ES LA HORA DEL JUICIO CIUDADANO
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https://elpais.com/america-colombia/2025-10-27/es-la-hora-del-juicio-ciudadano.html
Hernando Llano Ángel.
Hemos escuchado dos sentencias del poder judicial
sobre el juicio contra el expresidente Uribe. Una condenatoria, proferida por
la jueza Sandra Heredia el pasado 28 de julio. Y la absolutoria del Tribunal
Superior de Bogotá, este 21 de octubre, según lectura del magistrado Manuel
Antonio Merchán con fundamento en que “ante la ausencia de prueba
directa o inferencia sólida, prevalece la presunción de inocencia”. Esa
puesta en escena del poder judicial por prolongadas horas, que tuvo a gran
parte del país en vilo escuchando los argumentos técnicos de los magistrados,
viene a corroborar el acierto de García Márquez al escribir en su “Proclama por
un País al alcance de los niños” que “en cada uno de nosotros cohabitan, de
la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos
del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de
mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin
castigo”[i]. De allí que la dramaturgia
judicial, hasta ahora en dos actos, no haya terminado y asistiremos a un tercer
acto ante el máximo tribunal, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), pues los abogados de las víctimas presentarán demanda de casación, que
será el cierre del telón de este prolongado litigio. Un cierre que seguramente
tardará años y devuelve la investigación a la instancia en donde tuvo origen,
la CSJ, la cual eludió el entonces senador Álvaro Uribe Vélez al renunciar a su
fuero de congresista. Que ironía y vueltas que da la vida, pues el Tribunal
desestimó pruebas valiosas aportadas por la CSJ, máxima instancia judicial,
como la interceptación legal de un número telefónico que reveló
circunstancialmente conversaciones sobre la comisión del delito de soborno a un
testigo, Juan Guillermo Monsalve, ilícito que a la postre terminó condenando al
abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena[ii], junto con otras pruebas e
inferencias sólidas. Pruebas y hechos que al parecer no tuvieron en cuenta para
nada dos magistrados del Tribunal, Manuel Merchán y Alexandra Ossa, más sí la
magistrada Leonor Oviedo, expresando en su salvamento de voto las razones en
derecho para hacerlo. En virtud de dicho salvamento podemos apreciar que
estamos frente a una sentencia absolutoria contraevidente, pues a partir de las
argucias de la razón probatoria de los dos magistrados citados, se desconocen
hechos probados en forma inobjetable, como la penumbrosa relación del
expresidente Uribe con el “aboganster” Diego Cadena, según su propia definición
como litigante.
Una sentencia judicial contraevidente
En otras palabras, el delito sí existió, pero una
de las pruebas legalmente decretada por la CSJ fue desestimada por los
magistrados del Tribunal Superior a partir de su valoración y con fundamento en
una especiosa jurisprudencia a favor del expresidente Uribe y los argumentos de
sus abogados. De esta forma “se burlan las leyes sin violarlas”
y, lo que es más importante, se “violan sin castigo”, como
magistralmente lo expresó nuestro nobel, quien afortunadamente desertó a tiempo
de la carrera de derecho en la Universidad Nacional, pues comprendió que de
nada vale el dominio de las leyes y sus incisos si con ello se niega la
realidad y la verdad. Esa distancia insalvable entre la verdad judicial y la
fáctica es lo que revela de cuerpo entero la sentencia absolutoria del
magistrado Manuel Merchán y la magistrada Alexandra Ossa en quienes prevaleció,
sin duda, esa alma de leguleyo que exhibieron sin pudor y mucha jurisprudencia
en la sentencia absolutoria. Por el contrario, la magistrada Leonor Oviedo con
su salvamento de voto reivindica el derecho y la ley como fundamentos de la
justicia. En efecto, consideró que estaba plenamente demostrado “que el abogado
Diego Cadena, en nombre de Álvaro Uribe, sostuvo reuniones con el exparamilitar
Vélez en la cárcel”. Además, que “el delito de soborno en la Picota se consumó
con actos orientados al alterar el testimonio. En el episodio de Neiva, también
me aparto de la postura de mis compañeros, y considero que se configuró el
delito. El material mostró la existencia de un plan estructurado para lograr la
retractación en las declaraciones en las que Monsalve vinculó a Uribe con la
creación de estructuras paramilitares. Lo acreditable en el proceso confirma
que no se trató de un acercamiento espontáneo sino una estrategia a cambio de
modificar su testimonio. El relato de Monsalve fue coherente y detallado”.
