lunes, agosto 11, 2025

ÁLVARO URIBE, ENTRE LUCES Y SOMBRAS (Segunda parte)

 

Álvaro Uribe, entre luces y sombras (segunda parte)

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/alvaro-uribe-entre-luces-y-sombras-segunda-parte/

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Hernando Llano Ángel.

La vida política de Álvaro Uribe está iluminada y ensombrecida por numerosas paradojas. El origen de las mismas se encuentra en su reducción de la política a un combate irreductible e interminable del bien contra el mal. De la virtud y el honor, que asume representar y encarnar personalmente, contra la ignominia y el deshonor de todos sus adversarios. Por eso se proclama como un demócrata integral predestinado a combatir sin tregua el terrorismo, que ahora denomina “neocomunismo”, en su afán por deslegitimar el fallo en primera instancia de la jueza Sandra Liliana Heredia. De esta forma, el expresidente politiza la justicia y la traslada a la arena política, confiando en que la pasión de sus seguidores prevalecerá sobre la razón, el debido proceso y las pruebas legalmente allegadas en su contra. Pruebas aportadas desde el comienzo por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Con este proceder Uribe profundiza el trasfondo del asunto que es, sin duda, un pulso entre el poder y la verdad judicial, desafiadas y confrontadas por su poder y verdad política como líder carismático. Un líder que se considera no solo intocable sino irreprochable, revestido de una superioridad moral que nadie puede poner en duda, así toda su vida pública haya estado circundada de sombras y escándalos, como los reseñados en la primera parte de este artículo[i]. Por eso es un político paradójico que hoy vive una encrucijada, ya no del alma como cuando dudaba presentarse a la reelección del 2006, sino política y judicialmente, que lo tiene recluido en su propio domicilio. Una encrucijada desatada por él mismo al acusar al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por el supuesto delito de manipulación de testigos[ii]. Denuncia que, paradójicamente, se volvió en su contra y lo condujo, por ahora, a su reclusión domiciliaria.

Uribe, un político paradójico

En el origen de esta paradoja política y judicial, todavía en curso, se encuentran las ambiguas y públicas relaciones del candidato Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares. Relaciones que datan de su primera candidatura a la presidencia de la República en el 2002. Ambiguas, puesto que durante esa campaña no rechazó categóricamente el apoyo que le brindaban dichos grupos paramilitares en las regiones que controlaban. Respaldo posteriormente reconocido por varios de sus comandantes, entre ellos Salvatore Mancuso, en entrevista con la W Radio: “Uno se identifica ideológicamente con algunas personas y cuando hay identidad ideológica las mismas poblaciones van y votan. Y con el presidente Uribe hubo una identificación ideológica en la concepción de la lucha contra la subversión, de la institucionalización del Estado, de devolverle la seguridad a las zonas, cosas que quién va a querer más que una población que ha padecido un conflicto en carne propia”. Todavía más categórico fue Mancuso en la última entrevista concedida al periodista y editor judicial de RCN, Juan Carlos Giraldo.  A la pregunta sobre la relación electoral entre las AUC y la campaña presidencial del 2002 de Álvaro Uribe, respondió: “Claro de que éramos conscientes de que las votaciones nuestras estaban apoyando al presidente Uribe, porque los conceptos ideológicos de Uribe en cuanto al tema de la seguridad, en nada riñen con los que nosotros teníamos en la zona, parecido a lo que implementamos en las regiones”. Y a la pregunta: “¿Sin ustedes, Álvaro Uribe hubiera sido presidente de Colombia?, respondió: “No creo, porque las personas que están en esas zonas de autodefensa tienen una ideología en cuanto a seguridad nacional, parecida a la seguridad democrática que estaba exponiendo Uribe. Por supuesto que les dijimos a nuestras comunidades, aquellas que nos eran afectas y que dependían de nosotros, como un estado en gestación que éramos, a nuestros líderes, a nuestras bases y a nuestros simpatizantes, que votaran por ese candidato ya que engranaba perfectamente con nuestras ideologías políticas. (Giraldo, “Las comadres de la Parapolítica”, 2008, p. 403).

