domingo, septiembre 28, 2025

LENNON EN LA ONU

 

JOHN LENNON EN LA ONU

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/john-lennon-en-la-onu/

Hernando Llano Ángel.

La octogésima Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas pasará a la historia por muchas razones. La más notoria, sin duda, su impotencia e inocuidad. Impotencia frente a la feroz e inhumana reconfiguración del orden político internacional. La ONU ha quedado reducida a ser el escenario de megalómanos criminales, como Trump y Netanyahu, que han degradado el Estado al tamaño mezquino de sus ambiciones y odios. También sucede en otras latitudes con Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, a quienes envidia y hasta admira Trump. Una pléyade de tiranos y autócratas que tiene émulos en todas partes, desde la derecha hasta la izquierda, quienes desprecian todo límite legal a sus delirios, como Bukele y Ortega en Centroamérica, Maduro y Milei en nuestra región. Todo lo anterior en nombre del nacionalismo, el más temible, frío e impune monstruo de la historia contemporánea. También la ONU ha sido condenada a la inocuidad para la protección y defensa de la humanidad, al tenor de su Carta Fundacional que el próximo 24 de octubre cumplirá 80 años de ser proclamada, hoy inversamente proporcional a la protección de la vida de los pueblos y la promoción de la dignidad humana que le dio origen. En la Carta de las Naciones Unidas se declara solemnemente todo lo que hoy se arrasa mortalmente: “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”[i].

Consejo de Seguridad Criminal

Esa impotencia e inocuidad se presentan por la misma estructura del Consejo de Seguridad, que niega de plano la igualdad de las naciones grandes y pequeñas y concede a cinco Estados permanentes: Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, China, Reino Unido y Francia el derecho a vetar resoluciones que puedan promover efectivamente la paz. Así lo ha hecho continuamente Trump para respaldar a Netanyahu en el genocidio en marcha contra el pueblo palestino. Por eso, objetivamente Trump es corresponsable de lo que está sucediendo y su cinismo criminal en la reciente intervención en la Asamblea, al decir que ha puesto fin a siete guerras sin la ayuda de la ONU, es apenas comparable con la siguiente declaración de Goebels ante el Consejo de la anterior Sociedad de Naciones en 1933: “Somos un Estado soberano y lo que ha dicho este individuo no nos concierne. Hacemos lo que queremos de nuestros socialistas, de nuestros pacifistas, de nuestros judíos, y no tenemos que soportar control alguno ni de la Humanidad, ni de la Sociedad de Naciones”. Exactamente así se comportan Trump y Netanyahu, pues para ellos el derecho internacional y, en particular, el DIH y demás tratados internacionales sobre los Derechos Humanos no aplican. Para ellos solo aplica la soberanía de facto y criminal de sus respectivos Estados, supuestamente en defensa de sus ciudadanos. Ciudadanos que cuando se expresan públicamente contra semejantes crímenes de guerra y humanidad son vilipendiados y estigmatizados como “izquierdistas” y hasta promotores del “terrorismo”, como sucede con miles de estudiantes y profesores en universidades norteamericanas, entre ellas Harvard y Columbia, objeto también de persecución y sanciones.  Asistimos a la agonía de la ONU y también a los funerales del Estado de derecho. Sin ellos, quedamos expuestos al furor de criminales que despliegan sin límites la fuerza letal de sus ejércitos y el fanatismo de sus nacionalismos imperiales, que arrasan todo vestigio de humanidad y dignidad personal.  Empezando por su propia identidad, que ya no es la de jefes de Estado, sino la de criminales estatales impunes, protegidos por la inmunidad de sus “desa-fueros” gubernamentales. “Desa-fueros” que algún día perderán y tendrán que rendir cuentas, probablemente frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues la Corte Penal Internacional no tiene competencia sobre ellos, aunque ya están condenados irreversible e inapelablemente por la conciencia de la humanidad al desconocer el IUS COGENS, aquellos "principios jurídicos que se aplican a todas las naciones y que no pueden ser derogados por ninguna convención o acuerdo internacional".

La “Magalomanía” de Trump

Trump desconoce soberbiamente el IUS COGENS en nombre de su “MAGALOMANIA”, pues la grandeza de Norteamérica está primero y por encima de toda la humanidad, lo que nos recuerda el “Deutschland über alles[ii] que entonaban los nacional-socialistas y con el cual arrasó Hitler a Europa y casi elimina al pueblo judío. Una “Magalomania” cuya savia es el odio a todo aquel que no se someta a sus designios, como lo expresó en las honras fúnebres de Charles Kirk: “Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos, lo siento». Con semejante declaración, no rindió un homenaje fúnebre a Kirk, sino a la muerte del Estado de derecho y a la misma democracia liberal, que reconoce y protege la vida y los derechos de todos los ciudadanos, empezando por la de los oponentes, que no pueden ser odiados y tratados como enemigos. De allí la desproporción entre el funeral a Kirk y su tratamiento como un “héroe nacional inmortal” frente a la sobriedad y mensaje oficial de condolencia por el asesinato de la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo el 14 de junio de este año. Para terminar de polarizar, en su discurso fúnebre Trump afirmó: “Fue un terrible atentado contra los Estados Unidos de América. Fue un atentado contra nuestras libertades más sagradas y nuestros derechos fundamentales, otorgados por Dios. El arma estaba apuntada contra él, pero la bala iba dirigida contra todos nosotros, contra cada uno de nosotros". Así termina reafirmándose como un teócrata nacional e imperial al fusionar de nuevo al Estado con la Iglesia evangélica y desconocer el origen secular de la República norteamericana.

