domingo, julio 27, 2025

DE LA POLÍTICA CRIMINAL A LA CRIMINALIDAD POLÍTICA.

 

 

DE LA POLÍTICA CRIMINAL A LA CRIMINALIDAD POLÍTICA

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/de-la-politica-criminal-a-la-criminalidad-politica/

Hernando Llano Ángel.

Todo parece indicar que para ciertos Estados su política criminal para disuadir y proteger a sus ciudadanos contra peligrosos delincuentes, se ha convertido en criminalidad política. Ello está sucediendo porque han dejado de ser Estados de derecho y se han convertido en Estados criminales. Sus políticas en materia de seguridad nacional no son otra cosa distinta que la materialización de una tendencia irrefrenable hacia la criminalidad política en nombre de la soberanía estatal, la paz y la convivencia ciudadana. Sin duda, los Estados Unidos e Israel con Trump y Netanyahu son en la actualidad los ejemplos más nefastos, con ventaja sobre Putin, porque ellos se sitúan por encima de la ley y desconocen de plano el derecho internacional. Esos mandatarios están seguros de ser intocables y gozar de inmunidad e impunidad absoluta al estar amparados por fueros especiales, pero sobre todo por contar con el apoyo de millones de sus ciudadanos, convertidos así en cómplices de sus arbitrariedades y crímenes. Además, no por casualidad sus Estados repudiaron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional[i]. El trasfondo de sus políticas criminales no es otro que el miedo y la consolidación de sus Estados a partir de la búsqueda de enemigos internos y externos que estigmatizan y prometen eliminar para garantizar la vida y seguridad de sus conciudadanos. Es así como Trump convierte a los migrantes en un temible enemigo que está invadiendo su nación con fundamento en la “Ley de enemigos extranjeros” de 1798[ii] y Netanyahu a los palestinos con el pretexto de eliminar a Hamás y reordenar así el Oriente Próximo con Israel como poder hegemónico incuestionable. Así lo anunció en conferencia de prensa en Jerusalén el pasado 21 de mayo: “Estoy dispuesto a poner fin a la guerra bajo condiciones claras que garanticen la seguridad de Israel: todos los secuestrados vuelvan a casa, Hamás deponga las armas, sus líderes se exilien, Gaza queda completamente desmilitarizada y se implementa el Plan Trump”, refiriéndose a la conversión de Gaza en la “Riviera del Oriente Próximo”.

Criminales de Guerra y genocidas

En esa cruzada, sus respectivas políticas de seguridad se han transformado en un despliegue de criminalidad política incontenible y ellos mismos en auténticos criminales de guerra, responsables de genocidios. “Honorables criminales” que sobrepasan en cinismo a Hitler, Mussolini y Stalin, pues ambos se autoproclaman los adalides de los valores políticos más preciados de Occidente: la democracia, la libertad y los derechos humanos en su lucha contra los migrantes y Hamás. Pero en la realidad lo que vemos todos los días en los telediarios y la prensa internacional es el ocaso de esos valores que supuestamente constituyen la civilización universal, cuya matriz es Occidente. Hoy la mayoría de jefes de Estado de la culta y sofisticada Europa contemporizan con el crimen y el terror en aras de mantener incólume un statu quo favorable a sus intereses geopolíticos y sus ambiciones comerciales. Su angustia mayor es cómo negociar con ventaja los aranceles frente a las amenazas y el chantaje de Trump, guiados por Úrsula Von der Leyen.  Nada importa la vida de millones de palestinos, solo los desvela la pérdida de sus valores y acciones en las bolsas internacionales, como la circulación de sus mercancías sin aranceles excesivos. Cuando más, se atreven a contemporizar y aplazar hasta septiembre el reconocimiento del Estado de Palestina, como anuncia Macron que hará en una de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York[iii], en una vergonzosa expresión de narcisismo personal y singularidad francesa. Para entonces quizá ya no exista Palestina, pues Trump desde Escocia, donde este fin de semana combina los negocios familiares con el Golf[iv] y su encuentro diplomático con Úrsula Von der Leyen, le ha dicho a Netanyahu que la situación en Gaza “llegó a un punto en el que tienes que terminar el trabajo”, “creo que quieren morir, y es muy, muy malo”, “van a tener que luchar y van a tener que limpiar. Tienes que deshacerte de ellos”, refiriéndose a Hamás y responsabilizándolo de la hecatombe humanitaria que tiene lugar en la franja de Gaza. Una hecatombe que, según palabras de un alto funcionario de Naciones Unidas, ha convertido a los gazatíes en “cadáveres ambulantes”. Pero no se agota en este punto el cinismo criminal de Trump, quien además de soñar con transformar a Gaza en la “Riviera de Oriente Próximo”[v], también señaló que Estados Unidos no ha recibido ningún reconocimiento ni agradecimiento, pero contribuimos con US$ 60 millones para alimentos, suministros y todo lo demás”. “Esperamos que el dinero llegue, porque sabes, ese dinero se roba. La comida se roba. Vamos a hacer más, pero dimos mucho dinero”[vi]. Así las cosas, lo único que falta es que la postulación de Netanyahu para que se le otorgue el premio Nobel de Paz a Trump sea atendida por el Comité Noruego, “integrado por cinco personas de destacada trayectoria elegidas por el Parlamento noruego”. Un premio que se otorga a “la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz”. Si en 1973 se le otorgó a Henry Kissinger por los Acuerdos de Paz de Paris[vii] y pese al golpe de Estado de Pinochet contra el gobierno legítimo de Salvador Allende, del cual fue un promotor directo junto al entonces presidente Nixon, es probable que Trump tenga también posibilidades de obtenerlo en este 2025. Así todavía Gaza no sea la “Riviera del Oriente Próximo”, donde miles de europeos podrán en un futuro próximo disfrutar en paz y con seguridad sus vacaciones en hoteles regentados por la próspera y bella familia Trump, como sucede este fin de semana en Turnberry[viii], Escocia, en uno de los dos campos de golf que pertenecen a la empresa familiar dirigida por sus hijos.