Los Paras en el Congreso

Esa identidad ideológica y también contrainsurgente tendría un respaldo del mismo presidente Uribe, cuando facilitó la presencia de Mancuso en el Congreso el 28 de julio de 2004 en compañía de Iván Roberto Duque (alias, Ernesto Báez, ya fallecido) y Ramón Isaza, según lo relatado por las congresistas Eleonora Pineda[iii] y Rocío Arias[iv], al periodista Juan Carlos Giraldo, como aparece en las páginas 178 y 181, de su libro “Las comadres de la parapolítica”: “Le contamos al presidente que ya los jefes de la AUC no querían ir al Congreso, dice Eleonora tratando de reconstruir ese momento. Y Rocío recuerda lo que dijo al presidente: Pre, ellos no van a venir. No es que tengan miedo de venir, lo que pasa es que le temen al rechazo de algunos sectores políticos como el Polo, Gustavo Petro, las organizaciones de las víctimas, y sabemos que las ONG están organizando sabotajes. Bueno niñas, ustedes no pueden aplazar esa visita, les dijo el presidente mirándolas fijamente. Las dos comadres se cruzaron miradas de entusiasmo. Entendieron que con esas palabras él apoyaba su causa. No podían creer que el presidente Álvaro Uribe las fuera a respaldar de manera tan inmediata y sencilla. Esperaban trabas, y se sintieron todavía más dichosas cuando, según lo recuerdan, el primer mandatario les pidió solucionar de una vez el problema. Esto es muy importante para la paz de Colombia. Eleonora, llame a Mancuso. … Llamé a Mancuso y le dije: aquí estoy con el presidente de la República, el presidente dice que nosotras tenemos toda la autonomía, y que él no ve inconveniente porque es una oportunidad histórica. Por su parte Rocío también lo reafirmó: Desde el teléfono persuadimos a los jefes de las autodefensas para que vinieran al Congreso; el presidente estaba a un lado de nosotras, y delante de él llamamos a Mancuso y le aclaramos todo, lo tranquilizamos y le dijimos que el gobierno quería que ellos vinieran”. En efecto, estuvieron en el Congreso exponiendo la necesidad de una ley para su desmovilización y avanzar en firme en un proceso de paz, elocuentemente expresada así por Mancuso: “Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde, con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del Pueblo Colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las Leyes y en el templo de la Democracia, que el compromiso patriótico de las AUC, por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo, y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros”. Dicho discurso fue el preámbulo de la ley 975 de 2005[v], más conocida como ley de “Justicia y Paz”, que no logró ni lo uno ni lo otro, pues dichos grupos se reciclaron y mutaron en otros similares, cuyo máximo heredero es hoy el temible “Ejército Gaitanista de Colombia”, con el cual el presidente Petro acaba de iniciar conversaciones en el exterior para su desmovilización[vi].

Los Paras sediciosos

Lo más sorprendente de la ley 975 es que el artículo 71, avalado por el Ejecutivo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, pues pretendía que se reconociera a los miembros de grupos paramilitares como delincuentes políticos. Dicho artículo consideraba que sus acciones criminales eran propias del “delito de sedición”, semejante al cometido por los grupos guerrilleros contra la fuerza pública y las autoridades regionales. Aunque estos grupos paramilitares no hubieran incurrido en acciones delictivas semejantes, pues fueron los responsables del mayor número de masacres cometidas contra la población civil, dejando un total de “205.028 víctimas mortales (45%) frente a 122.813 víctimas (27 %) de los grupos guerrilleros”, según las cifras del Informe Final de la Comisión de la Verdad[vii]. De no haber sido declarado dicho artículo inexequible por la Corte Constitucional, artículo respaldado por el Ejecutivo como expresión de favorabilidad política, nunca hubiese sido posible la extradición de los comandantes paramilitares, puesto que los delincuentes políticos solo pueden ser juzgados por el Estado del cual son nacionales en tanto sus delitos se han cometido en su territorio y contra sus autoridades. Esa extradición tuvo lugar quince días después de que Mancuso revelará en entrevista al periodista Juan Carlos Giraldo, reportero judicial del noticiero de RCN que veía: “a todos los políticos de la Nación como personas importantes para la causa que teníamos, que el objetivo primordial era la consecución de la paz” y que por ello “habían infiltrado todas las instancias de poder”, como puede verse en la siguiente emisión central de RCN del 28 de abril de 2008[viii].

