ÉXITOS POLÍTICOS EFÍMEROSY FRACASOS HISTÓRICOS
RECURRENTES
Hernando Llano Ángel.
Entre
la Constitución Política del 91 y el Acuerdo de Paz del 2016 existe una
relación paradójica, la misma que hay entre la política y la guerra. De alguna
manera, ambos acontecimientos representan el triunfo efímero de la política
sobre la guerra, pero también fracasos históricos recurrentes. No hay duda que
en los dos casos se alcanzaron acuerdos políticos trascendentales, pero la paz
continúa siendo un anhelo histórico todavía inalcanzable. Con la perspectiva
que dan los años transcurridos, 33 de la Constitución y 8 del Acuerdo de Paz,
se puede afirmar que en ambos casos su éxito político es también su mayor
fracaso histórico. Tal es la mayor paradoja política e histórica de la realidad
en que vivimos y por la cual han perdido violentamente la vida 450.644
colombianos entre 1985 y 2018 y se calcula que, “si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de
homicidios puede llegar a 800.000
víctimas”, según las cifras de la Comisión de la Verdad[i]. Todavía es más cruel y
paradójico el fracaso de la Constitución como “tratado de paz duradero”
--según la expresión de Norberto Bobbio citada por el presidente Gaviria en su
proclamación-- pues la década en que más víctimas mortales se registraron,
202.243, fue entre 1995 y 2004, el 45%, durante las presidencias de Samper,
Pastrana y los dos primeros años de Uribe.
La paradoja
constitucional del 91
La
Constitución del 91, más allá de promover con éxito la transición de la guerra
a la política de cuatro organizaciones rebeldes[ii]: el M-19, EPL, Quintín
Lame y el PRT, logró desactivar transitoriamente el más violento y letal de
todos los grupos, los Extraditables, al mando de Pablo Escobar. Un grupo
narcoterrorista ensañado contra la sociedad colombiana y un Estado postrado,
incapaz de doblegarlo judicial y militarmente. Por eso mismo, la Constitución también
fue el mayor triunfo político del capo narcoterrorista, aunque posteriormente
su baja significará la derrota militar y la aniquilación del cartel de Medellín,
más no del narcotráfico. Su triunfo político quedó consignado en el artículo 35
de la Carta, ya derogado, que prohibía la extradición de colombianos por
nacimiento. No por casualidad, una vez se aprobó dicho artículo y coronó su
máxima aspiración, Pablo Escobar se entregó y cesó su atroz cruzada
narcoterrorista. Desde su “Catedral”[iii], donde fue recluido, se
expresó como un auténtico actor político: “En
estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de
pacificación de la patria, no podía
permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del
pueblo de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991”[iv]. Pero lo que aconteció después
de esa entrega cinematográfica, digna de Martin Scorsese, mediada por el
sacerdote Rafael García Herreros, fue el comienzo de otra película de terror
que aún no termina. Desde entonces asistimos a una metamorfosis que supera la
imaginación de Kafka y el realismo mágico de García Márquez. La metamorfosis
del narcoterrorismo en narcoparapolítica.
Del Narcoterrorismo a
la Narcoparapolítica
En
efecto, la fuga de Pablo Escobar de la “Catedral”, su posterior cacería y baja
en Medellín, fue posible gracias a una alianza inimaginable, que supera todos
los guiones policiacos de Hollywood. La alianza entre el grupo criminal “PEPES”[v], acrónimo del grupo
narcoparamilitar “Perseguidos por Pablo Escobar”, con los Rodríguez del llamado
“cartel de Cali”, la Policía Nacional y las agencias de inteligencia y
antinarcóticos de los Estados Unidos. En otras palabras, la fusión del crimen
con la política estatal, un prototipo de super Pegasus que permitió la
ubicación y baja de Escobar, con la anuencia del presidente Gaviria, la
complicidad y asistencia técnica del Estado norteamericano. Se dio de baja a
Pablo Escobar, pero se engendraron unos monstruos político-criminales que
sobreviven hasta nuestros días camuflados en el entramado de la narcoparapolítica.
Fue así como los PEPES mutaron en las Convivir y luego en una poderosa
federación de grupos criminales conocida como las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), cuyos excomandantes hoy son convertidos en gestores de paz,
fase terminal de su metamorfosis actoral. El anterior, se puede afirmar, es el
capítulo más violento y criminal del entramado de la política nacional, que
luego mutará en una tramoya aún más sofisticada, “esa estructura que permite cambiar el escenario en una obra de teatro”,
en nuestro caso, el escenario de la narcoparapolítica.