Por eso la genialidad de García Márquez estriba en
que nos demostró, con su portentosa imaginación, que la ficción está muchas
veces más cercana de la verdadera realidad que los relatos oficiales y
judiciales de la misma. Seguramente por ello es que su obra está siendo
censurada en los Estados Unidos y se restringe la lectura de “Cien años de
Soledad” a los jóvenes en los colegios, no vaya a ser que les aporte la
suspicacia e imaginación para que descubran quién los gobierna. Nada menos que
un exitoso empresario condenado por 34 cargos criminales, algo que supera
incluso el realismo mágico de García Márquez, pues así Trump con su rubicunda
soberbia y robusta humanidad, quedó revestido de inmunidad presidencial y total
impunidad. Es intocable pese a su culpabilidad. Va vestido de mandatario, pero
en derecho su traje debería ser el de un presidiario.
La importancia del Juicio Ciudadano
Pero estas paradojas y contradicciones entre los
fallos de la justicia y la impunidad de los gobernantes no son solo
responsabilidad de los jueces, sino sobre todo de los ciudadanos que los
eligen. La justicia no puede sustituir a la política y la responsabilidad
ciudadana. Es una especie de disonancia cognoscitiva y ética lo que lleva a
millones de ciudadanos a votar por candidatos con semejante identidad
cacocrática y delictiva, instalándolos en pedestales de impunidad, con tal de
que estos defiendan sus intereses, prejuicios, fanatismos ideológicos y hasta
religiosos, sin importar los medios que utilicen para ello. Desde las mentiras
hasta los crímenes, revestidos con las banderas del nacionalismo, como Trump lo
hace con MAGA o Netanyahu con el sionismo de ultraderecha. También la
aporofobia y la xenofobia, que exacerban el miedo a los pobres y los
extranjeros, como ya lo hace incluso el canciller alemán Friedrich Merz. De
esta forma, casi imperceptible, la democracia va degenerando en cacocracia,
pues millones de ciudadanos eligen a los más diestros en el manejo del miedo,
los prejuicios y el odio, a quienes prometen protección y seguridad con más
cárceles y mano fuerte, expulsión de migrantes y hasta la salvación nacional.
Así lo hace Milei con la motosierra como símbolo de sus políticas para cercenar
el Estado y los derechos sociales conquistados por los argentinos. En nuestros
predios, Abelardo de la Espriella apela con publicidad circense y militar a la
fiereza de un tigre para intimidar a sus adversarios y supuestamente salvar la
nación. Lo hace con máxima impostura quien ayer fuera defensor de Alex Saab, el
cómplice de Maduro en la defraudación y saqueo de Venezuela, y hoy se nos
presenta como el futuro “Salvador de Colombia”. De lograrlo, sería un caso
espeluznante de “fraude presidencial” auspiciado por una extrema derecha
populista como revancha contra el fallido “Gobierno del Cambio”, por haber
generado éste expectativas irrealizables en cuatro años: “La Paz Total” y
“Colombia, potencia mundial de la vida”.
