segundo la reinserción. Lo contrario es la impunidad inadmisible. Para ellos, la justicia se reduce a continuar la guerra por otros medios y la paz sólo es posible con la condena o la derrota del enemigo.

De alguna manera, tal escenario estuvo a punto de configurarse en 2007, cuando un sondeo de la revista Semana contratado con la firma Ipsos-Napoleón Franco reveló las siguientes respuestas de los ciudadanos luego de que los comandantes paramilitares confesaran sus masacres:

• “el 33 por ciento de los entrevistados estuvo de acuerdo con que el paramilitarismo fue necesario para acabar con la guerrilla”;

• “una quinta parte se declaró abiertamente a favor del paramilitarismo”;

• “una cuarta parte lo cree justificable”.

Lo más sorprendente es que, según la afiliación política de quienes respondieron, se decantó la siguiente actitud pro–paramilitar:

• El 38 por ciento entre los uribistas;

• El 52 por ciento entre conservadores;

• El 55 por ciento entre los miembros de otros partido, y

• El 25 por ciento entre los simpatizantes del Polo Democrático.

Crimen y castigo

No es muy diferente el escenario actual, con esa guerra de vallas entre Francisco Santos y las FARC. Por eso, la demanda de justicia punitiva, que ahora exige cero impunidad, acaba siendo una falacia cuando se trata de construir una paz política.

Más aún, si se pretende dar cuenta y castigar a todos los responsables de crímenes que por su dimensión colectiva e indiscriminada terminaron por ser considerados simultáneamente políticos y de lesa humanidad. Esta fue la propuesta inicial del propio presidente Álvaro Uribe en el momento de tramitar la ley 975 de 2005 (ley de justicia transicional para los integrantes de las autodefensas), que la Corte Constitucional declaró inexequible en dicho punto.

En nuestras propias circunstancias, parece repetirse la paradoja que expresara Hannah Arendt sobre los crímenes del nacional–socialismo: “es muy significativo que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”[1].

En efecto, nadie -y menos el Estado- puede perdonar en nombre de las víctimas, arrebatándoles esa “soberanía del yo”, que es lo propio del perdón, como bien lo señala el filósofo español Javier Sádaba en su libro homónimo[2].

Pero resulta que tampoco el Estado es capaz de castigar a todos los responsables de aquello que ha resultado imperdonable, dada la dimensión de los crímenes cometidos y las difusas redes de complicidades y de apoyos que los hicieron posibles, como ha acontecido en Colombia, donde tantas víctimas suelen convertirse en implacables vengadores.

Y, lo que es peor, donde el mismo Estado históricamente ha auspiciado la violencia de unos contra otros. En el remoto pasado armando los civiles en autodefensas (decreto 3398 de 1965), luego creando las “Convivir” (decreto Ley 356 de 1994) y — en desarrollo de la “seguridad democrática” — la nefasta circular 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, directamente relacionada con los atroces “falsos positivos”.

Ni justicia ni paz

Gracias a la denominada ley de “Justicia y Paz”, según María Teresa Ronderos hoy sabemos que:

• “desde 1998 las diferentes guerras políticas y narcopolíticas han dejado en Colombia entre cinco y seis millones de víctimas, la mayoría de las cuales son personas desplazadas a la fuerza por la violencia (entre cuatro y cinco millones de personas, dependiendo de la fuente).”

• “El proceso de Justicia y Paz ha llevado al país a reflexionar sobre cómo fue que permitió semejante impunidad. Menos de cien fiscales, con la ayuda de los 2.200 exparamilitares que han dado sus versiones, han esclarecido 38.000 delitos, la mayoría de los cuales estaban archivados.”

• “El proceso ha permitido sacar a flote la magnitud de algunos delitos invisibles. Por ejemplo, que ha habido casi 40.000 víctimas de desaparición forzada, y de ellas, los fiscales han encontrado 4.792 cuerpos en fosas clandestinas.”

• “También ha develado la profundidad del fenómeno paramilitar, sus nexos con el poder legal, cómo capturó las instituciones y se apropió de las rentas públicas y cómo fue aliado de empresarios y funcionarios públicos.”

• “Según el último informe de la Misión de Observación Electoral, de octubre de 2012, van 199 congresistas involucrados, 40 de ellos condenados, 96 alcaldes y 179 concejales investigados y, de ellos, ya están condenados 37 alcaldes y 92 concejales.”

• “Además, los fiscales de Justicia y Paz le han pasado a la justicia ordinaria evidencias para investigar a 1.023 miembros de la fuerza pública, 393 funcionarios públicos civiles y 10.000 personas corrientes”.

Constructores de convivencia política

Es claro que la complejidad criminal del proceso en marcha desborda la capacidad de cualquier sistema judicial para impartir justicia y evitar la impunidad. Sencillamente porque no se trata de un asunto meramente judicial, sino esencialmente político, que precisa de otro tipo de justicia, capaz de alimentar procesos de reconciliación y paz.

Dicha justicia suele denominarse justicia transicional, cuya principal virtud es su capacidad para “romper el lazo entre la política y las armas” y poner fin a la espiral de violencia entre victimarios y víctimas que, en su obsesión por alcanzar la justicia, terminan convertidos en vengadores.

Pero para ello sería preciso abordar — en un próximo artículo- la reconciliación, presupuesto fundamental para alcanzar la paz que está en proceso en La Habana.

Las vallas subliminales obstruyen una visión y una vivencia ciudadanas de la paz y la justicia, más allá de la impunidad y del perdón, arraigadas en la mente y en el corazón de quienes no aceptan seguir siendo víctimas — y mucho menos victimarios — pues simplemente se asumen, sin maniqueísmo alguno, como ciudadanas y ciudadanos constructores de paz y de convivencia política.

Tal como lo están haciendo en La Habana los delegados del gobierno y de las FARC y se demoran demasiado en hacerlo en todo el territorio nacional, acordando una tregua bilateral debidamente supervisada por observadores internacionales de las Naciones Unidas. Sólo así los creyentes en la paz serán legión y los entusiastas belicistas una minoría.

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca.

La marcha del 9 de abril: la paz es política.

DE-LIBERACIÓN

(Domingo 14 de abril de 2013)

La marcha del 9 de abril: la paz es política

Una convergencia paradójica en torno de la paz, la democracia y las víctimas recorrió al país esta semana. El proceso de la Habana se debate entre desmilitarizar y civilizar la política, entre belicismo y cumplimiento de lo que dicen los negociadores.

Hernando Llano Ángel *

Aquel 9 de abril no ha terminado

No fue por simple coincidencia cronológica que los mensajes del presidente Juan Manuel Santos y de “Pablo Catatumbo” retomaran fragmentos de la famosa Oración por la Paz de Jorge Eliecer Gaitán para convocar a la marcha del pasado 9 de abril “por la paz, la democracia y la defensa de lo público”.

Más bien fue por la pertinencia y la plena vigencia de la Oración pues - después de 65 años - el dramático reclamo de Gaitán no ha sido aún oído plenamente: el 7 de febrero de 1948, el caudillo liberal exigía al entonces presidente Mariano Ospina Pérez “… que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad”.

Dos meses y dos días después cayó asesinado Gaitán, pero su voz sigue retumbando en la memoria colectiva, porque la paz que no hemos sido capaces de forjar es fundamentalmente eso: el encauzar y resolver por vías institucionales los conflictos económicos y sociales, pero no en suprimirlos.

Precisamente por eso se marchó este martes “por la democracia”, que implica excluir la violencia de las controversias y de las competencias entre los partidos, porque el uso de la fuerza degrada la política y la reduce a un combate visceral entre enemigos que reemplaza las urnas por las tumbas.

En nuestra frágil memoria se agolpan los magnicidios recientes: Pardo Leal, Galán, Jaramillo Ossa, Pizarro, Antequera, Álvaro Gómez, porque en ella casi no hay lugar para los cientos de miles de víctimas anónimas.

Los campos dejaron de ser surcos y se convirtieron en trincheras. En ellos ya no se cultiva, se siembran explosivos. Los campesinos son violentamente desarraigados de sus parcelas y deambulan por pueblos y ciudades, se los despoja de su condición de ciudadanos y se los convierte en desplazados.

Las muchas formas de la paz

Contra ese paisaje degradado tuvo lugar la marcha del 9 de abril, cuando salimos a las calles aglutinados por la solidaridad con las víctimas en su día nacional, más que por el repudio hacia sus victimarios.

