LA DESOBEDIENCIA CIVIL COMO DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN DEL 91
Hernando Llano Ángel.
Obviamente, quienes primero deben
obedecer y cumplir la Constitución del 91, son quienes gobiernan y legislan. En
la controversia actual, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el
opositor constitucional, el senador Iván Cepeda, según los artículos
constitucionales 188 y 112 respectivamente. Cumplirla y acatarla, en lugar de
atacarla, sin recurrir a ingeniosas argucias políticas o legales para
desconocerla o eventualmente violarla impunemente. Argucias que pueden ir desde
la “Patria Milagro” por encima de la Constitución o incluso la convocatoria de
una nueva Asamblea Nacional Constituyente para hacer el “milagrito”, dada la
probable mayoría con que el Tigre contaría en el Congreso, respaldado por los
que NUNCA han dejado gobernar en beneficio de las mayorías y ahora aspiran a
continuar haciéndolo en beneficio de la doctrina Donroe, Maga y un poderoso
entramado de gremios y socios locales. Doctrina Donroe que apoya con entusiasmo
el presidente electo, pero que está totalmente en contravía del preámbulo de la
Constitución del 91 que ordena “impulsar
la integración de la comunidad latinoamericana”, no su subordinación a
MAGA. Pero, también la Carta nos obliga como ciudadanos, según el numeral 3 del
artículo 95, a “respetar y apoyar a las
autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y
la integridad nacionales”, y a “propender
al logro y mantenimiento de la paz”, artículos cuyo eventual
desconocimiento por el Tigre en ejercicio de sus funciones presidenciales,
harían parte del sustento constitucional para el ejercicio masivo de la
desobediencia civil.
La Constitución no es un comodín
Porque si algo demuestra nuestra
historia política y constitucional, desde tiempos remotos hasta el presente, es
la diestra
capacidad de los voceros del establecimiento para burlarla y utilizarla como un
comodín en función de sus objetivos políticos y sociales. Y lo hacen con
maestría, invocando supuestos fines superiores a la Constitución. Hace un poco
más de 20 años se le cambió un artículito en nombre de la lucha contra el
narcoterrorismo, la inseguridad, la corrupción y la continuidad de la
“seguridad democrática” para descabezar “la culebra de las Far”, en palabras de
su beneficiario, el reelecto Álvaro Uribe Vélez. Incluso éste intentó hacerlo
por una segunda vez en 2010, diciéndonos que el “Estado de opinión” era
superior al Estado de derecho. Afortunadamente la mayoría de magistrados de esa
Corte Constitucional no fue tan complaciente como la anterior, que acogió la ponencia
del magistrado Manuel José Cepeda, avalando la constitucionalidad del “articulito”.
Que ironía, uno de los promotores de la séptima papeleta, siendo asesor
constitucional del presidente Virgilio Barco, terminó traicionando su espíritu
al validar la reelección, una especie de “falso positivo constitucional”.