Extradición de la verdad

De allí, que el entonces presidente Uribe haya extraditado mucho más que la cúpula de los paramilitares, también extraditó la verdad sobre las relaciones de estos con numerosos políticos regionales y nacionales. Relación que nos revelaría parcialmente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y luego la misma Fiscalía con la investigación de la “parapolítica”[ix], que llevaría a la cárcel a numerosos congresistas, según el siguiente informe de “La curul a la cárcel”[x] del portal Verdad Abierta. Por último, como bien lo resalta el profesor Javier Duque, en su libro “Las urnas contaminadas: Elecciones, fraude y manipulación en la democracia colombiana 1990-2015”, de: “los 265 congresistas elegidos en 2002 al menos 50 ganaron sus curules con el respaldo económico y militar de organizaciones criminales narcoparamilitares en 15 de los 32 departamentos. Salvatore Mancuso, uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) había declarado públicamente que su organización pretendía elegir el 35 por ciento del Congreso. Los condenados finalmente fueron el 18.9 por ciento, otros se quedaron camuflados o los brazos de la justicia no alcanzaron a llegar a ellos. Como se mencionó, este y otros jefes paramilitares, así como ex congresistas y ex candidatos, coincidieron en la versión según la cual la elección presidencial de 2002 se vio infiltrada por estas influencias ilegales (Duque, 2017, p. 299)”. Es justamente a ese entramado cacocrático de congresistas que el 29 de noviembre de 2006 el presidente Uribe, en una asamblea de la Federación Nacional de Cafeteros, se dirigió en estos términos: "Le voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria”[xi]. Una petición que oculta de cuerpo entero, como una inmensa sombra, la luz de rectitud y virtud que pretendió proyectar con su famosa consigna de “lucha contra la corrupción y la politiquería”. Sombra que se extendería aún más con sus maniobras torticeras e ilícitas para reformar un “articulito” de la Constitución y lograr su reelección del 2006-2010. Pero ello será objeto de una tercera y última entrega la próxima semana.

 

 

 


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domingo, agosto 03, 2025

URIBE, ENTRE LUCES Y SOMBRAS

 

                                                                                                                                                             

Álvaro Uribe, entre luces y sombras (I parte)

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Hernando Llano Ángel.

La vida pública de Álvaro Uribe Vélez, como la de todos los líderes políticos carismáticos, ha transcurrido entre luces y sombras. Entre las luces deslumbrantes de su fulgurante actividad política, proyectadas en el escenario mediático, electoral y gubernamental, y la penumbra de sus acuerdos y alianzas políticas tejidas tras bastidores. Al fin de cuentas, la política institucional suele ser en todas partes un gran espectáculo de simulación. El del poder puesto en escena y representado ritualmente, sin que veamos y mucho menos sepamos lo que ha sucedido tras bambalinas. La mayoría de las veces solo conocemos lo que es realmente el poder cuando ha terminado su función gubernativa y ya es demasiado tarde para todos. Los ejemplos abundan en todas las latitudes, pero son más frecuentes en aquellas sociedades donde los límites entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegitimo, resultan difusos, ambiguos y penumbrosos. Ese fenómeno delicuescente y delincuencial de la vida política parece ser una tendencia global irreversible y se expresa en los numerosos escándalos de corrupción y los delitos de cuello blanco en altos cargos gubernamentales. Quizá por ello la democracia cada día sea más cacocrática[i] y caiga así en manos de conspicuos delincuentes, siendo Trump y Netanyahu los más representativos y temibles. Pero, volviendo a nuestra realidad macondiana, en ella abundan los ejemplos de cacócratas impunes, por la sencilla razón de encontrarse la práctica política en el punto de intersección entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo e ilegítimo. Ha sido así y seguirá siéndolo mientras las campañas políticas y sus candidatos precisen cifras astronómicas para ganar las elecciones. Cifras que solo pueden aportar los cacaos empresariales (Odebrecht, banqueros y potentados empresarios) o los cacos ilegales (narcotráfico-contrabandistas) que, bajo la coartada de las elecciones, ungen de legitimidad democrática a sus pupilos ganadores, que siempre prometen una lucha radical contra la corrupción, pero una vez en sus cargos terminan siendo rehenes de la misma por los compromisos adquiridos con sus patrocinadores.

