ESCENAS VERDADERAS DE UN TINGLADO ELECTOFÁCTICO[1]
(Segundo Acto)
2 de julio de 2019.
Hernando Llano Ángel.
Antes de que caiga el telón del
primer acto sobre el tinglado del Congreso, conviene hacer un recuento de sus
principales actores, aquellos más estrechamente relacionados con los poderes de
facto del narcoparamilitarismo y también con el protagonista estelar del poder
presidencial, Álvaro Uribe Vélez, entre el 2002 y el 2010. Empecemos por quienes
representaron el sainete tragicómico de la parapolítica y ocuparon fugazmente
sus curules, siendo trasladados del
rutilante escenario del Congreso al penumbroso y confortable de pabellones
carcelarios exclusivos, como auténticos criminales privilegiados. Para ello,
nada mejor que el riguroso informe que aparece en el portal La Verdad Abierta, bajo el título de “La
curul a la cárcel”, donde señala que en seis años de investigación, la
justicia condenó por parapolítica a 60 congresistas, cuya inmensa mayoría hizo
parte de la coalición de gobierno uribista (https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/).
Al respecto, el profesor e investigador Javier Duque, en su libro “Las urnas contaminadas. Elecciones, fraude y manipulación en la
democracia colombiana 1990-2015”, concluye: “De los 265 congresistas
elegidos en 2002 al menos 50 ganaron sus curules con el respaldo económico y
militar de organizaciones criminales narcoparamilitares en 15 de los 32
departamentos…Como se mencionó, Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares,
así como ex congresistas y excandidatos, coincidieron en la versión según la
cual la elección presidencial de 2002 se vio infiltrada por estas influencias
ilegales” (Duque, 2017, p. 299). De allí que el Congreso entre el 2002 y el 2010 haya sido más un
tinglado electofáctico que una instancia de representación democrática,
diseñada y decorada en gran parte por los poderes de la narcoparapolítica,
sumados a los del clientelismo y el mercadeo electoral de la compraventa de
votos, exceptuando un número escaso de congresistas, representativo del
minoritario voto de opinión. Y todo ello aconteció bajo la bandera de Uribe y
su lucha “contra la corrupción y la politiquería”, durante sus dos
administraciones. Fin del primer acto y comienzo del segundo.
“Voten mientras no estén en la cárcel”
Tanto fue así, que el mismo
presidente Álvaro Uribe Vélez, en la instalación del congreso de la Federación
Nacional de Cafeteros, exhortó a los congresistas que votaran sus proyectos de
ley “mientras no estén en la cárcel”, como se puede observar en este
esperpéntico vídeo https://www.youtube.com/watch?v=B0qW21fXioo.
Hay que abonarle a este actor estelar del poder presidencial --a quien concedió Iván Duque el laudatorio
título de “presidente eterno”—su sinceridad. Una sinceridad extraña en su talante antioqueño,
tan dado a presumir honestidad y virtud pulquérrima, pero que resume muy bien
su ingeniosidad y capacidad política para metamorfosear un espacio
parlamentario --superando incluso la imaginación literaria de Kafka-- en un
privilegiado y exclusivo régimen carcelario, dispuesto para los congresistas de
su coalición de gobierno. Este pasaje de la política nacional nos revela muy
bien la versátil y verdadera identidad de los principales protagonistas de
nuestro sistema político. Una identidad mutante, pues ellos logran integrar en
sus roles como presidentes, congresistas y hasta magistrados de las altas
cortes judiciales, lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, que
es la esencia del régimen político electofáctico. Por eso no fue fortuita la
rápida extradición de los 12 comandantes paramilitares, cuando Salvatore
Mancuso y sus colegas empezaron a revelar ese tinglado criminal del Congreso,
producto de votos tutelados, coaccionados y ensangrentados. Mucho menos esa
decisión presidencial fue inspirada por la entereza moral y la fortaleza de
Uribe, sustentada supuestamente en su lucha contra el narcotráfico, como una
coartada perfecta para ocultar el trasfondo criminal de la elección de sus
copartidarios en el Congreso y la suya propia. Más bien fue todo lo contrario.
Fue inspirada en la necesidad imperiosa de ocultar la ilegitimidad de ese
Congreso, que a la postre podría afectar gravemente la de su propio mandato,
haciendo así cada vez más incierta su gobernabilidad, pues quedaría al desnudo
su raigambre criminal y revelaría su ilegitimidad democrática. Algo que no
podía repetirse después del proceso 8.000 y que limitaría el alcance de su
cruzada por la “seguridad democrática”, contra la politiquería y el
narcoterrorismo de la “Far”, según sus propias palabras.
