LOS “FALSOS POSITIVOS” Y EL HORROR DE LA IMPUNIDAD POLÍTICA (I)
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Hernando Llano
Ángel
La cifra de 6.420 ejecuciones
extrajudiciales revelada por la JEP en el caso 03[1],
calificado por la Fiscalía General de la Nación como “Muertes ilegítimamente
presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, es mucho más que un
asunto judicial. Es ante todo un asunto político. Por lo tanto, no se trata
solo de encontrar inocentes o culpables de semejantes atrocidades, sino más
bien de identificar los responsables de una política homicida, ejecutada por
agentes del Estado. El problema de fondo no es la culpabilidad penal sino la
responsabilidad política. Y en la medida que los líderes políticos y altos
funcionarios del Estado persistan en eludir sus responsabilidades, mayor será
la gravedad de lo acontecido, pues no solo se profundizará la ilegitimidad de
las instituciones, sino la complicidad de miles de ciudadanos con esa oprobiosa
criminalidad oficial. Dichos líderes y jefes de Estado podrán, con sus hábiles abogados
y su propia argucia política, explicar que nunca dieron una orden en tal
sentido y que sus propósitos genuinos eran defender la democracia de un ataque
terrorista, pero jamás ordenar ejecuciones extrajudiciales, como lo expresa el
expresidente Álvaro Uribe Vélez[2].
Y, con este sofisma leguleyo, convencer a millones de ciudadanos de que ellos
son víctimas perseguidas por una JEP politizada que protege a los terroristas.
Pero esta maniobra de difuminar su responsabilidad política hasta desparecerla
en la culpabilidad penal, casi imposible de demostrar, está llegando a su fin,
con la diligente y exhaustiva labor de la JEP.
Verdad histórica y responsabilidad política
Porque de lo que aquí se trata es
de la Verdad política e histórica de miles de crímenes cometidos por miembros
de la Fuerza Pública, no de la culpabilidad penal de un jefe de Estado o sus
ministros de defensa. Entre otras cosas, porque salvo Hitler y su “Solución Final”[3],
ningún funcionario o líder político suele dejar ordenes escritas o memorandos
para la ejecución masiva de crímenes contra civiles inermes. Pero, además, porque en nuestro país las
ejecuciones extrajudiciales se cometen desde muchos años atrás con total
impunidad política[4]
y, lo más aterrador, siguen ejecutándose con frecuencia. El caso 03 de la JEP comprende
las ejecuciones cometidas desde 1985 hasta 2016, como puede leerse en su documentado
informe disponible en el portal de la JEP[5]. Habría
que recordar las ejecuciones cometidas en el mismo epicentro de la vida
política nacional, en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Como
la del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas[6],
investigada y relatada en forma rigurosa y dolorosa por su hija, Helena Urán
Bidegain, en su reciente libro “Mi vida y
el Palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985”[7].
Y no hay que olvidar que Belisario Betancur y Miguel Vega Uribe, los máximos
responsables políticos de esa hecatombe de la justicia --que podían haber evitado como lo hizo el
expresidente Turbay Ayala durante la toma de la Embajada de la República
Dominicana por el mismo M-19-- fueron
absueltos por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con el
peregrino argumento de haberse tratado de un “acto de gobierno”[8]. Ese
juicio que fue incapaz de adelantar el Congreso de la República en 1986, cuya
denuncia por violación de la Constitución y el Derecho de Gentes (artículo 121
de la Constitución de 1886) instauró el entonces Procurador General, Carlos
Jiménez Gómez, consagró institucionalmente la impunidad política y su
perpetuación hasta nuestros días. Una impunidad de un alcance y una gravedad
mucho mayor que la penal, pues en cierta forma convierte en cómplice de
crímenes de lesa humanidad a toda una sociedad. Crímenes cometidos por agentes
del Estado en su nombre, pues muchos gobernantes apelan a la defensa de valores
democráticos amenazados por el terrorismo, para adelantar con el respaldo de
millones de electores una política de tierra arrasada contra los enemigos de la
patria. Tal es el caso de la supuesta política de “Seguridad democrática”
adelantada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus dos períodos, ejecutada
diligentemente por dos ministros de defensa, Martha Lucía Ramírez, actual
vicepresidenta y Camilo Ospina Bernal, posteriormente nombrado embajador ante
la OEA y quien deberá explicar ante la JEP cómo la Directiva 029 terminó
amparando miles de ejecuciones extrajudiciales. Del paso de tan encumbrada
pareja por la Defensa quedaron precedentes nefastos: la operación Orión[9] en
Medellín y la fatal Directiva 029, firmada por el mismo Ospina[10].
