CALICANTO
(Agosto 8 de 2007)
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Uribe y Moncayo: más allá de las víctimas y los verdugos.

Hernando Llano Ángel.

Para representar el mayor drama y la más dolorosa tragedia que vivimos como sociedad, el escenario no podía ser más adecuado: las escalinatas del Capitolio y la plaza de Bolívar. Los protagonistas más indicados: el presidente Uribe y el profesor Moncayo. Ningún lugar más significativo y ninguna hora más apropiada: ambos protagonistas expuestos a la luz pública, justo al medio día, bajo una claridad meridiana, como para que nada quedara oculto. Detrás de ellos los símbolos de un poder pétreo e insensible, fatuo e impotente: el Congreso y la Casa de Nariño. Frente a ellos un poder civil disperso y exaltado, representado por una multitud polarizada, dividida entre las rechiflas y los aplausos, según el sentido y el tono de las intervenciones de Uribe y Moncayo. Y como telón de fondo, el Palacio de Justicia, un convidado de piedra, que apenas ahora empieza a afirmar su existencia, después de veinte y dos años de haber renacido de las cenizas. Pero no han transcurrido en vano estos veinte y dos años en que la alucinación guerrillera, sumada a la prepotencia presidencial y la revancha militar desaparecieron a la justicia. Parece que está llegando, muy lenta y extemporáneamente, la hora de la verdad y la justicia, al menos para las víctimas del Palacio que fueron torturadas y desaparecidas en nombre de la “democracia”, según la célebre expresión del Coronel Alfonso Plazas Vega.

Así como también ha llegado, desde el sur profundo, con su paso lento y firme, el profesor Moncayo, para contarnos a todos unas cuantas verdades de vida, dolor y dignidad. Palabras que lamentablemente su principal destinatario, el presidente Uribe, no escuchó y mucho menos comprendió, por ser rehén de un poder autista y narcisista, incapaz de reconocer voces diferentes a las del mando y la obediencia. Palabras que tampoco fueron atendidas por las FARC, extraviadas en la manigua de la violencia y sordas a cualquier eco de política, pues parecen haber quedado aturdidas por el fuego de sus armas. Pero las palabras del profesor Moncayo no han caído al vacío. Están resonando en las mentes y corazones de miles de colombianos, que nos rehusamos a ser víctimas y mucho menos a convertirnos en cómplices de verdugos, así sea en nombre de coartadas oficiales como la seguridad democrática o estratagemas guerrilleras como la paz. Coartadas y falacias que han terminado siendo objetivamente criminales, así pretendan legitimarse bajo un discurso político, totalmente degradado y negado por sus respectivas acciones de guerra, destrucción y muerte.

En cambio las palabras y acciones del profesor Moncayo son la mejor expresión de la política y la más rotunda negación de la guerra. De la política que sólo empieza con el reconocimiento del contrario, en lugar de la obsesión por su derrota, humillación o aniquilación, en la que están mutuamente empeñados el Presidente y las FARC, sin considerar el número de víctimas civiles que cause semejante obcecación belicista. Porque en medio de este pulso a muerte, los civiles somos carne de cañón y piezas de negociación. Por eso el profesor Moncayo tiene toda la razón cuando dice que “estamos en medio de ese juego politiquero entre el gobierno y las FARC” y nos han convertido en “la pelota de juego, donde han sacado mayor provecho posible”. Por eso ya va siendo hora de dejar de comportarnos como víctimas y empezar a actuar como ciudadanos. Es el momento de acompañar al profesor Moncayo y forzar al Gobierno y las FARC para que se reconozcan políticamente y no se degraden más militarmente. Para que actúen políticamente en forma responsable y dejen de ser militarmente incompetentes, al poner cada día en mayor riesgo de muerte a los civiles y los secuestrados. Porque si algo va quedando claro en esta guerra degradada es que más bajas de civiles causa el fuego amigo, que el combate entre enemigos.

También tiene toda la razón Moncayo cuando le dice al Presidente que “la presencia del Estado no necesariamente se debe a la fuerza pública. Un maestro es presencia del Estado aquí y en cualquier parte. Una enfermera es presencia del Estado”. Pero sobre todo tiene razón cuando señala que como “docente nosotros enseñamos los principios, los valores. Nosotros enseñamos a nuestros estudiantes el respeto. Pero tristemente en menos de un año le cambian esa mentalidad, los convierten en soldados profesionales, en policías…cuando les dicen: aquí tienen que aprender a disparar al blanco. Y el blanco es enseñarle a matar y eso es lo que no comparto.” Tiene toda la razón, porque las autoridades estatales están para proteger la vida y garantizar el ejercicio de los derechos que hacen posible la dignidad de todos, no para garantizar en primer lugar la seguridad de los inversionistas y la estabilidad de sus ganancias, como lo pregona el presidente con su política de orden público, en nombre de la cual termina fustigando a quien no la apoya y degenera en una incitación al odio público que divide a los colombianos entre “paraguerrilleros o paramilitares”. Por eso en la plaza de Bolívar el Presidente respondió: “Espero que cuando me dicen paramilitar a mí, no sea con el animo de que imperen las FARC en Colombia.” Justamente este falso dilema, que no nos deja otra opción que alinearnos en algún bando de los verdugos, es el que ha resuelto el profesor Moncayo al invitarnos a pensar, actuar y movilizarnos como ciudadanos, exigiendo al Gobierno y las FARC que realicen el acuerdo humanitario. La paz y la libertad sólo las alcanzaremos con valor ciudadano, no gracias a las concesiones de los verdugos y mucho menos con el sacrificio de más víctimas. Razón tenía Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar.” Es hora de acompañar al profesor Moncayo y no abandonarlo, sólo así no seremos víctimas o verdugos.

CALICANTO
(Agosto 1 de 2007)

Elecciones en el Valle y Cali: Entre tumbas inciertas, urnas vacías y ciudadanía incrédula. (II)

Hernando Llano Ángel.[1]

En el caso del Valle del Cauca y Cali, el panorama es bastante incierto y lleno de sombras, quizá por ello lo que predomina en la ciudadanía es la indecisión e incredulidad en la honestidad y competencia de los aspirantes. En efecto, según la encuesta de opinión realizada por Invamer entre el 9 y 12 de Julio, publicada por El Tiempo el domingo 15, en Cali el 27.6% de los entrevistados no han decidido por quien votar y el 8.7% manifiesta que lo hará en blanco. Para contrarrestar esta tendencia abstencionista y de incredulidad ciudadana en las elecciones, organizaciones cívicas como la Unidad de Acción Vallecaucana y empresariales como la Cámara de Comercio, además de firmas raizales como Carvajal y del sector azucarero, están promoviendo intensas y claras campañas de responsabilidad ciudadana frente a la elección de los próximos gobernantes regionales y locales. Al respecto, la abstención en Cali ha venido aumentado en forma progresiva desde el 54% en 1997, pasando por el 61% en el 2000 hasta llegar al 63% en las pasadas elecciones del 2003.

El próximo 28 de Octubre ese 36.3% de ciudadanos incrédulos será decisorio, pues el candidato hasta ahora con mayor opción, Kilo Lloreda, sólo tiene el 22.9% de intención de voto. Porcentaje incluso inferior a la suma del empate en intención de voto que tienen quienes le siguen: Bruno Díaz y Jorge Iván Ospina, cada uno con el 13%, siendo ambos representativos de sectores de izquierda que eventualmente se pueden sumar y expresan una posición política y social antielitista. Posición elitista muy bien encarnada por Kiko Lloreda, derrotado en las dos últimas elecciones en gran parte por su alcurnia familiar, convertida en estigma, frente a candidatos de raigambre popular como Jhon Maro Rodríguez y el destituido Apolinar Salcedo.

Pero si en Cali la situación es incierta, en el Departamento es aún mayor, al punto que todavía no se perfilan quienes serán los candidatos que llegarán hasta el 28 de Octubre. Ya está claro que Francisco Murgueitio es el candidato del Partido Conservador, pero no hay nada seguro frente a los aspirantes de las otras fuerzas políticas, fuera de su debilidad electoral frente a quien aparece como una amenaza y hasta un enigma político: el joven concejal Juan Carlos Abadía, que cuenta con enormes recursos económicos para el desarrollo de su campaña y con el estigma de ser hijo del ex senador liberal Carlos H Abadía, condenado en el famoso proceso 8.000. Además está apoyado por el senador Juan Carlos Martínez, de Convergencia Ciudadana y antes líder del Movimiento Popular Unido, fundado por el ex senador Abadía, del cual también hizo parte Miguel de la Espriella Burgos, hoy procesado por concierto para delinquir con grupos paramilitares.

Para oponerse al eventual triunfo de Juan Carlos Abadía, la senadora Dilian Francisca Toro del Partido de la “U” y el representante Roy Barreras, de Cambio Radical, están promoviendo la definición de un mecanismo que permita escoger un candidato único, bajo la bandera de una “Alianza Social por la Vallecaucanidad”. De esta forma se contrarrestaría la dispersión de votos entre los actuales precandidatos, Orlando Riascos, del PDA; Edinson Delgado del Partido de la “U”, María del Socorro Bustamente del Partido Liberal; Miguel Motoa Kuri, por Cambio Radical; Alejandro De Lima y Francisco Lamus como candidatos independientes y Francisco Murgueitio por el Partido Conservador. Más allá del resultado de dicha táctica electoral, lo que se evidencia es la profunda fragilidad del sistema de representación partidista en el Valle y la amenaza que para el liderazgo electoral de la senadora Toro representa Juan Carlos Abadía.

Pero también para el destino del Valle del Cauca la incertidumbre es mayor, pues no aparece en el horizonte ninguna organización política capaz de heredar la gestión de Angelino Garzón, toda vez que la opción de Orlando Riascos es electoralmente muy débil, aunque políticamente aparezca como el más indicado para garantizar y afianzar la continuidad de dichas políticas sociales.

Y si al anterior panorama se suma la enorme amenaza que representa la criminalidad organizada en el Departamento, con ejércitos privados como los “Machos” y los “Rastrojos”, de los temibles narcotraficantes Diego Montoya y Wilber Varela; la sensación de orfandad y vulnerabilidad a que están expuestos los políticos después de la matanza de los once ex diputados y la inestable situación de orden público en Buenaventura, tenemos uno de los escenarios político-electorales más difíciles e inciertos en una de las regiones de mayor importancia estratégica para la economía nacional. Por estas circunstancias, cada vez dependerá más de la tutela del Presidente y de la asistencia del Gobierno Central. Tutela que seguro será determinante en los resultados electorales del 28 de Octubre, tanto en la capital como en el Departamento, para así garantizar el Presidente ese firme margen de gobernabilidad que requiere su política de seguridad democrática, gravemente cuestionada y desafiada por las FARC en la región.