Por eso fue posible la paradójica convergencia de sectores representativos de todas las víctimas:

• el presidente Santos empujando en su silla de ruedas al soldado Ulises Montaño;

• las Madres de Soacha, reclamando justicia ante la eventual impunidad de los “falsos positivos”;

• las banderas y consignas más variadas de diversos movimientos políticos y sectores sociales cuyos líderes han sido perseguidos o asesinados, como el campesino Gilberto Daza, que presenció cómo las FARC mataron a su familia en Puerto Rico, Meta.

El anhelo de paz se expresó de muchas formas y bajo signos o matices distintos. Desde la más vitalmente civilista de los campesinos y del Congreso de los Pueblos — exigiendo un inmediato cese del fuego bilateral — pasando por la reformista de los estudiantes que la asociaron con cambios sociales y económicos, hasta la perentoria de los indígenas que emplazan al gobierno y a las FARC a no levantarse de la mesa hasta llegar a un acuerdo.

Más fácil civilizar un militar, que desmilitarizar un civil

Pero hay que reconocer que en el ámbito político y en sectores sociales relevantes todavía predomina la concepción belicista de los conflictos, bajo la égida de Álvaro Uribe, quien hoy pretende trastocar las coordenadas de la paz en coordenadas de guerra para frenar las conversaciones en La Habana.

Seguramente por todo lo anterior, el presidente Santos y sus colaboradores más cercanos portaron camisetas con la consigna: “Mi aporte es creer, yo creo en la paz”, además de culminar su recorrido con una imponente parada militar en el Monumento a los Héroes Caídos en Acción frente a 15.000 uniformados, ante quienes declaró: “La paz es la victoria de cualquier soldado, la paz es la victoria de cualquier policía. Si nos reconciliamos, tendremos una mejor patria”.

Y como si con ello no bastara para contrarrestar las arengas virtuales de Uribe mediante un “trino”” que lindó con la traición a la patria y mancilló el honor de las fuerzas armadas, el mismo general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares, declaró: “Nunca hubo un ruido de sables por el caso de la filtración de las coordenadas. Las Fuerzas Militares han estado siempre con su primer comandante”.

Todo lo anterior devela la existencia de un debate dentro de las Fuerzas Militares entre las tendencias belicistas y las políticas, que se ha expresado ya en opiniones como la del general Sergio Mantilla, Comandante del Ejército, partidario de que los militares tengan en adelante el derecho de votar.

Pero quizá donde mejor se expresa la tensión, es en el emplazamiento al oficial que reveló a Álvaro Uribe las coordenadas de donde partirían los delegados de las FARC hacia La Habana: el oficial fue exhortado a dar “un paso al costado”, pues “están cerca de la persona que entregó la información reservada al exmandatario”.

Esa presión forzó a Uribe a asumir la responsabilidad por la divulgación ilegal y por potencialmente explosiva de aquella información, confirmando de pasada el aserto de don Miguel de Unamuno: “Es más fácil civilizar un militar, que desmilitarizar un civil”.

En fin, lo que más temen Uribe y sus simpatizantes es que algún día las FARC se desmilitaricen y se civilicen plenamente para ejercer la política, como parece estar sucediendo en La Habana con la incorporación de “Pablo Catatumbo” y su equipo de asesores.

Desmilitarizar y socializar la política

En efecto, la llegada de “Catatumbo” a La Habana — acompañado de Victoria Sandino, Laura Villa, Sergio Ibáñez, Fredy González y Lucas Carvajal, todos con responsabilidades de orden político más que militar en las FARC — es una apuesta por acelerar su desmilitarización y avanzar hacia la socialización de la política, como lo demanda el segundo punto del Acuerdo General, que trata precisamente de la participación política y de las garantías que deben brindarse a la guerrilla para su eventual presencia en la arena política.

Según informa El Espectador, las personas anteriores “les dan tranquilidad a Catatumbo y otros dos jefes de la llamada ala militar de las FARC: Fabián Ramírez y Joaquín Gómez” quien, para despejar dudas sobre supuestas divisiones, “manifestó que en las FARC no hay alas políticas ni militares y el Bloque Sur está de acuerdo con sus representantes en las actuales conversaciones de paz. Acatará y cumplirá al pie de la letra con los acuerdos a que se llegare”.

Parece claro que, además de los múltiples significados y controversias creadas por la marcha del pasado 9 de abril, vamos a necesitar mucho más que actos de fe para hcaer realidad las consignas emotivas “por la paz, la democracia y la defensa de lo público”.

Sobre todo será necesaria una gran coherencia entre las palabras y los actos de quienes hoy se sientan en La Habana, porque la fe del ciudadano corriente es todavía débil, mientras que la convicción de los belicistas es tan poderosa como su interés en que no cambie nada.

Ellos aspiran a prolongar por otro medio siglo el divorcio de la política con la vida social, para que sigan la violencia, las venganzas y los odios, bajo coartadas como la lucha contra la impunidad y la derrota del terrorismo.

Los ciudadanos pensantes y deliberantes han de esforzarse en cambio por hacer realidad el lema de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz de 1999: “Es de todas y de todos. Todo el tiempo. Es la Paz”.

http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3672-la-marcha-del-9-de-abril-la-paz-es-politica.html

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com.

Álvaro Uribe, epicentro de la pornopolítica y la guerra.

DE-LIBERACIÓN

Álvaro Uribe: Epicentro de la pornopolítica y la guerra.

Febrero 16 de 2013

(http://calicantopinion.blogspot.com)

Hernando Llano Ángel.

Pornografía mata erotismo

Suele decirse que la pornografía es la muerte del erotismo, en tanto niega la belleza que se insinúa y eclipsa la imaginación del deseo. Sin duda, la pornografía exhibe la vacuidad de un cuerpo desnudo que sacia el deseo y frustra el goce de su descubrimiento. Seguramente por ello la pornografía es mucho más que la degradación del erotismo –que precisa la intimidad consubstancial de los afectos— y termina siendo una expresión vulgar de la comercialización pública del deseo, de su prostitución mercantil en las revistas, la televisión, los anuncios publicitarios, el cine, y toda la parafernalia mediática de la llamada sociedad del espectáculo. A tal punto que hoy es casi imposible vender o promover un nuevo producto, sin que se exhiba junto a él un espectacular cuerpo semidesnudo con sus inverosímiles senos al aire o un perfecto y atlético abdomen, propio de un Cristiano Ronaldo. Mucho menos es previsible el éxito de una cantante sin excitar su cuerpo en el escenario o seducir al público con algo más que su melodiosa voz. Bien lo saben la estrambótica Lady Gaga y nuestra sensual Shakira.

Pornopolítica y guerra

Pero si bien ya estamos casi acostumbrados a tal estandarización comercial de la belleza y del deseo por la publicidad y la pornografía, todavía tenemos ciertos reflejos morales que nos lleva a repudiar un uso semejante del cuerpo en otras actividades públicas, como la política. Así como la pornografía termina por matar el erotismo y el amor, acontece lo mismo con el uso frecuente de la violencia y la guerra en la política, pues termina por degradar moral y existencialmente a sus propagandistas y protagonistas. Esto sucede cuando los unos y los otros exhiben como trofeo de su victoria los cuerpos masacrados de sus enemigos. Pero también cuando divulgan, como lo hizo Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta de Twitter, los cuerpos ensangrentados de dos policías masacrados en una emboscada perpetrada por las FARC, con la clara finalidad política de prolongar esta guerra en una espiral de odios y venganzas interminable. Porque ni la sangre de estos policías, ni la de los guerrilleros y mucho menos la de “los soldados de la Patria”, se va a redimir o enaltecer con más sangre derramada. Todo lo contrario. Más sangre derramada profundizará el cauce de odios y venganzas que cada día nos arrastra, polariza y divide en bandos hasta ahora irreconciliables.

El puro centro de la pornopolítica y la guerra

Es por lo anterior que Uribe cada día se sitúa más en el puro centro de la pornopolítica y la guerra, en el epicentro de la confrontación, disparando sus mensajes como un francotirador contra la paz y la reconciliación. Azuzando como un vengador implacable e intocable los odios y revanchas entre los pobres para que estos se maten y rematen, unos portando uniformes de policías y soldados, y otros con camuflados de guerrilleros, todo en aras de la estabilidad inversionista y la “seguridad democrática”.

Odios y revanchas que a su vez exacerban las FARC y el ELN con sus secuestros y emboscadas, tan rehenes de la lógica belicista y militarista como Uribe, cuando se ufanan en sus partes de guerra de “las bajas causadas al enemigo” y de su capacidad para paralizar o traumatizar la vida civil, con los frecuentes paros armado que realizan y sus incursiones armadas contra la población civil en los resguardos indígenas del Cauca, que generan zozobra y la muerte de jóvenes líderes en circunstancias confusas (http://www.nasaacin.org/nuestra-palabra-kueta-susuza/5290-zozobra-y-dolor-en-jambalo-cauca).