Imagine, John Lennon

La democracia, inseparable del Estado secular[iii] de derecho, está agonizando, no solo en Estados Unidos, sino en el orden internacional, pues las Naciones Unidas son impotentes frente autócratas que la desconocen y burlan hasta el Ius Cogens. Quizá por todo lo anterior, nada más urgente y necesario que el espíritu de John Lennon en la ONU, presente en su canción Imagine[iv]. Una canción que debería ser un himno universal: “Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir. Tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo en paz…Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno”.  Aunque me temo que, de estar vivo, Lennon estaría promoviendo la causa del Estado palestino en Nueva York junto a Gustavo Petro, pues hay un principio de realpolitik irrefutable que también Petro debería tener en cuenta: “Ningún pueblo puede sobrevivir sin Estado”, siendo el Estado Israelí uno de los mejores ejemplos históricos.  Por eso sus actuales ciudadanos deberían honrar la memoria de sus antepasados liberando a su Estado de la banda de criminales que lo presiden y haciendo realidad esta propuesta de uno de sus mejores novelistas, Amos Oz, escrita el 23 de enero de 2001 en su texto “Sobre la necesidad de llegar a un compromiso y su naturaleza”:El primer paso tendría que ser, debe ser -es crucial- la creación de dos Estados”.  Es inadmisible permitir que Gaza se convierta en la “nueva Riviera del Oriente próximo”, como le propuso Trump a su cómplice Netanyahu. Si ello acontece, Europa sería responsable de un doble genocidio, como bien lo señala Oz: “La Europa que colonizó el mundo árabe –explotándolo, humillándolo, pisoteando su cultura, utilizándolo como patio de recreo imperialista—es la misma Europa que discriminó a los judíos, los persiguió, los acechó en sueños para terminar asesinándolos en masa en un crimen genocida sin precedentes”. Afortunadamente cada vez son más los Estados y mandatarios europeos que reconocen la urgencia vital del Estado Palestino en la franja de Gaza y Cisjordania. Es la oportunidad histórica para resucitar la ONU y dejar atrás su longevidad tanática, que prolongan criminales de guerra como Trump, Netanyahu y Putin con la ayuda de una vergonzosa y frondosa burocracia internacional que contemporiza con los mercaderes de la guerra, la vida, la libertad y dignidad de toda la humanidad.

 

 

jueves, septiembre 25, 2025

DESCERTIFICAR EL PROHIBICIONISMO, EL GENOCIDIO Y SUS PROMOTORES

 

 

DESCERTIFICAR EL PROHIBICIONISMO, EL GENOCIDIO Y SUS PROMOTORES

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https://elpais.com/america-colombia/2025-09-20/descertificar-el-prohibicionismo-el-genocidio-y-sus-promotores.html

Hernando Llano Ángel.

Afirmaba Milton Friedman, premio nobel de economía en 1976: “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. Sin duda, porque a mayor represión y aumento en la interdicción de drogas, mayor será su precio en el mercado. Cuantos más supuestos cargamentos de cocaína o fentanilo bombardeen y destruyan los buques norteamericanos en el caribe, como si fuera un videojuego, más tendrán que pagar los millones de consumidores y adictos por tales sustancias. Por eso lo que hay que descertificar es la política prohibicionista, pues mientras ella exista las economías ilícitas y el crimen seguirán siendo prósperos y serán más las vidas humanas sacrificadas en esa guerra absurda. Bajo el pueril argumento de héroes inmolados en nombre de la seguridad nacional o la salud de sus conciudadanos, se ocultan criminales coartadas que encubren estrategias políticas de dominación y control estatal.

Coartadas criminales

En efecto, es preciso recordar que el origen de la llamada “guerra contra las drogas”[i] proclamada por Richard Nixon en 1971 tuvo como finalidad política el control, bloqueo y represión de los jóvenes opositores a la guerra del Vietnam. Así lo reconoció su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper's Magazine: "¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?", me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. "La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”. Y pronto se agregó a esa lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo del narcotráfico”, como si este fuera una maldición inexorable. Aparece así una moderna inquisición de puritanos contra malvados narcotraficantes que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana, para cuya protección y salvación Trump ordena a su inexpugnable armada bombardear y destruir cuanta lacha o navío divisen, sin antes demandar su inmovilización, abordaje, segura incautación de estupefacientes y captura de peligrosos narcoterroristas. En lugar de su apresamiento para desarticular sus bandas y llegar hasta los máximos capos, Trump ordena su aplastamiento y ahogamiento. Curiosa táctica para ganar la “guerra contra las drogas”, que incurre en graves infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo ha advertido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra: “Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos calificaron las acciones como violaciones graves al derecho internacional, al derecho del mar y la Carta de las Naciones Unidas”[ii].

