Más civiles rescatistas y menos héroes militares
Hernando Llano Ángel.
Los gobernantes como Donal Trump
y Abelardo de la Espriella que viven dando discursos apologéticos a los
militares, a quienes llaman respectivamente “salvadores de MAGA” y “héroes de
la Patria Milagro”, los halagan con su firme saludo militar, deberían
acompañarlos de vez en cuando al campo de batalla y demostrar así su valentía. Ambos
podrían demostrarnos que son algo más que tigres de papel. Lamentablemente
ninguno de los dos prestó servicio militar a su amada Patria y no sabrían cómo
combatir y defenderla. Además, el Tigre
se precia de su civilidad y legalidad que le demandan hoy tareas más complejas,
como las finanzas públicas, atender las visitas de altos dignatarios de otros
Estados, las relaciones internacionales y las calamidades domésticas que exigen
su presencia ubicua en toda Colombia cada minuto. Por todo ello, delega en los
profesionales de la violencia, los militares, esa labor heroica e ingrata de combatir
feroces y desalmados enemigos, que amenazan con desintegrar la nación y como
presidente lamenta solo poder acompañarlos cuando exhiben esos cuerpos de
apátridas sin vida, felicitándolos por la labor cumplida y estimulándolos con
su grito de “Viva Cristo Rey” a elevar el número de bajas para bien de la
“Patria Milagro”.
El oficio de “Neutralizar”
Por eso confía a la Fuerza
Pública esa misión heroica de combatir, disparar y matar, que en lenguaje
oficial y de los noticieros hoy llaman neutralizar. Neutralizar es un eufemismo
más apropiado, pues permite reconciliar --vaya ironía más letal-- a los
pacifistas neutrales que exigen el fin de conflicto armado con los beligerantes
belicistas situados en su vórtice, que desde hace más de medio siglo están a un
tiro de ponerle fin. Mientras tanto, los civilistas gobernantes, como De la
Espriella y su más admirado antecesor, Álvaro Uribe Vélez, se resguardan en un
sofisticado entramado de normas e incisos para quedar a salvo de toda
responsabilidad por sus órdenes mortales. Una vez estas son impartidas y
cumplidas por los Generales y la alta oficialidad, los presidentes quedan
exentos de toda responsabilidad. Los malos del paseo, entonces, resultan ser
los militares, pero sobre todo los subalternos que dispararon y se excedieron
en el cumplimiento de sus funciones. Es una tradición que viene desde la más rancia
civilidad, como bien lo expresó Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria en
1958 ante la oficialidad de las Fuerzas Militares, ad portas de ser el primer
presidente del Frente Nacional: “Es muy
peligroso que se desobedezca una orden, que, por insensata que parezca, ejecutada por cien o mil hombres con rigurosa
disciplina puede conducir a la victoria o minimizar el desastre… La preparación
militar requiere, pues, que el que dé
las órdenes haya aprendido a darlas sin vacilar, y tenga, hasta donde es
posible, todo previsto, y que el que las
recibe las ejecute sin dudas ni controversias”.
El Palacio del Horror, no del Honor Militar.
Quizá esta tradición de
obediencia ciega, poco civilista y menos democrática, explique acontecimientos
tan brutales y criminales como los del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre
de 1985. Una tradición de la que también participaron quienes portaban
uniformes en las filas de la insurgencia, pues no de otra forma se puede
comprender un asalto tan delirante y terrorífico como el ejecutado por el M-19,
con un desenlace todavía más cruento y letal, precipitado por quienes
constitucional y legalmente deberían haber actuado cumpliendo principios,
normas y límites fijados por la Constitución y el Derecho Internacional
Humanitario, que aprendieron en su formación en las academias militares. En
ambos bandos, tanto el estatal, precedido por Belisario Betancur, como
comandante de las Fuerzas Armadas y la contraparte insurgente del M-19, bajo el
mando de Alfonso Jacquin, no hubo rastro de honor militar, pues fueron
responsables del asesinato de cerca de 100 civiles inermes y la desaparición de
al menos una docena. Es peor aún que 31 años después continúe imponiéndose un
relato de heroísmo por cada parte, en lugar de reconocer sin ambages los
horrores cometidos. Ello está presente en la memoria colectiva que se divide
entre los defensores a ultranza de los guerrilleros asaltantes por su osadía y,
de otra parte, la valentía de los militares que los derrotaron y aniquilaron,
así fuera con tiros de gracia y desapariciones, como la de Irma Franco Pineda.
