CALICANTO: Pobre Iván

Pobre Iván

(Junio 19 de 2018)

Hernando Llano Ángel.

A Iván Duque no hay que felicitarlo, sino compadecerlo. Su consigna central de campaña y de gobierno: “Un futuro de todos y para todos”, difícilmente podrá ser realidad si gobierna con quienes han expropiado a la mayoría de colombianos el presente en que vivimos. Expropiado en beneficio de sus intereses personales, los de sus familiares, sus socios, los de su entorno partidista, empresarial, de clase social y hasta criminal. El mejor ejemplo de ello, es Álvaro Uribe Vélez que, como presidente, confundió la patria con la fratría, es decir, con la prosperidad de sus emprendedores hijos, favorecidos con la famosa Zona Franca de Mosquera[1]. Continuando con esa difusa y vasta red de empresarios agrícolas, beneficiados por “Agro Ingreso Seguro”, sin dejar de mencionar la red más tenebrosa, tejida por las antiguas Convivir, cuando era gobernador en Antioquia, y su posterior metamorfosis en Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tanto las legales Convivir como las ilegales AUC, anegaron en sangre la tierra despojada a campesinos, comunidades negras y pueblos indígenas. Según las investigaciones realizadas sobre el despojo y el desplazamiento forzado, se calcula que el número de hectáreas arrebatas por grupos paramilitares y guerrilla, oscila entre 6.5 y 10 millones, justamente durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe[2].

Un futuro incierto

Si en verdad Duque va ofrecer un futuro a los despojados, tiene que empezar por restituirles las hectáreas que les fueron arrebatas a sangre y fuego, afectando así a gran parte del entorno social y económico que respalda furibundamente a Uribe y votó masivamente por el “duquismo”. Su visión de la justicia, entonces, se debatirá dramáticamente entre brindar seguridad jurídica a los despojadores y compradores oportunistas –que presentarán títulos de propiedad y alegarán su buena fe-- y los reclamos angustiosos de los campesinos y comunidades despojadas, sin más títulos que los de su sudor, trabajo y sufrimiento familiar. Por las reservas y críticas que el Centro Democrático ha formulado contra el primer punto del Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral y el avalúo catastral multipropósito, es muy probable que la visión “duquista” de la justicia sea la de la iniquidad, muy próxima a la seguridad jurídica, y no la de la equidad, consubstancial a la verdad. Entonces el futuro para las víctimas será demasiado incierto y el de los victimarios muy promisorio. Pronto lo sabremos, con sus nombramientos en el Ministerio de Agricultura y la suerte de las Agencias estatales encargadas de la restitución de tierras, así como con su impulso en el Congreso de las normas, aún no expedidas, para hacer realidad la Reforma Rural Integral. Por lo pronto, en el proceso de empalme presidencial, convendría conocer el estado actual de la implementación de la RRI, para saber exactamente cuánto de lo pactado se ha cumplido y qué tipo de futuro pueden esperar las víctimas del despojo.

¿De la justicia transicional a la proporcional?

En el campo en donde sí se empieza a vislumbrar algo de futuro es en el de la justicia transicional. Pero todo parece indicar que es el de la procrastinación penumbrosa, para que su reglamentación la definan las nuevas mayorías gobiernistas en el Congreso, atendiendo la petición del presidente electo. Mayorías que promoverán ajustes al Acuerdo de Paz en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)[3], para intentar a toda costa que haya menos verdad, afectando con ello la justicia, la reparación de las víctimas e incluso poniendo en riesgo la repetición de nuevos ciclos de victimización. Ello se deduce del sabotaje del Centro Democrático y las nuevas mayorías en el Senado a los mensajes de urgencia e insistencia del presidente Santos para que en esta legislatura se apruebe la ley procedimental de la JEP. Y el adjetivo proporcional es el que califica las reformas que el presidente electo, Iván Duque, y su bancada mayoritaria en el Congreso harán al SIVJRNR.

Proporcionalidad de la justicia según las violencias

No se precisa demasiada suspicacia para comprender que el alcance de la justicia proporcional estará determinada por la identidad de los presuntos responsables de los crímenes internacionales,[4] que son competencia de la JEP. El presupuesto ideológico y valorativo del Centro Democrático y del programa de Duque descansa sobre el principio inamovible de que tales crímenes no revisten la misma gravedad si fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública u otros agentes estatales, quienes jamás podrán ser igualados con los “narcoterroristas” de las FARC. De allí, la necesidad de una justicia proporcional, para tales agentes estatales. El trasfondo de esta proporcionalidad no es otro que la aceptación explícita o tácita de la incuestionable legitimidad de la violencia estatal y su presunta superioridad moral, que sería en este caso la buena y justa, para combatir sin límite alguno a la violencia mala e ilegítima de los “narcoterroristas”. De esta forma se estarían justificando crímenes de Estado como los ilegítimos e ilegales “falsos positivos”, las desapariciones forzadas y operaciones militares, como la de “Orión”, en la comuna 13 de Medellín, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario[5]. Operación Orión realizada por orden del presidente Álvaro Uribe Vélez y su entonces ministra de defensa, Martha Lucia Ramírez, quienes más temprano que tarde tendrán que comparecer ante el SIVJRNR, para presentar sus versiones sobre lo acontecido. En el caso del “presidente eterno”, especialmente por lo sucedido durante sus años al frente de la gobernación de Antioquia (1995-1997). Con mayor razón, cuando nuestra Constitución en su artículo 6 señala: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Y, como si lo anterior fuera poco, en el Manifiesto Democrático, en el punto 33 del programa de gobierno del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe, se afirma: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Así las cosas, Iván Duque se encuentra frente algo más que una “encrucijada en el alma”, junto a su vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y el “presidente eterno”, Álvaro Uribe Vélez. Sin duda, es la encrucijada de toda una nación frente a su pasado, presente y futuro de violencia política, que debe afrontar con la crudeza de la verdad o el eufemismo y la mentira de una “justicia proporcional”. Parece que lo que está en juego no es sólo si habrá un futuro de todos y para todos --más allá de su proporcionalidad— sino también si podremos conocer el pasado de todos los participantes en el conflicto armado interno y su responsabilidad -esa sí proporcional a sus roles y cargos—que tienen en el presente que vivimos. Pobre Iván, con semejante responsabilidad presidencial frente al pasado, el presente y el futuro, que son parte de la vida de todos, sin excepción alguna.