CALICANTO: DE LAS ELECCIONES TERRITORIALES AL COLAPSO DE LA GOBERNABILIDAD NACIONAL?

¿DE LAS ELECCIONES TERRITORIALES AL COLAPSO DE LA GOBERNABIILIDAD NACIONAL?

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/las-elecciones-territoriales-al-colapso-la-gobernabilidad-nacional

Hernando Llano Ángel.

La principal virtud de las elecciones, como mecanismo democrático para renovar los poderes públicos, es que permiten contar cabezas en lugar de cortarlas, según la definición mínima de democracia de James Bryce[1]. Pero para que ello suceda se requiere un contexto de paz política y una cultura política de reconocimiento de la legitimidad del adversario y de su triunfo en las urnas. Ambos asuntos, lamentablemente, son muy precarios en nuestra realidad política y en muchas regiones no existe, pues allí predominan los poderes de facto, los invencibles clanes familiares (Char, Gnecco, Dilian Francisca Toro, etcétera), el clientelismo y la compraventa de votos. Pero estas elecciones regionales, además de lo anterior, dejan un balance de eventos violentos y asonadas muy preocupante. Según el informe número 9 de la Defensoría del Pueblo[2], entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre se presentaron 127 eventos y protestas en 104 municipios. Entre estos eventos, 52 asonadas, siendo la ocurrida en el municipio de Gamarra la más grave y letal. La Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su alarma en un comunicado: “MOE rechaza alteraciones al orden público e invita a campañas a usar los mecanismos legales para resolver sus inconformidades en escrutinioshttps://t.co/Ddv6QP45Fg— MOE (@moecolombia) October 31, 2023”. Según la crónica de EL ESPECTADOR del 31 de octubre: “Desmanes tras elecciones golpean a 98 municipios y encienden alertas por ola violenta”[3]: “Las principales motivaciones de los manifestantes fueron el desconocimiento de los resultados electorales, con un 42%, la mayoría de estos eventos debido a la escasa diferencia de votos entre uno y otro candidato; la denuncia de posibles irregularidades electorales, con un 29%, principalmente relacionadas de eventos de posible fraude electoral, dijo la Defensoría del Pueblo en un informe remitido a varias entidades gubernamentales”. Pero la máxima expresión de esta violencia electoral se presentó en Gamarra donde fue incendiada la sede de la Registraduría. Se puede pensar que lo anterior es insignificante, pues sucedió en municipios periféricos, pero también afectó a capitales como Santa Marta, Cúcuta e Inírida. Sin duda, lo anterior es un signo preocupante en tanto revela que en esta ocasión no fueron los grupos armados ilegales quienes atentaron contra las elecciones, sino los mismos ciudadanos estimulados por un espíritu faccioso y violento de grupos que se autodenominan partidos, pero que en la realidad actúan como organizaciones facinerosas y criminales. En efecto, los instigadores de la quema de la sede de la Registraduría en Gamarra el 28 de octubre, donde murió calcinada la contratista Duperly Arévalo Carrascal[4], fue realizada por seguidores del candidato a la Alcaldía, Fernando Márquez, inhabilitado por la Registraduría. Entre los sospechosos de semejante crimen figuran varios aspirantes al Concejo Municipal de Gamarra. Todo un tenebroso Halloween antidemocrático.

El Halloween del plebiscito

Y si a lo anterior sumamos el clima político nacional de Halloween, que los principales partidos de oposición convirtieron en un plebiscito contra el presidente de la República y sus iniciativas reformistas en el Congreso, el resultado puede terminar siendo un bumerán contra la gobernabilidad democrática. Podemos entrar en una zona de alta turbulencia política y hasta de colapso legislativo. En una especie de gobernabilidad centrífuga, donde los opositores que ganaron en importantes ciudades y departamentos intentarán deslindarse de políticas cruciales, incluso sabotearlas, como la Paz Total, para impedir que se avance en la desmovilización y desarme de los grupos ilegales. Mientras predomine la inseguridad y la violencia en muchas regiones, más posibilidades de victoria tendrá la oposición en la próxima elección presidencial del 2026. Parece que la consigna política, faltando menos de tres años de gobierno del Pacto Histórico, será: “mientras peor le vaya a Petro y más catastrófica sea su gestión, mucho mejor para la oposición”. La meta de la oposición busca petrificar las reformas del Pacto Histórico, aislar al presidente y desacreditarlo al máximo para impedir su gobernabilidad nacional, provocando así sus impulsivas e imprudentes reacciones en su cuenta X. Reacción que por ahora ha evitado y está intentando convertir en una inverosímil victoria del Pacto Histórico, según su última publicación en X[5], donde oculta su derrota en las principales ciudades y departamentos, sumando como propios votos de partidos y movimientos que formalmente están en el Pacto Histórico pero que no lo respaldan en el Congreso. Más le convendría al presidente Petro tener en cuenta el sabio aforismo de Bluntschli[6]: “La política debe ser realista; la política debe ser idealista: dos principios que son ciertos cuando se complementan y falsos cuando se mantienen separados”. Consejo totalmente válido para esta coyuntura postelectoral, pero especialmente para el trámite de sus reformas en el Congreso, de lo contrario fracasará históricamente. Parece empezar a entenderlo, pues “el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón y otros congresistas solicitaron el aplazamiento del trámite a la reforma a la salud”[7], proposición que la plenaria acogió.