domingo, julio 20, 2025

TRES VERDADES EN VILO

 

 

TRES VERDADES EN VILO

“Llegó con tres heridas: la del amor; la de la muerte; la de la vida”, Miguel Hernández.

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/tres-verdades-en-vilo/

https://elpais.com/america-colombia/2025-07-20/tres-verdades-en-vilo.html

Hernando Llano Ángel.

Al cumplirse tres años de divulgado el Informe Final[i] de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) es pertinente reflexionar sobre el sentido y alcance de la búsqueda de la verdad. Como en el hermoso poema de Miguel Hernández, el Informe Final nos legó tres heridas: “la del amor, la de la muerte, la de la vida”. En cuanto a la herida de la Verdad, cada día parece más claro que jamás podremos conocer y compartir una verdad concluyente sobre los más de 60 años de violencia política, si no nos comprometemos en su búsqueda colectiva y pública. Una búsqueda que incluya tanto a las víctimas como a los victimarios. En tal caso, ya no se trataría de encontrar una Verdad, sino múltiples verdades, lo suficientemente comprensivas y a la vez comprehensivas, que posibiliten la convivencia social y eviten la perpetua repetición de víctimas irredentas y la reproducción de victimarios impunes. Serán verdades dolorosas y complejas, pues no se podrá prescindir de los rostros, voces, versiones, lamentos, frustraciones y reclamos de justicia de millones de víctimas. En ese sentido, será una verdad multitudinaria y múltiple con muchas caras e identidades, que tampoco podrá excluir las identidades, motivos, intereses y valores de los victimarios, por discutibles y hasta infundados que nos parezcan. Como bien lo escribió Kafka: “Es difícil decir la verdad, porque si bien es cierto solo es una, también es cierto que es algo vivo y, por tanto, tiene un rostro vivo y cambiante”. Si no afrontamos como colombianos ese desafío descomunal, escabroso y abismal, lo más probable es que las víctimas de ayer se conviertan en vengadoras implacables y mañana reclamen con odio su revancha histórica en nombre de la verdad y la justicia. Tal es el mayor desafío de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo máximo aporte, como lo viene haciendo, será revelarnos todas las verdades, empezando por las de las víctimas con la autenticidad irrefutable de sus sufrimientos. Pero también las verdades de los victimarios, sus explicaciones y hasta justificaciones, para acceder a una verdad completa de lo sucedido, más allá de imposibles amnistías, perdones y olvidos, como lo prescribe el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Límites de la JEP

