“La naturaleza silencia el escándalo”
https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/la-naturaleza-silencio-el-escandalo/
https://elpais.com/america-colombia/2025-11-17/la-naturaleza-silencia-el-escandalo-del-palacio.html
Hernando Llano Ángel.
Así comienza el magnífico
documental “¡Colombia Vive!: 25 años de
resistencia”[i],
describiendo la avalancha del volcán nevado del Ruiz que arrasó el 13 de
noviembre de 1985 a Armero. Dicha expresión hace alusión a las cenizas del
volcán que sepultaron el escándalo del Palacio de Justicia. En el minuto 57:37
del documental aparece el entonces presidente, Belisario Betancur, en Armero,
con su rostro amargado, pronunciando las siguientes palabras: “Estamos siendo visitados, una vez y otra vez y otra vez por la
tragedia, pero con la ayuda de Dios
vamos a salir adelante, vamos a salir adelante”. No deja de ser
sorprendente que un hombre de su cultura, cuyo libro de cabecera era “Memorias de Adriano” de Marguerite
Yourcenar, haya recurrido a la tragedia para referirse a los hechos del Palacio
de Justicia y de Armero. Puesto que, en la tragedia, según las obras teatrales
de la antigua Grecia, “sus protagonistas se
ven enfrentados de manera misteriosa,
invencible e inevitable, a causa de
un error fatal o condición de carácter
(la llamada hamartia) contra un destino
fatal ‘[fatum]', hado o sino de los dioses”[ii].
En otras palabras, sus protagonistas, ya sean víctimas o victimarios, nada
pueden hacer contra ese destino fatal. Y es claro que, tanto en el Palacio de
Justicia, como en la catástrofe de Armero, sucedió todo lo contrario. Ambas
“tragedias” podían haberse evitado e impedir su desenlace como un destino fatal
para toda la sociedad colombiana, pero especialmente para sus miles de víctimas
fatales inocentes, cuyo número preciso difícilmente conoceremos en ambos casos.
No fueron Tragedias
Ambas “tragedias” fueron
públicamente anunciadas y conocidas, pero los responsables de evitarlas no
hicieron nada, sino que incluso las propiciaron. En el Palacio de Justicia,
como lo reconoció la Comisión de la Verdad del 2005, según nos los recuerda
Helena Uran en su valiente y lúcido libro “Deshacer
los nudos” en la página 72, ya se tenía conocimiento del asalto al Palacio
por parte del M-19. Así aparece en la página 100 del citado informe de dicha
Comisión:
“El 16
de octubre de 1985, el coronel Peña Herrera, jefe de la DINTE Ejército,
envió la circular CK40, en la cual
reportó información procedente del Comando General de las Fuerzas Militares
relacionada con la posible toma del
Palacio de Justicia por parte del M-19. El 17 de octubre de 1985. Dicho
documento fue remitido al día siguiente por el coronel Sadovnik Sánchez,
comandante (e) de la Brigada XIII del Ejército, a la Policía de Bogotá y DAS”.
No hay lugar, pues, para decir
que hubo un error fatal, como en las tragedias, de parte de la inteligencia del ejército, pues ésta conoció e
informó oportunamente sobre dicha acción criminal, pero no se evitó el asalto
del M-19. No era, pues, un “destino
fatal” dicho asalto, ya que debió ser institucionalmente evitado. De allí
que aparezca demasiado extraño que se levantarán las medidas de seguridad y la
vigilancia policial que entonces tenía el Palacio. Más bien se podría deducir
que la “condición de carácter” del
ejército, humillado por el M-19 con acciones como el robo de miles de armas del
Cantón Norte y del fallido atentado contra el general Rafael Samudio el 23 de
octubre de 2005[iii],
facilitó esa toma para ajustar cuentas contra tan desafiante y osado enemigo. De
allí la hipótesis de que se trató de una ratonera mortal contra el M-19.
¿De cuál retoma se habla?
Y por la forma como desarrolló la
Fuerza Pública su contraofensiva de tierra arrasada en el operativo del Palacio,
desconociendo brutalmente los principios básicos del Derecho Internacional
Humanitario (DIH): principio de humanidad y distinción entre combatientes y
civiles; principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza y de precaución
en el caso de los daños causados y las víctimas propiciadas, queda plenamente
establecida su responsabilidad en cientos de víctimas mortales y el número
indeterminado de desaparecidos, como consecuencia de su brutal accionar militar
sin límite alguno, más allá del aniquilamiento del comando del M-19. Por eso no
cabe hablar de retoma del Palacio, sino de su arrasadora desaparición e
incineración, tampoco del “manteniendo la democracia, maestro”,
según la “valiente” expresión del entonces coronel Plaza Vega, cuando la rama
ejecutiva con su brazo armado cercenaba brutalmente la rama judicial y
propiciaba la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado por ese despliegue de fuerza letal excesiva, imprudente,
desproporcionada y sin precaución.
¿Cuáles Derechos del Hombre?