[1] Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

CALICANTO
(Julio 25 2007)

Elecciones en el Valle y Cali: Entre tumbas inciertas, urnas vacías y ciudadanía incrédula. (Primera parte)

Hernando Llano Ángel.

Entre tumbas inciertas y urnas vacías discurre la política regional en el Valle del Cauca, aunque ello pasa desapercibido para la inmensa mayoría de ciudadanos, como también sucede en el contexto nacional. Pues solamente tres días separaron las multitudinarias manifestaciones de rechazo a la matanza de los once ex diputados de la Asamblea Departamental en poder de la FARC, que el jueves 5 de julio atiborraron como nunca antes las céntricas calles de la ciudad, de las fantasmales consultas de los partidos realizadas el domingo 8 para escoger sus candidatos a las elecciones regionales del próximo 28 de Octubre.

Las manifestaciones, además del rechazo radical del secuestro como deleznable y degradante táctica de lucha política, tuvieron como exigencia central la devolución de los cuerpos de los ex diputados por parte de las FARC, para poder darles digna sepultura. Pero a casi dos meses de transcurrida la masacre, la tumbas que albergaran sus cuerpos son todavía inciertas. Y en el campo electoral el paisaje fue también desolador, pues las urnas quedaron casi vacías. Nacionalmente la participación electoral no alcanzó el 4% de los habilitados para votar y en el Valle del Cauca el asunto fue más dramático: apenas el 2.84% votó en la consulta del Partido Conservador para la escogencia de su candidato a la Gobernación del Departamento[1], según los resultados oficiales reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La candidatura fue ganada por Francisco Javier Murgueitio Restrepo con 36.797 votos, el 47.04% de los depositados por candidatos, frente a 21.177 por Diego Alberto Ramos, el 27.07% y 1.033 de Luís Alberto Herrera Ramírez, apenas el 1.32%.

De los 78.226 electores que participaron, es de destacar que 12.868, el 16.45%, no marcaron el tarjetón; votaron en blanco 3.444, el 4.4% y se anularon 2.907 votos, el 3.7%. Es decir, que un poco más del 24.5% de los conservadores que participaron en la consulta no se identificaron con alguno de los aspirantes a candidato único del Partido para la Gobernación, lo cual señala cierto déficit de liderazgo al interior de la agrupación y graves fallas de pedagogía electoral para incentivar la participación.

En Cali las consultas para la escogencia de candidatos se limitaron a las postulaciones presentadas por el Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Partido Conservador. En este ámbito los resultados fueron más patéticos, especialmente para el Polo, puesto que el Partido Conservador definía si presentaba un candidato único o respaldaba una candidatura de alianza o coalición con otras fuerzas, opción que a la postre ganó, quedando así definida la candidatura de Francisco José Lloreda. En cambio la consulta del PDA reveló la profunda crisis de representatividad y liderazgo de los dos aspirantes postulados entre los electores que concurrieron a las urnas el domingo 8 de Julio.


En efecto, el total de votos fue de apenas 9.756, de los cuales 4.089 fueron por los dos aspirantes inscritos: Bruno Alberto Díaz Obregón y Marco Aurelio Ramírez Rojas. Bruno Díaz ganó la consulta con 2.314 votos frente a 1.775 obtenidos por Ramírez. Entre los dos apenas alcanzaron el 41.91% del total de votos depositados: 9.756, según los resultados de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Lo anterior significa que el 58.09% de los electores del PDA no respaldaron dichos aspirantes, pues 4.076, el 41.78% de los que concurrieron a las urnas optaron por no marcar el tarjetón, casi el doble de quienes votaron por Bruno Díaz con escasos 2.314 sufragios; el 8.31% votaron en blanco: 811 electores y 780 votos fueron anulados, el 8%. En otras palabras, el PDA no se siente representado con el actual candidato, Bruno Díaz, pues su victoria resulta absolutamente pírrica y simbólica, en tanto el 76.28% de los electores no votaron por él. De allí que la principal conclusión de los resultados de estas dos consultas no deja de ser paradójica: decidieron que el próximo alcalde de Cali probablemente no saldrá de las entrañas de ningún partido, sino de coaliciones o postulaciones independientes, realizadas con fundamento en la recolección de firmas de la ciudadanía caleña.

Y esta conclusión parece estar marcando una tendencia nacional, como es la de buscar directamente el aval de los ciudadanos mediante sus firmas, para eludir así la profunda crisis de credibilidad por la que atraviesan los Partidos y Movimientos políticos afectados por el escándalo de la parapolítica. Por ello no es gratuito que dos de las organizaciones políticas más diezmadas por dicho escándalo, de las entrañas del Uribismo, como son el Partido de la “U” y “Colombia Democrática”, estén invitando a los ciudadanos y ciudadanas comunes para que postulen sus nombres como candidatos en sus correspondientes listas para corporaciones públicas. Con esta táctica, aparentemente más democrática y abierta, lo que se puede generar es una especie de mimetismo de ambiciosos y de aventureros políticos, en lugar de un fortalecimiento de los Partidos y sus responsabilidades en la gestión de lo público, que era justamente el propósito central de la Reforma Política del 2003.

En otras palabras, el personalismo y la publicidad convertirán las próximas elecciones en un espectáculo cada vez más banal, tras el cual se ocultarán las verdaderas caras e intereses que decidirán la composición del poder político en los Departamentos y las principales ciudades del país. En últimas, lo que está en juego es trascendental. Se trata nada menos que de un pulso difuso entre la política democrática, es decir, aquella recuperada para el debate y la definición de lo público por parte de los ciudadanos y las ciudadanas en competencia desigual contra la política del statu quo, desplegada como una estratagema urdida y manejada hábilmente por las elites tradicionales en asocio con fuerzas e intereses emergentes, cuya procedencia social, económica y legal no es muy clara, puesto que tiene como telón de fondo el proceso de reincorporación de las huestes paramilitares a la vida civil y política. En cada Departamento y capital esto se reflejará de manera más o menos evidente, según sea la composición de las coaliciones y el mayor o menor conocimiento público de los perfiles de los candidatos con opciones de triunfo. En la segunda parte, abordaré el panorama de nuestro Departamento y capital.

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[1] - Potencial electoral del Departamento del Valle del Cauca: 2.752.766. Total votantes por el Partido Conservador en consulta para candidato a la Gobernación: 78.226 electores.

CALICANTO
(Julio 9 de 2007)
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Colombia: entre la libertad y la muerte.

Hernando Llano Ángel.

Es verdad que fueron multitudinarias las manifestaciones de repudio contra el secuestro y el escabroso asesinato de los once diputados, sacrificados por las FARC en circunstancias aún por esclarecer, pero que en ningún caso la eximen de su mayor responsabilidad: convertir a la población civil en carne de cañón y masa de maniobra militar de un conflicto armado que presagia abismos todavía más insondables de degradación. Aunque se haya avanzado en el repudio unánime del secuestro, ahora la polarización se da entre los partidarios del acuerdo humanitario, que privilegia la vida, y los abanderados del rescate militar, con su inminente riesgo de muerte. Así las cosas, el epicentro del conflicto ha tenido un desplazamiento fatal: ya no exigimos la libertad de los diputados, sino la pronta entrega de sus cuerpos sin vida.

Pero esta malsana polarización no debe hacernos olvidar lo más grave: todos somos rehenes de traficantes y mercaderes de la muerte, que esgrimen cínicamente valores e intereses para mantenernos cautivos y, llegado el caso, “cortarnos el cuello para salvarnos la vida”.[1] Así, desde la perspectiva gubernamental, todo debe estar subordinado al éxito de la política de seguridad democrática, incluso la vida misma de los secuestrados. Por eso es más importante derrotar a los secuestradores en el campo de batalla que liberar a los secuestrados mediante un acuerdo humanitario.

Las FARC, por otra parte, buscan su reconocimiento como fuerza beligerante, presionando al presidente Uribe a un pacto público, como condición previa para que las autoridades garanticen la gobernabilidad en todo el territorio nacional, la libertad y seguridad de sus habitantes. De allí la obcecación criminal de las FARC en realizar el acuerdo humanitario, como una exigencia para la liberación de los secuestrados, so pena de proceder a su asesinato en el evento de un rescate. Ya todos conocemos el lugar hacia donde nos conduce el choque fatal de estas dos fuerzas antagónicas: la paz de los cementerios y las fosas comunes.

Lo más absurdo es que los civiles, siendo la mayoría, no seamos capaces de reconocer esta terrible realidad y nos dejemos manipular tan fácilmente por el miedo y el horror, en lugar de exigir a ambas partes que paren ya esta ignominiosa guerra. Que se reconozcan como los protagonistas de una guerra putrefacta y mortecina que nos degrada a todos. Que en esta guerra no hay heroísmo ni grandeza alguna, sino mezquindad y vergüenza para todos. En fin, que esta guerra ninguna de las dos partes podrá ganarla, porque simplemente los civiles, que somos la mayoría y colocamos el mayor número de víctimas, no creemos en la supuesta grandeza de sus fines y ya conocemos de sobra la vileza de sus medios: las mentiras, el odio, la venganza y la violencia. Deberíamos ser capaces de mirarlos a los ojos y exigirles que no sigan mintiendo y matando en nuestro nombre. Por ejemplo, es inaudito que el mismo Comandante General de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, en entrevista concedida en el mes de Junio pasado a la revista Credencial, bajo el apocalíptico titulo de “Estamos en el fin del fin”, haya declarado: “Tenemos una capacidad de combate formidable y no hay ningún lugar de la selva colombiana, óigase bien, ninguno, donde nosotros no seamos capaces de llegar en forma rápida, sin ser detectados, para dar el golpe que se necesita”. Es una lastima que el Ejército no haya llegado antes de que ese golpe mortal lo asestará las FARC y que todavía hoy, esa “formidable capacidad de combate”, no sea capaz de ubicar ni rescatar los cuerpos de los diputados sacrificados.

