DEL SILENCIO REACTIVO DE LAS
MARCHAS A LAS PALABRAS Y LA ACCIÓN POLÍTICA CONCERTADA
Hernando Llano Ángel.
El silencio tiene muchos sentidos. Ellos dependen del contexto en donde
nazca y se exprese. No es lo mismo el silencio del consentimiento que el del sometimiento.
El primero suele estar antecedido por la palabra y la argumentación. El segundo
por el miedo y la violencia. Pero de lo que no hay duda es que el silencio no
es suficiente para la convivencia social y menos para la vida política. Para
ambas se precisa el concurso de la palabra y la deliberación, sin las cuales no
son posibles los acuerdos que transforman creativa y civilizadamente aquellos
conflictos que generan violencia y destrucción de la vida política y social.
Por eso hay que ir más allá de las “marchas del silencio” que, en nuestra
historia, como la convocada por Gaitán el 7 de marzo de 1948, no fue escuchada por
el presidente Mariano Ospina Pérez. Por el contrario, tuvo un desenlace atroz
con su asesinato, dos meses y dos días después, el fatídico 9 de abril de 1948.
En esa ocasión, Gaitán pronunció en su
célebre “Oración por la Paz”[i]
las siguientes palabras, que contienen las claves para salir de la encrucijada
política en que nos encontramos: “Pedimos
pequeña cosa y gran cosa: que las luchas
políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad”.
Petición hoy más vigente que nunca, pues se trata
de tramitar constitucionalmente reformas sociales tan vitales como la laboral y
de salud. Reformas que en todo Estado social de verdad democrático no deberían
suscitar semejante zozobra. Bastaría con cumplir dos artículos de la
Constitución Política que todavía están solo escritos. El artículo 1 sobre el
Estado Social de Derecho, fundado “en el
respeto a la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general” y
el 53 sobre el Estatuto de Trabajo, aún sin promulgar, que ordena que “la ley, los contratos, los acuerdos y
convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.
¿Será que es imposible que el Ejecutivo y el Congreso se pongan de acuerdo para
cumplir esos dos artículos? Esos artículos contienen el mínimo vital para hacer
posibles la paz social y política. Y si ambas ramas del poder público son
incapaces de hacerlo, las marchas del silencio seguirán siendo limitadas y las
violencias de la exclusión social, la criminal con fines políticos y de
codicia, junto a los incontenibles estallidos sociales, seguirán repitiéndose
periódicamente. Por eso, es imperioso ir más allá de las significativas pero
estériles marchas del silencio para transformar la realidad política y avanzar
hacia los encuentros con palabras y acciones creativas. De allí la importancia
y urgencia de la invitación de la Conferencia Episcopal a un encuentro entre
los presidentes del Ejecutivo y Legislativo, Gustavo Petro y Efraín Cepeda, junto
a los presidentes de las altas Cortes, para que demuestren que son capaces de
cumplir el artículo 113 de la Constitución que señala en su párrafo final: “Los diferentes órganos del Estado tienen
funciones separadas, pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines”. Y esos fines no son
otros que hacer realidad el Estado Social de Derecho y el Estatuto de Trabajo.
Más allá del silencio limitado
de las marchas
Más allá de las múltiples interpretaciones y sentidos políticos que se
puedan asignar a las multitudinarias marchas del pasado domingo en las
principales ciudades del país, no hay la menor duda que expresaron un rechazo
contundente a la violencia con fines políticos y una amplia solidaridad con la
vida y pronta recuperación del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe
Turbay. Pero también que esas motivaciones, totalmente legítimas y valiosas, no
alcanzaron a tener el sentido político amplio, incluyente y radicalmente
democrático para rechazar y condenar la violencia que ha segado la vida de más
de 70 líderes sociales en estos primeros cinco meses del año. Para expresar la
solidaridad con las poblaciones y comunidades que hoy se encuentran confinadas,
desplazadas y sometidas a la férula de una violencia despiadada y una codicia
sin límites de organizaciones criminales en el Catatumbo, Chocó, Cauca y
numerosos municipios en otras regiones del país. Pareciera que la sensibilidad social
y la conciencia democrática de esos miles de colombianos y colombianas solo la
suscitarán magnicidios como los de Galán, Jaramillo y Pizarro, en el pasado, y
hoy el aleve y criminal intento de acallar a Miguel Uribe Turbay. En tanto se
continúe reaccionando contra la violencia política con esos sesgos partidistas,
ideológicos y hasta clasistas, no podremos avanzar y mucho menos consolidar una
convivencia social y política entre todos. Todavía menos una cultura política
democrática, imprescindible para una paz política estable y duradera.
Hacia la deliberación y
concertación política y social
Por eso es urgente e imperioso pasar de ese silencio limitado y estéril de
las marchas al estímulo y la promoción de una sensibilidad ciudadana que,
mediante la deliberación, haga posible el tránsito de la confrontación
descalificadora y violenta del contrario a la concertación racional y creativa
con ese adversario, para alcanzar así acuerdos satisfactorios que promuevan la
vida y dignidad de todos. Tal es el desafío que todos tenemos como ciudadanía,
pero especialmente los líderes políticos que dicen representarnos, pero que
todavía no están a la altura de sus responsabilidades históricas y
constitucionales. Esta semana tienen la oportunidad de superar sus limitadas
visiones partidistas, soberbias personales y desvaríos electorales. Lograr una
concertación del Ejecutivo y Legislativo en torno a los principios
fundamentales del artículo 53 de la Constitución y aprobar una reforma laboral
a tono con los mismos es lo mínimo que deben hacer. Y el encuentro promovido
por la Conferencia Episcopal es el punto de partida para ello. Quizá así se
logre el milagro político de la aprobación de la reforma laboral, tan urgente y
necesaria como la recuperación del sentido y la salud del senador Miguel Uribe
Turbay, pues su voz y aportes son imprescindibles para que viva la democracia.
La democracia entendida como esa forma de gobierno donde conviven creativamente
posiciones y partidos políticos de derecha, centro e izquierda, sobre el único
consenso unánime que ella exige: la exclusión de la violencia política de la
vida social y gubernamental mediante la celebración periódico de elecciones
libres, legales, plurales y competitivas que permiten contar cabezas en lugar
de cortarlas. Tal es el desafío que debemos superar como ciudadanía, sin
dejarnos arrastrar por banderas partidistas hegemónicas que suelen agitar
pasiones tan nocivas como el odio y la exclusión social en nombre de fetiches
como la “democracia” y la estabilidad institucional”, desde la extrema derecha,
o la “justicia social y la revolución” desde la extrema izquierda, que nos han
impedido convivir dignamente en paz, con equidad, seguridad y libertad,
presupuestos existenciales del Estado Social de derecho. Si cumpliéramos ese
artículo 1 de nuestra Constitución y el 22: “La paz es un derecho y un deber
de obligatorio cumplimiento”, superaríamos la actual encrucijada
política y social. Pero quienes tienen la mayor responsabilidad de ello y deben
demostrarnos que están a la altura política y ética de esos dos artículos son
quienes hoy gobiernan. Pueden empezar a demostrarlo en el encuentro que
promueve la Conferencia Episcopal y continuar con la concertación de las
reformas sociales que exige el Estado Social de derecho, para que éste deje de
existir nominalmente y empiece a regir socialmente en beneficio de todos los
colombianos y colombianas.
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