TRANSICIÓN DE VERDAD Y VERDADES EN TRANCE (II)
(Marzo 13-2020)
Hernando Llano Ángel.
Ya no cabe la menor duda que
estamos viviendo una transición donde cada día se nos revelan más verdades, así
sus protagonistas se empecinen en negarlas. Las verdades del Ñeñe relacionadas
con el apoyo financiero, “por debajo de la mesa”, a la campaña presidencial de
Duque en el 2018 en la Guajira, así como las múltiples evidencias de sus
estrechas relaciones con el entonces candidato y con su padrino político, el
senador Uribe, nos vuelven a confirmar que la esencia de nuestro régimen
político es su simbiosis con la criminalidad. Una simbiosis de carácter
histórico y estructural, cuyo origen no es otro que la poderosa existencia de
economías ilegales, siendo la del narcotráfico la que tiene mayor capacidad de
mutación, infiltración y cooptación. Ahora que estamos de conmemoraciones
míticas, como la de la séptima papeleta, conviene recordar que ella fue una
respuesta juvenil al poder criminal del narcotráfico, asociado con prestantes
figuras del establecimiento político y de organismos de inteligencia estatales,
sin los cuales los tres magnicidios en línea no habrían sucedido: Galán,
Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. Transcurridos más de treinta años, esa
relación continua vigente y creciente, con la gravedad que se trata de ocultarla
o minimizarla al máximo, simplemente porque ha adquirido la dimensión
inexpugnable de ser el régimen político imperante. Y ello ha venido sucediendo
de manera casi imperceptible, bajo la narcotización creciente del conflicto
armado interno y la financiación permanente de las campañas políticas
presidenciales.
Un pasado presente
Ya en 1982, el entonces candidato
López Michelsen, contaba a Enrique Santos Calderón, en su libro de
conversaciones “Palabras pendientes”,
la forma como se financiaron las campañas presidenciales:
“Posteriormente,
cuando terminaron las elecciones, en las que participaron como candidatos,
además de mi persona, Belisario Betancur y Luis Carlos Galán, se nombró una
comisión investigadora sobre el ingreso de los llamados dineros calientes a las
campañas, comisión que absolvió de culpa a los tres grupos. Lo cual no
resultaba muy afortunado, porque examinaron las cuentas de Bogotá y, por
ejemplo, las de Belisario funcionaban en Antioquia. Su tesorero era Diego
Londoño, que después trabajó como gerente del metro de Medellín, y que tenía
relaciones muy cercanas con Pablo Escobar. Hoy se encuentra preso. Pero, del
otro lado, está también el caso de Rodrigo Lara Bonilla, que es aún más impresionante
porque la mafia le metió un cheque que a la postre le costó la vida”. (Palabras Pendientes, conversaciones con
Enrique Santos Calderón. p.142.)
Desde entonces hasta nuestros
días y las recientes declaraciones del Ñeñe, los escándalos no cesan, aunque
para todos sea una historia conocida y sin fin. Una historia cada vez más
inextricable, escrita a varios manos entre muchos protagonistas de la política
y otros tantos de la violencia, la ilegalidad y el crimen. No gratuitamente la
épica séptima papeleta, que con tanto entusiasmo promovimos, terminó
capitalizada por el mismo Pablo Escobar que coronó en el artículo 35 de la
Constitución la prohibición de la extradición. Y para poner fin a su ola
incontenible de narcoterrorismo, luego de su fuga de la Catedral, el mismo
presidente Gaviria tuvo que promover la alianza criminal de la Policía Nacional
con los PEPES y estos se metamorfosearon rápidamente en narcoparamilitares,
luego incursionaron exitosamente en la parapolítica, controlaron el Congreso,
con sus mayorías cambiaron un articulito de la Constitución y fueron tan
imprescindibles para la gobernabilidad, que el mismo presidente Uribe los
convocaba a votar, antes de ir a la cárcel, para que aprobaran su proyectos de
ley. Tales verdades, por más que las nieguen y rechacen sus protagonistas,
hacen parte de nuestras vidas y de los cientos de miles de víctimas, aunque una
mayoría de colombianos prefieran no verlas y mucho menos reconocerlas. Son
múltiples y horrendas verdades en trance que cada día nos revelan la JEP y la
Comisión de la Verdad: los miles de secuestros de las Farc-Ep; las
desapariciones forzadas sin cuenta; los “falsos positivos”, los millones de
desplazados y despojados de sus parcelas, los atentados terroristas y ahora el
asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de derechos humanos y
reincorporados. En fin, un cúmulo de verdades que claman responsabilidades, que
nos interpelan y, en cierta forma, nos condenan si no somos capaces de actuar y
rechazar este régimen político que, certeramente describió así Álvaro Gómez
Hurtado, cuando lo presidía Ernesto Samper, y aplica perfectamente para Duque:
“El régimen
transa las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna. El
régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene
lugar sobre la tierra. Uno sabe que el Gobierno existe porque uno va a Palacio
y alguien contesta, que resulta ser por ejemplo el Presidente de la República,
y va al Congreso y ahí sale su presidente, pero el régimen es irresponsable,
está ahí usando los gajes del poder, las complicidades. El Presidente es el
ejecutor principal del régimen, pero está preso. A mí me da pena repetirlo,
pero el Presidente es un preso del régimen. El régimen es mucho más fuerte que
él, tiene sus circuitos cerrados, forma circuitos cerrados en torno de la
Aeronáutica Civil, de las obras públicas, de los peajes, y en ellos no deja
entrar ninguna persona independiente” (Revista Diners #303, junio 1995).
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