Tal es el escenario y el espectáculo de la pornopolítica y la guerra. Un espectáculo que excita y vende tanto como la pornografía, pues tiene muchos espectadores adictos a la violencia y la degradación del deseo. Pero algo mucho peor acontece en la guerra, pues quienes la hacen no se desgastan en el forcejo brutal y vulgar de poseerse públicamente –como en la pornografía- sino que se despedazan y aniquilan en nombre de ideales y privilegios de quienes promueven su muerte y después difunden sus cuerpos destrozados.

Por eso la pornopolítica, en tanto exaltación de la violencia con su estela de sangre y muerte, como táctica de lucha política y recurso de propaganda bélica, deja al desnudo la degradación moral de quienes la utilizan y difunden, poco importa que lo hagan desde la derecha, el puro centro y la extrema izquierda del espectro mortal de la guerra o, incluso, desde el supuestamente civilizado foro de la política y la institucionalidad, como suele hacerlo con virulencia el ministro de defensa (¿guerra?), Juan Carlos Pinzón, cuando comunica los partes victoriosos de guerra. Olvida el ministro que todas las guerras civiles y los crímenes de lesa humanidad se promueven con el aprendizaje del odio y la venganza entre sus nacionales. Todos los partidarios de la pornopolítica y la guerra deberían reflexionar sobre esta sabia advertencia del Dhamapada XV, 5 (201): “El que vence engendra odio, el que es vencido sufre; con serenidad y alegría se vive si se superan victoria y derrota”.

(Publicado en Caja de Herramientas, edición 00340 del 22 al 28 de Febrero de 2013 http://viva.org.co/cajavirtual/svc0340/pdfs/articulo092_340.pdf )

RAZÓN PÚBLICA

(WWW.RAZONPUBLICA.COM- Enero 13 de 2013)

Entre Toribío y La Habana, no es lo mismo hacer la paz que construir la paz

No es lo mismo hacer la paz que construir la paz. Se puede hacer más que solo conversar para crear un ambiente propicio para la paz: acordar ya un cese bilateral y permitir la discusión sobre un modelo de desarrollo centrípeto.

Hernando Llano Ángel*

Un ámbito favorable

Si bien es verdad que hacer la paz (peacemaking) — definida como la cesación de enfrentamientos armados entre las FARC y la Fuerza Pública, y la entrada en plena vigencia del Derecho Internacional Humanitario en todo el territorio nacional — es un asunto de alta complejidad, que depende fundamentalmente de la voluntad política del gobierno y de las FARC, también es cierto que construir la paz (peacebuilding) para hacerla estable y duradera, pasa crucialmente por el campo de la política social.

Por ello revisten una importancia vital los últimos acontecimientos de carácter político–militar, social e internacional, que pueden contribuir a formar y a consolidar un ámbito público, civil y democrático favorable para la construcción de la paz.

Pero no todo está ocurriendo en La Habana. En Toribío (Cauca) se están también escenificando eventos de paz, cruzados por confusos hechos, como la reciente captura del comunero indígena Manuel Antonio Bautista, bajo el cargo de terrorismo.

Tres hechos importantes

Dichos acontecimientos conforman una triada coyuntural:

1. La propuesta de Iván Márquez al gobierno nacional de prorrogar eventualmente su tregua unilateral más allá del próximo 20 de enero: "Solamente estaría dentro de las posibilidades la firma de un cese al fuego bilateral, si el gobierno colombiano estima que es procedente”.

 

2. La entrega en la Habana — por parte de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia y de la Universidad Nacional — de las 546 propuestas formuladas por 1.314 ciudadanos y 522 organizaciones campesinas e indígenas de los 32 departamentos, en desarrollo del Foro Agrario Nacional que tuvo lugar el pasado 17, 18 y 19 de diciembre de 2012 en Bogotá. Propuestas que constituyen — según palabras de Iván Márquez — “una expresión amplia, plural y diversa de la urgente realización de una reforma agraria integral que acabe con la estructura latifundista de la tierra".

 

3. La visita del expresidente norteamericano Jimmy Carter para enterarse de las conversaciones de paz, que bien podría ser el aval para empezar a diseñar técnicamente un mecanismo confiable y serio que blinde, hasta donde sea posible, una tregua bilateral contra los francotiradores que existen en ambos bandos, dada la degradación, complejidad y simbiosis del conflicto armado con la actividad ilícita del narcotráfico.

La trocha de la paz

Se empezaría a avanzar rápido por la trocha de la paz de lograrse que converjan creativamente estos tres vectores:

1. El político-militar, con el compromiso de todos los belicistas — tanto en las filas de las FARC como en la Fuerza Pública — de no seguir disparando;

2. El económico-social, poniendo fin a la criminalización de la protesta social y a la persecución de sus líderes, como lamentablemente está sucediendo en el Cauca, así como a la tentación de la manipulación o cooptación de los líderes sociales por parte de las FARC.

3. El internacional, ganando respaldo para el proceso y la confianza del gobierno norteamericano, especialmente.

Todo lo anterior debe ir acompañado de una eficiente y transparente gestión de lo público por parte del gobierno nacional, los gobernadores y alcaldes. Una trocha que han abierto en todas las regiones del país los movimientos sociales, las ONGs y cientos de líderes populares, muchos de ellos victimizados.

La cosecha de la paz

Entonces pasaríamos del horror de la guerra al honor de una paz ciudadana y telúrica, que está bien expresada a través de testimonios, como el de Albeiro Valencia, representante del Movimiento Interétnico del municipio de Toribio:

“Hay gran preocupación por la situación en nuestros territorios, especialmente en el Norte del Cauca, uno de los epicentros de la guerra… donde se desarrolla una guerra permanente. Entonces una de nuestras propuestas es que se agilice el proceso de paz, que haya un cese al fuego para que nuestras comunidades puedan estar tranquilas, que todos los actores que hacen parte de la guerra entren a esa actitud de generar paz”.  Por lo menos, podrían empezar las FARC y la Fuerza Pública con una tregua bilateral, para facilitar el desminado de los territorios en disputa, sin lo cual jamás podrá sembrarse y mucho menos cosecharse la paz.

Modelo de desarrollo centrípeto

Y a propósito del primer punto de la Agenda acordado entre el Gobierno y las FARC, sobre el Desarrollo Agrario Integral, vale la pena considerar las palabras del Representante Iván Cépeda:

“La gente quiere reforma agraria integral. Hay departamentos del país en los cuales la restitución de tierras no está funcionando, en los cuales las concesiones mineras son gigantescas, me dicen que aquí en el Cauca, el 60 por ciento del territorio está concesionado a grandes empresas; en el Chocó más del 70 por ciento del territorio se le ha entregado a las multinacionales. La gente quiere que se respete su territorio, se respete el agua, que se respete su modelo productivo”.

Más allá de la exactitud de tan elevados porcentajes — cuestión que debe ser aclarada urgentemente — se deberá redefinir un modelo de desarrollo de acuerdo con los principios consagrados en la Constitución del 91:

• “La prevalencia del interés general” (artículo 1)

• “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (artículo 2).

Queda, pues, planteado el desafío para el gobierno y para las FARC: estar a la altura de las exigencias inaplazables de los movimientos sociales, avanzando rápidamente hacia un alto al fuego bilateral y asumiendo el compromiso de atender el clamor histórico de indígenas, campesinos y comunidades negras por una paz telúrica.

El nuevo modelo de desarrollo deberá tener un carácter centrípeto — en función de la prosperidad nacional, de la equidad social y de la sostenibilidad ambiental — y no un carácter centrífugo, como ha sucedido hasta el presente, más orientado por la expoliación de nuestras riquezas, en beneficio de compañías multinacionales y minorías nacionales.

RAZÓN PÚBLICA

(Diciembre 9 de 2012- WWW.RAZONPUBLICA.COM)

La reelección de Ordoñez: procura no corromper lo público y salvar tu alma

Una reflexión aguda pero amarga sobre los valores y los antivalores que rodearon la reelección del Procurador: ni modernidad, ni cristianismo.

Hernando Llano Ángel*

Un coctel maniqueo

La reelección de Alejandro Ordoñez como Procurador General de la Nación representa el triunfo de coaliciones y complicidades entre las más diversas fuerzas políticas, que van desde lo que podríamos denominar la “doble U” o Uribismo Ultramontano, hasta el oportunismo del partido liberal y otras clientelas menores, que comparten sus creencias pre-modernas, que han recibido migajas burocráticas, o que le temen al poder disciplinario que ha ejercido con un celo no exento de cálculos electorales.