Ayer, como hoy, prejuicios raciales y culturales atávicos

Se repite y perpetua así el error y el horror histórico de la errática política de la “ley seca”[iii] norteamericana, que prohibió mediante la enmienda constitucional XVIII de 1920 la producción, tráfico y consumo de licor. Una enmienda sustentada en prejuicios raciales e ideológicos atávicos, expresados por el representante a la Cámara por el Estado de Alabama, Richmond Pearson Hobson[iv] (1870-1937), quien sostenía en su libro “Drogadicción: un maligno cáncer racial”, que “una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico”, que induce al negro a “cometer delitos no naturales”, mientras el blanco por estar más evolucionado “le toma más tiempo llegar al mismo nivel”. Hoy, Trump, como ayer Richmond, cabalga sobre los mismos prejuicios raciales y falsas creencias. Confunde la coca con la cocaína, igual que Richmond confundía el alcohol con un narcótico. En realidad, ninguno de las dos es una sustancia narcótica. Para empezar, la coca es una planta maravillosa[v], con propiedades alimenticias y terapéuticas bien identificadas gracias a las investigaciones de numerosos científicos, entre cuyos pioneros estuvo Sigmund Freud[vi]. Y el licor, en su casi infinita variedad de bebidas espirituosas, fermentadas y destiladas, no es propiamente un narcótico. Lo que las convierte en sustancias objeto de control es su uso y abuso indebido, que depende en gran parte del contexto cultural y social en que se consumen y los estímulos perseguidos por sus usuarios. La peligrosidad no está tanto en la sustancia, sino en la sociedad que estimula su consumo, porque millones de adictos las precisan para sobrellevar sus vidas y soportar el excesivo peso de una realidad sin sentido.  Y lo que engendró la prohibición del licor durante la década de los años veinte hasta 1933 no fue tanto la salud y sobriedad de los norteamericanos, sino la más poderosa organización criminal, la mafia, que tuvo bajo su control un negocio de dos mil millones de dólares de entonces. Como bien lo describe Martin Short en su libro “Mafia, la sociedad del crimen”: “La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de Templanza[vii]. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaria el crimen organizado, convirtiéndole en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”. Por eso mismo, el famoso Al Capone declaraba: “Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos dentro de la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mi mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo licor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”.

¿Y dónde está hoy Al Capone?

Lo mismo puede afirmarse hoy respecto a la cocaína y otras sustancias de moda, como los opioides, que consumen millones de adictos en todas las latitudes, siendo Norteamérica una sociedad que cada día las demanda más, pues “según datos de la empresa de pruebas toxicológicas Millennium Health, el consumo de cocaína en el oeste de EE. UU. aumentó un 154 % desde 2019. En el mismo periodo, en la costa este el incremento fue del 19 %”[viii].  La única diferencia es que hoy ya no conocemos a los Al Capones encargados en MAGA de distribuirlas y venderlas. Pareciera que para la DEA y Trump todos los capos están fuera de las fronteras de su querida y amenazada MAGA. Proceden de afuera y son mexicanos, venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos y hasta chinos. Además, afirma, que cuentan con la complicidad de los jefes de estado de sus respectivas naciones, si es que éstos no están directamente implicados detrás de los grandes capos. En todo caso, son migrantes y extranjeros, declarados y tratados como peligrosos enemigos de MAGA. Por todo ello, el prohibicionismo y la descertificación no son otra cosa que la punta de lanza de la política de Trump para controlar, intervenir y si es del caso hasta asesinar a quienes considere aliados del narcoterrorismo. Una punta de lanza mucho más agresiva que el aumento de los aranceles aplicados a Brasil en solidaridad con Jair Bolsonaro, el primer miembro condenado de esa pandilla de gánsteres estatales e internacionales de los cuales se precia Trump ser el mejor amigo y defensor incondicional, pues está seguro de encontrarse totalmente a salvo, junto a Netanyahu, de ser algún día “descertificado”, investigado y condenado por sus atrocidades y crímenes de guerra.

¿Europa genocida?

Pero ya una comisión especial de las Naciones Unidas[ix] encargada de investigar lo que acontece en la Franja de Gaza, la otrora tierra santa hoy convertida en tierra arrasada, ha dicho que allí se está cometiendo un genocidio, pues tanto Netanyahu, su anterior ministro de defensa y el presidente actual son responsables de violar la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio[x], aprobada en 1948. Una Convención, para mayor ironía y vergüenza del actual Estado de Israel, destinada a prevenir y evitar que NUNCA MÁS se repitiera un holocausto contra pueblo alguno. Pero hoy, numerosos descendientes de las víctimas de ayer se han convertido en victimarios a cielo abierto del pueblo palestino con una crueldad y alevosía semejante a la sufrida por sus antepasados en Europa. En fin, lo que tenemos que descertificar es el prohibicionismo, el terror del genocidio y la obstinación suicida de Hamas, para que libere a quienes tiene de rehenes, contener así la sangría abominable de su pueblo y lograr el reconocimiento en la ONU de un Estado palestino de pleno derecho y soberano, capaz de garantizar la vida, la seguridad y la paz en toda la región, junto al Estado Israelí, ya liberado de la pandilla de criminales que hoy lo gobierna. Como lucidamente lo propuso el escritor israelí Amos Oz el 23 de enero de 2001 en su texto “Sobre la necesidad de llegar a un compromiso y su naturaleza”: “El primer paso tendría que ser, debe ser -es crucial- la creación de dos Estados”. Por eso es inadmisible permitir que Gaza se convierta en la “nueva Riviera del Oriente próximo”, según los planes de Trump y Netanyahu, edificada sobre cientos de miles de cuerpos despedazados de Palestinos, con hoteles y centros comerciales que oculten ruinas anegadas y apelmazadas con la sangre de miles de niñas, niños, mujeres y ancianos gazatíes. Si ello acontece, entonces se repetiría lo afirmado en dicho texto por Amos Oz: “La Europa que colonizó el mundo árabe –explotándolo, humillándolo, pisoteando su cultura, utilizándolo como patio de recreo imperialista—es la misma Europa que discriminó a los judíos, los persiguió, los acechó en sueños para terminar asesinándolos en masa en un crimen genocida sin precedentes”.



martes, septiembre 16, 2025

ÁLVARO URIBE ¿ENTRE EL PROTAGONISMO Y EL OSTRACISMO POLÍTICO?

