ESCENAS VERDADERAS EN
UN TINGLADO ELECTOFÁCTICO
(Tercer Acto)
14 de julio de 2019.
Hernando Llano Ángel.
Los
más recientes escándalos de la actualidad política nacional reflejan plenamente
la esencia de nuestro régimen electofáctico: la simbiosis entre la política, el
delito y la criminalidad, con dos protagonistas situados en los extremos
ideológicos del teatro político: Jesús Santrich, de la FARC, y Andrés Felipe
Arias, del Centro Democrático. Lo que tienen en común, además de proclamarse
inocentes y perseguidos por la justicia
--como suele suceder con todo político investigado— es que su actividad
política ha estado directa o indirectamente vinculada con el crimen y la
ilegalidad. Y que cada uno de ellos ha intentado evadirla con relativo éxito.
De “buenos” y “malos”
delincuentes.
Pero
las diferencias son notables y hasta cruelmente irónicas, pues ambos están
signados por la extradición y la justicia norteamericana, más que por la
colombiana, hasta ahora impotente en su ejercicio y eventual castigo. “Uribito”
se fugó de la justicia colombiana, terminó en una cárcel norteamericana y fue
extraditado a Colombia. Santrich hizo lo mismo, pero para eludir la justicia
colombiana y su eventual extradición a cárceles norteamericanas. El primero
tiene sentencia ejecutoriada por 17 años de cárcel, pero clama por el derecho a
una segunda instancia, bien para lograr una remota absolución o una sustancial
rebaja de penas. Lo cual no obsta para que reciba un tratamiento especial, como
delincuente “bueno”, privilegiado y de primera clase, al punto que los medios
de comunicación no pudieron cubrir su llegada a Colombia –atentaría contra su
honorabilidad-- y que su reclusión o paradero sea la Escuela de Caballería de Bogotá.
Una paradoja propia de un Estado electofáctico, sus guarniciones militares
terminan albergando, con comodidad y privacidad, a los “buenos muchachos”
condenados por delitos contra la administración pública. Sabas Pretelt, por
contribuir al cambio de un articulito de la Constitución, pagó cerca de 6 años en
la Base Naval de Cartagena y Diego Palacio, en la Escuela de Caballería.
Pareciera que los delitos relacionados con Uribe fueran menores,
insignificantes, eufemísticos, como los “falsos positivos”, o hasta
inexistentes, como sucede en el caso personal del “presidente eterno”.
Tal es el tratamiento dado a los “buenos delincuentes”, que contrasta con el
destinado a los “malos delincuentes”, los opositores y desertores, como
Santrich, por quien hay una oferta de cerca de 3 mil millones de pesos. Y después
dicen que el crimen no paga o quizá se trate, más bien, de una versión naranja
del “que la hace la paga”. Ironías propias del maniqueísmo punitivo, que da
trato diferente a los delincuentes, según sean “buenos” o “malos” muchachos,
así como hay “ciudadanos de bien” y otros del “mal”, según estén a la diestra o
siniestra de quien gobierna. Para los primeros, discreción, presunción de
inocencia y respeto, para los segundos, escarnio, ensañamiento y condena.
Una Justicia política
a la medida
En
fin, una justicia a la medida de la importancia y del rol político de los
“buenos” delincuentes. Tanto para los de extrema derecha y ahora, con estupor e
indignación de estos, también para sus
contradictores de la otrora extrema izquierda, quienes hoy son sus colegas en
el Congreso y prácticamente tienen a esta corporación por cárcel, en tanto
cumplan con la JEP, digan toda la verdad y reparen a sus víctimas, según lo
establecido en el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición del
Acuerdo de Paz.
Quizá
por eso hace tanto ruido la necesidad de que el Congreso de la República
consagre la retroactividad en la aplicación de la segunda instancia para todos.
Así, cubriría a quienes todavía pagan condenas por parapolítica y probablemente
a los que ya la pagaron “injustamente”, como también a tantos condenados en el
proceso 8.000. De imponerse esta especie de “justicia política retroactiva y a
la medida”, entraríamos en un cuarto acto de nuestro vergonzoso tinglado
político, que bien podría titularse con luces centellantes: “Transando impunidades”. Otra
característica propia de nuestro régimen electofáctico.
“Hay que tumbar el
régimen”
Tal
régimen fue descrito por Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d,) con exactitud
premonitoria en entrevista publicada en el número 303 de la revista Diners, en
junio de 1995, cuando señaló que “es todo régimen opresivo, que está
usufructuando los gajes del poder, y que naturalmente no se quiere dejar
modificar, que no le importa que haya leyes porque está por encima de ellas. El régimen transa las leyes con los
delincuentes” y por eso
concluía: “El mal no está en las sábanas. El mal está en el régimen, que todo
lo corrompe. Lo de fondo es tumbar el régimen”. Quizá por ello el régimen
se apresuró a matarlo. Y este régimen seguirá matando impunemente, en la
mayoría de los casos, a quienes se opongan a los poderes de facto y sus
dinámicas electofácticas. Dinámicas que tienen origen tanto en las frondosas y
prósperas economías ilegales (narcotráfico, minería depredadora, deforestación,
contrabando, lavado de activos) como en las muy legales de Odebrecht,
financiando campañas presidenciales de ganadores (Santos) y de perdedores
(Zuluaga). Pero sobre todo auspiciando y encubriendo penumbrosa relaciones
entre miembros de la cúpula gubernamental con empresarios o inversiones en
Zonas Francas, como la de los jóvenes y emprendedores hijos del “presidente
eterno”. Pero mejor no hablar del pasado, cuando en el presente la ministra del
interior, Nancy Patricia Gutiérrez, participa en negocios tan legales y
prósperos como el Banco de Sangre Hemolife. Banco que, según investigación de
José Roberto Acosta, publicada en El Espectador[1] el pasado sábado 13 de
julio, “es una fundación que reportó $19.000 millones en venta en 2017 y cuyo
actual presidente es su esposo, el señor Miguel Rueda, hermano de la
activista-periodista María Isabel Rueda. La ministra Gutiérrez también aparece
como como subgerente de la sociedad Principia Médica S.A.S, donde su esposo es
el único accionista”. Todo lo anterior, anota Acosta, “violando el artículo 8
del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de
1993) y sin que la ministra del Interior haya revelado su conflicto de
intereses, como lo ordena la ley 1434 de 2011. Además, la ministra participó en
el Conpes 3956, que redujo trámites para que el Invima otorgue registros
sanitarios a empresas como Principia Médica S.A.S y también participó en el
Conpes 3957, que prevé destinar $179.000 millones de recursos públicos a
empresas como Hemolife”. Grave denuncia que deberían investigar su veracidad
órganos de control como la Procuraduría General de la Nación y la misma
Contraloría, además de ser objeto de un debate de control político en el
Congreso. Este pasaje no deja de tener una enorme carga de drama bufonesco en
un gobierno con consignas y banderas como la Transparencia, la Legalidad
y “el
que la hace la paga”. Una magnífica oportunidad para que Duque demuestre que es un genuino Presidente
y no un gracioso y joven bufón de un Palacio situado en un tinglado
electofáctico que, tras bastidores, dirigen y usufructúan banqueros,
empresarios y poderosos personajes vinculados con la política y el crimen
impune. Parece que la función de verdad apenas va a empezar.
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