Lo que probablemente esté fuera del alcance de la JEP será poder impartir una justicia plena y castigar los numerosos crímenes de lesa humanidad y a sus presuntos responsables, pues las Sanciones Propias y los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR)[ii] que impondrá no colmarán las expectativas de justicia de los familiares y sobrevivientes de las víctimas. En esos contextos de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos e infracciones continúas del Derecho Internacional Humanitario sucede que “es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”, como bien lo anotó Hannah Arendt, refiriéndose a los crímenes de lesa humanidad cometidos por los nazis. Crímenes que, guardadas las distancias cuantitativas e ideológicas, son similares a los cometidos por todos los actores armados ilegales y hasta institucionales en desarrollo de nuestro interminable y degradado conflicto armado interno. Un conflicto que dejó hace años de ser doméstico, pues sus dimensiones son cada vez más internacionales y lo han convertido en un conflicto “armado interméstico”[iii], que no podremos resolver solos los colombianos por su mayor imbricación con economías ilícitas y organizaciones criminales internacionales.

Ayer víctimas, hoy victimarios

Lo anterior acontece porque en el siempre disputado, nunca armonioso y menos bucólico campo de la política, sea nacional o internacional, las víctimas de ayer suelen convertirse en los victimarios del presente. En la política internacional basta mirar las atrocidades de Netanyahu y el ejército israelí contra la población civil palestina en Gaza y Cisjordania, comparables en ignominia y crueldad con las cometidas por los nazis en desarrollo de la llamada “Solución Final”[iv]. Esas atrocidades perpetradas todos los días contra los gazatíes ofenden, desconocen, niegan y hasta degradan la memoria de los millones de judíos asesinados por los nazis, que unánimemente las rechazarían, con mayor razón si en forma cínica, como lo hace Netanyahu, apela a la Shoah[v] y enarbola la bandera del Estado israelí en nombre de un sionismo anacrónico y criminal. Ya lo advertía con aterradora lucidez Arendt en mayo de 1946 en su artículo titulado “El Estado judío: cincuenta años después”“No sé -ni quiero saber- qué sería de los judíos de todo el mundo y de la historia judía en el futuro si topamos con una catástrofe en Palestina”. Esa catástrofe humanitaria está sucediendo y probablemente los más de seis millones de judíos exterminados en campos de concentración y ejecuciones sumarias hoy se levantarían y dirían: “NO en mi nombre”, pues verían de nuevo como la franja de Gaza ha sido convertida en un Auswichtz[vi] a cielo abierto a la vista de todo el mundo. Un Auswichtz con la complicidad de Trump, que pretende convertirla en la “Riviera del Oriente Medio”[vii]  y la indolencia criminal de la mayoría de jefes de Estado que hoy rigen los destinos de Europa y cuyos antecesores miraban hacia todos los lados y vieron demasiado tarde los campos de exterminio. Hoy, casi todos los actuales jefes de estado de la Unión Europea, excepto Pedro Sánchez[viii], hacen todavía algo más vergonzoso y criminal: cierran los ojos, se tapan los oídos, traicionan su conciencia y respaldan a Netanyahu en aras de una realpolitik cuyo nombre es genocidio[ix]  pues somete a los gazatíes a un cerco de hambre y ya más de 875 han sido asesinados cuando esperaban reclamar paupérrimas raciones para sobrevivir, según reporte de Naciones Unidas[x]. Asesinatos que se repiten periódicamente. Semejante horror acontece frente a nosotros. Todos los días lo vemos y escuchamos en las pantallas del televisor, lo leemos en diarios que nos informan, con una letanía legitimadora del genocidio, para convencernos que la respuesta del Estado israelí es proporcional, justa y necesaria. Pero lo que vemos son las ruinas de Gaza y más de 55.000 gazatíes[xi] asesinados por ese supuesto “Estado democrático israelí” al mando de Netanyahu, un cacócrata[xii] que prolonga el genocidio para eludir la justicia y no ser condenado por los cargos de “de soborno, fraude y abuso de confianza por parte de él y de aliados políticos cercanos dentro de su círculo íntimo durante su cuarto y quinto mandatos como primer ministro de Israel”[xiii].