El de Ordoñez es un poder maniqueo- electorero: ha sancionado tanto a la ex senadora Piedad Córdoba - en dos ocasiones, y casi con sevicia – como al ex ministro Andrés Felipe Arias -aunque sin tanto furor-. Curiosamente, estas sanciones sacan del campo a dos potenciales candidatos presidenciales, que encarnan fuerzas antagónicas y casi irreconciliables de la política nacional.

El “Procuribismo”

Pese a la diversidad de sus apoyos, Ordoñez no oculta su afinidad ideológica con el ex presidente Álvaro Uribe, quien lo postuló cuando salió elegido por primera vez. El procurador coincide con el ex mandatario en muchos asuntos, desde los más restrictivos de la autonomía personal –como el puritanismo sexual y la penalización de la droga— hasta la defensa incondicional de la “seguridad democrática” y la oposición a los diálogos entre el gobierno Santos y las FARC. Tanto así que, ante la ola de escándalos que ha afectado a tantos colaboradores del gobierno Uribe, Ordoñez dice que se debería “desuribizar la lucha contra la corrupción”.

Y es justamente en este ámbito, con su personal enfoque maniqueo, donde Ordoñez y Uribe se identifican como dos cruzados decididos a vencer el “mal” y a sus portadores –llámenlos “corruptos” o llámenlos “terroristas”-- aunque uno y otro se hayan convertido en grandes corruptores al poner su poder presidencial o disciplinario al servicio de sus personales aspiraciones reeleccionistas:

• Uribe reformó la carta del 91, no ya con el concurso ilegal de Yidis y Teodolindo, sino ante todo con el de las mayorías ilegítimas del Congreso que habían sido elegidas en alianzas con grupos paramilitares, alianzas que fueron comprobadas por las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y la condena penal de muchos integrantes de su bancada.

• Ordoñez se arropa ahora con la bandera de la lucha anti-corrupción y es reelegido gracias a componendas con las mayorías en el Senado y a pactos con magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, lo cual consolida una solidaridad de cuerpo o una complicidad en torno a privilegios salariales y circuitos cerrados de cooptación para nombrar familiares y correligionarios fieles a su credo y convicciones morales.

Un procurador invertido

De esta manera Ordoñez ha venido promoviendo la pérdida e inversión del sentido de lo público como una de las más valiosas expresiones de la modernidad, fundada en el uso de la razón y el argumento, no de la fe y las convicciones morales, para construir ese ámbito común, la esfera de lo público, que hace posible la convivencia entre las múltiples identidades personales y sociales.

La existencia y vigencia de un Estado laico, que trata por igual a todos los miembros de la sociedad, sin discriminar por motivos de índole racial, religioso, sexual o político, es la piedra angular de aquella esfera de lo público. Así quedó consignado en la Constitución del 91, como recalcan el Artículo 5 (“El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”) y el Artículo 13 (“la igualdad de derechos y trato sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”).

El Procurador General de la Nación está obligado cumplir y hacer cumplir esos principios, pues según el Artículo 277 de la Carta, sus funciones consisten en “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”. Pero Alejandro Ordoñez difícilmente puede cumplir esa función – y así lo muestra la conminación de la Corte Constitucional para que acatara lo dispuesto en su sentencia sobre las excepciones legales para la práctica del aborto: el procurador que ha sido reelegido invierte el principio rector de todo Estado de derecho, como es la primacía de las normas legales sobre las creencias religiosas personales. Por ello, su reelección puede interpretarse como un acto de perversión e inversión política y axiológica de la Constitución vigente, apenas comparable con la designación de un agnóstico para la promoción de la fe católica.

En similar o quizá mayor contradicción incurre cuando declara que es “un escéptico de la paz”, pues el artículo 22 de la Carta nos dice que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, con mayor razón si le recordamos las palabras cimeras de Jesús de Nazaret: “La paz os dejo, mi paz os doy”, sin duda más familiares a su conciencia. Pero en este caso parece que para Ordoñez es más poderosa la política uribista que su fe católica, pues sabe muy bien que su reino es el ministerio público de este mundo y no el meta-político del más allá, así ponga en peligro la salvación de su alma. Ya lo advertía Max Weber: “Todo lo que se persigue mediante la acción política y los medios violentos supone un peligro para la salvación del alma”.

De-Liberación

(http://calicantopinion.blogspot.com)

La paz en Colombia: Entre Toribio y La Habana

(Noviembre 27 de 2012)

Hernando Llano Ángel.

El meridiano de la paz en Colombia pasa por Toribio y La Habana.

Si bien es verdad que hacer la paz (Peacemaking), en tanto cesación de enfrentamientos armados entre las FARC y la Fuerza Pública, acompañados de la vigencia progresiva y plena del Derecho Internacional Humanitario en todo el territorio nacional es una asunto complejo, que depende fundamentalmente de lo que suceda en La Habana, también lo es que construir la paz (Peace building) y hacerla estable y duradera, pasa crucialmente por lo que acontezca en el departamento del Cauca entre el movimiento indígena y el gobierno nacional. Es por lo anterior que el meridiano de la paz en Colombia, por ahora, se inscribe imaginariamente entre Toribio y La Habana. Por ello, no es una simple coincidencia que la tregua unilateral decretada por las FARC en La Habana desde el 20 de noviembre hasta el 20 de Enero del 2013 haya sido puesta en duda por el Ejército nacional en confusos hechos de violencia acaecidos el mismo día en el corregimiento de Huasanó, municipio de Caloto. Hechos que las FARC en un comunicado del Bloque Occidental Alfonso Cano, atribuye a un “simulacro de combate” escenificado por “unidades de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército en el marco del llamado Plan Espada de Honor”. Así las cosas, vuelve a cobrar vigencia el célebre aforismo inglés según el cual “la verdad es la primera víctima en toda guerra”. Aunque quizá, por los extremos de degradación alcanzados en nuestro conflicto armado interno, el aforismo se haya trocado cruelmente y más bien signifique que en ésta guerra no hay ninguna verdad y sea el horror de la mentira y la frecuente impostura de sus protagonistas la única realidad.

Del horror de la guerra

Una realidad en donde el mayor número de víctimas terminan siendo civiles. En efecto, desde enero hasta noviembre se han registrado 120 eventos de orden público, entre hostigamientos, atentados, enfrentamientos armados, víctimas de minas antipersonales y munición sin explotar, desplazamientos masivos y crímenes selectivos, en 25 municipios de los 42 que tiene el departamento del Cauca. Sólo en lo corrido del mes de noviembre hasta la declaración de la citada tregua unilateral, las FARC realizaron --en conmemoración del primer aniversario de la muerte de Alfonso Cano, ocurrida el 4 de noviembre de 2011-- cerca de 16 acciones armadas en las poblaciones de Toribio, Corinto, Miranda, Argelia, Popayán, Jámbalo, Totoró y Santander de Quilichao, con un saldo mortal de dos militares y cerca de 47 civiles heridos, produciendo la destrucción de 7 viviendas y averías en más de 364 como consecuencia de las explosiones e impactos de fusil, generando el desplazamiento de aproximadamente 300 habitantes.

A la Paz Telúrica

Por todo lo anterior, cobra vital importancia la reciente instalación de “La Mesa Regional para contribuir al final del conflicto”, realizada en Popayán el 21 y 22 de noviembre, en desarrollo de la iniciativa de las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el apoyo técnico de Naciones Unidas, cuyas conclusiones, según Iván Cépeda, Representante a la Cámara, expresan el querer de “más de 1.200 organizaciones que han entregado en estas mesas sus propuestas y esperan que esas propuestas se hagan llegar a La Habana. Nosotros somos responsables de esa tarea y la vamos a cumplir. En la primera semana de diciembre en un acto público vamos a entregarles esas propuestas a las embajadas de Cuba y Noruega, para que sea a través de los países garantes del proceso que se hagan llegar a La Habana, y también esperamos respuestas por parte de los negociadores de estas propuestas”. Y a propósito del primer punto de la Agenda acordado entre el Gobierno y las FARC, sobre el Desarrollo Agrario Integral, puntualizó el Representante Cépeda: “La gente quiere reforma agraria integral. Hay departamentos del país en los cuales la restitución de tierras no está funcionando, en los cuales las concesiones mineras son gigantescas, me dicen que aquí en el Cauca, el 60% del territorio está concesionado a grandes empresas; en el Chocó más del 70% del territorio se le ha entregado a las multinacionales. La gente quiere que se respete su territorio, se respete el agua, que se respete su modelo productivo”.