La Cacocracia macondiana

El proceso 8.000[ii] nos reveló de cuerpo entero esa verdad, pero demasiado tarde, como incluso lo reconoció su propio protagonista, Ernesto Samper Pizano, descargando su responsabilidad y su pesado fardo en la espalda de sus más cercanos colaboradores, su tesorero, Santiago Medina y su ministro de defensa, Fernando Botero. Así ha acontecido con todos los protagonistas presidenciales de la vida nacional hasta la fecha. A tal punto que ninguna campaña presidencial victoriosa ha estado exenta de escándalos, bien por el ingreso de lo que antes llamaban “dineros calientes”[iii], superación de umbrales o por acuerdos más o menos explícitos o implícitos con actores legales o ilegales, que casi siempre terminaron siendo protegidos o favorecidos desde la Presidencia. Es lo propio de un régimen electofáctico, donde esos poderes de facto determinan, para bien o mal, quién gana, cómo gobierna y a favor de quiénes. Aunque en ocasiones, a pesar suyo, los patrocinados que ganan la presidencia no les puedan cumplir plenamente a sus financiadores, como sucedió con Samper frente al narcotráfico por las presiones insuperables de la diplomacia norteamericana. También, en cierta forma, fue el caso de la presidencia de Andrés Pastrana al concertar con las Farc-Ep la llamada zona de distensión del Caguán a cambio de su veto contra Horacio Serpa, quien le había ganado en primera vuelta. Pero los casos más controvertidos y ambiguos son los de Uribe y Santos en sus respectivas presidencias, pues ambas administraciones tuvieron una relación compleja y ambigua con dos poderes de facto altamente desestabilizadores, las AUC y las FARC-EP. Sus éxitos y fracasos como presidentes dependieron de los resultados de esos respectivos procesos de desarme y desmovilización. Ambos procesos terminaron, paradójicamente, signados por el éxito y el fracaso. Lograron la desmovilización de miles de hombres y mujeres armadas, pero también lo es que en la actualidad sus herederos, el llamado Ejército Gaitanista de Colombia[iv] y esa hidra con numerosas cabezas[v], al menos 30, dejadas por la extinta Farc-Ep, tienen en jaque a la “Paz Total” y la seguridad pública en colapso en muchas regiones del país[vi]. No es del caso abordar aquí el análisis del fracaso y el relativo éxito de dichos procesos, pues de lo que se trata ahora es de dilucidar la relación de Álvaro Uribe durante su vida pública con  poderes de facto criminales, dada la reciente sentencia condenatoria en primera instancia proferida por la Juez 44 penal del circuito, Sandra Liliana Heredia, por fraude procesal en actuación penal y soborno de testigos, cuyo trasfondo es la presunta relación del expresidente con la existencia del Bloque Metro[vii], según versión del condenado Juan Guillermo Monsalve.

Uribe, entre luces y sombras

Sin duda, Álvaro Uribe se ha destacado frente a los demás protagonistas de la vida nacional por su extraordinaria capacidad para articular, desde el comienzo de su vida pública, lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, saliendo airoso en todas las circunstancias, exceptuando por ahora la sentencia en primera instancia de la Juez Heredia, cuya apelación resolverá el Tribunal Superior de Bogotá. Lo singular y extraordinario de Uribe es que sus éxitos como servidor público, exaltados al máximo por él mismo, la parafernalia mediática-empresarial de periódicos, emisoras y cadenas televisivas, junto a millones de sus electores e incondicionales seguidores, siempre ha logrado sumir en la penumbra la forma cómo ha alcanzado tan celebrados éxitos, así ellos hayan llevado a la cárcel a más de una docena de sus colaboradores y subalternos[viii]. Su maestría para la simulación de la virtud y el ocultamiento de lo protervo e irregular no tiene rival en la vida pública nacional, como hizo gala de ello en su defensa material ante la sentencia proferida por la Juez Heredia, que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria. Esa habilidad la demostró desde su primer cargo como Director Nacional de Aerocivil, resaltando sus logros innegables en la ejecución de aeropuertos e infraestructura aérea[ix], pero dejando en la penumbra el otorgamiento de matrículas a aeronaves dedicadas al narcotráfico y la habilitación de pistas de aterrizaje en zonas rurales.

Obviamente, Uribe no asumió responsabilidad alguna por otorgar 8 matrículas vinculadas al narcotráfico, como lo revela esta investigación de Cuestión Pública[x]. Posteriormente responsabilizó de ello a su segundo hombre en la Aerocivil, más conocido como el “Bandi”, César Villegas[xi], condenado por testaferrato y enriquecimiento ilícito derivado de su amistad con los hermanos Rodríguez. El “Bandi” fue asesinado el 4 de marzo del 2002, un día antes de entrevistarse con un agente de la DEA, según versión del periodista norteamericano Joseph Contreras en su libro “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe”[xii]. Es de anotar que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió la operación de 57 aviones de narcotraficantes en septiembre de 1983, por orden del ministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984 por un joven sicario al servicio de Pablo Escobar. Este patrón en el desempeño de cargos como servidor público se repetirá desde posiciones de mayor importancia y responsabilidad, como sucedió durante sus años de gobernador de Antioquia, cuando fue un entusiasta promotor de las legales cooperativas de seguridad rural, conocidas como CONVIVIR, embriones de los posteriores grupos paramilitares, como lo reconoció el mismo Salvador Mancuso[xiii]. Lo más grave es que las masacres de los grupos paramilitares fueron en ascenso desde su posesión como gobernador de Antioquia[xiv]. En 1995 se reportaron 143 víctimas mortales, en 1996 el número ascendió a 357 y en su último año de gobierno llegó a 439, en total 939 civiles asesinados. Entre los grupos paramilitares perpetradores de estas masacres se encontraba el Bloque Metro, que es el mencionado por el condenado Juan Guillermo Monsalve, grupo paramilitar que supuestamente tuvo como base de operaciones la finca Guacharaca, propiedad entonces de la familia Uribe.

