MÁS ALLÁ DE LAS SANCIONES PROPIAS DE LA JEP
https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/mas-alla-del-terrorismo/
Hernando Llano Ángel.
Las recientes sanciones propias,
consistentes en Trabajos Obras y Actividades con contenido
Restaurador-reparador (TOAR)[i], impuestas por la JEP a los miembros del
extinto Secretariado de las Farc-Ep y a los agentes de la Fuerza Pública por
sus responsabilidades en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad
están condenadas a la incomprensión. En gran parte, porque ellas interpelan y
cuestionan nuestro sentido de la justicia, pero sobre todo nuestra valoración
sobre la responsabilidad de sus numerosos actores implicados. La
responsabilidad tanto de los máximos comandantes o determinadores como la de
sus subordinados o directos ejecutores. Las primeras en rechazar y considerar
dichas sanciones como una afrenta fueron las víctimas, pues muchas de ellas
están a la espera de toda la verdad sobre lo sucedido y padecido por sus seres
queridos. Especialmente los familiares de aquellas víctimas cuyos cuerpos no
han aparecido después de ser secuestrados por las Farc o de haber sido
ejecutados extrajudicialmente por miembros de la Fuerza Pública. Además,
encuentran esas sanciones propias o TOAR como totalmente inadecuadas dada la
gravedad de los crímenes cometidos. No les reconocen capacidad alguna para
reparar el daño sufrido y mucho menos para restaurar el trauma que han vivido
por la falta de verdad en las versiones de sus victimarios y de reparaciones
específicas en cada uno de sus casos.
La paradoja de las sanciones propias
Sin duda, no existe sanción, pena
o castigo que pueda resarcir el dolor y la pérdida causada en esos casos. La
muerte violenta y la desaparición son irreversibles e irreparables. Aunque para
muchos la pena capital de los victimarios sería un alivio, si el artículo 11 de
la Constitución no la prohibiera. Sin embargo, tampoco ella con su contenido
letal de ajuste de cuentas logra reparar, compensar o cerrar la herida causada.
Con mayor razón cuando esa pérdida del ser querido se origina en el marco de un
conflicto armado interno profundamente degradado, en donde ya es casi imposible
separar los móviles políticos de los particulares y hasta la misma identidad de
los victimarios es incierta y cambiante. La única identidad cierta es la de la
víctima civil inerme, pues en medio del fuego cruzado y de múltiples intereses
camuflados, es casi imposible identificar quién disparó, desapareció, violó y
desplazó en beneficio de qué o de quiénes. En todos estos casos nos encontramos
con la paradoja resaltada por Hannah Arendt sobre los crímenes de lesa
humanidad cometidos por el nazismo al señalar que: “Es muy significativo,
elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean
incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que
ha resultado ser imperdonable”. Es lo que sucede con las sanciones propias
impuestas por la JEP. Ellas son incapaces de castigar lo que ha resultado ser
imperdonable. Así como también para la mayoría de las víctimas resulta imposible
perdonar, pues consideran que las sanciones propias de la JEP dejan sin castigo
esos graves crímenes. Ante semejante encrucijada la JEP y sus sanciones propias
(TOAR) parecen condenadas al fracaso y la incomprensión. Solo queda la
posibilidad de que las víctimas, en el fuero interno de su sufrimiento, decidan
perdonar como una expresión de la “soberanía de su yo”, según la expresión del
filósofo Javier Sádaba y se liberen así del yugo del victimario.
TOAR, Convivencia y Reconciliación nacional
Mucho más incierto es el alcance
de las TOAR en el camino de la convivencia y la reconciliación, aquella
relacionada con la incorporación a la sociedad y a la actividad política de los
máximos responsables de dichos crímenes, como los extintos miembros del Secretariado
de las Farc-Ep, pues el daño causado a cientos de miles de víctimas civiles
solo genera repudio y rechazo social generalizado. De allí, que en las últimas
elecciones para Congreso hayan alcanzado el respaldo de apenas cincuenta mil
votos[ii] y seguramente queden condenados al ostracismo de la representación
política en la legislatura del próximo cuatrienio, pues ya desaparecen sus 10
curules reconocidas en el Acuerdo de Paz.