 

Álvaro Uribe Vélez ¿entre el protagonismo y el ostracismo político?

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Hernando Llano Ángel.

No deja de ser muy significativo que el expresidente Álvaro Uribe haya decidido inscribir su nombre en el renglón 25 de la lista cerrada que presentará el Centro Democrático (CD) para el Senado en las elecciones del 8 de marzo de 2026 para el Congreso. Es obvio que se trata de una estrategia electoral que busca arrastrar y obtener el mayor número de senadores electos, pues el propósito del CD, como de todo partido, es ganar y asegurar mayorías en el Congreso. Mucho más, cuando también el CD aspira a ganar la Presidencia, lo que le garantizaría una amplia gobernabilidad al Ejecutivo durante su cuatrienio. Semejante activismo político del expresidente en el interludio de la apelación que resolverá el Tribunal Superior Penal de Bogotá en los próximos días, presupone que tiene la certeza de la revocatoria a su favor de la sentencia condenatoria proferida por la Jueza Sandra Liliana Heredia Aranda. De lo contario, si el Tribunal la confirma, así dosifique la pena, estará inhabilitado para inscribirse en la lista y aspirar a cargo público alguno. Entonces estaríamos frente a una tensión paradójica entre la justicia y la política. Mientras la primera lo condena y lanza al ostracismo, la segunda lo requiere y reconoce como un actor protagónico decisorio en tanto presidente vitalicio del CD cuenta con amplio respaldo de millones de simpatizantes y potenciales electores. Es, pues, una figura de la cual depende el éxito o fracaso electoral del CD y, en gran parte, el triunfo de la derecha y sus eventuales aliados sobre el candidato que postulará la izquierda o un hipotético Frente Amplio, con el padrinazgo del presidente Petro.

El ascenso de la criminalidad política

Detrás de esta paradoja se encuentra un fenómeno más complejo que tiene relación con los vasos comunicantes, unas veces visibles y la mayoría ocultas, entre la política, la ilegalidad y el crimen. Una relación que dista mucho de ser nacional y tiene en el orden internacional su máxima expresión con mandatarios como Trump, Netanyahu y Putin, que representan el ascenso de la criminalidad a la cumbre del poder estatal. Una criminalidad que se reviste de impunidad y está arrasando con todos los principios básicos y las normas reguladoras del Derecho Internacional Humanitario, como también con la Carta fundacional de las Naciones Unidas de 1945[i] ; la Convención sobre la prevención y castigo del delito de genocidio de 1948[ii] y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. En el vecindario, los mayores exponentes son Daniel Ortega y Nicolas Maduro, por la izquierda y por la derecha Nayib Bukele y Javier Milei. El que esta pléyade de transgresores del derecho y el orden internacional procedan de tan diversas vertientes ideológicas y proyectos económicos, nacionales y sociales tan dispares, nos demuestra que las coordenadas de derecha e izquierda de nada sirven, que son apenas coartadas y comodines para el ejercicio de un poder político despótico, autocrático y megalómano, que todos ellos se arrogan en nombre de la ciudadanía y sus respectivas naciones.

Y el colapso de la democracia

 Por eso, para orientarse en el entreverado y arrasado mundo de la política actual, cada vez con más similitudes a lo sucedido en la década de los años treinta del siglo pasado con el ascenso de la extrema derecha en muchas latitudes, es avizorar quiénes son los líderes más diestros en manejar las pasiones, los miedos y los prejuicios, al tiempo que proclaman ser los restauradores de sus naciones y hasta del orden mundial. Y una de las pasiones más nefastas que estimulan magistralmente todos los anteriores es el patriotismo y el nacionalismo agresivo, tras el cual millones de incautos ciudadanos se galvanizan y unen, pues les insufla un sentimiento de superioridad y hasta de sacrificio personal, como sucede actualmente en los conflictos de Rusia contra Ucrania y de Israel contra el pueblo palestino, en los cuales casi todas las normas del DIH se han desconocido y por consiguiente el mayor número de víctimas mortales terminan siendo civiles. Y cuando ello repercute en el orden interno de cada nación, la división y polarización entre patriotas y traidores, ciudadanos y terroristas, paracos y mamertos, derecha e izquierda, como en nuestro caso, la arena política se convierte en un campo de guerra anegado en sangre. Por eso los precandidatos que hoy pregonan triturar o arrasar a sus contrarios, más allá de cuál sea su procedencia partidista, se encuentran en el lugar equivocado, están fuera del juego democrático. Igual que aquellos que burlan las reglas del juego político y la legalidad, acostumbrados en violarlas con habilidosos y costosos abogados, expertos en eludir la justicia a punta de incisos y excepciones. Quizá el máximo criterio que deberíamos tener en cuenta para votar en las próximas elecciones sea el de lanzar al ostracismo a todos los candidatos que han realizado sus carreras haciendo alianzas o coaliciones con aquellos sectores y actores que medran en la periferia de la ilegalidad, con tenebrosos poderes de facto regionales y que tienen como máxima divisa utilizar todos los medios a su alcance para alcanzar el triunfo en las urnas, así se arropen bajo banderas como la seguridad, la libertad,  la defensa de la democracia y hasta la salvación de la patria. Basta mirar a Trump, Putin, Netanyahu, Ortega, Bukele, Maduro y Milei. A los precandidatos que se inspiran en alguno o todos los anteriores, ojalá les serviera de advertencia la condena que acaba de recibir Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel, ese adalid del “orden, la seguridad y la ley”, que pretendió seguir el ejemplo de Trump en Brasil y hoy cuenta con su complicidad contra la economía y el pueblo brasileño.