La ciudadanía, juez de última instancia
Por eso no hay que olvidar que el juez de última
instancia es el ciudadano, pues con su voto podrá condenar al ostracismo y la
derrota a quienes la justicia no puede hacerlo por tecnicismos y argucias
legales. Porque lo que cuenta en la política es la responsabilidad del
gobernante por sus acciones u omisiones en el ejercicio del cargo, que afectan
al conjunto de la sociedad, independientemente de la buena o mala intención que
éste haya tenido. Sin duda las banderas de la “seguridad nacional”, la
“seguridad democrática” y “la paz total” son inobjetables, pero si sus
resultados fueron miles de ejecuciones extrajudiciales, “falsos positivos” o
mayor inseguridad y el control de grupos criminales en vastas regiones del
país, será el juicio ciudadano en las urnas quien tendrá la responsabilidad de
condenar o absolver a quienes han promovido dichas políticas y estrategias o
persistan en continuarlas. No hay que confundir la responsabilidad política con
la culpabilidad penal. La responsabilidad penal es individual, subjetiva y
depende de pruebas irrefutables, en parte por eso la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá fue absolutoria. En cambio, la responsabilidad política es
pública y constitucional: corresponde a todos los ciudadanos evaluarla y
juzgarla, especialmente en el caso de quienes aspiran ser reelectos en el
próximo Congreso de la República. Así lo establece el artículo 6 de la
Constitución, según el cual “los servidores públicos son responsables por
omisión o extralimitación en sus funciones”.
Trump y Uribe, casos similares
La reelección de Donald Trump confirma la
importancia de esta distinción: después de ser condenado por 34 delitos en un
proceso penal, más de 77 millones de votantes lo absolvieron en las urnas. Por
eso Estados Unidos está siendo gobernado por alguien con una larga historia de
desprecio por la legalidad interna e internacional. Colombia vivió una historia
similar en 2006, cuando Álvaro Uribe fue reelecto tras una reforma
constitucional aprobada mediante el delito de cohecho, lo que dio origen al
escándalo de la “Yidispolítica”. Pese a las condenas de altos funcionarios de
su gobierno, como sus exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio[iii], entre muchos otros, Uribe obtuvo
una mayoría electoral que le otorgó legitimidad política e inmunidad penal.
Esta impunidad política se profundizó con el encubrimiento de crímenes
cometidos por funcionarios cercanos a Uribe. En el caso del DAS, la condena de
Jorge Noguera por el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis[iv], las interceptaciones ilegales a
periodistas y magistrados, y la protección de quienes él llamó “buenos
muchachos”, son parte de esa trayectoria. A ello se sumó la Directiva 029[v], que facilitó los falsos positivos. Y aunque no
haya una prueba penal directa contra Uribe —como tampoco la hubo contra Ernesto
Samper en el proceso 8.000 o contra Juan Manuel Santos en el caso Odebrecht y
la financiación ilegal a su segunda campaña—, la responsabilidad política sigue
intacta. Mientras los ciudadanos sigan votando por líderes que pactan con
grupos ilegales o poderes de facto, la impunidad será doble: penal y política.
No es solo responsabilidad de quienes gobiernan, sino también de quienes los
eligen. Por eso, el juicio que importa es el que deposita con responsabilidad y
conciencia de lo público cada ciudadano en la urna. Porque más allá de la
sentencia judicial, lo que se definirá en las próximas elecciones es si como sociedad
seguimos tolerando la impunidad o decidimos romper el vínculo entre política y
crimen, independientemente de la derecha, el centro o la izquierda. Si
avanzamos por fin hacia la democracia o, por el contrario, con la coartada de
las elecciones, seguimos profundizando esta cacocracia tan estable como
criminal, amparada en una Constitución nominal.
[i] https://diariodepaz.com/2018/10/10/por-un-pais-al-alcance-de-los-ninos/
[ii] https://www.infobae.com/colombia/2025/09/30/el-abogado-diego-cadena-fue-condenado-a-siete-anos-de-prision-domiciliaria-por-soborno-en-actuacion-penal/
[iii] https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/los-detalles-del-fallo-que-ratifico-la-condena-contra-diego-palacio-y-sabas-pretelt-exfuncionarios-del-gobierno-de-alvaro-uribe-por-yidispolitica-3385255
[iv] https://pruebas.las2orillas.co/asi-hizo-matar-jorge-noguera-al-profesor-alfredo-correa-de-andreis/
[v] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005
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