“UN CALLEJÓN CON SALIDA”
Hernando Llano Ángel
Tal pareciera que las posiciones
antagónicas entre el Gobierno nacional y el ELN nos han conducido a un callejón
sin salida. Un callejón en el que ambos están atrapados, paradójicamente,
porque pretenden convertir el Derecho en su principal arma de guerra para
imponerse sobre el contrario, derrotarlo y someterlo. Por parte del ELN,
invocando incluso el DIH en el atentado a la Escuela de Cadetes General
Santander, como una “respuesta lícita” a los ataques realizados por la Fuerza
Pública contra sus campamentos en el mes de diciembre, no obstante haber
decretado y cumplido el ELN un cese al fuego unilateral por las fiestas
navideñas hasta la primera semana de este año. Y ahora, el Gobierno nacional también invoca
su Derecho soberano a desconocer el protocolo suscrito por el anterior gobierno
con los Estados garantes, en el evento de ruptura de las conversaciones con el
ELN, y solicita a Cuba la captura y extradición de sus comandantes por
terroristas. Ambos hacen del Derecho una lanza para el combate y la derrota del
contrario y no un escudo para la protección de la vida, la libertad y la
seguridad de todos, como es el espíritu del DIH y de toda Constitución
Política.
En el principio, está la política
Más allá de todos los argumentos
legales, incluido el comunicado --que no
Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-- donde demanda a “todos los Estados a que, de conformidad
con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional y de las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad, cooperen activamente con el Gobierno de
Colombia y con todas las demás autoridades competentes a llevar ante la
justicia a los autores, organizadores, y financiadores de estos condenables
actos de terrorismo”, el presidente Duque y sus asesores, empezando por su Alto
Comisionado para la Pax[1],
deberían reconocer el principio de realidad según el cual la existencia de
conflictos crónicos y arraigados en el pasado, como el del ELN, nunca se han
resuelto jurídicamente, con la fuerza
del derecho, sino políticamente, con la creatividad y la flexibilidad de los
acuerdos, después de largas, difíciles y complejas conversaciones entre las
partes históricamente enfrentadas.
Precisamente el Acuerdo del
Teatro Colón, entre el Estado colombiano y las FARC-EP, es el más reciente y
mejor ejemplo de ello, motivo por el cual sigue contando con todo el respaldo
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y lo exhibe con orgullo como su
mayor éxito en el terreno de la diplomacia internacional. Es más, el mismo
Consejo de Seguridad, promueve desde 2015 mediante la Resolución 2554 la
mediación de su enviado especial, el señor Staffa de Mistura en la guerra siria,
buscando una salida política al conflicto que en la actualidad tiene los
niveles más degradados de terrorismo en el mundo, sin incurrir en el absurdo de
subordinar su intervención a la entrega de Bashar al Assad, como determinador y
autor de los mismos, ante la Corte Penal Internacional. Simplemente porque la “paz con legalidad”
sólo se logra al final de un conflicto armado y no puede ser una condición
inmodificable e inamovible para iniciar conversaciones con una organización
ilegal y rebelde, que incurre frecuentemente en actos terroristas. Por eso,
conviene recordarle al presidente Duque y su Comisionado para la Pax, que fue
el mismo senador Álvaro Uribe Vélez, quien después del triunfo del No en el
plebiscito, en el primer comunicado de celebración, expresó:
Compatriotas:
El sentimiento de los colombianos que votaron por el Sí, de quienes se
abstuvieron y los sentimientos y razones de quienes votamos por el No, tienen
un elemento común: todos queremos la paz,
ninguno quiere la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le de protección a la FARC (sic) y que cesen todos los delitos, incluidos
el narcotráfico y la extorsión. Señores de la FARC: contribuirá mucho a la
unidad de los colombianos que ustedes,
protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad.