Lo más deplorable de esta memoria belicista, es que hoy continúa viva, como se
aprecia en el paseo presidencial del Tigre en medio de cadáveres de “narcoterroristas
neutralizados” y su grito triunfal de “Firmes por la Patria” y “Viva Cristo
Rey”. A esto se añaden ingredientes todavía más radicales e incontrolables como
la fe y el patriotismo para la prolongación y degradación del conflicto armado,
a los que se suman la inestimable ayuda de Maga, el Escudo de las Américas y la
inteligencia de agencias y asesores del Estado israelí.
¿Un orden terrorista?
Por eso no solo es absurda e
indignante la orden del presidente De la Espriella para que la Cancillería y la
Embajada de Colombia asuman la defensa del coronel retirado Alfonso Plazas Vega
en los Estados Unidos, ante hechos tan criminales, vergonzosos y dolorosos como
la salida con vida del Palacio de Justicia del magistrado auxiliar del Consejo
de Estado, Carlos Horacio Uran. Salida de la cual hay registro fílmico y más de
un testimonio de periodistas que lo conocían y lo vieron caminando herido,
apoyado en soldados, para luego ser encontrado su cuerpo sin vida y con signos
de tortura en el interior del Palacio de Justicia. Una orden presidencial,
justificada además con el pretexto de defender a “un héroe de la Patria”,
lo que apenas es comparable con que se hubiera tolerado nacionalmente que, por
iniciativa del presidente Petro, se realizará un homenaje de desagravio al M-19
por su acción terrorista, en aras de la reconciliación nacional. No se puede
llegar a semejantes extremos de cinismo y negación de la realidad, cuando ya el
Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
como responsable de dichos crímenes. Negarlo es volver a validar la absurda
explicación del entonces coronel en ejercicio, Plazas Vega, al decir “que
estaba manteniendo la democracia” y la independencia de las ramas del
poder público, mientras el Palacio de Justicia ardía y la cúpula del Poder
Judicial estaba siendo decapitada. De llevarse a cabo esa defensa en nombre del
Estado, podría significar, ni más ni menos, la continuidad y repetición de
hechos semejantes, arguyendo de nuevo la defensa del Estado de derecho y la
democracia, pero en la práctica afianzando un orden de terror oficial y de
impunidad absoluta.
¿De la “Patria Milagro” al Oeste salvaje?
En tal caso, no cabría hablar de
“Patria Milagro” sino más bien de un “Oeste Salvaje” por la exaltación de
héroes que no honraron sus uniformes, ya que los mancillaron con crímenes
inexcusables, como sucedió con miles de falsos positivos y las desapariciones
del Palacio de Justicia, respaldados por inmunes e impunes presidentes que
ostentan sin mérito el calificativo de civilistas y demócratas. Todo ello, hay
que reconocerlo, gracias a los votos y el respaldo de millones de “ciudadanos
de bien”, la impostura y complicidad de una tramoya de gremios empresariales e
incluso la inteligencia de destacados ensayistas y académicos que ponderan la
supuesta tradición civilista y democrática de la Fuerza Pública y del Ejecutivo,
como lo hizo Eduardo Pizarro en reciente entrevista con Patricia Lara para le
revista CAMBIO. Por eso, para impedir que ello siga sucediendo, necesitamos más
ciudadanos comprometidos con el rescate de la democracia y la civilidad y menos
“héroes militares” condenados a morir y matar en una guerra interminable como
la emprendida contra las drogas, prolongada y dinamizada por millones de
consumidores y adictos en todo el mundo. Requerimos más inteligencia civil y
menos brutalidad militar. Más autonomía y soberanía nacional, en lugar de
dependencia y sumisión a mandatarios de Estados genocidas, como el
estadounidense y el israelí.
Más civiles rescatistas sin armas
Especialmente, precisamos de esos
miles de ciudadanos que respondieron al devastador terremoto en forma
solidaria, con acciones valerosas, esas sí heroicas, sin más armas que sus
manos y su arrojo para salvar ciento de vidas de los escombros. Sería algo
demasiado lamentable que, por miedo o peor aún en nombre de prejuicios,
fanatismos políticos o religiosos, la defensa de sus intereses económicos o incluso
en nombre de Cristo Rey, muchos de esos héroes civiles anónimos crean ahora que
su seguridad dependerá de tener un arma de fuego y corran a comprarla al
flexibilizarse su porte y eventualmente procedan a “neutralizar”, con la mejor
buena conciencia y en nombre de su “legítima defensa”, a quienes consideren sus
agresores o posibles enemigos. Valdría la pena que mejor comprarán el libro Un
país bañado en sangre de Paul Auster en el que nos informa, en la
página 170, que “millón y medio de
norteamericanos han perdido la vida a balazos desde 1968: más muertes que la
suma total de todas las muertes sufridas en guerra por este país desde que se
disparó el primer tiro de la Revolución Norteamericana”, precisamente por la facilidad con que compran,
portan y disparan sus armas muchos ciudadanos de bien y sus jóvenes hijos.
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