Nuestra histórica responsabilidad

Así como ayer millones de colombianos también veíamos en los telediarios las masacres de campesinos, indígenas y negros a manos de grupos paramilitares, que desolaron los campos con cerca de 205.028 víctimas mortales, en nombre de la seguridad, la libertad y la democracia. Pero, luego de un corte de comerciales, escuchábamos y veíamos noticias sobre otras masacres de retaliación cometidas por las guerrillas, con 122.813 víctimas mortales. Además de sus miles de secuestros, 20.223, y millonarias extorsiones, pero ahora en nombre del “pueblo y la justicia social”. Hasta llegar a los inverosímiles y macabros hallazgos de más de 6.000 jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales[xiv] o “falsos positivos” en desarrollo de la directiva 29 de 2005[xv], supuestamente en defensa de la institucionalidad democrática para vencer el terrorismo y matar “la culebra de las Far”[xvi]. Directiva firmada por Camilo Ospina, ministro de defensa del presidente Álvaro Uribe Vélez, siempre atento y diligente para que se cumplieran sus órdenes, pero que en este caso apenas se dio cuenta de lo sucedido después de más de 6.000 asesinatos. Ejecuciones que incluso en un principio negó con su cínica expresión “no estarían recogiendo café[xvii], referida a los jóvenes de Soacha, sacrificados por miembros de la Fuerza Pública, quienes hoy ya han reconocido esos crímenes ante la JEP. Se entiende, entonces, los motivos del expresidente para negar la existencia de la CEV y mucho más las investigaciones y decisiones de la JEP.

Primera Verdad en vilo: Ninguna violencia contra civiles inermes es legítima

Por eso, la primera verdad que nos reveló con pruebas irrefutables el informe final de la CEV es que mientras los protagonistas de la violencia política tengan respaldo y apoyo de parte significativa de civiles, más allá de sus identidades como grupos terroristas, insurgentes, guerrilleros o, por el contrario, como grupos paramilitares o autodefensas que cometieron crímenes en asocio con miembros de la Fuerza Pública,  nuestro conflicto continuará ensañándose mortalmente contra más civiles inermes, sus líderes y comunidades. Esa dolorosa y sangrienta verdad todavía está en vilo y se encuentra muy lejos de ser reconocida por quienes han convertido la violencia en su señal de identidad y hasta de orgullo, bien porque son mercaderes de lo ilegal o mercenarios al servicio del mejor postor. Pero también es todavía desconocida por numerosos civiles y sus líderes que levantan la guerra como bandera y divisa en nombre del orden, la seguridad y hasta la defensa de la “democracia”, en busca de votos para las próximas elecciones. Todos ellos, más allá de la derecha, el centro o la izquierda, son instigadores del miedo y el odio y llaman a exterminar a sus enemigos con la mejor buena conciencia. Muchos se autodenominan “ciudadanos de bien”, emulan e imitan a figuras internacionales que solo saben amenazar, encarcelar, deportar, torturar, desaparecer y eliminar a los supuestos enemigos de la patria. Esos líderes mesiánicos, en realidad mefistofélicos, están plenamente seguros de su superioridad moral y se consideran predestinados a defender el pueblo, la libertad, la seguridad y la propiedad en nombre de la “democracia”. Esa verdad, la de la ilegitimidad de toda violencia contra civiles inermes está en vilo y es imperioso defenderla y salvarla de tantos precandidatos y sus seguidores que hoy la desprecian, pues ellos suelen convertir las urnas en un depósito de sufragios en lugar de votos y sepultan la “democracia” en profundas fosas comunes.

Dos verdades políticas vitales en vilo

Las otras dos verdades que están en vilo y se encuentran a punto de desaparecer son el aprendizaje de la convivencia y la paz democrática (artículo 22 de la Constitución: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”) junto a la deliberación y participación ciudadana decisorias en los asuntos públicos (artículos 3, 40 y 103, CP), hoy puestas en duda por muchos de quienes ayer promovieron la séptima papeleta e irónicamente ahora apelan a la Constitución para acallar y negar la expresión ciudadana. Sin esas dos verdades políticas vitales y exigentes jamás podremos forjar una democracia y el artículo primero de la Carta, el Estado Social de derecho en todo el territorio nacional. Un Estado con su correlato de iguales oportunidades para una vida digna de todos los colombianos mediante el ejercicio y goce de sus derechos fundamentales a la salud, el trabajo digno, la educación, un techo y la seguridad social. Sin esos derechos nunca forjaremos y tendremos una democracia de verdad, que en la realidad promueva, protega y exalte la vida de sus habitantes, sin discriminación alguna, y cuente sus cabezas y votos en las urnas en lugar de cortarlas a sus líderes sociales y opositores políticos, como nos sigue sucediendo desde hace más de 60 años. Durante estos tres años esas tres verdades han estado y continúan en vilo. Depende de nuestra responsabilidad ciudadana que no desaparezcan, como sucedió con 121.768 colombianos entre 1985 y 2016, según las cuentas de la CEV[xviii] sobre la desaparición forzada en desarrollo del conflicto armado. ¿Podremos entre todos, en lugar de seguir insultándonos por redes sociales y dividiéndonos visceralmente entre derecha e izquierda o “paracos” contra “mamertos”, ponernos a conversar y deliberar para buscar y rescatar viva y libre a nuestra desaparecida democracia?