Sin embargo, no hay
que olvidar que su reelección en el 2006 fue posible cambiando un “articulito”
de la Constitución, que les costó a sus ministros de Justicia, Sabas Pretelt y
de Salud, Diego Palacios, varios años de cárcel por el delito de cohecho. Una
paradoja propia de un régimen electofáctico, una “legitimidad” política
derivada de una ilegalidad, que sólo se explica por el predominio de la
opinión, expresada en las urnas, frente a un Estado derecho impotente ante el
delito. No es una casualidad, entonces, que ahora el senador Uribe exprese que
el Estado de Opinión es la fase superior del Estado de derecho, una falacia
propia de su inventiva política, parecida a aquella según la cual la JEP es una
justicia de impunidad. Ambas afirmaciones son todo lo contrario. Su Estado de
opinión arrasa con el Estado de derecho y su cruzada por desmantelar la JEP asegura
la mentira y la impunidad, como fuentes de una espuria legitimidad democrática.
Poder presidencial electofáctico
Pero no solo la integración del
Congreso ha sido el resultado de diversos poderes de facto, tanto de los legales,
mediante la financiación de campañas políticas (recientemente Odebrecht), como
de los ilegales, coaccionando criminalmente o intimidando con finalidades
políticas (narcoparamilitarismo y en algunas regiones Farcpolítica), sino que
el mismo poder presidencial, al menos desde Gaviria hasta el presente, ha sido
condicionado y muchas veces determinado directamente por esos mismos poderes.
Obviamente con muy diferentes matices, propios de las violentas coyunturas que
tuvieron que enfrentar, todos los presidentes de la república de los últimos 28
años han sido afectados y algunos hasta activamente promovidos por diversos
poderes de facto. Empezando por César Gaviria, un presidente escatológico, pues
nunca lo hubiera sido sin el magnicidio de Luis Carlos Galán por Pablo Escobar,
planeado y ejecutado por una tenebrosa coalición narcopolítica con agentes de
organismos de inteligencia estatal (DAS, F-2. B-2), como el mismo Gaviria[2]
en sus memorias y las investigaciones judiciales lo ha revelado en sus
sentencias condenatorias contra el exministro Alberto Santofimio y el
exdirector del DAS Maza Márquez.[3].
Sus sucesores, tampoco habrían
alcanzado la Presidencia de la República de no contar con el apoyo de otros
poderes de facto criminales. En el caso de Samper, con el proceso 8000 y la
generosa contribución de los carteles del narcotráfico en la segunda vuelta.
Andrés Pastrana, de no haber diseñado su campaña, después de la primera vuelta,
para ganar la confianza de las Farc-Ep, con la imprescindible asesoría de
Álvaro Leyva, comprometiéndose con la zona de distensión del Caguán,
intercambiando así votos por zona de despeje. No hay que olvidar que dicha
organización guerrillera veto a Horacio Serpa, quien había ganado en primera vuelta
por escasos votos (http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/pres98_1.html).
En igual sentido, Álvaro Uribe Vélez, combinando magistralmente el repudio y el
miedo de los colombianos a las Farc-Ep, junto a la simpatía de los
paramilitares con su política de “seguridad democrática”. Así lo expresó
Salvatore Mancuso en declaraciones a la “W Radio”: “Uno se identifica
ideológicamente con algunas personas y cuando hay identidad ideológica las
mismas poblaciones van y votan. Y con el Presidente Uribe hubo una
identificación ideológica en la concepción de la lucha contra la subversión, de
la institucionalización del Estado, de devolverle la seguridad a las zonas,
cosas que quién va a querer más que una
población que ha padecido un conflicto en carne propia”. Y el temible y desaparecido, José Vicente
Castaño: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de
existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos pero
en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos”
(Revista Semana, edición 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34).
Por último,
incluso las elecciones recientes de Juan Manuel Santos, como la actual de Iván
Duque, no se pueden comprender sin la influencia o el rechazo a dichos poderes
de facto, como está sucediendo en nuestros días con el proceso de transición de
las Farc-Ep y su conversión en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Pero ello precisa un tercero y último acto, en la próxima entrega, para
terminar con la presentación de esta trágica obra electofáctica y su
parafernalia institucional. Una obra en la que, de alguna manera, todos tenemos
un papel que representar, más allá de la
de pasivos, fanáticos o indiferentes espectadores, pues nadie puede renunciar a
su responsabilidad política en este tinglado electofáctico. Si continuamos
tolerándolo o promoviéndolo, cada día será más repudiable y aborrecible, y
hasta corremos el riesgo de que el teatro sea destruido y la función termine en
una auténtica hecatombe para todos. Esto es lo que nos está sucediendo ahora en
forma dolorosa, criminal e impunemente con el asesinato de cientos de
defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Hay que poner fin
ya a esta macabra función.
[1]
Neologismo para referirse a las elecciones condicionadas y determinadas por
poderes de facto, tanto legales como ilegales, y no por la libre voluntad de la
ciudadanía, que consolidan un régimen donde la política se fusiona con el
delito y el crimen.
[2] https://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/memorias-de-cesar-gaviria-trujillo-ex-presidente-de-colombia/16515009/1/index.html
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