Ciertos crímenes sí pagan
Entonces estamos frente a una
paradoja todavía mayor, pues aún millones de votantes no aplican igual sanción
o condena contra aquellos políticos y líderes que han ganado sus curules y
edificado sus fulgurantes carreras políticas siendo complacientes, cuando no
cómplices, con miembros de grupos paramilitares o políticas gubernamentales que
derivaron en crímenes de lesa humanidad, como los “falsos positivos”. Paradoja
que en parte se explica porque dichos “ciudadanos de bien” consideran que tal
violencia es buena, justa y hasta legítima en tanto protege sus vidas e
intereses más preciados. Y mientras persista ese maniqueísmo en la vida
política nacional y no se condene unánimemente el uso de la violencia con fines
políticos, ya sea contra el statu quo o en su defensa sin límites, jamás los
jueces, sean de la JEP u otras jurisdicciones, podrán impartir justicia. No se
les puede exigir que pongan fin con sus sentencias a un problema esencialmente
político, cuya expresión es una violencia crónica y degradada anidada tanto en
la mente de los ciudadanos que la ven como natural, incluso necesaria para
alcanzar la paz, sin importar el número de víctimas y atrocidades que genere,
como arraigada en las economías ilícitas y los entramados institucionales de
corrupción que dinamizan cada cuatro años el triunfo de aquellos candidatos más
hábiles y audaces en hacer coaliciones con dichos poderes de facto y gobernar
impunemente. Entre los más de cien precandidatos y precandidatas inscritos,
sobresale Abelardo de la Espriella, quien fuera acucioso abogado de Alex
Saab[iii], pero hoy se presenta como un implacable perseguidor de los corruptos
y afirma que, de ser electo presidente, Bukele quedaría como un Boy scouts
frente a las medidas que él tomaría contra el crimen organizado. ¿Qué pensará
al respecto Salvatore Mancuso, su viejo buen amigo?[iv]
La Justicia como guerra inconclusa
Todo ello sucede por una obsesión
política histórica, social e institucional que se prolonga hasta nuestros días
y es pretender derrotar y condenar draconianamente en los tribunales a quienes
el Estado no pudo vencer militarmente o garantizarles, después de desarmarlos,
su derecho a la vida y la participación política, como fue el caso de Carlos
Pizarro y tantos otros en el pasado. Por eso hoy muchos le exigen a la JEP
condenas, ojalá perpetuas, contra los máximos comandantes de las Farc-Ep, pero
al mismo tiempo absoluciones, indultos o amnistías para los “héroes militares”
que cometieron excesos, como miles de ejecuciones extrajudiciales. Menos aún
que la JEP persista en avanzar en la búsqueda de responsabilidades en mandos
superiores de la “exitosa” política de “seguridad democrática” y la circular 29
que derivó en los “falsos positivos”. Todos ellos olvidan que la JEP tuvo su
origen en un Acuerdo de Paz que estableció una justicia transicional y restaurativa.
Transicional porque ha permitido el tránsito de la guerra y el crimen hacia la
paz política, posibilitando que los que ayer desde el Secretariado ordenaban
secuestrar, extorsionar, disparar y matar, hoy debatan y convivan con los que
consideraban enemigos oligarcas a vencer, doblegar o aniquilar. Compromiso que
han cumplido como reincorporados, a pesar de haber sido asesinados más de
cuatrocientos firmantes del Acuerdo de Paz desde el 2016[v]. Y es una justicia
restaurativa, porque su primer compromiso como victimarios fue asumir
plenamente la responsabilidad por los crímenes cometidos, contando toda la
verdad de lo sucedido a los familiares de las víctimas y restaurándolas, en la
medida de lo posible, evitando la repetición de más atrocidades. Es este el
mayor logro y a la vez desafío actual de las sanciones propias, pues imponen a
los responsables de los crímenes de lesa humanidad, tanto excomandantes de las
Farc como a los exmilitares, Tareas, Obras y Actividades para encontrar las
personas desaparecidas después de ser secuestradas o ejecutadas
extrajudicialmente. Esto no reparará el dolor de los familiares, pero les
permitirá con sus honras fúnebres cerrar el duelo interminable de la
incertidumbre y restaurar la dignidad de sus seres queridos.
