CALICANTO: LA NATURALEZA SILENCIA EL PALACIO

“La naturaleza silencia el escándalo”

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https://elpais.com/america-colombia/2025-11-17/la-naturaleza-silencia-el-escandalo-del-palacio.html

Hernando Llano Ángel.

Así comienza el magnífico documental “¡Colombia Vive!: 25 años de resistencia”[i], describiendo la avalancha del volcán nevado del Ruiz que arrasó el 13 de noviembre de 1985 a Armero. Dicha expresión hace alusión a las cenizas del volcán que sepultaron el escándalo del Palacio de Justicia. En el minuto 57:37 del documental aparece el entonces presidente, Belisario Betancur, en Armero, con su rostro amargado, pronunciando las siguientes palabras: “Estamos siendo visitados, una vez y otra vez y otra vez por la tragedia, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, vamos a salir adelante”. No deja de ser sorprendente que un hombre de su cultura, cuyo libro de cabecera era “Memorias de Adriano” de Marguerite Yourcenar, haya recurrido a la tragedia para referirse a los hechos del Palacio de Justicia y de Armero. Puesto que, en la tragedia, según las obras teatrales de la antigua Grecia, “sus protagonistas se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable, a causa de un error fatal o condición de carácter (la llamada hamartia) contra un destino fatal ‘[fatum]', hado o sino de los dioses”[ii]. En otras palabras, sus protagonistas, ya sean víctimas o victimarios, nada pueden hacer contra ese destino fatal. Y es claro que, tanto en el Palacio de Justicia, como en la catástrofe de Armero, sucedió todo lo contrario. Ambas “tragedias” podían haberse evitado e impedir su desenlace como un destino fatal para toda la sociedad colombiana, pero especialmente para sus miles de víctimas fatales inocentes, cuyo número preciso difícilmente conoceremos en ambos casos.

No fueron Tragedias

Ambas “tragedias” fueron públicamente anunciadas y conocidas, pero los responsables de evitarlas no hicieron nada, sino que incluso las propiciaron. En el Palacio de Justicia, como lo reconoció la Comisión de la Verdad del 2005, según nos los recuerda Helena Uran en su valiente y lúcido libro “Deshacer los nudos” en la página 72, ya se tenía conocimiento del asalto al Palacio por parte del M-19. Así aparece en la página 100 del citado informe de dicha Comisión:

“El 16 de octubre de 1985, el coronel Peña Herrera, jefe de la DINTE Ejército, envió la circular CK40, en la cual reportó información procedente del Comando General de las Fuerzas Militares relacionada con la posible toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. El 17 de octubre de 1985. Dicho documento fue remitido al día siguiente por el coronel Sadovnik Sánchez, comandante (e) de la Brigada XIII del Ejército, a la Policía de Bogotá y DAS”.

No hay lugar, pues, para decir que hubo un error fatal, como en las tragedias, de parte de la inteligencia del ejército, pues ésta conoció e informó oportunamente sobre dicha acción criminal, pero no se evitó el asalto del M-19. No era, pues, un “destino fatal” dicho asalto, ya que debió ser institucionalmente evitado. De allí que aparezca demasiado extraño que se levantarán las medidas de seguridad y la vigilancia policial que entonces tenía el Palacio. Más bien se podría deducir que la “condición de carácter” del ejército, humillado por el M-19 con acciones como el robo de miles de armas del Cantón Norte y del fallido atentado contra el general Rafael Samudio el 23 de octubre de 2005[iii], facilitó esa toma para ajustar cuentas contra tan desafiante y osado enemigo. De allí la hipótesis de que se trató de una ratonera mortal contra el M-19.

¿De cuál retoma se habla?

Y por la forma como desarrolló la Fuerza Pública su contraofensiva de tierra arrasada en el operativo del Palacio, desconociendo brutalmente los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario (DIH): principio de humanidad y distinción entre combatientes y civiles; principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza y de precaución en el caso de los daños causados y las víctimas propiciadas, queda plenamente establecida su responsabilidad en cientos de víctimas mortales y el número indeterminado de desaparecidos, como consecuencia de su brutal accionar militar sin límite alguno, más allá del aniquilamiento del comando del M-19. Por eso no cabe hablar de retoma del Palacio, sino de su arrasadora desaparición e incineración, tampoco del “manteniendo la democracia, maestro”, según la “valiente” expresión del entonces coronel Plaza Vega, cuando la rama ejecutiva con su brazo armado cercenaba brutalmente la rama judicial y propiciaba la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado por ese despliegue de fuerza letal excesiva, imprudente, desproporcionada y sin precaución.

¿Cuáles Derechos del Hombre?