 

 

domingo, septiembre 07, 2025

EL CENTRO POLÍTICO PARTIDISTA NO EXISTE

 

EL CENTRO POLÍTICO PARTIDISTA NO EXISTE

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/el-centro-politico-partidista-no-existe/

 

Hernando Llano Ángel

El centro político partidista no existe en Colombia. Es, cuando más, una convención y ficción de las coordenadas espaciales proyectadas en la arena política. Una arena que siempre está en disputa y en donde las coordenadas que cuentan son otras, mucho más complejas y contingentes. Unas coordenadas de orden ideológico, social, económico y cultural en continuo movimiento, que definen los límites del campo político. De suerte que los linderos y coordenadas de esa arena no caben en esas tres elementales toponimias: derecha, centro e izquierda. La política va mucho más allá. El centro, como la derecha y la izquierda, son una simplificación mental que obedece a la necesidad ciudadana, demasiado atareada en sobrevivir, para orientarse en ese denso bosque de las ideologías y controversias que convierten el campo político en un rizoma oculto y entreverado que se extiende en todas las direcciones. Hacia abajo, arriba y todos los puntos cardinales, con alianzas inimaginables, incluso entre extremas de derecha e izquierda, que tratan de ocultarse con eufemismos como centro-derecha y centro-izquierda en aras de canalizar votos y ganar elecciones, así después no puedan gobernar y hagan del Estado un botín que se reparten entre todos los socios. A propósito, la elección de Carlos Camargo[i] como próximo magistrado de la Corte Constitucional es un ejemplo deplorable del clientelismo político reinante en la misma Corte Suprema de Justicia que niega de plano la separación entre el poder judicial y el legislativo.

 Líderes manipuladores

Pero, sobre todo, ellas obedecen a la astucia de ciertos líderes políticos, obsesionados por el control del poder estatal, sus pingües ganancias y sus vanidades personales, que proyectan para su beneficio y manipulación el espejismo político de la derecha, el centro y la izquierda. El campo de la política del poder es mucho más vasto, difuso y disputado que el definido institucionalmente por esas convenciones y los partidos políticos, que suelen presentarse y promocionarse como opciones de derecha, centro o izquierda. El poder político es un campo renuente a esas simplificaciones mentales y espaciales. Simplificaciones por cierto muy útiles para cautivar los votos de cándidos ciudadanos que aún creen en esa clasificación artificiosa y tienden a definirse o inscribirse como de derecha o izquierda y desprecian el centro, por considerarlo tibio y conciliador. Especialmente en momentos críticos, donde quienes definen el campo político solo les interesa obtener más votos para ganar las elecciones y en sus mentes binarias solo caben esas dos opciones: derecha o izquierda, por fuera de las cuales, supuestamente, no hay salvación y mucho menos espacio político. El centro viene a ser como un limbo, un no-lugar, pues sólo hay espacio para la polarización entre la derecha y la izquierda. Ese centro solo existe en la mente y el rechazo de una ciudadanía que se niega a caer en la trampa de la polarización, esa especie de profecía autocumplida de la que se benefician quienes son sus creadores e instigadores, tanto en la derecha como en la izquierda.

¿Cuál polarización política?

Entonces surge esa palabra mágica, un comodín político que todo lo atrapa, especialmente en boca de politólogos, sociólogos y formadores de opinión que creen explicar todo lo que sucede pronunciando esa palabra como un mantra. Pero esa palabra sirve más para ocultar que para revelar y termina siendo performativa, pues en efecto logra dividir a la sociedad en dos bandos irreconciliables. Dos bandos que hoy respaldan millones de fanáticos que siguen ciegamente, como barras bravas, a sus líderes y bodegueros en las redes sociales. Barras incluso dispuestas a morir y hasta matar por sus líderes y “partidos”, como sucede con los fanáticos de los equipos de fútbol, que en medio de la emoción olvidan que sin vida no hay fútbol ni política. Esos fanáticos nunca podrán volver a ver ganar a su equipo y mucho menos gobernar a su partido, pues literalmente su fanatismo y pasión los aniquila.

¿Existe el campo democrático?

Sin embargo, este símil político-deportivo solo vale para aquellas sociedades donde existe realmente un campo democrático, que demanda unas reglas claras acatadas por todos los partidos y jugadores –como sucede en el fútbol-- más allá de los resultados inciertos de las elecciones y del juego por el poder estatal. Reglas que en nuestra sociedad estamos muy lejos de cumplir, pues la primera de ellas exige la exclusión absoluta de la violencia en las controversias políticas y en la disputa por el poder político. Una regla que se viola en forma permanente, ya sea asesinando precandidatos como Miguel Uribe Turbay o mediante el magnicidio social de cientos de líderes populares, cuyo número llegaba a 102 hasta el pasado 8 de agosto, con el asesinato del campesino José Erlery Velasco en Balboa Cauca, según informa INDEPAZ ([ii]). Por lo anterior, esas coordenadas de derecha, centro e izquierda significan poco entre nosotros hasta tanto la cancha donde se define el poder político estatal, la sociedad en su conjunto, no esté segura y a salvo de la violencia política y la ilegalidad, pues quien mejor y más impunemente las utilice para obtener votos terminará ganando, lo cual es profundamente antidemocrático, más allá de si es de derecha, centro o izquierda. Según el “Segundo informe de violencia política-electoral 2025”[iii] de la fundación Paz y Reconciliación (PARES): “Entre el 8 de marzo y el 8 de agosto de este año, periodo correspondiente a los primeros cinco meses del calendario electoral, se registraron 93 víctimas únicas en 69 hechos de violencia, lo que significa que, en promedio, cada dos días una persona es afectada por este fenómeno. La mayoría de los casos correspondieron a amenazas (42), seguidas por atentados (20), homicidios (6) y un secuestro”.