Más allá de la exactitud de tan elevados porcentajes, cuestión que es urgente aclarar para definir un modelo de desarrollo acorde con los principios consagrados en la Constitución del 91 –“La prevalencia del interés general” (art 1) y “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (art 2) — es urgente que se atienda el clamor expresado por Albeiro Valencia, representante del Movimiento interétnico del municipio de Toribio: “Hay gran preocupación por la situación que está pasando en nuestros territorios, especialmente el norte del Cauca, donde es uno de los epicentros de la guerra, donde se desarrolla una guerra permanente, entonces una de nuestras propuestas es que se agilice el proceso de paz que haya un cese al fuego para que nuestras comunidades puedan estar tranquilas, que todos los actores que hacen parte de la guerra entren a esa aptitud de generar paz”. Por lo menos, podrían empezar las FARC y la Fuerza Pública con un desminado de los territorios en disputa, sin el cual jamás podrá sembrarse y mucho menos cosecharse la paz.

Queda pues planteado el desafío para el Gobierno y las FARC en La Habana de estar a la altura de las exigencias inaplazables de los movimientos sociales, avanzando rápidamente hacia un alto el fuego bilateral y asumiendo el compromiso de atender el clamor histórico de indígenas, campesinos y comunidades negras por una paz telúrica, donde prevalezca un modelo de desarrollo de carácter centrípeto, en función de la prosperidad nacional, la equidad social y la sostenibilidad ambiental y no uno de carácter centrífugo, como ha sucedido hasta el presente, más orientado por la expoliación de nuestras riquezas y la prosperidad de grandes compañías multinacionales. Sólo así será posible construir una paz estable y duradera y quizá también los colombianos podamos, por fin, disfrutar en el campo y las ciudades una Noche de paz en estas navidades.

DE-LIBERACIÓN

PARÁFRASIS SOBRE LA GUERRA Y LA PAZ

(Septiembre 24 de 2012)

(http://calicantopinion.blogspot.com)

Hernando Llano Ángel.

A propósito del “Acuerdo General para poner fin al conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado por el Gobierno y las FARC van estas breves paráfrasis sobre la guerra y la paz.

1- La paz es fundamentalmente un asunto de poder, no exclusivamente de las armas y mucho menos de la violencia. Del poder de la palabra verdadera, en tanto es honrada públicamente mediante el cumplimiento de compromisos de interés colectivo y bienestar general. No de la violencia que pretende aniquilar el adversario o imponer la razón del vencedor, sea ésta la defendida por el Estado o la agitada por el rebelde. Tampoco de la palabra que astutamente vela intenciones para favorecer intereses minoritarios y burlar los mayoritarios. Bien lo expresó Don Miguel de Unamuno: se trata de convencer, no de vencer, al menos cuando de paz estable y duradera se habla. Salvo que se trate de ocultar, bajo el prestigio y la urgencia de la paz, los rostros oprobiosos de la violencia institucional o de la revancha revolucionaria.

2- Para una paz estable y duradera se precisa más valentía y audacia, menos heroísmo y astucia. Por ello, requiere con urgencia más ciudadanos y acciones de civilidad, menos estrategas y combatientes heroicos. Más acuerdos generadores de confianza y menos acciones de hostilidad. Sin el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, todo proceso de paz degenera en una estratagema para la guerra, como quedó cruelmente demostrado en el Caguán.

3- La paz estable y duradera exige una ciudadanía que repudie activamente la violencia y la guerra, comprometida todos los días con la construcción de democracia y equidad social. No de aquella ciudadanía que clama sólo por más soldados para su seguridad y de combatientes para la defensa de las inversiones y su prosperidad.

4- La paz estable y duradera es una exigente y permanente controversia forjadora de ciudadanía, acuerdos y equidad social. La guerra es, sobre todo, una permanente y envilecedora confrontación violenta, generadora de muerte, desigualdad, polarización y desarraigo social.

5- La política fecunda el campo de la deliberación ciudadana y cosecha paces permanentemente. La guerra polariza, profundiza las trincheras y la desconfianza en la vida social, estimula el odio, secuestra la libertad, desaparece a la ciudadanía y arrasa el campo de la convivencia social.

 

6- La paz estable y duradera no se negocia, se va tejiendo con palabras de verdad, acciones de humanidad y equidad social. Por eso suele ser esquiva con el mercader ambicioso y el estratega astuto, que la asimilan a un buen negocio o sólo a un juego de poder, y se torna inalcanzable para el vengador soberbio y obcecado, que la reduce a una guerra contra el enemigo y la victoria sobre el terrorista o el adversario de turno.

7- La paz nunca será estable y menos duradera mientras ella proteja la insaciable voracidad de los privilegiados y no satisfaga prontamente el hambre de justicia y dignidad de los marginados.

Si todos fuéramos Toribío

(www.razonpublica.com)

Tal vez por primera vez los colombianos estamos escuchando con respeto a los indígenas del norte del Cauca: se lo han ganado por su actitud vertical al rechazar por igual a todos los actores armados. Un ejemplo de dignidad.

Hernando Llano Ángel *

Una seguridad equivocada

Si todos fuéramos Toribío y tuviésemos el valor civil y el coraje de los indígenas del norte del Cauca, la paz estaría más cercana — como una llave que debemos forjar entre todos en el yunque de la civilidad — y la guerra quedaría confinada retumbando en exclusivos clubes capitalinos, como un eco de dementes. Pero no.

Resulta que somos citadinos que nos refugiamos en unidades residenciales y edificios custodiados por compañías de seguridad privada: nuestro mayor desvelo y obsesión parecería ser el evitar a cualquier precio resultar víctimas de la inseguridad. Incluso a muchos los tiene sin cuidado convertirse en cómplices de victimarios, con tal de vivir seguros. Por eso somos incapaces de imaginar una seguridad sin armas, sin cámaras de vigilancia en cada esquina y sin una nutrida presencia policial en las calles. Por la misma razón, bastantes citadinos confunden el Estado de derecho con la fuerza que protege exclusivamente sus derechos. Su ciudadanía se agota en el ejercicio de sus ganancias, el aumento de sus valores bursátiles y la defensa de sus privilegios.

Una mayoría considerable imagina a la Fuerza Pública como una red más amplia de seguridad privada que se extiende por el territorio nacional al servicio del turismo, la recreación y los negocios: “Vive Colombia, viaja por ella”. En fin, en nuestras ciudades predomina una seguridad individual paranoica que se nutre del miedo y de la desconfianza, sustentada en el poder del dinero que proporciona escoltas, compañías de vigilancia privada y hasta generosas recompensas oficiales. Por ello, en los barrios periféricos y marginales donde los derechos, los bienes y los servicios estatales realmente escasean, paradójicamente son las bandas armadas ilegales quienes brindan la seguridad o desatan el terror, según sus conveniencias personales y afinidades ideológicas.

El Estado compra lealtades fugaces de redes de informantes y pretende que con solo añadir el adjetivo “democrática” va a dotar de legitimidad y derecho a dicha política. Pero con toda su parafernalia de “cooperantes” y una mayor presencia de la Fuerza Pública, la política de seguridad no ha funcionado realmente ni en el departamento de Cauca ni en muchas otras ciudades y regiones del campo colombiano: es decir, donde más falta hace. Incluso su prestigio mediático no ha logrado ocultar la tenebrosa sombra de los “falsos positivos”, pues ya han sido condenados 14 miembros del Ejército por el asesinato de jóvenes de Soacha, víctimas de una red de seguridad nada democrática y peligrosamente criminal por sus resultados prácticos Todos los anteriores y dolorosos acontecimientos demuestran que es una falacia equiparar “seguridad democrática” y paz.

Una paz telúrica y ciudadana

Así lo están demostrando, con sus palabras y acciones, los indígenas organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), con la vocería de Feliciano Valencia y el respaldo monolítico de la Guardia Indígena, exigiendo a todas las organizaciones armadas por igual — desde la Fuerza Pública hasta las FARC — que los dejen sembrar la paz telúrica en su territorio y cosecharla en su vida comunitaria. Aquella paz que sólo germina a partir de acuerdos que honran la palabra y de la Minga que dignifica la vida de todos, protegida por el poder civil de su invencible Guardia Indígena. No quieren la paz de las fosas y de los campos minados, de los bombardeos oficiales y de las celadas guerrilleras, de los falsos discursos gubernamentales y de las quimeras revolucionarias, que cada día cobran más víctimas indígenas y campesinas.