La democracia como un juego de suma positiva

Dicho escenario de colapso de la gobernabilidad nacional puede suceder, siendo lo más indeseable y perjudicial para todos, porque ambas partes, gobierno y oposición, son rehenes de una concepción revanchista de la política y están atrapados en una práctica de la democracia como un juego de suma cero, donde una parte gana todo y la otra lo pierde todo. Parecen incapaces de concertar y hacer de la democracia un juego de suma positiva, donde todas las partes ganen algo. Tanto el gobierno como la oposición están entrampados en esa democracia adversarial, empeñados no solo en imponerse plenamente sobre el contrario, sino incluso en deslegitimarlo y de ser posible impedirle gobernar. Lo que constituye no solo un grave error político, sino incluso una conducta contraria a la Constitución y la ley. La Constitución establece en su artículo 1 que “Colombia es una República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”, pero no un archipiélago de Departamentos y Capitales que desafían el poder presidencial. Así mismo, el presidente tiene que respetar la autonomía de las entidades territoriales, cuyos alcaldes y gobernadores deben cumplir en municipios y departamentos sus programas de campaña electoral, pues están sujetos al mandato de los ciudadanos que los eligieron por el voto programático. De no hacerlo, podrían ser revocados, según lo establecido en los artículos 40, 103, 259 de la Constitución y la ley estatutaria 1757 de 2015[8], que fija el procedimiento para hacerlo. Así las cosas, una polémica como la construcción soterrada de la primera línea del Metro en Bogotá no tiene sentido, lo que no impide que otras líneas sean subterráneas, como sucede en la mayoría de los metros de las grandes ciudades. Incluso en la historia del metro de Berlín[9], a finales del siglo XIX y principios del XX, se presentó la misma polémica y se empezó a construir elevado, pero hoy la mayoría de sus líneas son soterradas, de allí su nombre “U-Bahn Berlín, de Untergrundbahn, lit. "tren subterráneo".

¿Una Oposición obstructiva o constructiva?

De otra parte, el Estatuto de la Oposición estableció que el candidato que obtenga la segunda votación en las elecciones de municipios y departamentos, podrá acceder a una curul en los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales, si tiene interés en ejercer una función de control político y contribuir a una mejor gobernabilidad en su ciudad y departamento. Pero las anteriores disposiciones legales de nada sirven si no hay voluntad política y disposición en los actores y líderes políticos para actuar en función de intereses generales y públicos y, en lugar de ello, se dedican a obstruir la gobernabilidad, poner trabas y promover el fracaso del gobierno de turno. Entonces el resultado será el caos y la ingobernabilidad. De allí que la cultura política y el talante más o menos democrático de los próximos gobernantes territoriales será determinante, más allá de las disposiciones legales. Porque si los mandatarios regionales llegan a gobernar solo en función de los intereses de los miembros de su propio partido, de los financiadores de su campaña, de intereses corporativos y empresariales o con la obsesión de desconocer los logros de la anterior administración, para así desacreditar y ajustar cuentas con el adversario ideológico, será la ciudadanía en su conjunto la que pierda. Mucho más grave sería la conformación de una especie de “Pacto antihistórico” entre los gobernantes territoriales de la oposición durante estos casi tres años que le quedan al gobierno del “Pacto Histórico” para así ir preparando el terreno que les permita recobrar la gobernabilidad presidencial en el 2026. Al respecto, dichos gobernantes territoriales saben muy bien que el ejecutivo nacional tiene en sus manos cartas poderosas como Jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa (artículo 189 CP[10]), que controla la ejecución del presupuesto nacional y del Plan Nacional de Desarrollo en sus regiones, de los cuales dependerá en alto grado el éxito de sus administraciones y su gestión pública. Quizá éste termine siendo un contrapeso positivo del poder presidencial y del centralismo, tantas veces justamente denostado, para evitar el secesionismo político y administrativo de algunos gobernadores y alcaldes que, antes de serlo de sus departamentos y municipios, parecen serlo de los partidos de oposición a los que pertenecen y de los intereses de quienes solo tienen como meta impedir la gobernabilidad presidencial para volver en el 2026 a la Casa de Nariño. Si desde sus cargos apuestan por semejante estrategia, nos esperan años y daños incuantificables, siendo además responsables del colapso de la gobernabilidad nacional y de sumirnos en una especie de neofeudalismo político. Un neofeudalismo donde solo ganan unos pocos, los mismos de siempre, quienes durante toda su vida han creído y administrado lo público como si fuera una empresa que solo proporciona generosas ganancias a sus socios partidistas, a grandes empresas contratistas de obras públicas e incluso a haciendas ubérrimas para el enriquecimiento familiar. Parece ser que la banda musical y tonada que escucharemos en muchas regiones durante estos cuatro años es la canción de Serrat, “Buenos Tiempos”[11]: “Corren buenos tiempos, buenos tiempos para la bandada de los que se amoldan a todo con tal que no les falte de nada. Tiempos fabulosos, fabulosos para sacar tajada de desastres consentidos y catástrofes provocadas… Corren buenos tiempos, buenos tiempos preferentemente para los de toda la vida, para los mismos de siempre. Para los mismos de siempre. Siempre. Siempre”.