El imaginario centro partidista

De allí la dificultad, casi la imposibilidad de la existencia de un centro político partidista en nuestra sociedad, pues son las extremas partidarias de la violencia y su ladina utilización, tanto a la derecha como a la izquierda, desde el Estado o por fuera de él, las que terminan imponiéndose. Por eso la sociedad en su conjunto se convierte en el centro político de sus disputas mortales y todos terminamos perdiendo el sentido vital del juego de la democracia y la política. Un juego donde nadie debería ser intimidado y menos morir por promover y defender sus ideas. Sin embargo, ya hay precandidatos que llaman a la guerra, incluso una precandidata de revista ruega a Trump que envíe sus marines a salvarnos, otros afines al “Centro Democrático”, como Abelardo de la Espriella habla de “interrumpir, destripar, el relato de la izquierda para instalar el relato correcto”[iv] y la senadora María Fernanda Cabal diagnostica a la izquierda como una enfermedad mental y dice a sus miembros y seguidores que “deberían ir al psiquiatra o ir a un cura y hacerse un exorcismo”[v].

La convivencia social es el centro de la política

Por eso hay que recobrar la convivencia social como el centro de la política. Porque garantizar la vida de todos los miembros de la sociedad, más allá de la derecha, el centro o la izquierda, es el máximo bien público. Un bien supremo que no puede ser propiedad exclusiva de ningún partido y requiere ser protegido sin discriminación alguna, sin subordinarlo a la seguridad, pues ésta puede convertirse en un privilegio que se pone más al servicio de ciertos intereses, asociaciones y poblaciones minoritarias en lugar de proteger a la sociedad en su conjunto. Carece de sentido hacer de la seguridad una bandera partidista de la derecha relegando la vida, la libertad y la equidad a un segundo plano, pues sin ellas no hay seguridad estable y duradera. Mucho menos convertir la vida, la libertad y la justicia social como banderas exclusivas de la izquierda, pues sin seguridad ellas no existen ni podrán levantarse. Por eso, reducir la política a esa errática disputa entre derecha, centro e izquierda carece de sentido. Sobre todo, cuando un partido se autodenomina “Centro Democrático” y sus ejecutorias han tenido poco de centro y menos de carácter democrático. Tanto es así que dicho partido reivindica como su más preciado y valorado triunfo el NO del plebiscito contra el Acuerdo de Paz del 2016 y proclama como máximo lema de su gobernabilidad una “seguridad democrática” que dejo más de 6.400 civiles inermes asesinados por miembros de la Fuerza Pública. Todo lo anterior es la negación de la vida, la paz política y la seguridad, sin las cuales es imposible convivir democráticamente. Sin ellas no existe el centro político de la convivencia social y menos una competencia electoral libre de toda coacción violenta, presupuestos vitales de la democracia.

Más allá del centro político partidista

Quizás la urgencia de una alternativa partidista de centro en Colombia deriva de la idea aristotélica del “justo medio”[vi], expresión de la prudencia en política para superar el voluntarismo excesivo de cierta izquierda, cercana a un reformismo catastrófico y, en la otra orilla, la indolencia de una derecha furibunda, defensora a ultranza de la seguridad para conservar intacto un statu quo de cleptócratas, que cínicamente llaman democracia. Entre ambos extremos navega precariamente la nave del Estado, que puede encallar y naufragar, bien por la urgencia de su capitán de conducirla ya al puerto utópico de sus reformas, sin considerar la viabilidad de las mismas, o por la intransigencia recalcitrante de la oposición que solo aspira volver a comandarla y bloquea en el Congreso su avance social. Tanto esa izquierda impaciente y utópica como esa derecha indolente y distópica deberían atender con urgencia este aforismo del jurista suizo decimonónico, Johann Caspar Bluntschli: “La política debe ser realista. La política debe ser idealista. Dos principios que son ciertos cuando se complementan y falsos cuando se mantienen separados”. Es probable que en la articulación prudente y a la vez coherente de estos dos principios se encuentre el inexistente centro político partidista en nuestra sociedad, tan urgente para las próximas elecciones y necesario para las futuras generaciones. Un centro hoy rebasado por la impaciencia reformista del Pacto Histórico y por la intransigencia, todavía peor, de una ultraderecha contrareformista que no oculta su obsesión por retomar la nave del Estado en el 2026 y llevarla de nuevo a su exclusivo balneario de privilegios.

LA JUSTICIA PENAL EN EL LABERINTO DE LA CRIMINALIDAD POLÍTICA.

 

 

LA JUSTICIA PENAL EN EL LABERINTO DE LA CRIMINALIDAD POLÍTICA

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/la-justicia-penal-en-el-laberinto-de-la-criminalidad-politica/

https://elpais.com/america-colombia/2025-08-30/la-justicia-penal-en-el-laberinto-de-la-criminalidad-politica.html

Hernando Llano Ángel.

