LOS FALSOS POSITIVOS Y LA (i)LEGITIMIDAD DE LA VIOLENCIA ESTATAL
Hernando Llano Ángel.
El trasfondo y almendrón de los
“falsos positivos” es eminentemente político y ético público, antes que legal,
penal y procedimental. Es un asunto de vida o muerte, que va mucho más allá de
la culpabilidad penal de quién ordenó la comisión de las ejecuciones
extrajudiciales contra civiles inermes. Se trata, ni más ni menos, de la
pregunta ¿Es legítima la violencia estatal? Porque los “falsos
positivos”, que hoy son objeto de debate, son aquellos que tuvieron origen en
cumplimiento de la Directiva gubernamental 29 de 2005[1],
firmada por el entonces ministro de defensa Camilo Ospina Bernal, en desarrollo
de la política de Seguridad Democrática, bandera enarbolada por el presidente
Álvaro Uribe Vélez con vehemencia y firmeza en todo el territorio nacional. Dicha
Directiva “estipulaba una tabla de
recompensas al interior de las Fuerzas Militares que giraban en torno al abatimiento
o captura de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley. Así, se
establecía que la captura o abatimiento de un «máximo cabecilla», por ejemplo, era recompensada con 13.106 salarios
mínimos mensuales legales vigentes”. Es decir, ¡pagaba por matar!,
incluso condecoraba a quienes lo hicieran con mayor efectividad, hasta llegar
al extremo de conceder descansos y otros estímulos más pueriles por actos tan
degradantes y crueles. Todo ello, en el entendido que eran acciones legítimas y
legales del Estado en la guerra contra el terrorismo.
“También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.
Lo inverosímil y paradójico de
todo lo anterior es que el máximo responsable de esta política de “Seguridad
Democrática”, el presidente Álvaro Uribe Vélez, haya escrito en su “Manifiesto Democrático” --su programa
de campaña electoral del 2002— en el punto 33[2],
la siguiente definición de terrorismo: “A
diferencia de mis años de estudiante, hoy
violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por
razones políticas o ideológicas es terrorismo. También
es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Según lo anterior, es evidente que
los “falsos positivos” son actos terroristas cometidos por “razones políticas e
ideológicas”, pues ellos se sustentaban en la “seguridad democrática” y su
defensa incondicional y sin límites del Statu Quo. Irónicamente, en la guerra
de su gobierno contra el terrorismo de las guerrillas, ya que el presidente
Uribe siempre negó la existencia del conflicto armado interno y todavía lo
hace. Pero mucho más irónica y hasta cruel es su conclusión irrebatible: “También
es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Así las cosas, es forzoso afirmar y
reconocer que dicha violencia estatal y gubernamental era ilegitima, aunque estuvieran
revestida de procedimientos y directivas oficiales, como la 29 de 2005, que
supuestamente le otorgaba legalidad. Tal es el meollo sangriento del asunto. Un
asunto que en su momento, como ahora, es incapaz política y éticamente de
reconocer el expresidente Álvaro Uribe Vélez, desconociendo el cumplimiento de
la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario por su obsesión
de “acabar
con las Farc”, como públicamente le ordenó al general Padilla que lo
hiciera el 14 de abril de 2007 en el Consejo Comunal de Aracataca: “General Padilla: que critiquen lo que
critiquen, que se venga el mundo encima,
pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que
queda de las Farc, que
es la hora de hacerlo. General Padilla:
que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi
responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicayá y el área de
influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza
Pública. Proteja a Urabá, saturando ese corazón de montaña entre
Tierradentro y Mutatá con Fuerza Pública y
con comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza
Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes,
General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un
proyecto de recuperación”. Parece que hoy se le empieza a venir el mundo
encima al expresidente Uribe, pues esa arenga constituye la prueba reina del
desconocimiento flagrante de dos principios del Derecho Internacional
Humanitario. El primero, ordenar una operación de “guerra sin cuartel”[3],
que implica dar muerte a los heridos en combate y a quienes hayan entregado sus
armas, ¿pues que otro significado puede tener “acabe con lo que queda de las Farc”
en esa región? Y el segundo, todavía más grave, desconocer el principio de distinción[4]
en los conflictos armados al vincular a “comunidades rurales, cooperantes con la
Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto
antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda”. De esta forma, el presidente Uribe
expuso a los civiles a ser víctimas de los brutales y sanguinarios ataques de
las Farc-Ep, semejantes a los falsos positivos, pues asesinaba a civiles con el
pretexto de ser colaboradores del ejército. Y esto sucedió el 14 de abril de
2007, es decir, en el período que aumentaron las ejecuciones extrajudiciales,
como lo demuestran las estadísticas letales de dichas ejecuciones según la JEP[5].
