domingo, marzo 07, 2021

Samper Pizano y Uribe Vélez: Entre verdades políticas y mentiras judiciales

SAMPER PIZANO Y URIBE VÉLEZ:  ENTRE VERDADES POLÍTICAS Y MENTIRAS JUDICIALES

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Hernando Llano Ángel.

La solicitud de preclusión presentada por el fiscal delegado Gabriel Jaimes en el proceso que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez ha desatado una intensa y agría polémica judicial, que amenaza con ocultar lo esencial. Y lo esencial es que estamos frente a un proceso sustancialmente político y accidentalmente judicial. Algo muy parecido al proceso 8.000 contra Samper, donde todos los colombianos hoy sabemos y reconocemos que ingresó dinero del narcotráfico a su campaña presidencial, aunque la Cámara de Representantes de entonces haya precluido su investigación, señalando que “no era ni culpable, ni inocente”. Hoy, incluso el mismo expresidente Samper  reconoció ese ingreso ante la Comisión de la Verdad[1].  Ahora,  casi se repite  esa historia, pero en una versión más grave y sangrienta, pues siendo Uribe gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, auspició con entusiasmo las Convivir y hubo un crecimiento desmesurado de los grupos paramilitares[2], que dejaron una estela horripilante de asesinatos durante su gestión. En su primer año como gobernador, 1995, las víctimas mortales fueron 143; en 1996, la cifra se elevó a 357 y culminó su gobernación con 439, para un total de 939 ejecuciones extrajudiciales[3]. Por si lo anterior fuera poco, entonces condecoró y llamó “Pacificador de Urabá”[4] al general (r) Rito Alejo del Río, no obstante el número de masacres cometidas siendo éste comandante de la décimo séptima brigada del Ejército Nacional en Carepa y de su connivencia con las Convivir y los grupos paramilitares, como puede leerse en el siguiente reporte[5] de la revista SEMANA. Ahora que Rito Alejo del Río está en la JEP, probablemente conoceremos esa verdad integral, pues es un requisito esencial para la aplicación de las penas propias que impone esa jurisdicción. Y todo parece indicar que así sucederá, pues ya ha manifestado su decepción frente a los políticos que “hacen la ley, nos dan órdenes para que las cumplamos, nos dan plazo para cumplirlas, y después que las cumplimos nos dicen que somos delincuentes”, como aparece en este informe presentado el 18 de febrero de 2019 en la sección Código de Caracol[6].

De Samper a Uribe

Guardando las distancias y las diferencias de carácter procesal, esta investigación que se adelanta contra el exsenador Uribe es muy similar, pero también muy diferente. La primera diferencia sustancial es que Samper estuvo amparado por su fuero presidencial en la investigación que precluyó la Cámara de Representantes, mientras que Uribe renunció a su fuero de Senador para eludir astutamente la investigación de la Corte Suprema de Justicia y quedar bajo la competencia de la Fiscalía, que hoy coincidencialmente pide también su preclusión ante la juez 28 de conocimiento, Carmen Helena Ortiz. La segunda y más grave diferencia, es que el proceso 8.000 nos reveló la influencia decisoria del narcodinero en la política, mientras que la actual investigación contra el exsenador Uribe nos está revelando la influencia criminal y letal de los grupos narcoparamilitares en su exitosa carrera política nacional. En efecto, el Bloque paramilitar Metro, cuyo surgimiento es el trasfondo de esta investigación, según el testigo clave, Juan Guillermo Monsalve, tuvo lugar en la hacienda Guacharacas, entonces propiedad de la familia Uribe, como se puede leer en esta detallada investigación realizada por el portal Verdad Abierta[7].

Verdades de hecho contra verdades judiciales

Muchas de esas dolorosas verdades de hecho sobre la gesta criminal del Bloque Metro están probadas, incluso judicialmente, además de los cientos de numerosas víctimas irrefutablemente asesinadas y desaparecidas, empezando por su entonces comandante, el teniente retirado del ejército Carlos Mario García, más conocido con el alias de Rodrigo doble cero. Asesinato ordenado por Don Berna, pues doble cero se oponía a la alianza simbiótica de las AUC con el narcotráfico. Y a lo que estamos asistiendo es que a dicha realidad política y criminal, en donde objetiva y claramente Uribe aparece como responsable en tanto exgobernador, bien sea por omisión o extralimitación[8] en el cumplimiento de sus funciones, ahora se yuxtapone la realidad penal y judicial, de carácter plenamente subjetiva y personal, que exige una demostración incontrovertible de su culpabilidad, “pues los hechos precisan de un testimonio para ser recordados y testigos fiables que los prueben para encontrar un lugar seguro en el terreno de los asuntos humanos”[9]. De allí, la insistencia del Fiscal delegado, Gabriel Jaimes, para contrainterrogar a Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave en el proceso y en la aparición de “nuevas pruebas”, como su celular, computador y siete tarjetas sim, para cuestionar y eventualmente desvirtuar su testimonio, por considerarlo un testigo poco fiable. Pero igual de poco confiables lo son aquellos testigos a favor de Uribe, como el Tuso Sierra, narcoparamilitar[10] extraditado a Estados Unidos. De allí que solo la sana crítica de las pruebas judiciales, confrontada rigurosamente con hechos probados e irrefutables, podrá discernir la verdad de la mentira, que es lo que corresponderá a la Juez 28 de conocimiento, Carmen Helena Ortiz, para ordenar la preclusión o iniciación del juicio penal contra el exsenador Uribe. Decisión que incluso podrá apelar la defensa del senador Iván Cepeda ante el Tribunal Penal Superior de Bogotá, como instancia de cierre judicial.