“Pacificador de Urabá”

Como si lo anterior fuera poco, siendo gobernador, llamó al entonces comandante de la 17 brigada militar de Apartadó, General Rito Alejo del Río, el “Pacificador de Urabá”[xv]. Posteriormente, el 29 de abril de 1999, en un homenaje de desagravio al general, organizado por Fernando Londoño Hoyos en el hotel Tequendama, así lo ponderó Uribe: «Fue un general extraordinario y lo han tratado de la manera más atroz en que se puede tratar a un héroe nacional. El General y sus soldados trabajaron para contener a los violentos con una intensidad sin antecedentes. Nadie mejor que el General del Río comprendió que a Urabá había llegado la hora de la paz, el Estado, la ciudadanía, y a fe que avanzó notablemente. En todas partes estaba presente el acompañamiento discreto y eficaz del general Del Río”. Precisamente por ese “acompañamiento discreto y eficaz” junto a los grupos paramilitares, el general (r) Rito Alejo del Río fue condenado a 25 años de cárcel como responsable de la Operación Génesis realizada en febrero de 1997, en la cual fue asesinado el campesino Mariano López Mena. También, por estos graves y numerosos crímenes, el gobernador Uribe eludió su responsabilidad política, trasladándola a su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno[xvi], quien murió en un extraño accidente aéreo, al estrellarse y explotar el helicóptero en donde viajaba en Urabá el 24 de febrero de 2006, cuando realizaba campaña electoral para llegar al Senado de la república por el Partido Conservador. Accidente que incluso puso en duda el general (r) Rito Alejo al decir que se trató de un asesinato. Esas luces por el éxito de su lucha contra la guerrilla en Urabá serán más deslumbrantes y enceguecedoras durante sus dos administraciones presidenciales (2002-2010), con la aplicación de la “seguridad democrática”, así como sus sombras se prolongarán hasta el presente, en parte por más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Pero, por razones de espacio, serán retomadas y analizadas en una segunda entrega, para comprender la actual encrucijada judicial y política en se encuentra el expresidente Uribe, quien se debate entre la impunidad política y la culpabilidad penal.

 


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domingo, julio 27, 2025

DE LA POLÍTICA CRIMINAL A LA CRIMINALIDAD POLÍTICA.

 

 

DE LA POLÍTICA CRIMINAL A LA CRIMINALIDAD POLÍTICA

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Hernando Llano Ángel.

Todo parece indicar que para ciertos Estados su política criminal para disuadir y proteger a sus ciudadanos contra peligrosos delincuentes, se ha convertido en criminalidad política. Ello está sucediendo porque han dejado de ser Estados de derecho y se han convertido en Estados criminales. Sus políticas en materia de seguridad nacional no son otra cosa distinta que la materialización de una tendencia irrefrenable hacia la criminalidad política en nombre de la soberanía estatal, la paz y la convivencia ciudadana. Sin duda, los Estados Unidos e Israel con Trump y Netanyahu son en la actualidad los ejemplos más nefastos, con ventaja sobre Putin, porque ellos se sitúan por encima de la ley y desconocen de plano el derecho internacional. Esos mandatarios están seguros de ser intocables y gozar de inmunidad e impunidad absoluta al estar amparados por fueros especiales, pero sobre todo por contar con el apoyo de millones de sus ciudadanos, convertidos así en cómplices de sus arbitrariedades y crímenes. Además, no por casualidad sus Estados repudiaron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional[i]. El trasfondo de sus políticas criminales no es otro que el miedo y la consolidación de sus Estados a partir de la búsqueda de enemigos internos y externos que estigmatizan y prometen eliminar para garantizar la vida y seguridad de sus conciudadanos. Es así como Trump convierte a los migrantes en un temible enemigo que está invadiendo su nación con fundamento en la “Ley de enemigos extranjeros” de 1798[ii] y Netanyahu a los palestinos con el pretexto de eliminar a Hamás y reordenar así el Oriente Próximo con Israel como poder hegemónico incuestionable. Así lo anunció en conferencia de prensa en Jerusalén el pasado 21 de mayo: “Estoy dispuesto a poner fin a la guerra bajo condiciones claras que garanticen la seguridad de Israel: todos los secuestrados vuelvan a casa, Hamás deponga las armas, sus líderes se exilien, Gaza queda completamente desmilitarizada y se implementa el Plan Trump”, refiriéndose a la conversión de Gaza en la “Riviera del Oriente Próximo”.