[i] https://www.comisiondelaverdad.co/

[ii] https://www.jep.gov.co/Paginas/ABC-de-las-Sanciones-Propias-que-impondr%C3%A1-la-JEP.aspx

[iii] https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2017000100005

[iv] https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_final

[v] https://aboutholocaust.org/es/facts/cual-es-la-diferencia-entre-holocausto-y-shoah

[vi] https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Auschwitz

[vii] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-plan-de-trump-y-netanyahu-para-convertir-gaza-en-la-riviera-de-oriente-medio/

[viii] https://efe.com/mundo/2025-05-28/sanchez-von-der-leyen-israel-gaza/

[ix] https://aboutholocaust.org/es/facts/que-es-un-genocidio

[x]https://www.diariolibre.com/mundo/europa/2025/07/15/onu-dice-875-personas-murieron-en-gaza-al-intentar-buscar-comida/3183119

[xi] https://www.france24.com/es/medio-oriente/20250617-el-ej%C3%A9rcito-israel%C3%AD-mata-a-m%C3%A1s-de-50-gazat%C3%ADes-mientras-buscaban-ayuda-humanitaria

[xii] https://hoy.com.do/cacocracia-una-amenaza-latente-para-los-derechos-humanos-y-la-democracia/

[xiii] https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_contra_Benjam%C3%ADn_Netanyahu

[xiv] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx

[xv] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005

[xvi] https://www.redalyc.org/pdf/308/30854700016.pdf

[xvii] https://www.youtube.com/watch?v=9QEXKj3UT5g

[xviii] https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final

 

lunes, julio 14, 2025

ÁLVARO URIBE VÉLEZ ANTE EL JUICIO CIUDADANO

 

 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ ANTE EL JUICIO CIUDADANO

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/alvaro-uribe-velez-ante-el-juicio-ciudadano/

https://elpais.com/america-colombia/2025-07-13/alvaro-uribe-velez-ante-el-juicio-ciudadano.html

https://razonpublica.com/alvaro-uribe-juicio-importa-no-penal/

Hernando Llano Ángel.

Más allá del sentido de la sentencia que el próximo 28 de julio conoceremos sobre la inocencia o culpabilidad de Álvaro Uribe Vélez en los cargos que se le imputan[i], se encuentra el juicio ciudadano sobre la figura y la responsabilidad histórica del expresidente Uribe, sin duda el líder político más controvertido, admirado, amado, odiado y denostado de los últimos 25 años en Colombia. No se trata, pues, tan solo de un juicio penal, sino sobre todo de la oportunidad histórica que cada ciudadano tendrá de emitir un juicio personal sobre la responsabilidad política de Álvaro Uribe Vélez como hombre público y estadista, cuyas decisiones y acciones han gravitado sobre la vida, seguridad y prosperidad de millones de colombianos, pero también sobre la dignidad y muerte de miles en desarrollo de políticas gubernamentales como la llamada “Seguridad democrática” contra el terrorismo. Seguridad que fue definida en el Manifiesto Democrático[ii], su programa de gobierno de 100 puntos, teniendo como eje el punto 33: “Necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura, el allanamiento. A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Silogismo político que cumplió cabalmente, si pasamos revista al desempeño del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)[iii] y sus relaciones con los grupos paramilitares, como los escabrosos resultados de la aplicación de la Directiva 029 de 2005[iv], que propició la comisión de más de 6.2000 ejecuciones extrajudiciales, denominados “falsos positivos”[v].