Repudian la paz de los vencedores, que sólo aumenta el odio de los vencidos y su infinita e inagotable memoria vengativa. Esa paz que se proclama todos los días, desde hace más de medio siglo, en los partes de victoria oficial contra los “bandoleros” de ayer y los “terroristas” de hoy. Y que a su vez los “terroristas” desmienten con sus “heroicas” acciones contra la Fuerza Pública, donde casi siempre la mayoría de las víctimas terminan siendo civiles. Los indígenas repudian y rechazan esa criminal paz por la que deliran todos los “señores de la guerra”, desde los uniformados hasta los pusilánimes “ciudadanos de bien”, siempre dispuestos a elegir a quien imparta órdenes para que otros maten y mueran en nombre de la “patria” y la “democracia”.

Seguramente por ello los pueblos indígenas no cuentan con ejércitos, sino con guardia indígena, no disponen de armas sino de bastones, no tienen proyectiles sino palabras. Y con ellos forman un vasto tejido humano que presta seguridad a la comunidad y a la “Madre Tierra”, porque están comprometidos con una paz telúrica, en armonía cósmica con la vida: saben bien “que sólo el equilibrio deshace la fuerza”.

No les interesa tanto dominar, controlar, expoliar o explotar el territorio, sino conservarlo y legarlo a las generaciones venideras en beneficio de todos. Por eso están empeñados en que abandonen el territorio de sus resguardos y municipios aquellos que a punta de armas y violencia o leyes y tratados comerciales pretenden aniquilar el orden de la vida para proteger las inversiones de su orden.

Textos que inspiran respeto

En tal empeño no temen confrontar a los mercaderes, tanto los legales como los ilegales. A los narcotraficantes los han emplazado desde tiempo atrás, como dejaron constancia en la Declaración Final de la Segunda Minga proclamada en Tacueyó en febrero de 2009 en su sexto punto:

“Los cultivos de coca se han convertido también en un pretexto de intervención de los actores armados legales e ilegales. Se han convertido en una estrategia de ampliación territorial y de suplantación de la autoridad indígena por parte de las FARC, que aprovechándose de la situación económica de algunas familias que tienen cultivos, pretende imponerles impuestos, aplicarles supuestas normas y cooptarlos. También los cultivos se utilizan como pretexto para la intervención del Estado, que ha incumplido totalmente los compromisos de erradicación voluntaria, desconoce nuestras propuestas de sustitución de cultivos, y en cambio privilegia la guerra química, los mecanismos militares y el involucramiento de las comunidades en la estrategia de guerra”.

Con mayor contundencia y radicalidad han desafiado a las FARC:

“Con el pretexto de su guerra contra el Estado, la insurgencia ataca a las comunidades y busca suplantar nuestra autoridad. Mientras nosotros construimos un gobierno municipal popular que le rinde cuentas a los cabildos y a la asamblea de comuneros, la guerrilla se toma los municipios, destruye nuestras casas y da pretexto para que la fuerza pública invada las comunidades; nosotros, con la autoridad de nuestros bastones, desmontamos las trincheras de la policía del centro de Caldono, Toribío y Jambaló para que su presencia no afecte a la población civil, mientras la guerrilla deja minas antipersona y no tiene ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra; mientras nosotros sin ningún temor le hacemos juicio político a los militares que han asesinado a comuneros indígenas, ellos secuestran a miembros de nuestras comunidades para ajusticiarlos por supuestos delitos, como si no hubiéramos dado prueba de tener mejor capacidad de aplicar justicia comunitaria que ninguna otra institución. Es como si estuvieran en contra del poder popular y del gobierno directo de los comuneros indígenas; pareciera que están por la toma del poder que los sectores populares y los indígenas hemos construido con mucho esfuerzo, y hubieran renunciado a tomarse el poder que tienen los ricos”.

Por todo lo anterior, concluyen en la Declaración de Jambaló:

“Apoyamos todo esfuerzo hacia un proceso de paz que se dé en el territorio nacional, siempre y cuando sea una paz dialogada, concertada con la población civil y con soluciones prácticas a los problemas a corto, mediano y largo plazo. No aceptamos la intervención de ningún actor armado o externo en nuestra vida, en nuestro ejercicio de gobierno propio y libre determinación, o la aplicación de justicia; exigimos a unos y otros, que respeten el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, a que no nos involucren en actividades militares, a que no nos ataquen a mansalva”.

Si todos tuviéramos la coherencia que han demostrado los indígenas al no separar la palabra de la acción, entonces nuestro poder civil haría posible la paz, porque los violentos no tendrían otra opción que deponer sus armas y aceptar los argumentos de la vida, la justicia y la dignidad que hoy encarnan los pobladores de Toribio y el norte del Cauca.

Por eso deberíamos empezar a reconocer que Toribio somos todos y construir juntos, en una Minga nacional, una paz telúrica y ciudadana, sin vencedores ni vencidos, donde la reconciliación sea posible en torno a la memoria, la verdad y la dignidad de todas las víctimas junto al cuidado y el respeto de nuestra “Madre Tierra”.

DE-LIBERACIÓN

(http//calicantopinionblogspot.com)

Colombia sin Paz, ni Justicia: Punto cero de la política nacional.

(Junio 30 de 2012)

Hernando Llano Ángel.

El Congreso, un quirófano mortal

Después de casi 21 años de promulgada la Carta del 91, vuelven a invocarse la paz y la justicia como fundamentos para cambios de fondo en su articulado, completando así cerca de 36 reformas. En tan breve existencia, esta joven Constitución luce más cirugías estéticas que una nueva amante de un gran capo, con el agravante de que las dos últimas practicadas en el quirófano del Congreso en nombre de la paz y la justicia --por iniciativa de Santos y con el impredecible bisturí del médico Roy Barreras y la cómplice asistencia del ex ministro Juan Carlos Esguerra, respectivamente— la han dejado completamente desfigurada. En realidad, son mucho más que dos cirugías estéticas, pues afectan vitalmente el espíritu de la Constitución del 91 y terminan cambiando su identidad, invocando paradójicamente los valores de la paz y la justicia que la inspiraron. Al contrario de lo sucedido en la coyuntura constituyente del 89 al 91, catalizada por los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro --cometidos por la triple alianza del narcotráfico y la política con sectores de inteligencia militar aún en la impunidad-- en esta ocasión la paz y la justicia no convocan el consenso nacional sino más bien la indignación ciudadana e incluso la ruptura de la Unidad Nacional, pues el mismo Uribe es un opositor acérrimo del marco legal para la paz y pretende aprovechar la actual coyuntura de confusión para pescar en rio revuelto, agitando la penumbrosa idea de una Asamblea Nacional Constituyente.

Santos, un funámbulo y sonámbulo del poder

Sin duda, el gobierno de Santos con sus ocho actos legislativos aprobados en estos dos primeros años, está a punto de pasar a la historia no como el portero de la paz sino más bien como el partero de un nuevo orden constitucional y político cuyas más claras señales de identidad son la transacción de los valores democráticos y la consagración de la impunidad política. Dicha transacción, elevada a máxima de comportamiento político presidencial, sin más límites que la ampliación de apoyos a su difusa y demagógica fórmula de la “prosperidad democrática”, lo ha llevado a convertirse en un funámbulo y sonámbulo del poder. El más catastrófico resultado ha sido la actual reforma a la justicia, eludiendo a última hora su paternidad política en la gestación de tan repudiable criatura, como un típico “macho semental” de actos legislativos espurios. Para ello acude a los falsos argumentos de la prevalencia de la “justicia, el Estado de derecho y la democracia”, cuando fueron precisamente esos valores los que transó en el Congreso y con la mayoría de magistrados de las altas Cortes, salvo valiosas y contadas excepciones.

Por último, para salvar su pellejo en tan sinuoso tránsito por la cuerda floja de la negociación y la transacción sin principios, lanzó a su ex ministro de justicia Juan Carlos Esguerra al vacío, mientras movía a la izquierda y la derecha el balancín de los grandes valores para evitar su propia caída libre en el precipicio del desprestigio y el repudio de la opinión pública. En este azaroso pasaje, ha asegurado su maniobrabilidad política ayudado por el eco “patriótico” de la mayoría de la gran prensa, sus eminentes y grises asesores jurídicos, que le redactaron brillantes discursos que pronunció como un sonámbulo, al punto que él mismo se sorprendió ante el horror de la monstruosa criatura que contribuyó a engendrar.