De la
Narcoparapolítica a la Paz Total
Con
la narcoparapolítica continúan otros actos o entregas de la película nacional y
gran obra de ficción, titulada oficialmente “democracia colombiana”, como son
el proceso 8.000 y la parapolítica, que llevaron a sus protagonistas al
Congreso y hasta la presidencia de la República a Ernesto Samper Pizano y Álvaro
Uribe Vélez, con el concurso de millones de electores. Por eso esa tramoya y su
entramado criminal han terminado siendo el hilo conductor y el telón de fondo
de nuestra interminable guerra, que ha calado hasta los huesos en la
institucionalidad estatal con el “Plan Colombia”[vi] de Pastrana y el “Plan
Patriota”[vii] de Uribe. Ambas
estrategias militares fueron fallidas contra los grupos guerrilleros, pues
estos sobrevivieron gracias a su narcoadicción y simbiosis con otras economías
ilícitas y criminales, como la extorsión y el secuestro, sobrepasando los
éxitos relativos de la “Seguridad democrática”[viii], empañada
sangrientamente con miles de ejecuciones extrajudiciales, eufemísticamente
llamados “falsos positivos”, hoy negados con cinismo por el representante a la
Cámara Miguel Abraham Polo Polo[ix]. Hasta llegar al Acuerdo
de Paz del 2016 con las Farc-Ep, en donde vuelve a triunfar la política, pero
fracasa estruendosamente la paz, pues el núcleo dinamizador y perpetuador de la
guerra continúa intacto, la simbiosis de la política con el narcotráfico, pese
a que dicho Acuerdo contiene en el punto 4 una “Solución al problema de las
drogas ilícitas”[x],
cada día más lejos de materializarse. Punto que, si bien aborda el problema como un asunto social
estructural que demanda, además de la sustitución de cultivos ilícitos, la Reforma
Rural Integral del primer punto del Acuerdo, soslaya el asunto de fondo, que no
es otro que la falacia del prohibicionismo y su fracasada “guerra contra las
drogas”, convertidos en un desafío interméstico.
Desafió con solución
“interméstica”
Desafío
“interméstico”, pues precisa un cambio simultáneo de política y paradigma en el
ámbito internacional y el doméstico, que descriminalice la hoja de la coca y
permita que los Estados y territorios donde se cultive puedan transformarla, no
erradicarla ni sustituirla, en múltiples productos alimenticios y medicinales,
gracias a las maravillosas propiedades de la MAMACOCA[xi]. Así lo hace el Perú con
su empresa estatal ENACO[xii] que exporta a Coca-Cola
112 toneladas anuales de hoja para la producción de “la chispa de la vida”[xiii]. Dicha estrategia de
comercialización debería ser incorporada a la PAZ TOTAL, pues así se
desnarcotizaría la política institucional y la ilegal, que prolonga
indefinidamente la vida de los grupos guerrilleros y la degradación del
conflicto armado interno. De paso, promovería un filón de la Economía Popular,
que es el eje del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces El Plateado, junto a
otras regiones del país donde abundan los cultivos de coca, se podrían
convertir en El Dorado[xiv]. Y, lo más importante,
se empezaría a desmontar la tramoya y el entramado formado por la simbiosis de
la política con el crimen, que es el origen del actual régimen político
electofáctico[xv]
y del Estado cacocrático[xvi], bajo los cuales vivimos
e impiden la existencia de la democracia y la vigencia real, no solo nominal,
de la Constitución del 91 y del Acuerdo de Paz del 2016. Pues sin paz política
no hay democracia, que presupone la ruptura de la política con las armas y la
violencia, y menos Estado Social de Derecho, incompatible con los poderes de
facto. Bien lo dice el artículo 22 de la Carta: “La paz es un derecho y un deber
de obligatorio cumplimiento”. El derecho a forjar un Estado democrático
y el deber de todos los ciudadanos a respetarlo y consolidarlo, empezando por
sus gobernantes y representantes políticos. Pero con frecuencia ellos hacen lo
contrario y obtienen triunfos políticos efímeros en lugar de alcanzar una paz
histórica, estable y sostenible, llamada democracia. Una paz sustentada en un
Estado Social de derecho fuerte por ser legítimo y hacer prevalecer el interés
general sobre los particulares y corporativos de numerosos poderes de facto
legales e ilegales. Poderes que hoy predominan en muchas regiones e instancias
estatales, saqueadas por la corrupción y el clientelismo de numerosas facciones
políticas facinerosas de centro, derecha o izquierda en donde prosperan
impunemente muchos delincuentes disfrazados de políticos.
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