Uribe perdido en su laberinto Ubérrimo

Es precisamente por lo anterior que el expresidente Uribe deambula extraviado en su ubérrimo laberinto judicial, desgastándose emocional y políticamente, enfrentando cada día un horizonte más incierto para su legitimidad y favorabilidad popular. Según las últimas encuestas y sondeos de opinión, su capital político viene descendiendo en forma sostenida. La encuesta de Pulso País, realizada por Datexco para W Radio, en enero del año en curso, arrojó una imagen desfavorable del 66% para Uribe frente al 52% de Petro, mientras que solo un 27% de los encuestados lo calificó positivamente frente a un 42% de favorabilidad que obtuvo el líder de Colombia Humana[11]. Y si a esto se suma el reciente informe de la JEP sobre cerca de 6.420 “Falsos Positivos” entre 2002 y 2008, en desarrollo de su política de “Seguridad democrática” y en cumplimiento de la Directiva 029[12] de su ministro de defensa, Camilo Ospina, todo parece indicar que así salga airoso en el terreno penal y sea imposible demostrar su culpabilidad en delitos menores como fraude procesal y soborno a testigo, sucede todo lo contrario en el terreno de la responsabilidad política, donde cada día pierde más reconocimiento, respetabilidad y legitimidad. Tendencia que cobra inmensa importancia por la proximidad de las elecciones del 2022, donde todos los ciudadanos vamos a emitir en las urnas nuestro juicio político que, a diferencia del judicial, es definitivo y no apelable. Entonces comprobaremos si Sartre tenía razón con su irónica advertencia según la cual “no hay nada más respetable que una impunidad largamente tolerada” o, por el contrario, los ciudadanos cobrarán a los candidatos promovidos por Uribe en la arena electoral lo que su jefe gana, al parecer impunemente, en el foro judicial.

Una coyuntura de verdades

Sin duda, estamos viviendo una de las coyunturas más cruciales de la vida política nacional, pues las actuaciones de la JEP y el informe final de la Comisión de la Verdad, que será entregado a finales de este año, nos están revelando realidades y verdades políticas mucho más trascendentales y creíbles que las judiciales. Y de todos nosotros depende, no solo reconocer esas desgarradoras verdades, sino algo mucho más importante y vital: que aprendamos de ellas para que nuestras vidas y las de nuestras futuras generaciones no continúen perpetuando víctimas irredentas y victimarios impunes, como sigue sucediendo hasta hoy. Ese es precisamente el mayor legado de la JEP y la Comisión de la Verdad a nuestra vida política y el mejor tributo que podemos rendir a todas las víctimas de este prolongado y degradado conflicto armado: reconocer plenamente la verdad, más allá de nuestras creencias ideológicas, simpatías partidistas o intereses económicos, para terminar con esta espiral de odios y venganzas que algunos quieren prolongar indefinidamente en nombre de una justicia parcializada y mentirosa. Una justicia encubridora de una compleja realidad, donde víctimas y victimarios se entremezclan, confunden y perpetúan generacionalmente, sin que ninguno pueda reclamar superioridad moral sobre su adversario, pues todos han violentado y mancillado con sus acciones criminales la dignidad de más de 9 millones de colombianas y colombianos que reclaman verdad y sobre todo una justicia reparadora, ya que ningún castigo podrá devolverles a sus seres queridos, sanar sus heridas y menos rehacer sus vidas. Tal es la histórica misión de la JEP que muchos lamentablemente todavía no comprenden o, lo que es peor, desprecian, tergiversan y sabotean porque le temen a la verdad y son incapaces de asumir éticamente sus responsabilidades en la profunda y violenta descomposición de nuestra sociedad.


[9] Arendt, Hannah (1973). La Crisis de la República, Madrid, Edit. Taurus, p. 14.

 

  

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