Un delito de lesa constitucionalidad
Y, lo más grave de esa reforma,
fue que se realizó ilegalmente, mediante la inducción del presidente Uribe Vélez
para la comisión del delito de cohecho a dos de sus más leales ministros: Sabas
Pretel de la Vega, ministro de Justicia y del Derecho y Diego Palacio
Betancourt, ministro de Seguridad Social y por eso ambos terminaron en la
cárcel. Fue el famosos escándalo de la Yidispolítica, expresión de la máxima
corrupción política del Estado de derecho: reformar su Constitución
ilegalmente. Es decir, perpetrando un delito de lesa constitucionalidad. Un
delito que luego fue legitimado en las urnas por 7.397.835 votos, que bien
demuestran la flexibilidad ética y política de esa mayoría, a quien poco le
importó el escándalo de la Yidispolítica. Una mayoría de electores con una
precaria conciencia de la responsabilidad política y ética, que todo auténtico
ciudadano debería tener al votar, para no legitimar así el delito como fuente
de gobernabilidad presidencial. Es lo que hay en esta Colombia Malograda, ahora
con el respaldo de cerca de 13 millones de electores que votaron en manada por
un Tigre para la presidencia de la República. Es lo que sucede cuando se vota en
manada y no como un ciudadano ética y políticamente comprometido con la
vigencia de la Constitución del 91. Por eso, citaré de nuevo a nuestro más
lúcido y realista analista político, Gabriel García Márquez, en su “Proclama por un País al alcance de los
niños”: “En cada uno de nosotros
cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos
fanáticos del legalismo, pero llevamos bien
despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Es
lo que ha venido sucediendo desde siempre en esta Patria Malograda. Por eso se
celebran la picardía y la trampa y se fustiga la decencia, se auspician los
atajos y el cambio de normas para la conveniencia de quienes son electos. Lo
importante es enriquecerse y ganar, poco importa las artimañas que se utilicen
para ello. De allí que las recientes campañas electorales victoriosas para la
presidencia violarán los umbrales legales de financiación, pero ese ilícito
solo lo conocemos cuando es demasiado tarde, como sucedió con la del
expresidente Santos y ahora con la del Pacto Histórico. Será cuestión de tiempo
saber los miles de millones gastados en la estrambótica y festiva campaña del
Tigre, así como conocer sus generosos financiadores y el origen de tan
ilimitados recursos. Recursos al parecer procedentes la mayor parte del mismo
De la Espriella, cuya fuente probablemente se encuentra en su asesoría a Alex
Saab y otros delincuentes de cuello blanco, cuyas identidades están siendo
investigadas en Estados Unidos, según el periodista Gerardo Reyes, y entre los
que figura un narcotraficante conocido como “Boliche”, convertido luego en
informante de la DEA. ¿Será que su condición de presidente y el padrinazgo de
Donald Trump lo protegerán y detendrán el resultado de esa investigación que
adelante un fiscal en Estados Unidos?
En defensa de la Constitución del 91
Por eso, ahora la urgencia vital
es defender la Constitución del 91 apelando a la desobediencia civil. Para lo
cual quizá no sea suficiente la Corte Constitucional, más sí una firme y radical
conciencia ciudadana que exprese masivamente la desobediencia civil. Porque la
esencia de la desobediencia civil, como la formuló David Thoreau y la
practicaron Gandhi y Martin Luther King, es “romper una ley específica que se
considera injusta, aceptar las consecuencias, y hacerlo sin violencia para
generar debate público” (Meta IA). Por ejemplo, las leyes imperiales de
carácter injusto, como los impuestos al té de la Corona británica que catalizaron
la declaración de independencia de las 13 provincias de los nacientes Estados
Unidos de Norteamérica, hoy en víspera de conmemorar sus 250 años. También la
lucha denodada y victoriosa de Mandela contra el Apartheid y de Martin Luther King
contra la segregación y la injusticia racial. De allí, que resulta absurdo
considerar que la desobediencia civil pacífica sea inconstitucional e implique
desconocer la presidencia de Abelardo de la Espriella. Todo lo contario, puede
llegar a ser la mejor defensa de la Carta, siempre y cuando el senador Cepeda la
convoque desde su legítimo ejercicio como opositor que le confiere el artículo
112 y respete todo el articulado de la Carta, lo que implica, obviamente, reconocer
sin ambages la presidencia de Abelardo de la Espriella. Así ese Tigre
ahora se parezca cada vez más al Bambi de Disney, vanidoso y juguetón, que
depende del respaldo del Tío Donald Trump. Por eso se apresuró a suscribir su
intervencionista y depredadora doctrina “Donroe”,
la de América para Maga y sus negocios. Pero, además, a llevar y portar el
belicoso “Escudo de las Américas”.
