https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/la-politica-colombiana-lo-sublime-lo-abyecto
Hernando Llano Ángel.
Nuestra realidad política y, por consiguiente, nuestras vidas, se debaten
entre lo sublime y lo abyecto. Lo sublime está en nuestra Constitución Política[1].
Lo abyecto en nuestra realidad política. Pero especialmente en la práctica
política, que es la negación sistemática de nuestra Constitución. Por eso, los
colombianos vivimos en una especie de esquizofrenia política, cuyos principales
protagonistas son los políticos profesionales y el papel estelar lo desempeñan
nuestros gobernantes. Ellos representan una obra cuyos contornos se diluyen en
lo absurdo, lo insólito y lo inadmisible. Una obra teatral que ni siquiera la
genialidad penumbrosa de Kafka y la imaginación portentosa de García Márquez
hubiesen sido capaz de concebir y escribir. Aunque nuestro nobel, con realismo
lúcido, lo expresó en un renglón: “somos dos países a la vez: uno en el papel
y otro en la realidad”. Van aquí algunas escenas de la mayor actualidad,
realidad y gravedad. El proceso a Uribe, como ejemplo de una pieza judicial
casi kafkiana. La inminente fumigación del campo con glifosato, como expresión
de una política absurda y criminal. Y el reciente nombramiento de Margarita
Cabello Blanco, como Procuradora General de la Nación, una muestra irrefutable
de que, para el presidente Duque, la incompetencia y la incondicionalidad
política sí pagan.
Un proceso kafkiano
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a la
Fiscalía y la justicia ordinaria el proceso que adelantaba al exsenador Álvaro
Uribe Vélez por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y
soborno a testigo, no obstante tener los magistrados el reconocimiento del
mismo senador Uribe para continuar con su competencia. Reconocimiento otorgado,
cuando éste se desempeñaba como senador, en un trino de julio de 2018: “Nunca he eludido a la Corte Suprema para
que ahora inventen que la renuncia al senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen
la basan en hechos realizados a tiempos que ejerzo como senador, lo cual
mantiene la competencia de la Corte”.
Obviamente que entre las numerosas funciones de un senador no figura la de ser
determinador de fraude procesal y soborno de testigos, puesto que todo
congresista debe actuar, como lo señala el artículo 133 de nuestra Constitución,
“consultando la justicia y el bien común”. Pero también lo es que el origen de
su investigación surge cuando, actuando como senador, se dirigió a la Corte
Suprema de Justicia para instaurar denuncia penal contra el senador Iván
Cepeda. De tal suerte que hay una relación de causa a efecto en este proceso,
cuyo comienzo fue dicho debate sobre la responsabilidad política del entonces
gobernador de Antioquia por las numerosas masacres que se cometieron durante su
administración. Entre ellas, la de “El Aro”, que acaba de reactivar el ex
fiscal Montealegre ante la misma Corte Suprema de Justicia[2].
Masacres cometidas por grupos paramilitares. Más allá de intentar probar la
supuesta complicidad y culpabilidad penal de Uribe, asunto temerario, pues para
ello se precisaría mucho más que de versiones de testigos –siempre susceptibles
de cuestionar y desvirtuar— lo que pretendía el senador Cepeda era que Uribe
asumiera su responsabilidad política como gobernador y expresidente por la
aplicación de políticas tan nefastas como los “falsos positivos”. Así que
estamos ante hechos públicos que, por su magnitud, crueldad y dolor, no se
pueden negar. Mucho menos desconocer la responsabilidad política del entonces
gobernador y expresidente. Lo que nos conduce a una conclusión abyecta, obvia y
muy grave que, todos los colombianos sabemos, pero nos cuesta mucho reconocer y
todavía más repudiar: la simbiosis inocultable de la política con el crimen. Simbiosis
que sí tuvo la entereza o el cinismo de reconocer el mismo presidente Uribe (el
juicio depende obviamente de la mayor o menor afinidad política con el
“presidente eterno”) ante un Congreso de cafeteros, cuando le solicitó a sus
copartidarios: “les voy a pedir que voten, mientras no estén en la cárcel”[3].