Pero también deberíamos tener el valor de mirarnos, en tanto civiles y ciudadanos, en el espejo de nuestras propias acciones y reconocer nuestras responsabilidades en la degradación de este conflicto. Por ejemplo, que las multitudinarias manifestaciones del pasado jueves 5 de Julio son la mejor escenificación de la esquizofrenia política y ética que nos afecta como sociedad. Una sociedad conformada por una indolente “ciudadanía citadina” que consintió pasivamente las atrocidades cometidas por los paramilitares y sus correligionarios políticos y económicos del establecimiento (terror blanco) contra millares de campesinos y campesinas, indígenas y líderes populares desaparecidos, asesinados y descuartizados durante la última década, para quienes jamás tuvimos siquiera una manifestación de protesta y solidaridad, lo cual contrasta con la indignación y la solidaridad multitudinaria que hoy despierta la violencia del terror “rojo” ensañada en los diputados. Esta coyuntura está poniendo de presente, como ninguna otra, la enorme herida que desangra secularmente nuestra nación y profundiza el abismo de ignominia entre la vida de los campesinos, que parece sin valor alguno, frente a la de los citadinos, considerada sagrada e intocable. Desde la época de la Violencia arrastramos semejante estigma. Y hoy, una vez más, se constata multitudinariamente que los campesinos no son ciudadanos, si acaso peones y siervos, a quienes ni siquiera les reconocemos su condición de víctimas, pues siempre serán sospechosos de auxiliar el terror rojo de la guerrilla, de ser raspachines o indeseables desplazados que invaden y arruinan la belleza y seguridad de nuestras ciudades. Por eso el presidente Uribe ordena que los bombardeos no se detengan, que los aviones sean “tanqueados” en pleno vuelo, porque hay que despejar de terroristas el campo. Y miles de ciudadanos, seguros en los cascos urbanos, vitorean semejante orden, identificados con un líder de mando y determinación. A tal punto se expresa esta fragmentación de la nación, que es imposible pensar una zona de encuentro en el campo entre las autoridades de los citadinos secuestrados y los terroristas que los tienen cautivos. Sólo cabe la confrontación y el exterminio, al igual que el bombardeo con glifosato o la depredación de los bosques tropicales para sembrarlos con palma africana, planta emblemática del terror “Blanco”, como bien lo saben las comunidades negras del Chocó y tantas otras poblaciones en los Llanos.

Este escenario de fragmentación espacial y de esquizofrenia política y ética, inadvertido por millones de “ciudadanos de bien”, civilizados y globalizados, cada día tenderá a polarizarse más –como lo vivimos en las manifestaciones del pasado Jueves 5 de Julio— entre quienes son partidarios de la tierra arrasada para rescatar a los secuestrados y quienes promueven el acuerdo humanitario, inmediatamente convertidos por ello en sospechosos de ser cómplices de la guerrilla. Quienes niegan radicalmente el acuerdo humanitario, no caen en la cuenta de que están muy cerca de propiciar más rescates funerarios. E inevitablemente esta polarización tendrá su expresión en las campañas electorales y en la configuración de los poderes locales y regionales. Ya las encuestas y sondeos de opinión contratados por RCN y realizados por Yanhaas, señalan que “el 57,87 por ciento de las personas consultadas en las cinco principales ciudades del país se opone a otorgar una zona desmilitarizada a la guerrilla de las Farc como sede para la búsqueda de un acuerdo humanitario.” Y Cali es la ciudad que cuenta con el mayor número de opositores al despeje con 61.10 por ciento de entrevistados frente al 33.96 por ciento a favor del acuerdo y 4.94 por ciento que no sabe o no responde. Sin duda, tenemos una ciudadanía secuestrada por el falso dilema de libertad o muerte, que es incapaz de expresarse y actuar en forma autónoma, como un poder civil valiente y pacífico que no se deja intimidar o manipular por los partidarios de la guerra. Y curiosamente ha sido en el campo donde ha fructificado este tipo de poder civil autónomo, en comunidades que han sembrado y consolidado la paz, como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare; el Concejo Constituyente de Mogotes; el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Proyecto indígena Nasa, para citar los más reconocidos, que nos dan ejemplos de valor civil a los millones de ciudadanos que esporádicamente nos movilizamos contra el secuestro y ya nos creemos héroes.
[1] - “Buenos Tiempos”, canción de Joan Manuel Serrat.

CALICANTO
(Junio 28 de 2007)
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La muerte: el triunfo de la guerra.

Hernando Llano Ángel.

En la mañana de este jueves 28 de Junio de 2007 la consternación y confusión es generalizada, pues del críptico mensaje divulgado por las FARC anunciado la muerte de 11 de los 12 diputados, nada se puede afirmar con certeza sobre las circunstancias de tan trágico y repudiable desenlace. En el evento de verificarse este luctuoso acontecimiento, lo único que puede afirmarse es que la muerte es el triunfo inobjetable de la guerra, cuando se enfrentan fuerzas obcecadas en vencer al enemigo, sin importar el costo en vidas humanas y el dolor que haya que pagar por ello.

Sin duda, las FARC tendrán que explicar claramente lo sucedido, pues no pueden eludir su directa responsabilidad en la matanza de los 11 diputados, bajo la ambigua expresión de ser consecuencia del fuego cruzado con una fuerza militar no identificada. Responsabilidad que tienen desde el momento en que se llevaron los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle, al convertirlos en rehenes de sus exigencias políticas y militares, mediante un falso operativo de seguridad militar, simulando ser miembros del Ejército nacional. Este típico acto de perfidia que marcó el comienzo de un ignominioso y prolongado cautiverio, parece haber culminado en circunstancias tan oscuras como empezó. Por eso las FARC han contraído una deuda con toda la humanidad: deben facilitar de manera inmediata la recuperación de los cuerpos de las víctimas y el esclarecimiento del trágico suceso, permitiendo el acceso del CICR o de una comisión especial con tal fin. De no hacerlo, estaría confirmando ante la comunidad nacional e internacional, que no son la organización política-militar que pregona ser, cuyos mandos responden por sus actos, sino una debilitada organización criminal que ha perdido toda capacidad para cumplir incluso con las metas mínimas de garantizar la supervivencia y seguridad de quienes están bajo su poder y custodia, ante el eventual ataque de una “fuerza militar no identificada”.

De otra parte, al Presidente de la República le cabe la responsabilidad histórica de comportarse como un jefe de Estado, en lugar de representar el patético papel de un impotente estratega que arenga periódicamente a sus tropas para que no paren de bombardear y despejar el territorio nacional de terroristas, sin lograr el rescate con vida de los rehenes políticos. Ha llegado la hora, al parecer demasiado tarde para los diputados del Valle, del acuerdo humanitario para evitar continuar con los dantescos operativos de rescate funerario. Debería aprender Uribe de la trágica lección de Belisario, cuya obcecación por rescatar a sangre y fuego a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia culminó con su inmolación, en el mismo epicentro del poder político nacional. Entonces la cúpula del poder judicial fue decapitada en el centro de la capital y la majestad de la justicia reducida a escombros y cenizas. ¿Qué se puede esperar que suceda en la manigua de la selva colombiana? Hoy estamos conociendo los excesos de terror en que incurrieron miembros de la fuerza pública, con torturas, desapariciones de civiles y ejecuciones sumarias, para rendir un supuesto parte de victoria ante el poder presidencial. Definitivamente la muerte es el único triunfo del que pueden ufanarse este tipo de guerreros. Por eso ha llegado la hora del Acuerdo Humanitario, el único triunfo del que podemos ufanarnos todos los colombianos.

CALICANTO

(Mayo 31 de 2007)
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¿La verdad para qué? (II)

Hernando Llano Ángel.

Que somos un país de veinticuatro horas, según la célebre expresión de Carlos Jiménez Gómez, ex Procurador General de la Nación, ya no queda la menor duda. Ayer era la verdad política el asunto que obsesionaba al país y desvelaba a Uribe. Hoy es la libertad de los parapolíticos y los guerrilleros de las FARC. Bastó que Salvatore Mancuso confirmara con su testimonio, en este caso más de muerte que de vida, que el paramilitarismo se convirtió en la más eficaz y devastadora política criminal de Estado, precedida por las “cooperativas de seguridad Convivir”, públicamente auspiciadas por el entonces Gobernador Uribe, para que el Presidente se tomara en serio el asunto de la libertad.

Por eso hoy la libertad ocupa las primeras páginas de los diarios y la verdad parece desplazada al olvido y relegada a columnas de opinión que casi nadie lee. Pero no se puede olvidar que la verdad de esa exitosa política criminal de Estado se escribió a sangre y fuego sobre los cuerpos de miles de víctimas, que hoy nos demuestran su inocencia desde fosas comunes y tumbas anónimas. La dolorosa verdad de las víctimas se impone sobre la cínica verdad de sus verdugos, así como el secuestro de miles de compatriotas convierte a sus captores en auténticos liberticidas.

Sin duda, somos una sociedad trascendentalmente banal y moralmente cínica, donde sus dirigentes y contradictores armados convierten la verdad y la libertad en estratagemas de su lucha hegemónica por el poder estatal, sin el menor escrúpulo por subordinar la vida y la dignidad humana a su libido Dominandi. Cuando apenas empezábamos a conocer la identidad de los protagonistas oficiales de la criminal realidad en que vivimos, aparece el Presidente como el abanderado de la libertad. Pero no de cualquier libertad, sino precisamente de la libertad de los verdugos y sus cómplices, de aquellos que han cometido los crímenes más atroces, han colaborado con su ejecución o se ha beneficiado política y económicamente de los mismos. De aquellos que han ganado en las urnas y acumulado en los bancos, sembrando el campo de tumbas. Y ahora aboga el Presidente por la libertad de quienes han deslegitimado el sentido de cualquier política, especialmente la revolucionaria, a punta de secuestros y asesinatos, bandera que hasta ayer era la distintiva de los más reaccionarios, los partidarios de las cárceles y la pena de muerte.

Así lo expresó claramente el Presidente Uribe en su discurso de inauguración de Expoconstrucción y Expodiseño en Bogotá, que bien podría denominarse el discurso de la deconstrucción institucional de la Nación, cuando advirtió: “Lo que si creo es que sin amnistiar y sin indultar, en caso de delitos atroces, nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad, a quienes confiesen la verdad y esa confesión sea aceptada por los jueces de la República. Yo creo que tenemos que abrir una sana discusión nacional en esa materia y por eso quería plantearlo esta noche aquí”. Y todo lo anterior, como un estímulo para decir la verdad.


En otras palabras, el crimen paga, pues premia con la excarcelación a quienes reconocen haberlo cometido y a sus cómplices parapolíticos. Pero como si ello fuera poco, el Presidente se apresura a declarar que tal excarcelación no es un perdón, ni un indulto, mucho menos una amnistía, pues se trata de un ejemplar proceso de “justicia alternativa” y de “reconciliación nacional”, que muchos expertos internacionales reconocen como digno de estudio y eventual imitación, pues se realiza en medio del conflicto armado. Conflicto armado que hasta hace poco desconocía y negaba rotundamente, pero que hoy reconoce para intentar demostrar en el ámbito internacional su magnanimidad de gobernante demócrata, en un acto apenas digno de un prestidigitador del horror, anunciando el próximo 7 de Junio un peregrino preacuerdo de paz con el ELN y la liberación unilateral de cientos de presuntos guerrilleros de las FARC.