Mucho menos, el operativo delirante y terrorista del M-19 al asaltar el Palacio bajo la proclama de “Operación Antonio Nariño por los derechos del Hombre”, puede catalogarse como una acción heroica y genial, pues también desconoció criminalmente los citados principios del DIH. Lo que nos revela esa acción y su letal desenlace, como la imposibilidad de que sus protagonistas, 40 años después, junto a todo el establecimiento político, sean incapaces de asumir sus responsabilidades históricas, es que desde entonces y mucho antes, vivimos bajo la simbiosis de la política con el crimen y la violencia contra civiles inermes, consolidada con impunidad casi total para los protagonistas institucionales y con amnistías e indultos para sus antagonistas insurgentes e ilegales. Lo anterior es incompatible con la democracia, que cínicamente todos sus beneficiarios proclaman y dicen defender, más allá de los uniformes que porten y partidos que representen, haciendo de las elecciones su coartada perfecta. Por eso resulta tan difícil rendir con la verdad un tributo a todas las víctimas inocentes y todavía hoy, entre sus victimarios, predomina en sus conciencias el deber cumplido en defensa de esa tanática “democracia” o la apología al heroísmo de quienes la impugnan, sean ellos de las filas insurgentes, ayer del M-19 y hoy de otras organizaciones armadas, en las que ya es casi imposible separar la política de la ambición y el control de economías ilícitas. De allí que, en lugar de vivir en ese Estado Social y democrático de derecho del artículo primero de nuestra nominal Constitución, nos encontremos en esta especie de neofeudalismo político que fragmenta la Nación y confina a sus pobladores bajo el dominio de organizaciones criminales que se disputan a sangre y fuego el control del territorio y sus valiosos recursos naturales. En semejante paisaje de depredación de la naturaleza y degradación del conflicto armado interno no cabe hablar de “Paz Total” y lo que predomina es algo parecido a un caos total.

Igual aconteció en Armero

Algo similar sucedió con la avalancha y la desaparición de Armero con cerca o más de 25 mil víctimas mortales, pues era una catástrofe anunciada con anterioridad por estudios y advertencias de geólogos, que las autoridades civiles nunca se tomaron en serio. Al respecto, las revelaciones del meteorólogo Max Henríquez fueron tan premonitorias como los anuncios del asalto del M-19 al Palacio de Justicia, pero tampoco fueron escuchadas por las autoridades responsables y así nos los recuerda:

“Un día recibí la visita de dos geólogos de INGEOMINAS. Ellos vinieron a mi oficina y me dijeron: ‘Hombre, Max, necesitamos que nos ayudes, porque resulta que han venido científicos volcanólogos de todas partes del mundo y ellos nos dicen que el volcán está un... Está en etapa preeruptiva’. El entonces ministro de Minas, Iván Duque Escobar, padre del expresidente Iván Duque Márquez, se negó a adquirir los equipos necesarios para monitorear el volcán. “Ese ministro fue uno de los responsables de todo lo que pasó”, sostuvo en su relato”[iv].

Luego seguir llamando tragedias a las desapariciones y las víctimas mortales del Palacio de Justicia y de Armero no es solo una ligereza idiomática y una mediocridad de la mayoría de medios de comunicación, que han cubierto sensacionalista y melodramáticamente lo sucedido hace 40 años. Viene siendo una forma de encubrir la identidad de los principales responsables políticos y militares de lo acontecido. Desde la cúpula del poder ejecutivo que no cumplió con su deber principal de proteger la vida, bienes y honra cientos de rehenes, sacrificados por su desidia o el ánimo revanchista de los militares, como por los intereses estratégicos de perpetuarse en el Congreso de la mayoría de sus miembros y el falso espíritu de cuerpo de altos oficiales obsesionados en eliminar el M-19 y arrasar con los expedientes y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Magistrados que los investigaban y eventualmente los condenarían como responsables de graves violaciones a los derechos humanos en cumplimiento del nefasto Estatuto de Seguridad de Turbay, como el general Miguel Vega Uribe, entonces ministro de defensa de Belisario Betancur.

Así las cosas, el Palacio de Justicia fue un antecedente premonitorio y nefasto de posteriores políticas y estrategias que, recubiertas bajo eufemismos como la “seguridad democrática”, terminaron encubriendo el terrorismo de Estado de miles de ejecuciones extrajudiciales[v], o “falsos positivos”, al tenor del punto 33 del Manifiesto Democrático del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez que advertía: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Solo teniendo en cuenta ese hilo conductor podremos recobrar una memoria en defensa de la democracia, la vida y seguridad de todos y así evitar que en nuestro próximo futuro millones de colombianos terminen eligiendo a quienes más interesados están en desaparecerla, apelando de nuevo al miedo y la seguridad, utilizando mascotas como un tigre y la consigna patriotera de “Salvar a Colombia”. Parafraseando el mensaje central del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no Repetición, y modulándolo habría que decir: “Si hay verdades, habrá futuro”, en lugar de “Hay futuro si hay verdad”[vi], pues ésta en singular no existe cuando lo que está en disputa es la vida misma y su irreductible pluralidad. Ambas precisan de la memoria y la responsabilidad de todas y todos, empezando por la de los victimarios impunes, sean institucionales o insurgentes, que hasta hoy solo están interesados en negar su ominoso pasado para seguir controlando el presente y gobernando el futuro.