Mucho menos, el operativo
delirante y terrorista del M-19 al asaltar el Palacio bajo la proclama de “Operación Antonio Nariño por los derechos
del Hombre”, puede catalogarse como una acción heroica y genial, pues
también desconoció criminalmente los citados principios del DIH. Lo que nos
revela esa acción y su letal desenlace, como la imposibilidad de que sus
protagonistas, 40 años después, junto a todo el establecimiento político, sean
incapaces de asumir sus responsabilidades históricas, es que desde entonces y
mucho antes, vivimos bajo la simbiosis de la política con el crimen y la
violencia contra civiles inermes, consolidada con impunidad casi total para los
protagonistas institucionales y con amnistías e indultos para sus antagonistas
insurgentes e ilegales. Lo anterior es incompatible con la democracia, que
cínicamente todos sus beneficiarios proclaman y dicen defender, más allá de los
uniformes que porten y partidos que representen, haciendo de las elecciones su
coartada perfecta. Por eso resulta tan difícil rendir con la verdad un tributo
a todas las víctimas inocentes y todavía hoy, entre sus victimarios, predomina
en sus conciencias el deber cumplido en defensa de esa tanática “democracia” o
la apología al heroísmo de quienes la impugnan, sean ellos de las filas insurgentes,
ayer del M-19 y hoy de otras organizaciones armadas, en las que ya es casi
imposible separar la política de la ambición y el control de economías
ilícitas. De allí que, en lugar de vivir en ese Estado Social y democrático de
derecho del artículo primero de nuestra nominal Constitución, nos encontremos
en esta especie de neofeudalismo político que fragmenta la Nación y confina a
sus pobladores bajo el dominio de organizaciones criminales que se disputan a
sangre y fuego el control del territorio y sus valiosos recursos naturales. En
semejante paisaje de depredación de la naturaleza y degradación del conflicto
armado interno no cabe hablar de “Paz Total” y lo que predomina es algo
parecido a un caos total.
Igual aconteció en Armero
Algo similar sucedió con la
avalancha y la desaparición de Armero con cerca o más de 25 mil víctimas
mortales, pues era una catástrofe anunciada con anterioridad por estudios y
advertencias de geólogos, que las autoridades civiles nunca se tomaron en
serio. Al respecto, las revelaciones del meteorólogo Max Henríquez fueron tan
premonitorias como los anuncios del asalto del M-19 al Palacio de Justicia,
pero tampoco fueron escuchadas por las autoridades responsables y así nos los
recuerda:
“Un día recibí la visita de dos geólogos de
INGEOMINAS. Ellos vinieron a mi oficina y me dijeron: ‘Hombre, Max, necesitamos
que nos ayudes, porque resulta que han venido científicos volcanólogos de todas
partes del mundo y ellos nos dicen que el volcán está un... Está en etapa
preeruptiva’. El entonces ministro de Minas, Iván Duque Escobar, padre del
expresidente Iván Duque Márquez, se negó a adquirir los equipos necesarios para
monitorear el volcán. “Ese ministro fue uno de los responsables de todo lo que
pasó”, sostuvo en su relato”[iv].
Luego seguir llamando tragedias a
las desapariciones y las víctimas mortales del Palacio de Justicia y de Armero
no es solo una ligereza idiomática y una mediocridad de la mayoría de medios de
comunicación, que han cubierto sensacionalista y melodramáticamente lo sucedido
hace 40 años. Viene siendo una forma de encubrir la identidad de los
principales responsables políticos y militares de lo acontecido. Desde la
cúpula del poder ejecutivo que no cumplió con su deber principal de proteger la
vida, bienes y honra cientos de rehenes, sacrificados por su desidia o el ánimo
revanchista de los militares, como por los intereses estratégicos de perpetuarse
en el Congreso de la mayoría de sus miembros y el falso espíritu de cuerpo de
altos oficiales obsesionados en eliminar el M-19 y arrasar con los expedientes
y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Magistrados que los investigaban y eventualmente los condenarían como
responsables de graves violaciones a los derechos humanos en cumplimiento del
nefasto Estatuto de Seguridad de Turbay, como el general Miguel Vega Uribe,
entonces ministro de defensa de Belisario Betancur.
Así las cosas, el Palacio de
Justicia fue un antecedente premonitorio y nefasto de posteriores políticas y
estrategias que, recubiertas bajo eufemismos como la “seguridad democrática”,
terminaron encubriendo el terrorismo de Estado de miles de ejecuciones
extrajudiciales[v], o
“falsos positivos”, al tenor del punto 33 del Manifiesto Democrático del
entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez que advertía: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy
violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por
razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Solo
teniendo en cuenta ese hilo conductor podremos recobrar una memoria en defensa
de la democracia, la vida y seguridad de todos y así evitar que en nuestro
próximo futuro millones de
colombianos terminen eligiendo a quienes más interesados están en desaparecerla,
apelando de nuevo al miedo y la seguridad, utilizando mascotas como un tigre y la
consigna patriotera de “Salvar a Colombia”. Parafraseando el mensaje central
del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y no Repetición, y modulándolo habría que decir: “Si hay verdades, habrá futuro”, en
lugar de “Hay futuro si hay verdad”[vi],
pues ésta en singular no existe cuando lo que está en disputa es la vida misma
y su irreductible pluralidad. Ambas precisan de la memoria y la responsabilidad
de todas y todos, empezando por la de los victimarios impunes, sean institucionales
o insurgentes, que hasta hoy solo están interesados en negar su ominoso pasado
para seguir controlando el presente y gobernando el futuro.
[iv] https://www.infobae.com/colombia/2025/11/12/meteorologo-max-henriquez-alerto-sobre-riesgos-de-erupcion-y-deshielo-del-nevado-del-ruiz-antes-de-la-catastrofe-me-dijeron-que-era-alarmista-que-causaba-panico/