Criminales de Guerra y genocidas

En esa cruzada, sus respectivas políticas de seguridad se han transformado en un despliegue de criminalidad política incontenible y ellos mismos en auténticos criminales de guerra, responsables de genocidios. “Honorables criminales” que sobrepasan en cinismo a Hitler, Mussolini y Stalin, pues ambos se autoproclaman los adalides de los valores políticos más preciados de Occidente: la democracia, la libertad y los derechos humanos en su lucha contra los migrantes y Hamás. Pero en la realidad lo que vemos todos los días en los telediarios y la prensa internacional es el ocaso de esos valores que supuestamente constituyen la civilización universal, cuya matriz es Occidente. Hoy la mayoría de jefes de Estado de la culta y sofisticada Europa contemporizan con el crimen y el terror en aras de mantener incólume un statu quo favorable a sus intereses geopolíticos y sus ambiciones comerciales. Su angustia mayor es cómo negociar con ventaja los aranceles frente a las amenazas y el chantaje de Trump, guiados por Úrsula Von der Leyen.  Nada importa la vida de millones de palestinos, solo los desvela la pérdida de sus valores y acciones en las bolsas internacionales, como la circulación de sus mercancías sin aranceles excesivos. Cuando más, se atreven a contemporizar y aplazar hasta septiembre el reconocimiento del Estado de Palestina, como anuncia Macron que hará en una de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York[iii], en una vergonzosa expresión de narcisismo personal y singularidad francesa. Para entonces quizá ya no exista Palestina, pues Trump desde Escocia, donde este fin de semana combina los negocios familiares con el Golf[iv] y su encuentro diplomático con Úrsula Von der Leyen, le ha dicho a Netanyahu que la situación en Gaza “llegó a un punto en el que tienes que terminar el trabajo”, “creo que quieren morir, y es muy, muy malo”, “van a tener que luchar y van a tener que limpiar. Tienes que deshacerte de ellos”, refiriéndose a Hamás y responsabilizándolo de la hecatombe humanitaria que tiene lugar en la franja de Gaza. Una hecatombe que, según palabras de un alto funcionario de Naciones Unidas, ha convertido a los gazatíes en “cadáveres ambulantes”. Pero no se agota en este punto el cinismo criminal de Trump, quien además de soñar con transformar a Gaza en la “Riviera de Oriente Próximo”[v], también señaló que Estados Unidos no ha recibido “ningún reconocimiento ni agradecimiento, pero contribuimos con US$ 60 millones para alimentos, suministros y todo lo demás”. “Esperamos que el dinero llegue, porque sabes, ese dinero se roba. La comida se roba. Vamos a hacer más, pero dimos mucho dinero”[vi]. Así las cosas, lo único que falta es que la postulación de Netanyahu para que se le otorgue el premio Nobel de Paz a Trump sea atendida por el Comité Noruego, “integrado por cinco personas de destacada trayectoria elegidas por el Parlamento noruego”. Un premio que se otorga a “la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz”. Si en 1973 se le otorgó a Henry Kissinger por los Acuerdos de Paz de Paris[vii] y pese al golpe de Estado de Pinochet contra el gobierno legítimo de Salvador Allende, del cual fue un promotor directo junto al entonces presidente Nixon, es probable que Trump tenga también posibilidades de obtenerlo en este 2025. Así todavía Gaza no sea la “Riviera del Oriente Próximo”, donde miles de europeos podrán en un futuro próximo disfrutar en paz y con seguridad sus vacaciones en hoteles regentados por la próspera y bella familia Trump, como sucede este fin de semana en Turnberry[viii], Escocia, en uno de los dos campos de golf que pertenecen a la empresa familiar dirigida por sus hijos.


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