Los “Justos” y “ciudadanos de bien” contra la JEP y las sanciones
propias
El expresidente Iván Duque, como
representante de quienes ganaron el plebiscito y rechazaron de plano el Acuerdo
de Paz, hizo hasta lo imposible para retrasar el funcionamiento de la JEP. El
expresidente Uribe desconoció la legalidad y la legitimidad de la Comisión para
el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición frente al
padre Francisco de Roux, S.J, su presidente. Incluso hoy vuelve a poner en duda
la ocurrencia de los mal llamados “falsos positivos”, reconocidos por los
militares que han sido condenados, pues dice que lo han hecho embaucados para
obtener los beneficios de las sanciones propias. Algo apenas comprensible en
quien negó la existencia del conflicto armado interno, pero fue un entusiasta
promotor de la “seguridad democrática”, la “operación Orión” en la comuna 13 de
Medellín, la circular 29 y arengaba al general Padilla en un Consejo Comunal
realizado en Aracataca el 14 de Abril de 2007: «General Padilla: que critiquen
lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad
política, acabe con lo que queda de las Farc, que es la hora de hacerlo.
General Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen,
pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicayá y
el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la
Fuerza Pública”. Las cuales son dos gravísimas infracciones al DIH: ordenar la
tierra arrasada o guerra sin cuartel y desconocer el principio de distinción
entre población civil y combatientes, como hoy lo hace Netanyahu contra los
palestinos en la Franja de Gaza para acabar con Hamas. Quizá por ello, una de
las banderas y obsesiones de quienes lo acompañan sea desmantelar la JEP si su
candidato de “gran coalición nacional” gana la presidencia, pues así nunca
conoceremos los máximos responsables que desde el entramado institucional y
estatal han ordenado y perpetrado, en nombre de la “democracia”, esta hecatombe
nacional de crímenes de lesa humanidad con total impunidad. No por casualidad
el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, ese valeroso defensor de la democracia y de
la “rama jurisdiccional”, uno de sus incondicionales protegidos, resguardó el
Palacio de Justicia hasta su completa incineración el 6 y 7 de noviembre de
1985 e ignoraba si el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el
magistrado Alfonso Reyes Echandía, estaba o no dentro del Palacio, junto a
otros magistrados y cientos de civiles, pues él solo recibía y cumplía órdenes
para “mantener la democracia” y en funcionamiento las ramas del poder público.
Poco importaba el sacrificio de la cúpula de la rama judicial, la muerte de los
rehenes, la desaparición y ejecución de civiles inermes y hasta su posterior
reingreso al Palacio, como sucedió con Carlos Horacio Urán Rojas[vi],
magistrado asistente del Consejo de Estado, hechos por los cuales el Estado
colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia, sentencia
cuyo cabal cumplimiento está en mora. Para todos los responsables de semejante
hecatombe, empezando por el M-19 y su delirante juicio contra el presidente
Belisario Betancur, como para las Fuerzas Armadas, se trataba de un ajuste de
cuentas cuyo precio pagaron con sus vidas más de cien civiles, como se puede
apreciar en la película NOVIEMBRE, actualmente en cartelera. Hay que verla para
comprender desde el bombardeado y derruido baño del Palacio de Justicia la
agonía y muerte de sus ocupantes para que no repitamos tan macabra “salida”
militar durante los próximos cuatro años.