Semejante despliegue de creatividad política y flexibilidad jurídica la denomina “razones de Estado”, para ocultar así el verdadero nombre del truco: mentiras e impostura de Estado. A tal punto es patética esta tragicomedia nacional, que su más caracterizado apologista, el ex ministro de Política y Justicia, Fernando Londoño, ha dicho en su programa radial: “El presidente que votamos no es el mismo. Estamos regresando al pasado, al momento en que Belisario Betancur abrió las puertas de las cárceles a las FARC…. Esperamos que el Presidente repose, después de un verdadero surmenage (agotamiento físico por exceso de trabajo intelectual), porque vemos al Presidente en el laberinto”.

Pero las actuales razones de Estado pueden convertirse mañana en algo más grave, como está sucediendo con las revelaciones de Mancuso, al develarnos que el paramilitarismo ha dejado de ser una verdad de Estado para convertirse en un Estado de verdad. Tal parece que es la máxima aspiración del Presidente Uribe, en el evento de lograr la excarcelación de los parapolíticos y la conversión de los guerrilleros de las FARC en una especie de paramilitares privilegiados. En ambos casos, los trasladaría de las actuales cárceles a un improvisado limbo jurídico, donde gozarían de una libertad muy especial. Los parapolíticos recobrarían la libertad civil, pero ya no podrían seguir viviendo de su política criminal. Mientras que los guerrilleros, si se acogen a la gracia presidencial, quedarían libres bajo el tutelaje eclesiástico o en el ostracismo político de un Estado amigo. Se puede apreciar claramente que dichas razones de Estado, más allá de que se conviertan en verdaderas realidades, son versiones oficiales de la verdad y la libertad que se ajustan a la medida a la identidad de sus protagonistas y a sus proyectos políticos. Una verdad plagada de mentiras y una libertad rebosante de iniquidad. En fin, razones paraestatales en lugar de razones de Estado, que en una verdadera democracia no pueden ser otras que las del Estado de derecho: la libertad y la verdad de sus ciudadanos, no las que dictan de facto actores armados o diseñan oficialmente gobernantes en crisis, sino aquellas que profieren los jueces en sus sentencias y los ciudadanos en la integridad de su conciencia y la responsabilidad de sus actuaciones.

CALICANTO
(Mayo 21 de 2007)
(calicantopinion.blogspot.com)

¿La verdad para qué? (I)

Hernando Llano Ángel.

La obsesión por la verdad desvela en la actualidad a más de un político. Sin duda, pues no se trata de cualquier verdad. Es la verdad política la que está en juego. Aquella que se configura por el reconocimiento público y su amplia aceptación ciudadana, con fundamento en hechos irrefutables y verificables. Aquella verdad que por su carácter público nos afecta y compete a todos por igual. Por lo tanto, de su esclarecimiento depende el mismo sentido de la realidad en que vivimos. Por eso la célebre pregunta del maestro Darío Echandia ¿El poder para qué? es hoy desplazada por ¿La verdad para qué?

¿Cuál verdad y para qué?

Ya el mismo Presidente Uribe, desde Caucasia, afirmó: “Hay que decir la verdad, es lo que manda la ley, serena, tranquilamente, y predisponer la mente de todos los colombianos a la reconciliación.” Y a las preguntas de cuál verdad y para qué, respondió: “La verdad, pero la verdad con objetividad, ayuda a lo siguiente: a producir un efecto jurídico y a producir un efecto sociológico. La verdad ayuda a producir el efecto jurídico de que la persona que dice la verdad, tenga una sentencia reducida. Y ayuda a producir el efecto sociológico de que los colombianos avancemos mental y espiritualmente en el camino de la reconciliación.” Lo grave es que estos efectos jurídicos y espirituales que atribuye el Presidente a la verdad resultan ser totalmente inalcanzables con la ley de “Justicia y Paz”, pues ella riñe de bulto y en forma escandalosa con una verdad jurídica universal, según la cual los autores de crímenes atroces no pueden recibir penas leves. Ello sería tanto como simular justicia, la más grave burla para una auténtica reconciliación y la consagración de la verdad de los verdugos sobre el dolor y la memoria de las víctimas.

Sin embargo, el Presidente Uribe está tan convencido de la superioridad moral de dicha ley, que en el mismo discurso sostuvo: “Estamos en un momento muy importante de la Ley de Justicia y Paz. Esa ley, a diferencia de procesos anteriores, esa ley es una ley de paz, pero sin impunidad. A los responsables de delitos atroces no les da amnistía ni les da indulto, bajo ciertas condiciones les ofrece una sentencia reducida”. Afirmación de una trascendencia y gravedad que no se puede pasar por alto, pues constituye una violación a la misma ley de “justicia y Paz”, que excluye de entrada a quienes hayan cometido “crímenes atroces”, sin importar las circunstancias. Semejante afirmación raya con el cinismo criminal, pues está aceptando que “bajo ciertas condiciones” los delitos atroces merecen “una sentencia reducida”.

Tal parece que Salvatore Mancuso y sus abogados son de la misma opinión presidencial, pues no de otra forma se puede comprender su espeluznante revelación a Natalia Springer –en su valiosa y valiente entrevista publicada en “El Pasquín”: elperiodicodelao.blogspot.com- al reconocer que: “No teníamos secuestrados; los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”, después de señalar que nunca se verificó la situación de más de 550 individuos registrados como secuestrados por las AUC, pues según Mancuso: “nunca acudimos al secuestro”.

Con estas declaraciones, sumadas a las evidencias aportadas por la heroica fuga del subintendente de la Policía John Frank Pinchao, completamos toda la gama del horror que configura nuestra espectral realidad política. Desde la iniquidad, oficialmente auspiciada por el adefesio de la denominada ley de “justicia y paz”, pasando por las matanzas y la desaparición de “retenidos” a manos de las AUC, hasta la degradación y humillación de seres humanos encadenados por las FARC en nombre de supuestos ideales revolucionarios.

La legitimación del horror

Pero semejante verdad que es públicamente inocultable e internacionalmente motivo de estupor, pretende nacionalmente no sólo ser desconocida, sino lo que es peor políticamente legitimada mediante la manipulación de encuestas de opinión, como la reciente “Gran encuesta de la para-política”, publicada por la revista Semana (edición número 1305).

En efecto, el llamado “Movimiento de presos políticos y desmovilizados de las Autodefensas Campesinas”, en Carta al pueblo colombiano, publicada en los principales periódicos de circulación nacional el domingo 13 de Mayo (cruel regalo para miles de madres), proclamó: “Los resultados de la encuesta revelan la reacción efusiva del pueblo colombiano, que guarda buena memoria y estima en su justo valor nuestro papel tanto en la guerra, como en los procesos de desarme y desmovilización… el criterio del 82 por ciento de los colombianos, es decir, más de treinta y dos millones de compatriotas, que privilegian la eficacia del pragmatismo de los hechos de paz, a los efectos de los textos anodinos, sectarios o rencorosos de algunos columnistas, cuyos artículos emanan un solapado tufillo político”. En forma cínica y con semejante tono de orgullo patrio, las AUC reclaman ahora su hegemonía e impunidad política sobre la nación, gracias a su habilidosa coalición electoral con las distintas facciones del Uribismo, el liberalismo y el conservatismo, galvanizadas y aplomadas en su defensa incondicional del statu quo.

De amantes criminales

Una coalición forjada con el actual poder político señorial, que hoy repudia públicamente dicha relación criminal, dándole el trato de una amante indeseable y mentirosa, porque pone en entredicho su reputación institucional como impecable Estado de derecho, a semejanza del esposo fiel que proyecta una imagen social de superioridad moral intachable. Por eso hoy la amante desengañada y humillada, ad portas de ser judicialmente condenada, termina “convocando al país tolerante, pacifista, democrático y pluralista para que en escenarios de debate público, discutamos con criterio constructivo, alternativas de paz y reconciliación para la patria”.Y todavía guarda la esperanza de un trato menos mezquino de su ex amante bandido, reclamando “una sincera y profunda valoración de los colombianos a los esfuerzos del Gobierno Nacional y de los Desmovilizados, en procura de la reconciliación del país.”




De llegarse a imponer esta versión de la verdad política, estaríamos aceptando el crimen como título de legitimidad para gobernar. Y es justamente dicha verdad la que desvela y exaspera al Presidente Uribe, en su afán por revestirla con mantos de legalidad.

Verdades inconfesables y pactos reales

Por eso, desde Caucasia, ante la propuesta de los “para” de contar toda la verdad política a la Iglesia Católica pero bajo la reserva del secreto de confesión, “porque hay personas de la política, de las empresas, de las Fuerzas Militares, del Gobierno, involucradas, y que eso podría ser desestabilizante para la Nación” respondió el Presidente lo siguiente: “No lo puedo aceptar. Y a partir de que les dije no lo puedo aceptar, entré a hacer esta explicación: veamos el tema desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la legitimidad del Estado. Aceptar eso iría en contra de la Ley de Justicia y Paz, que exige la confesión. Yo he jurado dos veces cumplir la Constitución y la ley, para posesionarme como Presidente de la República. Jurídicamente no lo puedo aceptar. Y para abundar en claridad dije: en gracia a la discusión, hipotéticamente, si alguien dijera que eso es posible desde el punto de vista jurídico, yo pediría que lo que se tenga que decir frente al Presidente de la República, no se le diga a nadie en secreto, sino que se le diga a los jueces y a la opinión pública, pública y abiertamente, porque este Estado necesita legitimidad.”

Dicha declaración, bien podrá engrosar los anales de la historia colombiana como la más contundente confesión de parte del carácter precario y espurio del actual poder presidencial, pues éste deriva de un pacto más o menos clandestino con las AUC y de la alianza electoral de conspicuos representantes del Uribismo, que aprobaron la reelección presidencial inmediata, y hoy están procesados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por concierto para delinquir.