El siguiente ministro de defensa, Juan Manuel santos, gracias al trabajo diligente
y riguroso de su viceministro, Sergio Jaramillo Caro, comenzó precisamente la
depuración de altos mandos militares, solicitándole al presidente Uribe que
fueran llamados a calificar servicio[11]
19 oficiales y 6 suboficiales.
La Matriz de los Falsos Positivos
Para encontrar la matriz de los
falsos positivos basta leer el conocido MANIFIESTO DEMOCRÁTICO[12],
plataforma programática del primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
Allí se lee en el punto 33: “A diferencia
de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos.
Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta
del orden estatal”. De semejante concepción maniquea de la violencia
política no se podía esperar un resultado más nefasto, a tal punto que su mismo
mandato terminó incurriendo en terrorismo estatal, como bien lo demuestra el
caso 03 de la JEP sobre los falsos positivos: “Según el informe de la Fiscalía,
el fenómeno allí descrito aumentó de manera sustancial a partir del año 2002,
tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008 e involucró, presuntamente, a
integrantes de las fuerzas militares con posiciones de mando y altos rangos que
pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos”[13]. Pero
para precisar la responsabilidad política del expresidente Álvaro Uribe Vélez y
muchos más altos funcionarios públicos e integrantes de la Fuerza Pública, se
requieren al menos dos entregas más, ya que esta historia es demasiado dolorosa
y compleja, tanto o más que el caso 01 contra el Secretariado de las FARC-EP,
cuyos integrantes al menos han tenido la responsabilidad de reconocer sus
crímenes[14].
Porque de lo que se trata en el caso de funcionarios públicos es de la
responsabilidad política, según lo preceptuado por el artículo 6 de nuestra
Constitución: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
Y, sin duda, los falsos positivos son un
ejemplo vergonzoso y criminal de extralimitación de funciones con la Directiva
029 y de omisión de control por parte de los superiores, siendo el Presidente
de la República el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, según el numeral
3 del artículo 189. Un presidente que, como bien lo demostró Uribe durante sus
ocho años, fue en extremo activo y diligente en la ejecución de su política
estrella de “seguridad democrática”, aunque ella haya producido un eclipse
total del Estado de derecho y un sufrimiento insuperable e irreparable en miles
de familias, siendo las Madres de Soacha uno de los colectivos más
significativos, pues el presidente Álvaro Uribe Vélez insinuó ladinamente que
sus hijos ejecutados no estarían precisamente recogiendo café[15].
[1]https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/jep-reporta-6402-victimas-de-falsos-positivos-entre-2002-y-2008/?utm_source=ee.com&utm_medium=widget_lateral_articulos&utm_campaign=ultimas_noticias&cx_testId=6&cx_testVariant=cx_1#cxrecs_s
[2]https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/alvaro-uribe-velez-rechaza-responsabilidad-en-los-falsos-positivos-567897
[6] https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/la-verdad-no-acaba-con-la-impunidad-pero-me-ha-dado-libertad-helena-uran/
[8] https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/carlos-jimenez-gomez-procurador-historico-in-memoriam-ii
[11] https://www.hrw.org/es/report/2015/06/23/el-rol-de-los-altos-mandos-en-falsos-positivos/evidencias-de-responsabilidad-de
[13] https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/falsos-positivos-en-la-jep-78-de-las-victimas-en-el-gobierno-uribe/
1 comentario:
Estimados Señores Razón Pública: reciban un saludo de mi parte, quiero manifestar mi inconformidad por el proceder de ustedes al cerrar la sesión de los comentarios a cada artículo. La promesa de ustedes a la libertad de réplica se ha traicionado y vulneran de paso el principio a disentir, con este proceder están llevando su periódico al ocaso, ya que se comportan como censuradores y administradores de noticias del apetito y sabor de la dirección del mismo. Han comenzado con un flaco servicio a la sociedad y más bien hacen un eco a la tiranía y al uniformismo marcial.
Un artículo no debe convertirse en un informe, donde el lector actúe como un discípulo religioso o un militar hecho para acatar órdenes; el lector merece su respeto y por lo tanto no se le debe dar trato de desvalido mental; el artículo se enriquece es en la polémica, no bajo la acción de un lector pasivo que no tiene nada que decir. Creo que es hora de que se reconsidere el rumbo de Razón Pública.
Los periódicos y revistas en Colombia se dedicaron a ofrecer escritos para agentes pasivos, esto demuestra que se desvirtuó la naturaleza ontológica de los mismos y que están cumpliendo un fin meramente comercial y de adiestramiento ideológico. Muchos se quejan de que la sociedad no lee, pero no se muestra dónde se corta las alas a la lectura, esta es una pregunta que merece su respuesta. Es hora de que los periódicos y revistas cambien, no creo que la misión de un lector responsable sea la de realizar lecturas al estilo de lo que se hace con el Atalaya de los Testigos de Jehová.
Cordialmente.
Jaime
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