La justicia penal en Colombia se encuentra atrapada y extraviada en el laberinto de la criminalidad y la ilegalidad política nacional desde hace muchos años. No solo ahora por el juicio y la condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez a doce años en prisión domiciliaria, revocada por el Tribunal Superior de Bogotá, mientras resuelva en octubre la apelación interpuesta por sus abogados. La justicia penal está atrapada, casi encarcelada en ese laberinto, desde la eufemística política de sometimiento a la justicia del expresidente César Gaviria para contener el narcoterrorismo de los extraditables y lograr así la entrega de Pablo Escobar. Una entrega que resultó transitoria, pues solo estuvo un año en su cárcel-catedral de impunidad[i], tolerada implícitamente por Gaviria, lo que facilitó su insólita fuga el 22 de julio de 1992. Pero el origen del drama de la justicia penal comienza con la incapacidad del Estado colombiano para contener el auge, la prosperidad y la creciente complacencia social con las fortunas procedentes de mercados ilegales. Inicialmente fue el anodino e inofensivo contrabando de mercancías, cuyo paraíso era San Andrés islas, para la felicidad de millones de colombianos que con la anuencia gubernamental adquiríamos todo tipo de electrodomésticos y bebidas espirituosas. Ese familiar contrabando insular se formalizó con numerosas sucursales de “San Andresitos” en el interior del país. Pero la anuencia gubernamental ya se había expresado en la política cambiaria del Estado con la polémica “ventanilla siniestra[ii] del banco de la República bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen, que canalizó flujos de dineros procedentes de la bonanza cafetera, pero también de mercados ilegales. Luego vino la bonanza marimbera, continúo con el tráfico de cocaína y llega hasta nuestros días con su internacionalización y globalización. Hoy sabemos que tiene en Catar un punto de intersección donde el actual gobierno explora las posibilidades de someter a la justicia el grupo criminal más poderoso, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, que controla cuantiosas rentas procedentes de mercados ilegales. En ese escenario de criminalidad “interméstica”, por lo internacional y doméstica, la justicia penal colombiana está en limbo, al menos en esta etapa exploratoria, pues ni siquiera existe un marco legal para su aparición en escena.

La extradición de la justicia colombiana

Pero el telón de fondo de ese universo semilegal y criminal que corroe toda la sociedad colombiana es eminentemente político e interestatal y su origen se encuentra en la fracasada “guerra contra las drogas”. Guerra mediada y catalizada por el célebre Tratado de Extradición con Estados Unidos. Un Tratado que en la práctica terminó siendo la extradición de la soberanía judicial del Estado colombiano, pues delegó y sometió al poder punitivo norteamericano el castigo de los más poderosos narcotraficantes y criminales colombianos. La extradición, pues, ha convertido la política criminal de Colombia en una variable subordinada a los intereses de los Estados Unidos. Una variable cada día más politizada con mecanismos como la descertificación, hoy una pesada espada de Damocles que blande amenazante Trump sobre la cabeza de Petro[iii]. Pero, también, una variable política para los presidentes colombianos que la han utilizado a su discreción, como lo hizo Uribe con los paramilitares y Simón Trinidad. Con los primeros, para evitar que terminaran revelando todo el entramado criminal de la parapolítica y la para-economía, que afectaría gravemente su legitimidad y gobernabilidad; con Trinidad para presionar la liberación de numerosos secuestrados en poder de las Farc-Ep. Logró lo primero, pero no lo segundo, por eso Trinidad también fue extraditado. En conclusión, la extradición sirvió para burlar la justicia en Colombia, pues en los Estados Unidos negociaron sus penas y obtuvieron fácilmente la libertad en la mayoría de los casos.

La Justicia penal comodín de la política

En ese contexto, la justicia penal no ha podido escapar a su utilización por la política como un comodín al servicio del gobernante de turno. La política ha utilizado la justicia a discreción para alcanzar sus objetivos, así sea en forma parcial. Lo hizo Uribe con la ley 975 del 2005, llamada de “Justicia y Paz” con los paramilitares y luego Santos con el Acuerdo de Paz, creando la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En ambos casos, el máximo objetivo ha sido la paz política, desmovilizando miles de armados, por lo cual se podría afirmar que se trata de una justicia de transición o, si se quiere, una “justicia para-política”, más en beneficio de miembros de grupos armados tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que propiamente una justicia de verdad para las víctimas. De allí el descontento y la frustración de la mayoría de las víctimas frente a la JEP, pues lo máximo que les ha podido aportar es verdad, sin haberlo logrado en muchos casos, tanto para miles de secuestrados por las Farc-Ep como en los “falsos positivos” perpetrados por miembros de la fuerza pública. De otra parte, y para evitar más víctimas, el actual gobierno pretende avanzar en su política de “Paz Total” presentando al Congreso un proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de grupos armados con alto impacto criminal, como el Ejército Gaitanista y numerosas bandas criminales dedicadas a la extorsión y el microtráfico en importantes ciudades del país. De aprobarse, otra vez la justicia penal estará envuelta en una encrucijada donde intentará conciliar penas, que seguro serán laxas, con la sanción de innumerables atroces crímenes, como ha sucedido con los paramilitares y exguerrilleros, cuyos máximos comandantes gozan ya de libertad, todo ello en nombre de una paz esquiva, mayor seguridad ciudadana y control del Estado de la delincuencia organizada. Metas imposibles de alcanzar mientras persista el incentivo irresistible de los mercados y las rentas ilegales en extensos territorios rurales y en nuestras populosas ciudades se fortalezcan numerosos enclaves de criminalidad para el reclutamiento de jóvenes sin alternativas de empleo y educación.