El pacto fue sellado, en representación del Presidente Uribe, por Luís Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la paz, con Salvatore Mancuso y sus correligionarios en Santa fe de Ralito, como se desprende de la siguiente grabación, oportunamente revelada por Semana.com (ver “Revelaciones Explosivas”), cuando discutían apasionadamente los términos de la futura ley de justicia y paz, y las garantías de no ser extraditados. Entonces, Luís Carlos Restrepo expresó: "Hay una oferta del Presidente que dice: Yo no puedo modificar el tema de la extradición porque esto se me convierte en un problema internacional inmanejable. Yo no puedo en medio de una campaña electoral o en medio de unas relaciones de cooperación con Estados Unidos pretender modificar este tema. Ante esa realidad dice el Presidente: Yo uso mi discrecionalidad como Presidente. Para un buen entendedor, eso es lo que ofrece el Presidente”. No hay duda que, en ese entonces, los “paras” creyeron en la palabra del Presidente, aunque ahora no confían plenamente en ella. Pero más allá de estos pactos entre caballeros y criminales, lo que realmente importa es la verdad política que terminó configurándose, como fue la aprobación de la reelección presidencial inmediata. Aprobación que no hubiese sido posible sin el voto de los congresistas que hoy están siendo procesados por concierto para delinquir con los “paras”. Con la declaración de Caucasia, el Presidente Uribe pretende que su credibilidad y prestigio como gobernante, que es indiscutible, sustituya la legitimidad institucional y democrática de su mandato, que cada día es más insostenible. Pero esta maniobra de hábil prestidigitador político olvida que ya no vivimos en el tiempo en que el Soberano era el Estado.


No basta con una fuerte legitimidad carismática y personal para gobernar democráticamente y contar con el apoyo y el reconocimiento internacional. Están lejanos los ejemplos del pasado para demostrarlo: Hitler y Stalin, pero muy cercanos los del presente: Castro, Chávez, Fujimori, Pinochet...

¿Del concierto para delinquir al concierto para convivir?

Vivimos un momento histórico, el de la refrendación, una vez más, del aforismo conservador del poder: “Autoritas facit legem non veritas” (La autoridad hace la ley, no la verdad), o la instauración del aforismo ciudadano y democrático: “Veritas facit legem non autoritas” (La verdad hace la ley, no la autoridad). En términos más familiares y cercanos: aceptamos el concierto para delinquir como título para gobernar o, por el contrario, nos empeñamos en forjar un concierto ciudadano para convivir, como el único título de verdad y legitimidad para gobernar. De ese tamaño histórico es el desafío del presente. En el evento de prevalecer el concierto para delinquir, bajo sutiles fórmulas legales (Justicia y Paz) y políticas (Reconciliación Nacional), entonces el aporte del Uribismo a la teoría política no es despreciable, pues habrá acuñado un nuevo aforismo: “Crimen facit autoritatem, veritatem et legem” (El crimen hace la autoridad, la verdad y la ley). El próximo 28 de Octubre, mediante la elección de gobernantes locales y departamentales, podemos decidir si estamos entre quienes promueven, bajo la sombra del prestigio presidencial, el concierto para delinquir o propugnamos por el concierto para convivir.

(Todos los resaltados son del autor)

CALICANTO
(Abril 26 de 2007)

El Apagón Nacional.

Hernando Llano Ángel.

Después de la alocución y rueda de prensa del Presidente Uribe, el pasado 19 de Abril, no queda la menor duda de que todos los colombianos somos rehenes de un pasado criminal. También que vivimos un presente ignominioso, donde los verdugos son tratados con toda consideración y las víctimas con total desprecio. Y parece que estamos resignados a heredar, una vez más en nombre de la paz y la reconciliación, un futuro de impunidad y olvido. Quizá por ello los comandantes de las autodefensas celebran desde Itagüi la propuesta de Petro de un “acuerdo nacional por la verdad”. No gratuitamente los protagonistas políticos de la semana pasada fueron el Senador Petro y el Presidente Uribe. Ambos deambulan extraviados en el laberinto del pasado, como si la política fuera un ajuste de cuentas personal con los crímenes de ayer, y no una ardua lucha contra la ignominia del presente por un futuro menos indigno y vergonzoso para todos. La política es mucho más que un asunto de honorabilidad personal o familiar, que trasciende los insultos y los desafíos altisonantes. No puede ser reducida por la oposición a una búsqueda insensata de culpabilidad personal de Uribe o sus familiares en su cruzada contra las FARC por el execrable asesinato de su padre en la Hacienda de Guacharacas. La política es, antes que nada, un asunto de responsabilidad pública, donde se deben examinar las conductas de los gobernantes, más que los duelos y reacciones de orden personal y familiar, que caen en la órbita del juicio moral o la investigación judicial.

Del otro lado, es deplorable escuchar a un jefe de Estado, que simboliza la unidad nacional, descalificar a su oponente por haber sido en el pasado un “guerrillero mediocre”. Peor aún, haber afirmado en tono irónico que en su caso personal “habría sido buen guerrillero y habría buscado tener éxito militar en lugar de buscar éxito como calumniador.” Con semejante belicosidad, terminó el Presidente Uribe rindiéndole un tributo a las FARC y su presente obcecación criminal, empeñada en demostrar con atentados como el de Cali que la política de seguridad democrática es más un éxito mediático que una realidad tranquilizadora. A tal extremo se dejó arrastrar el Presidente Uribe en la defensa apasionada de su cruzada contra las FARC, que terminó confesando que de “haber sido yo paramilitar, habría sido paramilitar de frente, no de corbata y de escritorio. Con fusil al hombro, buscando éxito militar”.

Semejante declaración, apenas comprensible en los labios de un terrorista en transición a la vida civil, es absolutamente desconcertante en la alocución pública de un Presidente, pues así demuestra su total desprecio con los familiares de más de 10.000 víctimas de los paramilitares. De alguna manera, se constituye en la prueba reina que permite comprender el trato benigno de la llamada ley de Justicia y Paz, de iniciativa gubernamental, con los comandantes paramilitares, auténticos criminales de lesa humanidad, que bajo la coartada de su lucha contrainsurgente no estarán ni siquiera ocho años privados de la libertad. Poco importa que hayan forjado la máquina narcoterrorista más cruel y despiadada de todo el continente y de nuestra historia reciente, según los testimonios de sus propios integrantes, quienes se entrenaban descuartizando campesinos vivos para así ganar la confianza de sus comandantes.
Dicha declaración del Presidente también permite comprender el que hoy los reconozca como interlocutores políticos de un supuesto proceso de paz, pues cuando estuvo como Gobernador de Antioquia fueron los pacificadores a sangre y fuego de Urabá. En efecto, apenas a seis meses de iniciada su Gobernación en Antioquia, el entonces Senador Fabio Valencia Cossio, denunciaba que la política de orden público de Uribe había generado un “incremento de los homicidios en un 387% en el Urabá, y está auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad Convivir” (El Tiempo, 30 de Agosto de 1995, p.6A). “El número de asesinatos llegaría a 1.200 en la zona bananera en 1996, la cifra más alta de toda su historia, y la tasa de promedio por 100.000 habitantes alcanzaría proporciones trágicas, con un registro superior a 500 (Dávila, Escobedo, Gaviria y Vargas 2001)”.[1] Como si lo anterior no comprometiera la responsabilidad política del entonces gobernador Uribe, un año después en un comunicado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), señalaban: “La tranquilidad que hoy se respira en Urabá, y la entrada en funcionamiento de las Convivir, crea un clima para que retornen los empresarios y ganaderos, nosotros por nuestra parte, cumplida nuestra misión en la región buscaremos abrir nuevos frentes de trabajo, en otros lugares donde la guerrilla asola la población con el secuestro, la extorsión y el boleteo.”[2]

Pero mucho más grave que ese horror del pasado, donde las Convivir hicieron parte de esa gesta pacificadora, es que el Presidente Uribe sea incapaz de reconocer que ellas fueron un error bajo cuya mampara legal iniciaron o continuaron sus acciones criminales muchos de los actuales comandantes paramilitares, como el propio Mancuso y el ya indultado Chepe Barrera, sin que en este último caso hayamos conocido verdad, reparación o justicia alguna. Error en el que persiste tercamente el Presidente, asumiendo ahora toda la responsabilidad política, como se desprende de su apasionado discurso en el Consejo Comunitario de Aracataca, el pasado 14 de Abril, cuando en tono de arenga militar ordenó: “General Padilla: que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que queda de las FARC, que es la hora de hacerlo. General Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicaya y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza Pública. Proteja a Urabá, saturando ese corazón de montaña entre Tierradentro y Mutatá con Fuerza Pública y con comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un proyecto de recuperación”. Proyecto de recuperación que se debe, también, a la gesta “pacificadora” de Jorge 40 y Hernán Giraldo, como ambos lo reconocen ahora ante la Fiscalía. Es por todo lo anterior que nuestro futuro tiene tan graves visos de impunidad, pues el Presidente está empeñado en reeditar la tercera generación de las Convivir, para que reemplacen rápidamente las huestes paramilitares recién desmovilizadas.

Lo que está pasando por alto el Presidente es que su orden al general Padilla constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe mandatos de tierra arrasada y guerra sin cuartel como los de Aracataca, además de involucrar a la población civil en el desarrollo de las hostilidades.
Orden que puede convertir mañana en realidad la exageración de García Márquez sobre las miles de víctimas de la masacre de las bananeras. El terror político superaría así la ficción novelesca. Con la pequeña diferencia que hoy existe la Corte Penal Internacional. Toda la razón le asistía a Don Miguel de Unamuno, cuando advertía, en medio de la guerra civil española, que “Es más fácil civilizar un militar que desmilitarizar un civil”. Seguramente por ello Doña Lina de Uribe, hace apenas un año, terminaba su entrevista con María Isabel Rueda en la revista Semana (Edición 1.259) diciendo: “Uribe es un personaje muy extraño. Uno de los más extraños que haya conocido en mi vida.”

Sin duda, un personaje incapaz de reconocer, como Manuel Marulanda, que no hay peor error y crimen que el horror de la guerra, pues tiende a ocultar bajo el manto de la impunidad los más atroces delitos de lesa humanidad. Nuestro ignominioso presente es como un espejo donde se reflejan simultáneamente los protagonistas del terror, pero ellos son incapaces de reconocerse. Llevan tantos años apostando a la muerte, que todavía creen que pueden derrotar al enemigo en el campo de batalla. Las FARC han degradado la política a una estratagema criminal de secuestros y narcotráfico, en lugar de convertirla en una estrategia revolucionaria de cambio social. Ambas partes, establecimiento y guerrilla, le temen tanto a la vida y la paz, que no tienen el valor de apostarle a la política. Confían tan poco en la justeza de sus ideas y en la decencia de sus intereses que sólo creen en el “éxito militar”. No conciben la política sin las armas, sin una red de cooperantes remunerados o de alianzas tácitas y hasta explícitas con organizaciones criminales, en virtud de las cuales realizan reformas constitucionales como la reelección presidencial inmediata, ganan las elecciones o impiden que otros las ganen. Y todo ello en nombre de la “seguridad democrática” y la defensa del Estado de derecho.