Alianzas Políticas que, de llevarse a cabo, en nombre de un anunciado supuesto Plan Patriota, menoscabarían casi por
completo el principio de nuestra soberanía estatal, la integridad de nuestro
territorio al someterlo al ritmo extractivista de “perforar, perforar, perforar” y afectaría la vida de miles de
colombianos por los telebombardeos de MAGA, cuyo número de víctimas civiles por
los llamados “daños colaterales” sería incontable, como ha venido sucediendo
con los bombardeos contra lanchas supuestamente con alijos de cocaína en el mar
caribe y pacífico. El desarrollo de tales planes conllevaría la violación del
numeral 6 del articulo 189 de la Constitución, que le exige al presidente “proveer la seguridad exterior de la
República, defendiendo la independencia
y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio”. Además, el
uso intensivo del fracking para “perforar, perforar y perforar”, también
desconocería el artículo 59, que señala que a la propiedad “le es inherente una función ecológica”, pues los territorios en donde se realice
sufrirán grave deterioro ambiental.
¿Patria Milagro o Malograda?
Frente a semejante desenfreno por
MAGA, esa “Patria Milagro”, puede
llegar a ser una Patria Malograda para la mayoría de colombianos y sus riquezas
horadadas en beneficio de Maga y sus socios locales. De manera que la
desobediencia civil nada tiene que ver con un “golpe de Estado”, mucho menos es
una carta de malos perdedores. Es, simplemente, el ejercicio civilista de una oposición
pacífica en defensa de la Constitución del 91, que debe empezar por el
reconocimiento pleno de la presidencia de Abelardo de la Espriella por parte
del senador Iván Cepeda, para no darle coartadas a una represión violenta y
creciente de quienes estamos comprometidos, como ciudadanía, con la vigencia y
defensa pacífica de la Constitución del 91. Aunque las consecuencias puedan ser
las anunciadas por Thoreau, si el Tigre desata una violencia arbitraria contra
los opositores, cuando señala que “bajo un
gobierno que encarcela injustamente, el lugar correcto para un hombre justo es
también la prisión”.
Homenaje a Gustavo Gallón Giraldo
De esta forma, quizá podríamos
rendir un homenaje póstumo al jurista y sociólogo Gustavo Gallón Giraldo,
oriundo de Cali y quien murió el 30 de junio pasado en forma repentina en
Ginebra, Suiza, en donde representaba como embajador al Estado colombiano ante
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre sus numerosos y lúcidos libros,
destaca “La República de las armas”,
donde develó la inexistencia de la democracia cuando ella es sustituida por el uso
represivo del estado de sitio durante más de 15 años y las facciones liberales-conservadoras
se repartieron “miti-miti” el Estado por 16 años, hasta llegar al extremo de burlar
el triunfo electoral de la ANAPO y del general Rojas Pinilla, utilizando como
coartada la “defensa la democracia y la estabilidad institucional”. Tales son
las argucias de los que siempre han usufructuado el Estado para su beneficio
particular y ahora pretenden seguir haciéndolo en nombre de la “Patria
Milagro”. Es decir, los que en realidad NUNCA
han dejado de gobernar y ahora cínicamente estigmatizan a la desobediencia
civil pacífica como un “golpe de Estado” y hasta una amenaza comunista a la “democracia”.
“Democracia” cuya verdadera esencia es la mercadocracia imperial cacocrática de
Donroe y Maga, que al parecer tiene los días contados hasta el 3 de noviembre
de este año, cuando se celebren las elecciones para la Cámara de Representantes
y otros comicios federales, estatales y locales que forman parte del ciclo
electoral bienal del Congreso de los Estados Unidos. Amanecerá en noviembre y
entonces veremos si todavía hay lugar para milagros democráticos, al menos en
el norte. Entonces la “Patria Milagro” del Bambi quedaría sin el padrinazgo
político del Tío Donald, sin el cual no podrá realizar “milagrito” alguno a
favor de Maga, Donroe, El Escudo de las Américas y sus insaciables mercaderes,
asistidos por mercenarios profesionales y bombardeos teledirigidos desde el
Pentágono.
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