¿Entre la transición
democrática o la consolidación cacocrática?
Hernando Llano Ángel
Tal es la disyuntiva frente a la cual nos encontramos los colombianos en
estas elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República. Así lo
comprobamos si repasamos los más recientes escándalos en las tres principales coaliciones
y los perfiles de los precandidatos y candidatos presidenciales mejor
posicionados en los sondeos de intención de voto.
¿Coaliciones políticas o complicidades
electorales?
Primero, presenciamos el escándalo erótico-electoral protagonizado por Alex
Char y Aida Merlano[1] en la
Coalición por la Experiencia o Equipo Colombia. Escándalo que nos revela bien
el origen del nombre inicial de dicha coalición dada su probada experiencia
para ganar comicios comprando votos y robando la confianza de ciudadanos
ingenuos. También su capacidad como equipo para atraer a sus filas a valiosas
mujeres como Caterine Ibarguen[2]
y ponerla a saltar al vacío de la politiquería y el clientelismo bajo la
dirección y entrenamiento de una especialista en el tráfico de votos e
intrigas, como Dilian Francisca Toro, que ahora autodenomina a su empresa
electoral el “partido de la Unión por la gente”[3].
Un “Equipo Colombia” donde además destacan figuras como Federico Gutiérrez,
Fico[4],
que parece estar en el concurso “Yo me llamo” representando una versión vulgar y
juvenil de Álvaro Uribe Vélez, impostando su voz con expresiones tan prosaicas
y destempladas propias de un culebrero paisa. En la segunda coalición, la de la Esperanza,
la agria controversia entre Ingrid Betancourt[5]
y Alejandro Gaviria[6] sobre
las maquinarias y los votos cautivos, replicada recientemente por la disputa
entre el plebeyo Carlos Amaya[7]
y el patricio Juan Manuel Galán[8],
nos muestra claramente el peso determinante de la tradición familiar y de clase
social para coronar una carrera política con éxito. Y, para terminar, la
escabrosa denuncia[9] contra
Piedad Córdoba[10], como
candidata al Senado por la coalición del Pacto Histórico, nos pone de presente
de nuevo las deletéreas y deslegitimadoras relaciones entre la política y la
violencia, que también proyecta sombras del pasado guerrillero de Petro[11]
sobre el presente y futuro electoral de su coalición para el Congreso y su
propia candidatura presidencial.
Perfiles difuminados y
cuestionados
Sombras que están siendo difuminadas en forma intensa, tendenciosa y
tenebrosa por las redes sociales, atribuyéndole responsabilidad en crímenes
horrendos no probados en la serie de vídeos denominada “Pacto de Silencio”[12],
que hacen contrapeso a los presentados por Matarife[13]
sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo lo anterior es más propio de un
régimen político cacocrático[14]
que de uno democrático, pues sus dos principales figuras aparecen gravemente
comprometidas con la violencia y la ilegalidad desde espectros ideológicos
antagónicos. Gustavo Petro con la rebelión en un pasado lejano, sepultada en
los escombros de la violenta toma del Palacio de Justicia ejecutada por el M-19
en 1985, siendo entonces Petro personalmente ajeno a semejante extravío
político y militar, pues no pertenecía al Comando central de dicha guerrilla al
mando de Álvaro Fayad, cerebro de semejante delirio. Y Álvaro Uribe con la
represión estatal y el apoyo de las AUC en un pasado cercano y su “exitosa Seguridad
democrática” que dejó más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales o “falsos
positivos” de jóvenes cruelmente engañados y asesinados. Legado que se prolonga
hasta el actual gobierno de su partido, el Centro Democrático, con sus funestos
resultados en el deterioro de la seguridad ciudadana y el auge incontrolable de
la criminalidad común y política, bajo la cínica bandera de “Paz con
legalidad”. Así las cosas, cada ciudadano afín a dichos líderes, sus proyectos
políticos y partidos se encuentra frente a dilemas decisionales que superan lo
electoral y comprometen su juicio ético y moral, en tanto persona responsable y
no un simple elector manipulable. En verdad, es una decisión difícil de tomar, teñida
de emociones, sentimientos de odio y amor, miedos y esperanzas, que la
convierte más en una cuestión pasional que racional. Quizá por lo anterior
aparecen con tanto auge figuras como Rodolfo Hernández que se disfraza de
antipolítico y se exhiben como empresario[15]
exitoso e incorruptible[16],
salvadores de la Nación. Embuste con el cual seduce fácilmente a millones de
ciudadanos incautos, hastiados de la violencia y la corrupción, que prefieren
no pensar sino confiar ciegamente en una persona tan patética y superficial que
confunde la política con los negocios y la complejidad de una nación, como la
nuestra, con la administración exitosa de una empresa de ingeniería como la
suya. Tal confusión conlleva no solo una corrupción irreparable e irreversible
de la política, ya que la complejidad y gravedad de nuestros conflictos
sociales y económicos no son superables con simples decisiones empresariales y
administrativas o con voz de mando patronal, sino con acuerdos sociales que
implican transformaciones históricas que afectarán privilegios y desigualdades
cada día más inadmisibles. Es decir, acuerdos públicos y no simples decisiones
personales sobre cuestiones tan cruciales como la justicia social, el modelo de
desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, que no dependen solo de la
buena voluntad de un gobernante sino de numerosos actores políticos y sociales
con legítimos y contrarios intereses en conflicto. Es todo lo anterior lo que
menosprecian antipolíticos como Hernández y expresidentes tan incompetentes y
corruptos como Trump, incapaces incluso de reconocer hasta sus derrotas
electorales y de separar sus intereses empresariales de los públicos y
generales. Por ello es que en las elecciones de marzo, mayo y junio lo que está
en juego no solo es quien gana, sino algo mucho más trascendental. Vamos a
decidir si avanzamos hacia una transición democrática y dejamos atrás este
régimen cacocrático o, por el contrario, lo consolidamos por otros cuatro años.
Y esto último acontecerá si botamos nuestro voto al elegir a los menos competentes
y comprometidos con los intereses públicos, la paz política, la equidad social
y la sostenibilidad ambiental. Es una decisión indelegable que cada persona
debe tomar teniendo en cuenta que no solo está en juego su vida, seguridad y
prosperidad, sino la de toda la sociedad y nuestras futuras generaciones.
[9] https://www.semana.com/confidenciales/articulo/el-nuevo-testigo-clave-contra-piedad-cordoba/202206/
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