Mientras en la otra orilla de esta insólita “democracia”, las FARC y el ELN, secuestran en nombre de la libertad y asesinan bajo la coartada de la justicia social. Tal es el tiempo de tenebrosa oscuridad que estamos viviendo. La nación se está apagando, no por problemas de interconexión eléctrica, como ayer, sino por finas y sofisticadas redes de complicidad institucional con el crimen. De alguna forma, todos somos rehenes de un pasado criminal. Unos pocos, los más privilegiados, son espectadores jubilosos de este presente vergonzoso, que acrecienta sus ganancias y lo reconoce el Consejo Gremial Nacional en un comunicado de solidaridad incondicional con el pasado y el presente de Uribe. Entre tanto, la mayoría se resigna indolente y humillada a heredar un futuro de impunidad, pues apenas sobrevive antes de la hora del juicio final. Ya lo sentenciaba San Agustín en “La ciudad de Dios”: “Un gobierno sin justicia es un gran robo”, la peor de las ignominias.

(calicantopinion.blogspot.com)

[1] - Romero Mauricio, “Paramilitares y autodefensas 1982-2003”, p 211.Bogotá IEPRI, Editorial Planeta 2003.
[2] - Ibidem, p. 219

CALICANTO
(Abril 10 de 2007)


TIEMPO DE PASCUA EN LA PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO

Hernando Llano Ángel.

Tiempo de pascua es aquel que celebramos todos los días cuando nuestros actos de vida superan la rutina cotidiana de nuestra propia muerte y su cortejo fúnebre de conformismo, indolencia y mediocridad. En pascua triunfa la generosidad de una vida compartida sobre la comodidad de una vida protegida. Los gestos de confianza sobre el temor y el miedo, porque la palabra revela nuestras identidades, no oculta nuestras intenciones y anuncia nuestras acciones. En tiempo de pascua la comunicación es un ejercicio de comprensión y no una estrategia de negociación o dominación.

Tiempo de pascua es aquel que vivimos todos los días hombres y mujeres corrientes cuando cumplimos nuestros compromisos y metas, sin requerir para ello de líderes heroicos, de alianzas infamantes con organizaciones criminales o de claudicaciones humillantes frente a terceros Estados. Porque en tiempo de pascua prevalecen los gestos de paz sobre las muecas de la guerra y los actos de confianza sobre las medidas y políticas de seguridad.

En tiempo de pascua debe germinar la libertad concertada sobre el terreno estéril del secuestro y la acción temeraria del rescate militar. La dignidad de pensar y deliberar, sobre la servidumbre de obedecer y claudicar. En tiempo de pascua la equidad no es una cifra estadística de la fatuidad oficial. La justicia no es una coartada para la impunidad, porque en tiempo de pascua la verdad de las víctimas resucita sobre la mentira yerta de los verdugos.

En tiempo de pascua la política es un ejercicio de libertad e igualdad, no un despliegue militar de intimidación y dominación. En tiempo de pascua triunfa la política de la fraternidad y la solidaridad, sobre la política de la enemistad y el terror con sus estrategias de miedo y seguridad. Por todo ello, mañana jueves es imperiosa nuestra expresión de poder ciudadano contra la impotencia del terror, la ignominia del secuestro y la desaparición forzada, asistiendo solidariamente a la plazoleta de San Francisco para celebrar este tiempo de pascua a las diez de la mañana.

CALICANTO
(Marzo 22 de 2007)

Encrucijada histórica: ¿Del Régimen electofáctico al democrático? (II)

Hernando Llano Ángel.

El paisaje político nacional es tan ignoto e incierto, que más se parece a una manigua impenetrable de intereses y actores, donde se mezcla y camufla el crimen con la política y la codicia con los privilegios, para formar así la sustancia del actual régimen electofáctico. Un régimen donde predominan los poderes de facto bajo el manto encubridor de las elecciones, que vienen así a legitimar y sancionar lo que impúdicamente se ha consolidado a través de la violencia, el saqueo del erario y la depredación de nuestra portentosa riqueza natural por parte del narcotráfico y la fumigación oficial de glifosato. Una violencia proteica, capaz de tomar las más diversas e insospechadas formas, bien bajo el traje civil de exitosos empresarios, como los de Chiquita Brands, o los impecables camuflados de hombres armados, cuyo bando ya no es posible adivinar ni siquiera por la identidad de sus víctimas, pues han llegado al extremo de autoeliminarse mutuamente. Así ha sucedido al interior de las Autodefensas, con sus ejecuciones endogámicas y fratricidas, y ahora está sucediendo entre las FARC y el ELN en algunas regiones del país. Ello demuestra, una vez más, la fatuidad y esterilidad de la violencia, como su impotencia para generar poder, más allá de la incierta y cambiante correlación de fuerzas militares entre los bandos enfrentados.

Una violencia que ayer lucía de civil en las Convivir, después de camuflado en las AUC y hoy ya no es posible discernir qué prendas viste ni desde dónde se ejerce, pues según lo ha expresado el Fiscal General, Mario Iguarán, “no fueron las autodefensas las que reclutaron a la clase política. Fue la clase política la que reclutó a las autodefensas.”

Igual predicamento vale para el narcotráfico, ya casi convertido en una víctima de la voracidad de los políticos para financiar sus campañas, como ahora nos estamos enterando por boca de “Rasguño” ó Hernando Gómez, en víspera de su extradición a Estados Unidos: “creo que fueron entre dos mil y tres mil millones de pesos”, lo aportado a la campaña de Samper con conocimiento de Serpa y Botero. Testimonio que coincide con lo señalado en reciente entrevista por Eduardo Mestre, al reconocer que a la campaña de Samper le sobraba dinero para financiar la segunda vuelta y que al menos se robaron dos o tres millones de dólares.

Pero semejante revelación de “Rasguño” es una nimiedad al lado de su aseveración, según la cual “los paras siguen traficando desde Itagüí” y le preocupa “que el proceso de paz se dañe”, pero añade: “Yo no creo que Estados Unidos y que el gobierno de Colombia al ver esas cosas vayan a pagar semejante costo político por un asunto judicial”. También declaró que: “manejé dos o tres congresistas y unos ocho alcaldes del norte del Valle”, cuyos nombres no quiso revelar. Por último, celebró que Cuba hubiese devuelto al gobierno colombiano su computador personal “porque tiene asuntos muy complicados a nivel político, de procesos de paz, guerrilla. Ese computador va a hacer mucho daño.” Sin duda, otra auténtica caja de Pandora que, sumada al “Acuerdo político” sellado por Jorge 40 con cerca de 30 políticos en Santa Marta, se convierte en una pieza clave para comprender esa simbiosis entre el crimen y la política que es hoy la principal característica de este régimen electofáctico.
Característica que incluso fue corroborada por el Senador Miguel Pinedo, tan cercano al presidente Uribe, en el debate sobre la parapolítica en el Congreso, al recordar que el único departamento de la Costa Atlántica donde Uribe ganó las elecciones en el 2002 fue en el Magdalena. Precisamente donde tuvo como jefe de campaña a Jorge Noguera, ex director del DAS, hoy detenido por sus estrechas relaciones con los paramilitares. Al anterior cuadro de connivencia entre la política y el crimen, hay que agregar que todos los Congresistas actualmente en la cárcel de la coalición uribista, no sólo votaron afirmativamente la reelección inmediata, sino que además concedieron el estatus de delincuentes políticos a los miembros de las AUC, cuyo artículo posteriormente la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de procedimiento.

Es, por todo lo anterior, que este régimen político no puede ser eufemísticamente llamado democrático, puesto que “los patrones formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidas para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales,”[1] tiene una relación estrecha y directa con las acciones criminales de los paramilitares y su estrategia política, electoral y militar contrainsurgente, como ya es de público conocimiento y cada día lo irá develando con mayor claridad la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

El nombre que más se le aproxima sería el de “electofáctico”, pues expresa, a través de los triunfos electorales del Presidente Uribe y de su coalición en el Congreso, esa perfecta simbiosis entre los inicuos privilegios del Statu Quo y los criminales privilegiados de las AUC. Y hasta la fecha ello ha sido posible, porque el Presidente Uribe encarna hoy plenamente lo que ayer también encarnaron sus inmediatos antecesores: Pastrana, Samper, Gaviria y Betancur, la ausencia absoluta de responsabilidad política, pues como bien lo expresó Sartre: “Nada hay más respetable que una impunidad largamente tolerada”. Y evitar la impunidad en el terreno de la política no es tanto un asunto de los jueces, es fundamentalmente una responsabilidad ciudadana, pues sólo a través de nuestra consciente y libre expresión en las urnas puede ser castigada. Las próximas elecciones regionales son una oportunidad para hacerlo, por ello es crucial la veeduría internacional efectiva y no sólo formal de la OEA, para no terminar cumpliendo una función inocua, como lamentablemente lo ha sido hasta la fecha en el proceso de “Justicia y Paz” con los paramilitares.

calicantopinion.blogspot.com







[1] - O´Donnell Guillermo “Acerca del Estado en América Latina: 10 tesis para discusión”, página 152 en www.democracia.undp.org

CALICANTO
(Febrero 21 de 2007)

Encrucijada histórica: ¿Del Régimen electofáctico al democrático? (I)

Hernando Llano Ángel.

Ahora que vivimos bajo el poderoso influjo de la publicidad bancaria, que nos lleva hasta el cielo (banco de Colombia) y nos hace ver la realidad de otra manera (banco de Bogotá), también predominan las visiones optimistas y hasta eufóricas sobre nuestra realidad política. Desde las insuperablemente cínicas y gobiernistas, apenas propias de un bufón de Palacio, como la de José “Obtuso” Gaviria, al afirmar que las investigaciones de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia son “la apoteosis de la seguridad democrática”, hasta las más ingenuas que ven en esta coyuntura la oportunidad para la refundación de la política, después de su depuración de criminales. Sin duda, una de las mayores dificultades para superar esta encrucijada histórica es poder reconocerla en sus justas dimensiones, sin caer en los extremos del optimismo obtuso o del pesimismo apocalíptico.

Una forma de hacerlo, es reconociendo que estamos viviendo una auténtica coyuntura histórica de revelación, que nos está develando la verdadera matriz de nuestro sistema político: la simbiosis entre la política y el crimen. Esta simbiosis se encuentra situada más allá del orden constitucional y legal y se ha convertido en el hilo conductor de sus principales transformaciones y crisis. Así como hace 17 años la Asamblea Nacional Constituyente fue catalizada por la violencia magnicida y terrorista de Pablo Escobar, hoy presenciamos la consolidación de un proyecto político hegemónico que, bajo el espejismo de la “seguridad democrática” y como respuesta al miedo ciudadano, está fraguando una nueva alianza entre los privilegiados de siempre con nuevos y potentados criminales, privilegiados por su lucha contrainsurgente, mediante la llamada ley de “Justicia y Paz”.