Hay, pues, una relación directa entre este tipo de órdenes y la existencia de
los “falsos positivos”. Falsos positivos que incluso negaba el presidente Uribe
en polémica con el Fiscal General de entonces, Mario Iguarán[6],
el 11 de noviembre de 2008: “El fiscal
General de la Nación, Mario Iguarán Arana, le respondió al presidente Álvaro
Uribe que sus apreciaciones sobre los "falsos positivos" no son aceleradas,
sino que están basadas en hechos y pruebas. "Hace un año, incluso con el apoyo del Gobierno Nacional, venimos
investigando este tema de las desapariciones con acciones de fondo que muestran
que sí se dan los casos", dijo Iguarán Arana. Así mismo el fiscal
general reiteró su preocupación por que los casos denunciados crecen en todo el
país. "Sobre las ejecuciones
extrajudiciales en combate, lo que tenemos denunciado ante la Unidad de
Derechos Humanos es que son miles los casos. Hoy ponemos especial atención en
las regiones de Antioquia, Meta, Córdoba, Norte de Santander y Casanare".
Aún entonces el presidente Uribe era reacio a reconocer semejantes
atrocidades. Quizá la única explicación para ello sea la convicción del
expresidente Uribe de que la violencia de los agentes estatales es en sí misma
legítima y olvida que ella siempre debe estar sometida a los límites inviolables
fijados por la Constitución, las leyes y el Derecho Internacional Humanitario.
Una convicción que millones de “ciudadanos de bien” comparten, pero que implica
la desaparición del Estado de derecho y de la democracia pues augura el
comienzo del terrorismo de Estado, como bien lo dice en el punto 33 de su
Manifiesto Democrático. Una convicción que marca las relaciones entre el poder
civil y el militar desde el famoso discurso de Alberto Lleras Camargo en 1958
en el Teatro Patria[7],
cuando pronunció este letal argumento: “Es muy peligroso que se desobedezca una
orden, que, por insensata que parezca, ejecutada por
cien o mil hombres con rigurosa disciplina puede conducir a la victoria o
minimizar el desastre. La acción guerrera necesita rapidez, unidad,
decisión inmediata, y todo eso no da tiempo para juzgar todos los aspectos de
la cuestión. La preparación
militar requiere, pues, que el que dé
las órdenes haya aprendido a darlas sin vacilar, y tenga, hasta donde es
posible, todo previsto, y que el que las recibe las ejecute sin dudas ni
controversias”. Es con
fundamento en este tipo de argumentos que puede comprenderse, pero jamás
legitimar, los crímenes del poder civil-militar cometidos desde entonces por
esa simbiosis letal e impune entre presidentes y generales, como Álvaro Uribe y
Mario Montoya. Simbiosis que recorre nuestra historia y cuyo ejemplo más
terrorífico fue el Palacio de Justicia, donde como lo señaló el entonces
Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez: “hizo crisis en el más
alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil
en el desarrollo de los combates armados”. Todo ello, supuestamente en defensa
de la democracia más antigua y estable de Latinoamérica. Sin duda, la más
antigua en perpetrar y perpetuar impunemente “falsos positivos” y la más profunda en
ocultar sus cuerpos en fosas comunes, sin que todavía podamos conocer el número
de ellos.
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