DE-LIBERACIÓN

(Mayo 16 de 2011)

Conflicto interno y corrupción semántica

(Publicado en razonpublica.com)

Poco a poco entra la luz en la caverna de la seguridad democrática: por haber negado el conflicto interno, el régimen uribista cayó en una espiral de corrupción criminal. Hasta los militares preferirían regirse por el Derecho Internacional Humanitario, en vez de ser instrumentos de una absurda cruzada contra el “terrorismo.

Hernando Llano Ángel*

Más que un juego de palabras

Una de las expresiones más graves y frecuentes de corrupción de la política es su degradación semántica. Esa vana pretensión de reducir la realidad a un juego de palabras. De ocultar los problemas reales bajo una frondosa retórica, que impide no sólo reconocer los orígenes de los conflictos y su evolución, sino sobre todo sus responsables históricos.

La más reciente expresión de esa tendencia es justamente la obstinación del expresidente Uribe en negar la existencia del conflicto armado interno en nuestro país, sobre el cual ha cabalgado exitosamente durante su ya larga carrera política, pese a la persistencia y degradación progresiva del mismo.

Las “Convivir”, el inicio

Desde la época en que fue gobernador de Antioquia (1995-1997), Uribe defendió y promovió en forma entusiasta las llamadas cooperativas de seguridad “Convivir” – eufemismo que ilustra bien la corrupción del lenguaje y la realidad política– y abogó por su dotación con armas de fuego de largo alcance, para enfrentar eficazmente a las guerrillas.

El legado de su mandato regional revela el “éxito” de dicha estrategia, alcanzado con el heroico concurso del general (r) Rito Alejo del Río, entonces comandante de la XVII Brigada en Urabá: en tres años, los grupos paramilitares asesinaron a 939 civiles, en un ascenso tenebroso que empezó con 143 en 1995, aumentó a 357 en 1996 y remató con 439 en 1997 .

Quizá por ello, en una nueva perversión del lenguaje, Uribe consagró a Rito Alejo del Río como “pacificador de Urabá”. Este militar y el general (r) Fernando Millán recibieron un fervoroso homenaje el 29 de abril de 1999 en el Hotel Tequendama, acto en el que Álvaro Uribe fue orador invitado, junto a Fernando Londoño Hoyos, oferente y orador principal.

El famoso “Manifiesto Democrático”

Pero es en su célebre, ya casi olvidado y extenso “Manifiesto Democrático” de 100 puntos en donde mejor se aprecia esa relación entre la sinuosidad maniquea del lenguaje uribista y la profunda corrupción de la política, como acontece en toda guerra, pues en ella se sacrifica la vida y se glorifica la muerte, sustituyendo las palabras por el odio y los acuerdos por la venganza.

 Allí encontramos algunos puntos tan reveladores como el 26, donde además de reconocer el conflicto, señala que al término de su mandato habrá una “Colombia sin guerrilla y sin paramilitares. La autoridad legítima del Estado protege a los ciudadanos y disuade a los violentos. Es la garantía de la seguridad ciudadana durante el conflicto y después de alcanzar la paz”.

 O el 31, donde propone una misión humanitaria de Naciones Unidas, porque “un conflicto de la magnitud del nuestro necesita de soluciones atípicas”.

 Sin embargo, dos puntos más adelante, para justificar la necesidad de un estatuto antiterrorista, consigna en el 33: “Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”, anunciando premonitoriamente uno de los resultados más ignominiosos de su propia política de “seguridad democrática”: los llamados “falsos positivos”.

 Y para completar dicho cuadro de fatal y sangrienta ambigüedad, que reconoce el conflicto y a su vez lo caracteriza como terrorista, en el punto 41 concluye: “Soy amigo del diálogo con los violentos, pero no para que crezcan, sino para hacer la paz. Pediré mediación internacional para buscar el diálogo con los grupos violentos, siempre que empiece con abandono del terrorismo y cese de hostilidades” (énfasis añadidos).

“Seguridad democrática” y falsos positivos

Al comparar dichos puntos –que como vimos reconocen el conflicto y anuncian su superación– con los logros obtenidos por Uribe durante sus ocho años de administración bélico-maniquea, el balance no es sólo deplorable, sino revelador del grado de descomposición alcanzado por la política de “seguridad democrática”.

No tanto por no haber logrado su principal objetivo: “Colombia sin guerrilla y sin paramilitares”, sino sobre todo por la violación sistemática de los derechos humanos en nombre de una supuesta “seguridad democrática”, que al día de hoy arroja 1.119 víctimas, según el último informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP): “Falsos Positivos 2010: Clamor por la verdad y la justicia” .

Pero ya el mismo relator de las Naciones Unidas para la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, había advertido en su informe rendido en mayo de 2010 sobre la corrupción semántica del término falsos positivos: “brinda una especie de aura técnica para describir una práctica que se caracteriza mejor como un asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”.

Y concluía: “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”, resaltando además que “la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías… Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales, compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares”.

Macabras estadísticas

Por su parte, un reciente informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz precisó que los 173.873 homicidios documentados corresponden a un periodo que abarca desde su entrada en funciones (2005) hasta el pasado 1° de diciembre de 2010. La misma dependencia de la Fiscalía indicó que avanza en las diligencias de confesión de 51.616 hechos por parte de postulados, en casos con 65.747 víctimas relacionadas.

El informe también indica que las confesiones de los paramilitares desmovilizados han permitido hallar 3.037 fosas comunes, donde fueron encontrados 3.678 cadáveres, de los cuales 1.323 han sido identificados de manera plena. Las familias han recibido ya los restos de 1.207 de ellos, según la misma fuente, que indicó que otros 748 tienen identificación preliminar y que se tiene pendiente la entrega de 116.

Los casos documentados y las confesiones también han permitido establecer la presunta vinculación de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad y 155 funcionarios civiles, además de otras 7.067 particulares, según el mismo informe .

Lo dice el propio Ejército

Estas macabras estadísticas permiten entender por qué el punto 41 del Manifiesto Democrático es la quintaesencia de la corrupción de la política, pues a la mentira del “abandono del terrorismo y cese de hostilidades” de los paramilitares, se suma el crimen impune de miles de colombianos, precisamente por la negación del conflicto armado interno y su conversión en una “guerra contra el terrorismo”.

Hoy los más interesados en salir de esta absurda situación son los propios militares, como bien lo ha expresado el comandante del Ejército, mayor general Alejandro Navas Ramos: “Es la única manera que tenemos de ir al ataque contra las FARC: bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario” .

Razón tenía don Miguel de Unamuno cuando sentenció: “Es más fácil civilizar un militar, que desmilitarizar un civil.”

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Profesor Asociado en la Javeriana de Cali. Socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca y publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com.