No sólo se trata de una alianza entre el plomo, el polvo cristalino, la tierra ubérrima y la plata, sino también de un sincretismo ideológico y cultural entre un pasado anacrónico, provincial, neofeudal y violento (cuya mejor expresión son las AUC) con la tecnocracia del power point, Internet y la formación académica internacional, bien reflejada en la personalidad ultramontana y también ultramoderna del Presidente Uribe, rodeado de jóvenes tecnócratas y asesores que añoran el regreso de esa autoridad patriarcal providente, protectora e infalible que encarnaban los abuelos y viejos “paisas”.

Para ejemplificar esta alianza, basta citar el testimonio de quien es considerado el máximo estratega de las Autodefensas, José Vicente Castaño, en entrevista concedida a la revista Semana hace poco más de un año: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos.”[1]

Sobre la simbiosis entre la política y el crimen, bastaría recordar las reveladoras declaraciones del Senador Miguel de la Espriella, del partido “Colombia Democrática”, organización que se precia haber fundado el Senador Mario Uribe con su primo y hoy Presidente, Álvaro Uribe Vélez.

El Senador de La Espriella comienza por recordar que en el año 2001 “nos llegó una citación. Pensaba que era a algunos políticos de Córdoba, después me di cuenta que no era sólo los de Córdoba sino de muchísimos políticos de diferentes regiones del país. Ahí estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y en ese momento nos hablaron Castaño y Mancuso, nos hablaron unos profesores venidos de la Universidad de la Sorbona y propusieron la creación de un movimiento comunal y político que de alguna manera defendiera las tesis de las autodefensas y que propendiera por un proceso de paz con las autodefensas. Esa fue una reunión que se hizo en Ralito, tengo que decirlo… Con posterioridad a esa reunión se nos solicitó la firma de un documento. Todos lo firmamos. Todos los que estábamos ahí sin excepción. Ahí hubo liberales que salimos del partido y liberales que se mantienen en el partido. Hubo conservadores. Hubo personas que ocupan cargos en el gobierno. Hubo líderes gremiales. Ahí se estaba planteando la creación de un movimiento que respaldara la creación de un movimiento político con una visión más nacionalista.”[2] Al respecto, no deja de ser una curiosa coincidencia que el nombre escogido por el Presidente Uribe para agrupar en torno suyo al mayor número de Movimientos políticos haya sido “Primero Colombia”, bajo cuyo auspicio viene gobernando desde el 2002.

En nuestra historia reciente esta relación entre el crimen y la política ha sido determinante, diferenciándose por sus grados de confrontación, negociación, connivencia, complicidad, coalición táctica o alianza estratégica. Así, podríamos decir que en el extremo de la confrontación, incluso confundiendo la ética política con la moral patriarcal y la política con el honor personal, estuvieron Rodrigo Lara Bonilla y Luís Carlos Galán en su cruzada contra Pablo Escobar y el narcotráfico. Entre la confrontación, la negociación y la connivencia, oscilaron Virgilio Barco y Cesar Gaviria, mientras que Samper se movió desde la negociación, pasando por la complicidad hasta concluir en la confrontación de sus generosos patrocinadores, no sólo con el encarcelamiento de los Rodríguez, sino también mediante el restablecimiento constitucional de la extradición. En la coalición táctica con las FARC estuvo Andrés Pastrana, quien alcanzó en segunda vuelta la Presidencia, en gran parte gracias al veto de las FARC a Horacio Serpa y a su compromiso personal de ofrecerles la zona de distensión, convertida paulatinamente en retaguardia de crímenes de lesa humanidad.

Pero lo novedoso y escabroso del presente es que estamos en la fase de la alianza estratégica entre la política y el crimen. En el lado institucional tenemos al Presidente Uribe, que cuenta con un gran respaldo mediático y de movimientos electorales más o menos efímeros, integrados en su mayoría por bandadas de tránsfugas, oportunistas, ambiciosos y corruptos -salvo contadas excepciones- y en la contraparte criminal tenemos a la fuerza espectral de las Autodefensas que se encuentra en un acelerado proceso de metamorfosis, siendo por ello casi imposible distinguir entre políticos y criminales. Su metamorfosis es tan vertiginosa y exitosa, que incluso ya se están convirtiendo en la autoridad moral que pretende conducir el proceso de paz y reconciliación entre los colombianos, como se desprende de su comunicado público emplazando a los Congresistas a decir toda la verdad sobre el alcance de dicha alianza.

Al respecto, han señalado: “Por primera vez en Colombia se pide en un proceso de paz que los actores cuenten toda la verdad, todavía sin que aún haya tomado distancia histórica muchos dolorosos episodios que nos ha tocado vivir y de los que muchos somos protagonistas. Pese a ello, hemos tomado la decisión de dar el paso que la ley exige y la sociedad demanda. Tanto por nuestra formación cristiana, como por nuestra posición política, hemos entendido que sólo "la verdad os hará libres". El conocimiento de la verdad plena es decisivo para el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional y el perdón. Conocer la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado en el que participamos es un derecho colectivo inalienable y un instrumento indispensable, como salvaguardia para impedir en el futuro la repetición azarosa de hechos de violencia. El conocimiento de la historia por parte de un pueblo sumamente lacerado por cuenta de la violencia fraticida como el nuestro, es el más valioso patrimonio y la mejor garantía, para escapar definitivamente de ese círculo vicioso y constrictor, que convirtió a las víctimas de ayer en los victimarios de hoy. Ciertamente nosotros, ante el vacío negligente de Estado, luchamos contra un daño que lesionaba gravemente a la sociedad, causando igualmente mucho daño. Ahora, de ninguna manera queremos que este círculo perverso que un día nos atrapó a nosotros, mañana absorba la vida de otros colombianos”.[3]

Tal es la peculiaridad y gravedad de esta coyuntura que ha desnudado, como ninguna otra, el carácter espurio y falaz de un sistema político que se reviste con los oropeles de la democracia para ocultar así las fuerzas de facto y criminales que rigen su gobernabilidad. De allí su carácter electofáctico. Por ello, el mayor desafío es superar esa falsa e hipócrita imagen, como punto de partida para transitar hacia un auténtico régimen democrático. Para asumir semejante desafío se requiere tanto un cambio en las reglas del juego político como de jugadores, pero sobre todo de actitud y compromiso ciudadano, que es mucho más que una cuestión de buena voluntad y discursos moralizantes, pues la autonomía y la libertad de los electores no crece en medio del hambre, la marginalidad y la manipulación de su miedo. Pero la complejidad de este inhóspito paisaje, requiere al menos otro Calicanto.



[1] - Revista Semana Edición 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 32.

[2] - El Tiempo, Domingo 26 de Noviembre de 2006, Nación, página 1-16.



[3] - El Tiempo, Noviembre 23 de 2006.

CALICANTO
(Enero 30 de 2007)

El Estado para Uribe

Hernando Llano Ángel.

Todo parece indicar que el Presidente Uribe y Salvatore Mancuso comparten el mismo diagnóstico en torno al carácter de nuestra crisis política y sus causas profundas. Comparten, por así decirlo, el mismo terreno, la misma heredad, a semejanza de sus haciendas en el Departamento de Córdoba. Ahora resulta que el responsable de todos nuestros males es el mismo Estado (no sus gobernantes), ese monstruo frío y abstracto, que el Presidente hoy está empeñado en liquidar y vender al mejor postor, así como ayer lo estaba en complementar y hasta suplantar mediante las célebres “Convivir”, cuando era Gobernador de Antioquia. En ese entonces se cometieron, entre 1995 y 1997 crueles y numerosas masacres, generadoras del mayor desplazamiento forzado de la población en toda la nación. A tal extremo, que el mismo senador Fabio Valencia Cossio, hoy alto Consejero Presidencial, confrontó al mandatario regional y lo denunció en el diario “El Tiempo” por un “incremento de los homicidios en un 387% en el Urabá, y estar auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad convivir.”[1] La tasa de homicidios por 100.00 habitantes en los cuatro municipios de Urabá rondaba las 500 víctimas, cuando el promedio nacional era de 60, según investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Una región ubérrima en horrores y matanzas. Entre 1995 y 1996 se cometieron más de 2.000 homicidios. Por eso hoy tenemos un Estado a imagen y semejanza de sus gestores. Un Estado para mercaderes y mercenarios. Ya lo había dicho el mismo Macuso en su antológico discurso en el Congreso el 28 de Julio de 2004: “En honor a la verdad, la primera responsabilidad en el conflicto político, social, económico y militar colombiano, deriva de la debilidad del Estado.” Razón por la cual considera que las Autodefensas son una víctima más del Estado: “Es importante que ayudemos al Estado a que repare a todas las víctimas, incluidos nosotros”. Y a renglón seguido convocaba en forma entusiasta a votar por el Presidente Uribe, entonces en tránsito de reelección presidencial: “La razón por la que iniciamos esta negociación política no está muy lejos del sentido común, y por eso genera solidaridad. Creemos que hoy se está trabajando en la dirección adecuada para el fortalecimiento del Estado y sus instituciones.


Es la gran oportunidad de otorgar un voto de confianza en el futuro de nuestro País, sumándonos a 44 millones de personas empeñadas en la construcción de una democracia más legítima y de un Estado más fuerte, más eficiente, más justo y más responsable”. José Vicente Castaño, el estratega en la clandestinidad de las AUC, lo expresó en forma mucho más directa y clara, en entrevista concedida a la revista Semana en el 2005: “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes.[2]” Las anteriores declaraciones dejan meridianamente claro que el Presidente Uribe y los comandantes de las AUC piensan lo mismo sobre el Estado: su función primordial es garantizar la seguridad y prosperidad a unos pocos. Lo demás se dará por añadidura.

A tal punto es compartida dicha visión patrimonialista y elitista del Estado, que en el mismo Manifiesto Democrático, el Presidente Uribe no encuentra un mejor ejemplo para ilustrar la importancia de lo público que hacer una alusión directa a la empresa privada. Allí se puede leer, en el punto 17, que: “Las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad. Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal. Para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a privatizar.” Ahora que estamos asistiendo a la privatización del Seguro Social, no hay duda que el Estado para Uribe no sólo sirve para legitimar los crímenes de lesa humanidad sino también para cometer los de lesa comunidad con total impunidad. Ese es el Estado para Uribe, no el Estado social de derecho que consagra la Constitución en su artículo primero, del cual ya no quedan ni vestigios de lo social, menos aún de derecho y casi nada de Estado.