Un régimen de impunidad política y criminalidad constitucionalizada

Pero en medio de semejante espectáculo circense del poder, todos sus protagonistas empezaron a quedar desnudos y exhibieron sus más grotescos valores, intereses, falencias e imposturas, revelándonos su verdadera identidad: traficantes del interés público y mercaderes de la voluntad ciudadana, salvo contadas excepciones. Aunque los reflectores de los medios se centraron al comienzo en los miembros de la Comisión Conciliadora, las sesiones extraordinarias citadas por Santos arrojaron luz sobre la responsabilidad compartida del Gobierno en el engendro de la Reforma. Por eso no deja de ser patética y reveladora su última intervención televisiva –teniendo una fotografía del Congreso como telón de fondo-- convocando erráticamente a los Congresistas a sesiones extras, sin tener competencia constitucional para ello, pues los actos legislativos no son susceptibles de objeciones presidenciales.

Pero poco importa arrogarse semejante potestad, con tal de salvar la estabilidad institucional, que al igual que la Constitución, el llamado marco legal para la paz o la repudiada reforma a la justicia, son simples coartadas para afianzar el régimen político actual, cuya esencia es la simbiosis entre la política y el crimen. Una esencia que incluso estuvo presente en la misma concepción y nacimiento de la Carta del 91 con la exigencia de Pablo Escobar –no por casualidad ahora protagonista de “ficción”-- del artículo 35, prohibiendo la extradición de colombianos por nacimiento. Desde entonces para acá a lo que hemos venido asistiendo es a la progresiva y difusa constitucionalización del crimen y la ilegalidad, cuya más lograda expresión fue la reforma del “articulito” que permitió la reelección presidencial inmediata de Álvaro Uribe, no tanto a través del cohecho por el que han sido condenados Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, sino sobre todo porque la mayoría que aprobó dicho Acto Legislativo fue la expresión de la voluntad de numerosos congresistas condenados posteriormente por concierto para delinquir agravado, en tanto se demostró que fueron electos con espurias y criminales alianzas (Pactos de Ralito, Chivolo etcétera) selladas con grupos paramilitares. No por casualidad el ex presidente Uribe, a propósito de esta crisis, lanzó el siguiente twitter: “Qué se puede pensar de un Presidente como Santos que impulsa una reforma, presiona su aprobación y enseguida, con toda la mala condición, dice que no se puede permitir la excarcelación de ex funcionarios de Ais y Chuzadas?”.

Locomotoras de impunidad, complicidad e indolencia

En fin, se ha reafirmado una vez más la lucidez de García Márquez, cuando en su célebre texto “Por un país al alcance de los niños”, sentenció: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Es ni más ni menos lo que ha sucedido con la repudiada reforma a la justicia. Desde el presidente Santos que la promovió hasta los congresistas que la aprobaron, burlaron la Constitución sin violarla y lo que es más grave la violaron sin castigo, pues ya quedó superada la crisis, volvió la normalidad institucional y el régimen avanza como una locomotora incontenible y a toda marcha alimentada por el combustible de la complicidad, que todo lo transa, la irresponsabilidad, que todo lo excusa, y la incompetencia e impunidad que le sirven de carrilera.

¿Habrá forma de detenerla o se descarrilará con mortales e impredecibles consecuencias? Quizá la única forma de evitarlo sea reconociendo que “nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan”, como advierte el Nobel. Y esas causas se encuentran en las raíces que alimenta generosamente la supervivencia del régimen actual, la Constitución y la ley como coartadas perfectas del crimen y la suplantación del poder ciudadano por una tupida red de clientelismo, corporativismo y complicidades de poderes de facto, siendo el narcotráfico una fuente inagotable para renovar en cada elección los conductores de las locomotoras de la impunidad y la complicidad, frente a la indolencia y a veces ingenuidad de una ciudadanía que cree que basta con votar y después revocar o derogar y no se compromete con transformar de raíz el régimen existente, forjando organizaciones y liderazgos auténticamente democráticos, sin compromisos ocultos con ningún tipo de criminalidad. Por todo lo anterior, estamos en el punto cero de la política nacional.

El drama de Sigifredo López: ¿realidad política o ficción judicial?

Una extraña inquisición judicial–mediática anda suelta por Colombia, linchando primero y declarando realidad lo que puede ser solo fruto de una fiscalía esquizoide e irresponsable. Las sospechosas fugas de información y de pruebas aparentes aumentan más aún la desconfianza que despierta el poder judicial. Entre Borges y Kafka.

Hernando Llano *

Peor que el secuestro

Si no fuera porque Sigifredo López se encuentra privado de la libertad y la Fiscalía anuncia que muy probablemente se tomará el plazo de veinte días fijados en el procedimiento penal para definir su situación jurídica, uno pensaría que se trata de un relato escrito a cuatro manos entre Borges y Kafka, donde a la ingeniosa ficción del argentino se agrega la verosimilitud de las pesadillas judiciales legadas por Kafka.

Pero Sigifredo no es un personaje de ficción, sino más bien una doble víctima del terror de las FARC y de la inquisición judicial–mediática. Su drama personal y familiar nos demuestra que ninguna ficción es más inverosímil o terrible que nuestra propia realidad político–judicial. Con toda razón, su esposa Patricia ha dicho: “Esto es peor que el mismo secuestro”.

¿Realidad fáctica o judicial?

Sobre todo, cuando se pone en cuestión la realidad fáctica y empieza a ser suplantada por una realidad judicial construida a base de pruebas e informes técnicos que, como los mismos peritos reconocen, están lejos de constituir una certeza, es decir una auténtica realidad.

Pero como si lo anterior fuera poco, la misma ley 600 del 2000 en su artículo 314 asigna apenas un valor relativo a tales informes de la Policía Judicial: “solo podrán servir como criterios orientadores de la investigación” (énfasis añadido).

Sin embargo lo anterior nada significa frente al impacto emocional que dichas imágenes e informes causan en el público receptor, proyectadas hasta la saciedad en telenoticieros, periódicos y emisoras: un auténtico linchamiento mediático.

Asistimos así a la progresiva e inevitable pérdida del sentido de la realidad y de los hechos. Entonces la imagen tenue de un perfil entre sombras reemplaza la identidad del ex diputado sobreviviente, fácilmente condenado por el espectador indolente y rencoroso que cree más en la fatalidad irrebatible de la muerte de sus once colegas, que en el azar milagroso de la vida de Sigifredo, convertido en cómplice necesario de las FARC.

Víctima y victimario

Tal es la dimensión de su infierno personal, pues de un momento a otro a su condición de víctima se suma la de victimario, sin que pueda demostrar su verdad, a pesar de la evidencia irrebatible que resaltó en su indagatoria, al señalar: “Por eso me golpea tanto o más que el secuestro que hoy se me relacione con esos asesinos, con mis propios torturadores, ¿en qué cabeza cabe eso, por Dios? No puede ser que un ser humano se haga autosecuestrar y se someta a vivir durante siete años a las humillaciones, el riesgo de morir todos los días, a vivir encadenado, tratado peor que un animal, sin la posibilidad de ver crecer a mis hijos, de recibir un abrazo o una caricia de mi mujer, la bendición de mi mamá”.

De alguna manera lo más grave y desconcertante no es la inverosímil y terrorífica situación personal que vive Sigifredo, cuya imagen pública y también identidad personal es la de aparecer hoy simultáneamente como víctima y victimario, sino más bien la frágil y maleable consistencia de la realidad de nuestro conflicto. Un conflicto que toma las formas, dimensiones y nombres que sean capaces de imprimirle públicamente sus protagonistas políticos, judiciales e irregulares en pugna, de acuerdo con sus recursos, acciones y estrategias para persuadir o imponer sus puntos de vista.

¿Cuál realidad?

Entonces la realidad termina siendo un producto de la eficacia de aquellos que la nombran o denominan de tal o cual manera, hasta que la tozudez irrebatible de los hechos y las pruebas de vida y libertad — en el caso de Sigifredo — o la muerte irreversible e invencible les demuestra y nos demuestra lo contrario.

Nada de lo que está sucediendo con Sigifredo debería sorprendernos si recordamos que durante ocho años vivimos en un país imaginario, sin conflicto armado interno, bajo la protectora, benéfica e inexpugnable “seguridad democrática”, que nos habría dejado una patria bucólica y en paz, de haber contado su líder con otros cuatro o quizá ocho años más al mando de la misma, según afirman sus promotores e incondicionales seguidores.