Más allá del juicio penal está la responsabilidad política

Lo anterior representa la mayor paradoja y malentendido nacional sobre lo que realmente está en juego, que no es tanto la inocencia o culpabilidad penal del expresidente Uribe, sino más bien su responsabilidad política, personal e indelegable, en el mayor desafío que los colombianos no hemos podido resolver y es romper el nudo gordiano que ata la política con la violencia, las armas, el crimen y la ilegalidad. Por eso, el trasfondo del juicio no son los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigo, sino la responsabilidad política del expresidente Uribe en relación con la existencia y actuación criminal de grupos paramilitares, ya desde su desempeño como gobernador del departamento de Antioquia y posteriormente como presidente de la República. De allí, que sea imprescindible distinguir entre la responsabilidad penal que es de carácter eminentemente judicial, personal y subjetiva, sustentada en pruebas irrefutables, plenamente demostradas, frente a la responsabilidad política que es de índole constitucional, pública y general, derivada de competencias y obligaciones inherentes a cada funcionario público sobre las cuales debe rendir cuentas frente a la ciudadanía. Más aún, tratándose de un funcionario electo. En el primer caso, la responsabilidad penal, la sentencia solo puede proferirla un funcionario o funcionaria judicial, garantizando el debido proceso al implicado, declarándolo inocente o culpable, quien podrá interponer los recursos legales a su disposición hasta llegar al de casación, cuya resolución por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia determinará la inocencia o culpabilidad final del implicado. En el segundo, la responsabilidad política, todos los ciudadanos somos competentes y, en cierta forma, responsables del juicio sobre el desempeño político del servidor público electo que, por lo general expresamos en las urnas, y del cual dependerá su continuidad o defenestración de la vida política. Es decir, su vida o “muerte política”. Esa responsabilidad política está determinada por el artículo 6 de nuestra Constitución que señala que todo servidor público es responsable por “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Un ejemplo vergonzoso

La reelección de Donald Trump pone de presente de manera escandalosa esta distinción, pues fue condenado penalmente por 34 cargos criminales[vi], pero exonerado electoralmente por más de 77 millones de votantes[vii], cuyo juicio político y ético al menos queda en cuestión, pues lo catapultaron victoriosa e impunemente a la presidencia de los Estados Unidos. Por eso no es una exageración afirmar que al frente de la mayor potencia militar del planeta se encuentra gobernando un gánster[viii]. De allí, que su política exterior sea esa mezcla de arrogancia, intimidación y chantaje sustentada en el poder militar, que desconoce de plano y con plena impunidad todo el derecho internacional público, las Naciones Unidas, su Corte Internacional de Justicia y arremete con furia y alevosía contra la Corte Penal Internacional en defensa de Netanyahu, sus crímenes de guerra y lesa humanidad contra los palestinos en Gaza y Cisjordania. Por si fuera poco, ahora la emprende contra la soberanía judicial del Brasil en defensa de Bolsonaro[ix] por su presunto golpe de Estado, quien lo imitó al desconocer el triunfo electoral de Ignacio “Lula” da Silva, como él lo hizo frente a Biden. Pero volviendo a nuestra política doméstica y su máximo protagonista durante los últimos 25 años, nos encontramos curiosamente con una historia parecida, pues Álvaro Uribe Vélez fue reelecto en el 2006 pese a un delito de “lesa constitucionalidad”, ya que la reforma del artículito de la Constitución que lo permitió se realizó mediante el delito de cohecho y el escándalo de la Yidispolítica[x], que culminó con la condena de sus exministros de Justicia y Derecho, Sabas Pretelt de la Vega y de Protección Social, Diego Palacio Betancourt[xi], entre otros implicados como los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.