Bien podría haber exigido Uribe,
con esa exigua mayoría de apenas 53.894 votos, no cumplir el Acuerdo de paz firmado
en Cartagena con esa organización “narcoterrorista”, y forzar al presidente
Santos para que demandara a Cuba la captura y extradición del Secretariado de
las FARC. Afortunadamente, entonces se impuso la sensatez política y el
principio de realidad, sobre el fundamentalismo legal, el maniqueísmo moral y
el pírrico triunfo electoral. Ello permitió, entre otras cosas, que la tasa de
homicidios descendiera en los dos siguientes años a los niveles más bajos de
los últimos 40 y no se presentarán atentados de las dimensiones horripilantes
como el de la Escuela de cadetes General Santander. Aunque ahora el mismo
senador Uribe, tergiversando por completo la realidad, haya escrito el ominoso
y mentiroso trino: “Que grave que la paz hubiera sido un proceso de
sometimiento del Estado al terrorismo”.
Lamentablemente los hechos están
demostrando lo contrario, ha sido la incapacidad del Estado y la falta de
voluntad política de sus gobernantes en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente
en el campo, lo que está permitiendo el resurgimiento de un terrorismo difuso e
impune que ya ha cobrado la vida de más de 400 líderes sociales y defensores de
derechos humanos y cerca de 80 desmovilizados de las FARC-EP. Y, para completar
tan deplorable y doloroso cuadro, ahora hace su aparición la forma más cínica y
letal del terrorismo, aquella que apela al DIH y los DDHH para justificar y “legitimar”
una nueva guerra, que estamos viendo como empieza, pero no sabemos cómo ni
cuándo terminará, aunque tenemos la certeza que el mayor número de víctimas
serán civiles, como lo fueron el 80% de las víctimas mortales que nos dejó el
conflicto armado interno entre 1958 y 2013, según el informe del Centro
Nacional de Memoria Histórica (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/).
Una salida política
Por todo lo anterior, hay que
buscarle una salida al callejón, y ella podría empezar por cambiar el ultimátum
legal por uno político, y exigirle al ELN la liberación inmediata de todos los
secuestrados con el concurso del CICR y el cese de todas las formas de criminalidad
por un período razonable de al menos tres meses, contando para ello con el
acompañamiento y la verificación del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, replicando así la experiencia de concentración de las FARC-EP en las Zonas
Veredales de Transición, que bien
garantizaron la seguridad y tranquilidad demandada por el senador Uribe
a todas las partes. Entonces, allí sí procedería la iniciación de la mesa de
conversaciones en Cuba o en un lugar de territorio colombiano, mutuamente
definido entre el Gobierno nacional y el COCE del ELN. Quizá ensayando
propuestas similares, liberadas del fardo del legalismo, se pueda abrir el
callejón y encontrar una salida política al mismo. Al respecto, convendría que
Miguel Ceballos, como Alto Comisionado para la Pax, tuviera en cuenta las
claves de Christopher R. Mitchell para el tratamiento de conflictos crónicos e
intratables, cuando advierte que no se debe caer en tres graves errores:
1- El
de los “Derechos contrapuestos”, pues
cada parte reclama con intransigencia “tener
razón acerca de la importancia superior de sus derechos”.
2-
“Evitar las etiquetas adheridas” que
deslegitiman totalmente al contrario y “dejar
que las palabras y los símbolos se decidan más tarde.”
Claves también plenamente exigibles al ELN, pues además de cometer los anteriores errores, ha sumado a
ellos el horror del reciente atentado, fortaleciendo y estimulando así el
belicismo revanchista del gobierno, revestido de fundamentalismo legal, como la
fórmula por excelencia para derrotar a los terroristas y poner fin al
conflicto. Fórmula fabricada y aplicada por Estados Unidos en su guerra contra
el terrorismo, con los resultados que hoy todo el mundo padece y lamenta. Al
respecto, hoy el enviado especial de Trump informa que ha “logrado un principio
de acuerdo de paz” con los Talibanes en Afganistán[3],
después de 17 largos años de combate infructuoso con cientos de miles de víctimas civiles, para poner fin a la sangrienta y fracasada “guerra
contra el terrorismo”, iniciada por Georges W Bush en el 2001, bajo la criminal y mentirosa consigna
de que “con los terroristas no se negocia”.
(enero 29 de 2019).
[1] Pax Romana, pues Ceballos no actúa buscando
la paz política concertada, sino la impuesta por sometimiento judicial y/o
militar, que desembocará en una escalada de terror imprevisible.
[2]
Mitchell, Christopher R, Conflictos intratables: Claves de tratamiento. Gernika
Gogoratuz, documento 10, Bizkaia, 1997.
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