De la criminalidad organizada a la criminalidad política

Y mientras esto sucede en relación con la criminalidad organizada, paralelamente la justicia penal enfrenta un desafío quizá mayor en todos aquellos casos en que investiga a protagonistas de la política nacional. El juicio del expresidente Uribe es el más trascendental. En este ámbito no cabe hablar de la politización de la justicia, tampoco de judicialización de la política, pues estamos ante un fenómeno que permea por igual a todos los sectores y partidos políticos, tanto en la derecha, centro e izquierda, como es la criminalidad política, que comúnmente se denomina corrupción y cubre una amplia gama de delitos que terminan configurando propiamente el funcionamiento de un Estado cacocrático con su respectiva gobernabilidad más o menos ilegal y criminal. Es el caso del actual gobierno con su mayor escándalo, la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo número de altos implicados cada día aumenta, incluida la fuga de Carlos Ramón González[iv], exdirector Nacional de Inteligencia, asilado en Nicaragua, paradigma de Estado cacocrático, que acaba de negar su extradición. Por eso, más bien debería denominarse Unidad para la Generación Nacional de Riesgos y Desastres del Gobierno del Cambio, ya que ha minado su credibilidad y legitimidad mucho más que la enconada oposición en el Congreso a sus reformas sociales.

La criminalidad cacocrática       

Pero ninguno de los presidentes y sus gabinetes ministeriales desde la Constitución del 91 escapa a los escándalos propios del Estado cacocrático. Esos escándalos han sido la noticia cotidiana desde Gaviria hasta Petro, por lo que no hay aquí espacio para reseñar semejante saga de criminalidad gubernamental. Pero, sin duda, las administraciones presidenciales con el mayor número de altos funcionarios procesados y condenados por la justicia, con sentencias confirmadas hasta agotar el recurso de casación en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, han sido las presididas por Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010. Abarcan delitos que van desde el entramado electoral y criminal del concierto agravado para delinquir de numerosos congresistas, cerca de 60[v], condenados por su asociación con grupos paramilitares, conocido como la “Parapolítica”[vi], pasando por la condena de tres de sus ministros: Andrés Felipe Arias, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y 20 funcionarios de su círculo más cercano[vii]. Sin olvidar graves crímenes contra figuras admiradas como Jaime Garzón y el profesor Alfredo Correa de Andreis. Por el de Garzón fue condenado José Miguel Narváez[viii], exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y Jorge Noguera, exdirector del DAS, como coautor del asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis[ix], cometido por miembros del grupo paramilitar del Bloque Norte. Semejante prontuario de gobernabilidad criminal terminó arrastrando a numerosos miembros de la Fuerza Pública a la comisión de miles de ejecuciones extrajudiciales, llamados “falsos positivos”[x], en cumplimiento de la Directiva 29[xi] del ministerio de defensa y de la política de “seguridad democrática”. Quizá por todo lo anterior hasta el jefe de seguridad del propio presidente Uribe, el general (r) de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo, terminó extraditado y condenado en Estados Unidos. El 20 de agosto de 2012 ante una corte del Eastern District of Virginia (Estados Unidos) aceptó haber ayudado a las Autodefensas Unidas de Colombia”[xii] y recibido por ello cinco millones de dólares.

¿Cómo salir del laberinto cacocrático?

Por todo lo anterior, la Fiscalía, la justicia penal y muchos de sus funcionarios se debaten hoy en un laberinto demasiado intrincado, pues enfrentan el desafío descomunal de investigar, procesar y condenar una criminalidad que está fusionada muchas veces con el poder político y respaldada por las máximas instancias del Estado en forma explícita o implícita. A ello se suma, que los presuntos máximos responsables de ese entramado cacocrático cuentan para su defensa con los mejores y más costosos equipos de abogados, capaces de dilatar los procesos hasta su prescripción o, lo que es peor, eludir con sofisticados recursos y sofismas procesales la justicia, la verdad y culpabilidad de los implicados. Abogados que encarnan a la perfección la descripción que hace García Márquez en su proclama “Por un país al alcance de los niños”[xiii] de nuestra peculiar y nefasta relación con el derecho y la justicia: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Tal es el mayor desafío que enfrenta la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá para resolver el recurso de apelación interpuesto por los abogados del expresidente Uribe.

Campañas electorales para delinquir

Un desafío que enfrentan la mayoría de aspirantes a la presidencia de la República y les compete directamente, pues una de las fuentes de la criminalidad política está en la financiación de sus costosas campañas, como sucedió con Ernesto Samper en el proceso 8.000[xiv].  Costos estrambóticos que los llevan a violar los topes legales de financiación o la comisión de otros delitos, como pasó en la segunda campaña del expresidente Santos, cuyo gerente, Roberto Prieto[xv], fue condenado a 5 años de cárcel. Todo parece indicar que igualmente les sucederá a Ricardo Roa, Lucy Aydee Mogollón y María Lucy Soto, gerentes de la campaña del presidente Petro, según la ponencia presentada al Consejo Nacional Electoral, que decidirá el próximo 11 de septiembre las sanciones económicas y administrativas[xvi] a imponer. Así, pues, todos los candidatos, tanto a Presidencia de la República como al Congreso, corren el riesgo de vender su alma al diablo y su desempeño público a sus generosos patrocinadores, sean ellos legales o ilegales, gremiales o corporativos. Valdría la pena que conociéramos sus patrocinadores antes de votar por ellos. Así sabríamos si lo hacemos para prolongar una cacocracia, cleptocracia, plutocracia o una mezcla de todas las anteriores, bajo la coartada de una ilusoria e incierta “democracia” donde nunca cambia nada porque es rehén de una poderosa y sofisticada criminalidad cuya cúspide parece intocable y permanece casi totalmente impune hasta nuestros días.