TRANSICIÓN DE VERDAD Y VERDADES EN TRANCE (I)
(FEBRERO, 18 DE 2020)
Hernando Llano Ángel
Es tal la avalancha de
declaraciones y revelaciones sobre nuestra realidad política, que es casi
imposible discernir la verdad o la
mentira contenida en ellas. Pero, sin lugar a dudas, las más inquietantes
corren a cargo de una pareja de protagonistas de la vida política nacional:
Aida Merlano y Álvaro Uribe Vélez. No obstante la distancia insalvable que los
separa por sus ejecutorias políticas, ambos tienen en común dos hechos
irrefutables, de carácter público. El primero, sus líos con la justicia y, el
segundo, que sus declaraciones nos parezcan al conjunto de los colombianos
inverosímiles, aunque los dos sostengan que dicen toda la verdad y que así es
la realidad.
La Declaración de Renta de Uribe
Para empezar, tenemos la
Declaración de Renta de 2018 del senador Álvaro Uribe Vélez, hecha pública en
virtud de la ley que a regañadientes aprobó el Congreso, forzado por los cerca
de 12 millones de ciudadanos que lo exigimos en la Consulta Anticorrupción. En
ella aparece que no tuvo que pagar un solo peso por concepto de impuestos, no
obstante que su patrimonio bruto es superior a 12 mil millones de pesos, que sus ingresos brutos alcanzaron la suma de casi
457 millones pesos y además percibió 51
millones por pensión. Pero, según la
verdad tributaria, claramente explicada por contadores profesionales
consultados por Portafolio, ello no solo es legal sino que también se
corresponde con la realidad de nuestro régimen tributario, como puede leerse en
https://www.portafolio.co/economia/noticias-del-dia-declaracion-de-renta-de-uribe-colombia-hoy-538212. Todo parece indicar que la Declaración del
senador Uribe es tan tributariamente correcta como injusta e indignante para la
inmensa mayoría de colombianos, especialmente para una clase media que paga
impuestos con ingresos muy inferiores y con un pírrico patrimonio. Vergüenza
debería sentir el senador por violar en forma tan ostensible el numeral 9 del
artículo 95 de nuestra Constitución Política: “Contribuir al financiamiento de
los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.
Por revelaciones como las anteriores es que estamos viviendo una coyuntura
política de verdades infamantes e insostenibles, no sólo en el ámbito de lo
tributario, sino en el más doloroso y grave del conflicto armado interno. A tal
punto que el general (R) Mario Montoya ante la JEP negó su responsabilidad como
comandante del Ejército en la ejecución de los “falsos positivos” y los
atribuyó a: “soldados muy pobres, ignorantes, que no entendían la diferencia
entre resultados y bajas, por eso cometieron los falsos positivos”.
Una legislación inicua y criminal
Pero así como las normas
tributarias explican el aberrante caso de injusticia fiscal a favor del senador
Uribe, la Directiva 029 de 2005 de la “seguridad democrática” también explica
legalmente la barbarie de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos
positivos”, con la firma del entonces ministro de defensa Camilo Ospina y la
dirección militar del Comandante del Ejército, general Mario Montoya. Frente a
estas horrendas verdades, revestidas de legalidad tributaria y marcial, los
delitos de Aida Merlano parecen prácticas usuales en la dinámica política y
electoral de nuestra simulada democracia.
Y, por escandaloso que suene, tal es la verdad
al lado de las numerosas masacres de los grupos paramilitares aliados con
senadores y representantes condenados por parapolítica, como puede consultarse
en Verdad Abierta: https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/,
a quienes exhortaba el entonces presidente Uribe que “votaran sus proyectos de
ley antes de ir a la cárcel”[1].
Por todo ello, se puede decir que estamos
viviendo una transición de verdad que nos revela muchas verdades en trance. Una
de esas verdades es la de Aida Merlano que, por su gravedad y aparente
espontaneidad, merece un tratamiento especial en una próxima entrega, para no
incurrir en la ligereza de banalizar y mucho menos justificar sus éxitos
electorales y los de sus distinguidos mentores y patrocinadores como algo inherente
a la democracia
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