Por eso hoy, irónicamente, el exministro Fernando Londoño Hoyos, víctima de los efectos letales y terroríficos de una “bomba lapa”, le aconseja al presidente Santos que debe “tener un gesto republicano y admitir la realidad. No puede seguir con el síndrome de negación de la realidad”, justamente aquella que durante ocho años fue negada y desconocida por quien hoy considera que debe “seguir opinando, obrando, reuniendo a la gente del país y conformando un bloque de opinión que conduzca a la toma del poder en unas próximas elecciones. Eso no es una sorpresa”.

En efecto, esa es la esencia de la realidad política, siempre cambiante y dinámica. Y una clave para comprender nuestra intrincada, violenta e incierta realidad política, se puede encontrar en el célebre ensayo de Arendt sobre “La mentira en política”, cuando señala: “La deliberada negación de la verdad fáctica — la capacidad de mentir — y la capacidad de cambiar los hechos — la capacidad de actuar ¬¬— se hallan interconectadas. Siendo la acción la verdadera materia prima de la política” .

¿Política y legalidad o política y criminalidad?

Sin duda, esa es la realidad política que vivimos y nos constituye, dentro de la cual la realidad judicial define nada menos quiénes pueden o no estar en libertad y ser protagonistas de la vida política, como bien lo sabe Londoño mismo, que se encuentra inhabilitado por graves faltas y delitos contra la administración pública.

Por eso, cada día más, las disputas judiciales son políticas, no porque se haya politizado la justicia, sino más bien porque la política se ha criminalizado, y pocos saben tanto de esto como Londoño, Uribe y Luis Carlos Restrepo, que por lo general impugnan las decisiones judiciales.

También por la misma razón, hoy Sigifredo se debate entre seguir en la realidad política, de la cual ha sido una “víctima afortunada”, pues sobrevivió al infame secuestro de las FARC, o convertirse en un “victimario judicial”, según sea el dictamen pericial del organismo o agencia internacional sobre la identidad de quién aparece y habla en el video filmado por sus victimarios.

Y no es irrelevante que la suerte de Sigifredo dependa en gran parte del dictamen de un organismo externo, distante y ajeno a nuestra realidad política-judicial, en tanto asegura un mayor grado de imparcialidad técnica y valorativa.

Con razón Fabiola Perdomo, viuda del exdiputado Juan Carlos Narváez y Presidente de la Asamblea del Valle cuando fue secuestrado, en declaraciones a RCN, señaló que “lo que está en riesgo es la justicia y la verdad” y la “prioridad es conocer la verdad, la única forma de cerrar este capítulo de dolor”, concluyendo que “ella no se deja envenenar, cuando uno mantiene el corazón limpio”…

Porque “los hechos precisan de un testimonio para ser recordados y testigos fiables que los prueben para encontrar un lugar seguro en el terreno de los asuntos humanos”, como sabiamente advierte Arendt en el ensayo citado.

DE-LIBERACIÓN

(Febrero 28 de 2012)

http://calicantopinion.blogspot.com

UN PSIQUIATRA EN BUSCA DE ASILO

Hernando Llano Ángel.

La parábola de Luis Carlos Restrepo es también la paradoja de la “Seguridad democrática”. La de una política que en su obsesión por negar la existencia del conflicto armado, terminó armando una compañía de utilería de las FARC, bautizada Cacica La Gaitana, para demostrar que la ley 975 --eufemísticamente llamada de Justicia y Paz--¬ no había sido diseñada exclusivamente para los grupos paramilitares. Así las cosas, irónicamente, hoy el ex alto comisionado de paz se encuentra huyendo de la justicia, no por las numerosas irregularidades que se cometieron en el tinglado de Santa Fe de Ralito, sino por la burda puesta en escena, con aeronave incorporada en el decorado, de una truculenta desmovilización de supuestos guerrilleros de las FARC. No podía ser mayor la paradoja de nuestra justicia: ante su incapacidad de investigar y juzgar a los criminales de guerra y de lesa humanidad, concentra su máxima atención en quien contribuyó a desmovilizarlos, así fuera utilizando falsos juegos de roles, tan útiles en la psicología como peligrosos en la guerra. Por eso hoy es casi imposible discernir en dicha “desmovilización” en dónde termina la realidad y comienza la invención, cuándo sus actores dicen la verdad o mienten y, lo que es más grave y difícil, establecer la autenticidad, inocencia o culpabilidad de todos los implicados. Ello es así, porque tal desmovilización supera con creces el ámbito de lo judicial y fue, antes que otra cosa, una deliberada apuesta política y en tal sentido una invención de la realidad. Lo que ella pone en cuestión es la misma existencia de lo que se investiga y juzga.

La Cuestión es la Realidad o ¿Lo que dice Luis Carlos Restrepo?

Que no gratuitamente es de lo que trata la psiquiatría, para determinar la salud o enfermedad mental de un paciente. ¿Hasta qué punto dicho paciente reconoce la realidad social y política que comparte con sus semejantes o la confunde con el mundo ilusorio o patológico de sus obsesiones? Por el último comunicado de Luis Carlos Restrepo, donde se autoproclama perseguido político y denomina a la Fiscalía empresa criminal, parece que el asunto es grave. De vida o muerte, pues el mismo Restrepo afirma que si viene a Colombia lo matan. Lamentablemente no da pistas de a quienes teme, ahora que abundan las venganzas criminales. Seguramente por ello está en busca de asilo, no propiamente hospitalario, sino político. El Estado que se lo conceda, reconocerá entonces que Restrepo goza de plena salud mental y que las autoridades judiciales y el mismo Estado colombiano están locos, pues lo persiguen con saña. Empezando por Juan Manuel Santos, que preside el país de la mentira, según el diagnóstico del psiquiatra. La pregunta es, entonces, ¿Cuál es la realidad en que vivimos? ¿La que define Luis Carlos Restrepo o la que todos compartimos con estupor y sorpresa?

Lo que está en cuestión es la misma realidad política y judicial en que vivimos los colombianos, puesta en duda por el psiquiatra y filósofo Luis Carlos Restrepo, otrora líder de la insurgencia civil y la ternura democrática, junto a la inteligencia superior de Álvaro Uribe Vélez y la menor pero eficaz de José Obdulio Gaviria. Por eso mismo, el asunto es mucho más trascendental que la inocencia o culpabilidad de Restrepo, pues se trata nada menos de saber en qué realidad vivimos y quiénes somos los enajenados.

La realidad política es el juicio ciudadano

La verdadera cuestión no es saber si nos engañaron con la desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana o si la Fiscalía nos pretende engañar ahora. Si Olivo Saldaña era o no guerrillero de las FARC, si miente o dice la verdad, o cuántos de los desmovilizados eran guerrilleros feroces o pordioseros famélicos. No. La auténtica cuestión es saber cuál es la realidad y la verdad política. Y ello no depende de una sentencia judicial sino del juicio ciudadano. Porque no podemos seguir pensando que nuestra realidad se define en los estrados judiciales y no en nuestras mentes, decisiones y acciones. De continuar en el extravío de confundir la responsabilidad política con la culpabilidad penal, la Fiscalía corre el riesgo inminente de someter a un juicio implacable a quien desmovilizó a criminales de guerra y de lesa humanidad, cuya mayoría no ha podido juzgar por congestión o incompetencia institucional, y en su lugar condenar a quien participó como Alto Comisionado de Paz por delegación y en representación de Uribe en un macabro juego de rol del cual ahora no puede evadirse.

La locura está en la impunidad política

Criminales que fueron extraditados por Álvaro Uribe Vélez, para ser condenados como narcotraficantes en Estados Unidos, ocultando así la verdad que todavía nos debe a todos los colombianos, pero especialmente a las víctimas, sobre la identidad de sus cómplices en el poder político y económico, quienes al comienzo justificaron su empresa criminal, promoviendo las “Convivir” y después disfrazándolos de sediciosos por su lucha contrainsurgente, como fue originalmente aprobada la ley 975 de 2005, bajo la égida de la “seguridad democrática”. Allí es donde se encuentra el origen de toda esta locura, en la impunidad política más que en la judicial. En considerar que es más grave narcotraficar que masacrar, despedazar y desaparecer a miles de compatriotas, porque “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Sin duda, la “desmovilización” de la compañía Cacica La Gaitana es apenas un acto, quizá el más grotesco, de una obra mayor llamada “Seguridad democrática”, que hoy se revela como una tragedia, pues está llevando a sus protagonistas de la gloria celestial de gobernar al purgatorio de ser juzgados por sus conciudadanos y eventualmente condenados en el infierno histórico de la ignominia. Entre tanto, un gran número de sus actores de reparto y utileros, que contribuyeron a levantar ese portentoso escenario de odio y crueldad que tan bien oculta la realidad, hoy padecen la frialdad del exilio y la soledad de los calabozos.