Eran los tiempos de la parapolítica, cuando ignorábamos si teníamos en el
Congreso más parlamentarios o presidiarios, aunque cerca de 60 reunían esa
doble condición y terminaron condenados por la Corte Suprema de Justicia[4].
Algo realmente insólito e inadmisible en una auténtica democracia, pero
comprensible en un régimen electofáctico, donde predominan, legislan y
gobiernan los poderes criminales de facto.
Así las cosas, lo que aconteció fue que la política se criminalizó y no
se puede afirmar --como lo hacen ahora los abogados de Uribe-que la justicia se
politizó. La Corte Suprema de Justicia tuvo que condenar a congresistas que
debían su curul al delito de constreñimiento al elector y concierto para
delinquir, en asocio con grupos paramilitares. Hubiese prevaricado la Corte al
no condenarlos, con el obvio y peregrino argumento de que entre las funciones
de los congresistas no figura aliarse con criminales, habiendo ya probado que
sí obtuvieron su curul mediante el constreñimiento a los electores e incluso el
concierto para delinquir. De allí que la petición del presidente Uribe resulte ética,
legal y políticamente inadmisible: “voten, mientras no estén en la cárcel”.
Igual que ahora su renuncia a la curul de senador y las maniobras leguleyas de
su abogado Granados, demuestran que García Márquez tenía toda la razón cuando
escribió, en su proclama “Por un país al alcance de los niños”:
“En cada uno de nosotros cohabitan, de la
manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del
legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para
violarlas sin castigo”[5]. Y es muy probable que ello acontezca, si
el proceso lo asume la Fiscalía, por la incondicionalidad de Barbosa con el
presidente Duque y su lealtad al “presidente eterno”, por encima de nuestra
sublime y ultrajada Constitución.
Una política absurda y
criminal
Siendo lo anterior muy abyecto, es insignificante, si de nuevo este
gobierno recurre al glifosato para supuestamente matar la mata que mata,
pues se estaría cometiendo por partida doble un ecocidio y un genocidio. Un
ecocidio, al devastar una vez más miles de hectáreas de nuestros bosques
tropicales, y un genocidio contra campesinos, comunidades negras e indígenas,
al poner en grave riesgo su salud y entorno alimentario. Política absurda, pues
pocas plantas más portentosas y naturalmente maravillosas que la coca, como lo
demuestran cientos de investigaciones científicas, entre ellas una de la
universidad de Harvard[6],
que resalta sus valiosas propiedades bioquímicas. Y, a falta de ellas, la
milenaria tradición cultural y terapéutica de los pueblos aborígenes, que la
mambean cotidiana y ancestralmente para su cohesión comunitaria y vitalidad
personal. Lo que cada día mata a los campesinos, indígenas y negros es la
codicia y el vicio de quienes convirtieron una planta sagrada en un mercado
tanático que funciona mediante redes de corrupción inimaginables, que van desde
impecables banqueros, pasando por cínicos políticos y numerosos oficiales y
miembros de la Fuerza Pública asociados con bandas criminales. Económicamente
los sectores más adictos al narcotráfico son el financiero y la industria
militar. El primero, blanquea sus ganancias, como lo hizo hace años el Banco de
Occidente en Panamá[7] y el
segundo, el militar, potencia su criminalidad. Todo ello terminaría si se
renunciara a la “guerra contra las drogas” y se regulara por el Estado el
cultivo, transformación y comercialización de la coca, como se hace hoy con la
marihuana. Pero no. El presidente opta
por el glifosato y el plomo. Una prueba más de que “El futuro (no) es de todos”,
pues para los pobres del campo, como lo manifestó la alcaldesa Claudia López,
lo que hay es glifosato y plomo al quedar atrapados en medio del fuego cruzado.