Álvaro Uribe Vélez, entre la impunidad política y la penal

Sin duda, se puede afirmar que su reelección le otorgó a Uribe desde 2006 plena impunidad política[xii], pues fue respaldado por más de 7 millones de votantes[xiii], equivalentes al 27.6% del censo electoral de entonces que era de 26.731.700 colombianos habilitados para votar. Un porcentaje que desdice el mito de su inmensa popularidad y respaldo mayoritario, pues la participación electoral en el 2006 fue del 45.05% y disminuyó 1.4% en relación con la del 2002, cuya participación fue del 46.47% y su votación de 5.862.655[xiv]. Sin embargo, en ambos casos lo más significativo fue su triunfo en primera vuelta, único candidato que lo ha logrado hasta el presente y ello demuestra cómo sus electores disocian y separan fácilmente la ilegalidad de la legitimidad política. Razón tenía Sartre cuando afirmó que “no hay nada más respetable que una impunidad largamente tolerada. La ilegalidad procede de la forma como se aprobó el “artículito” para su reelección en el 2006 frente a la legitimidad política que obtuvo en las urnas, así ésta resulte precaria frente al censo electoral entonces vigente. Este preocupante divorcio entre ilegalidad y legitimidad política-electoral, demostraría que para un número significativo de votantes en el 2006 el fin de la “seguridad democrática” y su continuidad justificaba los medios utilizados por Uribe para continuar gobernando, sin importar mucho que ellos fueran ilegales, como en efecto quedó demostrado con la “Yidispolítica”. Con mayor razón si ese fin era “matar la culebra del terrorismo de las Far”, que entonces se creía era inminente. Pero ese divorcio se profundizaría aún más con el encubrimiento de graves crímenes cometidos por la alianza entre el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con los grupos paramilitares, que llevó a la cárcel a su director, Jorge Noguera, por el crimen del profesor Alfredo Correa De Andreis[xv], cometido en coordinación con los paramilitares del Bloque Norte de las AUC[xvi]. Todo ello, antecedido por la interceptación ilegal de comunicaciones a periodistas y el espionaje de las deliberaciones de la Corte Suprema de Justicia en su investigación sobre la parapolítica[xvii]. Interceptaciones llevadas a cabo por la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado y el director del DAPRE, Bernardo Moreno[xviii], ambos también condenados.

Los “buenos muchachos”

Sin olvidar la condena de José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por el asesinato de Jaime Garzón[xix]. Basta este breve recuento de graves ilegalidades y crímenes, penalmente demostrados y cometidos por dichos funcionarios en dependencias adscritas a la Presidencia de la República, todos ellos nombrados por Álvaro Uribe y bajo su estricta subordinación, para concluir que le resulta imposible eludir su responsabilidad política, pues entonces los defendió públicamente como “buenos muchachos”[xx]: “Antes de que, en 2011, lo condenaran a 28 años de cárcel por haber entregado información privilegiada a los paramilitares que asesinaron al profesor Alfredo Correa de Andreis, el exdirector del DAS Jorge Noguera había sido calificado como un “buen muchacho” por Álvaro Uribe, quien en otras ocasiones se ha referido así a algunos cercanos que terminan cuestionados o condenados”. Para completar semejante entramado institucional de criminalidad se expide, en cumplimiento de la “seguridad democrática”, la circular o directiva 029 de 2005 por el ministro de defensa, Camilo Ospina Bernal, que derivó en la comisión de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, cuyo número es superior a 6.000 víctimas mortales, según investigación de la JEP. Obviamente es imposible encontrar una prueba reina para responsabilizar penalmente al expresidente Uribe por todo lo anterior, así como tampoco fue posible hallarla en el proceso 8.000 contra el expresidente Ernesto Samper o en la financiación ilegal de Odebrecht en la segunda campaña presidencial contra el propio Santos, por la cual fue condenado Roberto Prieto, su exgerente de campaña, e incluso parece estar sucediendo con plenas pruebas en el caso de Oscar Iván Zuluaga[xxi]. A todo lo anterior, se suman hoy las presuntas irregularidades por las cuales el Consejo Nacional Electoral investiga la campaña del presidente Petro por supuesta violación de los topes de financiación, ya que seguramente la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no alcanzará a avanzar en precisar su responsabilidad personal, como ha sucedido con los más de 186 procesos pendientes[xxii] que allí se acumulan contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, transcurridos más de quince años. Es por ello que predomina la impunidad política en nuestro Estado y su funcionamiento es cada vez más cacocrático[xxiii], pese a los numerosos esfuerzos de la rama judicial por impedirlo, pues mientras los electores continúen votando por líderes políticos que promueven o toleran alianzas con grupos criminales, empresariales o financieros en función de sus intereses y para garantizar su gobernabilidad, se profundizará este régimen electofáctico[xxiv]. Un régimen situado en las antípodas del democrático, pues en aquel nunca hay responsables políticos por sus actuaciones ilegitimas y menos culpables por sus delitos, como es lo propio en toda democracia. De esta forma se suma la impunidad penal a la política, sin que podamos endilgarla solo a quienes gobiernan, pues la responsabilidad surge en la boca de las urnas por quienes los eligen. Por eso, más allá del sentido de la sentencia del próximo 28 de julio, bien sea absolutoria o condenatoria, ella no solo afectará al expresidente Uribe, sino también el juicio político y ético de millones de colombianos, quienes en conciencia somos los jueces de última instancia de los gobernantes que elegimos.