Se perpetua así una política absurda y criminal, parecida a la de ayer contra
la marihuana, cuando era satanizada y se fumigaba con paraquat, como una mata
maldita, pero hoy es cuidada y cultivada como planta medicinal bendita por la
industria farmacéutica internacional y nacional. Pero parece que el presidente
de “la paz con legalidad” está dispuesto a cambiar su lema por el de “paz con
letalidad”, sembrando el campo de más víctimas, las ciudades con más
desarraigados y diezmando la precaria salud de comunidades campesinas,
indígenas y negras, rociándolas con el “inofensivo” glifosato, que está siendo
prohibido en toda Europa[8]
y tiene a Bayer en aprietos por las indemnizaciones que debe pagar[9].
Y, para completar la abyección política, y despojar de la función de control a
órganos de nuestra sublime Constitución, en asocio con sus mayorías cómplices
en el Congreso, promovió un nombramiento descabellado en la Procuraduría
General de la Nación.
Un nombramiento inadmisible
y descabellado
Era constitucionalmente deplorable, aunque políticamente previsible, el
nombramiento de Margarita Cabello Blanco como Procuradora General de la Nación,
no solo porque así consolidaba el presidente Duque un entramado de
incondicionales amigos a su disposición en los órganos de control, sino por la
forma como con ello estimula y reconoce la mediocridad y la incompetencia en
altos cargos del Estado. Las ejecutorias de Cabello Blanco en el ministerio de
justicia son vergonzosas: como máxima responsable del sistema penitenciario no
evito su deterioro y una masacre desmesurada en la cárcel Modelo[10],
corrijo, una serie de homicidios múltiples con un saldo de por lo menos 23
muertos y 80 heridos. Y, como coordinadora de las gestiones judiciales para la
extradición de Mancuso, en asocio con la Cancillería, fue incapaz de presentar
oportunamente una solicitud que fuera legalmente aceptada por el Departamento
de Estado norteamericano. Valdría la pena que el presidente Duque repasara la
entrevista a Álvaro Gómez Hurtado en la revista Diners, número 303, en junio de
1995, donde su admirado y querido maestro, describe así el régimen político
colombiano: “El régimen transa las leyes con los delincuentes, influye
sobre el Congreso y lo soborna. El régimen es un conjunto de complicidades.
No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra”. Y el discurso
de Margarita Cabello en el Congreso, después de su elección, parece asegurar a
ese “conjunto
de complicidades” su reinado impune, al decir: “Señores senadores y senadoras, no voy a ser factor de crispación, de
enfrentamiento o pugnacidad —ya hay muchos haciéndolo equivocadamente—, a ello
no me convoquen; yo quiero unir,
articular, quiero impulsar para acertar”. Más parece un discurso de campaña electoral. Olvida la nueva Procuradora consultar el artículo
277, numeral 6, de nuestra Constitución, que le impone la función de: “Ejercer
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas,
inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario;
adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones
conforme a la ley”. Lo que significa que Cabello Blanco no podrá evitar,
eventualmente, ser un “factor de crispación, enfrentamiento o pugnacidad” en desarrollo de sus investigaciones
disciplinarias contra la corrupción, el abuso de poder o la negligencia
gubernamental. Pero no será así. Ella llega a la Procuraduría a “unir,
articular, impulsar, para acertar”. En fin, parece que nos esperan niveles de
abyección política más inciertos y peligrosos que los presentes en la “nueva
realidad”. Una realidad donde las dinámicas de la bolsa y el mercado se pueden
imponer sobre la vida y la salud de miles, si no somos personas responsables
con nuestro cuidado y el de los demás, y empezamos a actuar como ciudadanos
políticamente exigentes, reacios a seguir tolerando esta ópera bufa donde la
política y la criminalidad se han fusionado.
[1]“PREÁMBULO: El pueblo de Colombia, en
ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea
Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad
y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar
la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la
siguiente: Constitución Política de Colombia”.
[2] https://www.semana.com/semana-tv/semana-en-vivo/articulo/eduardo-montealegre-denuncia-penalmente-a-alvaro-uribe-por-masacre-del-aro/696988
[3] https://www.semana.com/enfoque/frase-de-la-semana/articulo/les-voy-pedir-todos-congresistas-mientras-no-esten-carcel-voten/82445-3
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