[1] - El Tiempo, 30 de Agosto de 1995, p.6A
[2] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34.

CALICANTO
(Enero 22 de 2007)

Más allá del “reality” paramilitar.

Hernando Llano Ángel.

Más allá del “reality” del proceso paramilitar que empezará a trasmitirse por la TV, lo verdaderamente importante no es tanto el conocimiento de la verdad pasada, sino la forma como las estrategias, alianzas y acciones criminales de los paras han configurado la realidad política actual y condicionan el futuro del poder político en nuestra sociedad. Desde esta perspectiva, más escandalosa que la probable impunidad que alcancen a través de la benignidad de las penas que les sean impuestas a los responsables de crímenes imperdonables, es la legitimidad política que dicho proceso ha logrado consolidar hasta el presente. Ello se refleja en el nivel de popularidad conservado por el Presidente Uribe, pese a ser uno de los artífices del proceso de “paramilitarización” de la sociedad a través del auspicio y fomento entusiasta de las “Convivir”, además de ser el gran prestidigitador detrás de la ley de justicia y paz, mediante la cual logró convertir en actores políticos a terroristas y narcotraficantes. Lo increíble es que a estas alturas, después de las revelaciones parciales de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Mancuso, el proceso continúe sin objeción alguna, cuando está en duda la aplicabilidad de la misma ley de justicia y paz, que excluye de su orbita dichas atrocidades.

Sin duda, esta coyuntura tiene una dimensión crucial para la consolidación de dicho proyecto político, donde confluyen desde los intereses más criminales de los narcoparamilitares, pasando por los espurios del gamonalismo y el clientelismo político hasta los intocables de elites económicas privilegiadas, o marcar el comienzo de su ocaso y derrota nacional. Pero tal como aparecen las cosas, estamos más cerca de lo primero que de lo segundo. La suerte del mismo no dependerá tanto del sistema judicial, rehén de las normas, los procedimientos y el carácter de sus funcionarios, como de la comprensión política ciudadana de lo que está sucediendo y su expresión en las próximas elecciones regionales y locales. Al fin de cuentas, somos los ciudadanos y ciudadanas los jueces de última instancia, pues con nuestro voto estaremos legitimando en el poder estatal o condenando al ostracismo de la vida política a quienes no pueden aspirar a representar interés público alguno por su pasado criminal o sus más o menos clandestinas alianzas con los protagonistas del mismo.

Tal es la trascendencia de las elecciones regionales que se realizarán en Octubre próximo para definir nuestros gobernantes regionales, que se convierten así en la verdadera prueba de identidad de nuestro régimen político, pues cada día nos enteramos con mayor precisión que detrás de las últimas elecciones el poder de facto del narcoparamilitarismo resultó ser determinante, salvo contadas excepciones. Estamos ante una encrucijada histórica: la consolidación de un régimen electofáctico, donde los poderes criminales de los paras o la guerrilla, según las regiones, deciden quienes pueden aspirar a gobernar, vivir o morir, o, por el contrario, empezar a reconstruir, desde las cenizas de la autonomía y la responsabilidad ciudadana, una precaria y secuestrada democracia. Sin duda, algo mucho más importante y valioso que el “reality” que está por comenzar y amenaza con cautivar y enajenar la atención nacional.

CRISIS DE VERDAD
(calicantopinion.blogspot.com)

Hernando Llano Ángel

Como en el sabio proverbio chino, hoy estamos al menos frente a tres verdades: “Tu verdad (la del paramilitarismo), mi verdad (la gubernamental) y la verdad (la realidad)”. Por eso, se trata de una crisis de la verdad política, que puede llegar a convertirse en una verdadera crisis de la política. Hoy presenciamos un pulso de verdad entre el Gobierno y las AUC, que refleja muy bien el pulso de poderes que están escenificando Uribe y Mancuso, tras el cual se oculta la verdadera realidad de la política. Es decir, quién controla a quién y en función de qué. Hay que cuidarse de caer en la trampa de las verdades. Resulta que ahora todo parece girar en torno a quién dice la verdad, cuando lo único relevante y verdadero es quién ejerce el poder político.

Porque quien lo ejerce impone su verdad política, aquella que resulta más funcional a sus intereses y objetivos. Justamente por ello, hoy el presidente Uribe llama criminales a los que ayer consideraba y trataba como actores políticos y en un pasado no muy lejano llamaba ejemplares ciudadanos, por ser miembros de las “Convivir”, como en efecto lo fue Mancuso en un principio. No hay que olvidar que las “Convivir” fueron promovidas y elocuentemente defendidas por Uribe, como Gobernador de Antioquia, ante la Corte Constitucional. Las mismas “convivir” que se mutaron en monstruo paramilitar, pero sólo ahora el presidente Uribe repudia y llama por su verdadero nombre. Tal es el alcance de la verdad política gubernamental y de la inocultable impunidad política de Uribe. Una verdad mutante y cambiante, con una enorme capacidad proteica para tomar las formas más inverosímiles, pero siempre leal y fiel en la defensa a sangre y fuego del statu quo y sus criminales privilegios. No importa los costos de esa defensa, ni las tenebrosas y tácitas alianzas urdidas en el pasado, pues de lo que se trataba era de salvar la Patria contra las huestes del terror de las FARC y el ELN.

Ya lo expresó recientemente el mismo Presidente Uribe, ante un furibundo auditorio de ganaderos en Cartagena: “Desde que haya buena fe y amor a la Patria, nosotros para adelante, sin importar lo que digan”. Por lo tanto, poco importa lo que ahora digan sobre el pasado unos horrendos criminales, pues a ellos no se les puede creer nada. Todo lo que digan de ahora en adelante se presume falso. Es falso. Sólo dirán mentiras para enlodar el honor y la dignidad de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, para denigrar y manchar la ejemplar e impoluta hoja de vida del primer mandatario. No merecen la más mínima credibilidad. Es la palabra de criminales contra la de honestos y sacrificados miembros de las Fuerzas Militares. De delincuentes condenados, como Rafael García a 18 años, contra intachables funcionarios, como Jorge Noguera, ex director del DAS.

La versión de tenebrosos asesinos, contra la palabra de abnegados y amenazados Senadores y Representantes, obligados a firmar y sellar una alianza con el crimen. En fin, la mentira y la violencia del crimen contra la verdad y la civilidad de la “democracia más estable, ejemplar y sólida de América Latina”. Por eso no se les pueda creer absolutamente nada, aunque sus verdades sean del tamaño de sus crímenes. Simplemente, porque si se les llega a creer, así reconozcan las numerosas masacres cometidas y los miles de desaparecidos ocultos en fosas comunes, esa verdad resulta horripilante a nuestros ojos. Se torna insoportable el olor y hedor de tanta verdad. Se vuelve insuperable el dolor de tanta ignominia. Imperdonable tanta humillación. Es preferible olvidar el pasado. Es mejor no ver la realidad. No conocer el pasado y mucho menos identificar los responsables de este tenebroso presente. De continuar desenterrando tanta verdad, puede llegar a suceder que los ciudadanos corrientes se confundan y pierdan el juicio. Entonces no puedan distinguir entre un político y un criminal. O quizás sí. Y con esa verdad ningún gobierno se puede sostener. Ninguna legitimidad se puede argumentar. Ninguna democracia puede existir. Se torna imposible gobernar.

Razón tenía Albert Camus, cuando reflexionaba en el prólogo del “Hombre Rebelde” sobre la relación entre el crimen y la razón: “Desde el instante en que se razona el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el crimen; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”. Podríamos agregar: hoy gobierna. Sin duda, estamos frente a una crisis de verdad, que puede transformarse en una política de verdad, desligada del crimen, sus protagonistas y cómplices. Más que del sistema judicial, ello dependerá de nuestro juicio y responsabilidad ciudadana. Al fin de cuentas, en una verdadera democracia los jueces de última instancia somos los ciudadanos y ciudadanas. Podemos repudiar o legitimar a los criminales y sus cómplices. De eso se trata en las próximas elecciones de mandatarios regionales, siempre y cuando tengamos garantías para expresarnos libre y responsablemente. Esa es la principal y quizá única verdad política que debe honrar y garantizar el presidente Uribe. De lo contrario, estará afianzando la actual simbiosis entre la política y el crimen, que es lo propio de un régimen electofáctico, negación absoluta de uno democrático.

CALICANTO
(Noviembre 22 de 2006)

Tiempos Cacocráticos

Hernando Llano Ángel

Más allá de las interminables controversias desatadas por las investigaciones que adelantan la Corte Suprema de Justicia, la mayoría en su etapa preliminar, contra conspicuos miembros del uribismo en el Congreso por su simbiosis criminal con el paramilitarismo, así como de las tardías revelaciones de la Comisión de la Verdad sobre la hecatombe de la Justicia, no está tanto el esclarecimiento de la verdad histórica o el pronunciamiento de veredictos de inocencia o culpabilidad contra algunos protagonistas de la parapolítica. Lo que realmente está en juego es la existencia misma de la política y su práctica como un ejercicio público de dignidad y decencia o, por el contrario, su mutación en una actividad clandestina donde ya no es posible distinguir entre el criminal y el político. A lo que estamos asistiendo es a la fase terminal de una brutal metamorfosis de nuestras instituciones y sus mutantes protagonistas, que ha tenido puntos horripilantes de inflexión, como la escenificación pública del horror en el Palacio de Justicia, en pleno epicentro del poder nacional, que arrasó con todo vestigio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante la acción combinada de una alucinada guerrilla y la soberbia presidencial estimulada por la revancha militar. Luego padecimos la fase narcoterrorista de los extraditables, superada provisionalmente mediante el ya derogado artículo 35 de la Constitución del 91, que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Después supimos, con el proceso 8.000, que el poder deletéreo del dinero blanqueado era políticamente más eficaz que el poder terrorista de Escobar.

Pero lo que hoy estamos presenciando es mucho más grave. Es nada menos que la exitosa metamorfosis de esa simbiosis entre el crimen y la política. Vemos con estupor como de la crisálida del narcotráfico y del terror blanco sale una vistosa mariposa con alas tornasoladas, donde destellan el rojo castaño, pasando por el azul prusiano hasta el transparente y blanco cristalino. La multicolor y multiforme mariposa revolotea por el espacio público y electoral, da giros acrobáticos inimaginables, algunas veces en “U”, otras en “C”, o en “L”, hasta que termina posándose impunemente en las cumbres del poder político estatal. En semejantes alturas institucionales, sus alas toman más fuerza y alcance, pues su existencia es reconocida como inevitable, casi necesaria para derrotar a ese otro terrible coleóptero rojo, de tiempos inmemoriales, con mayor capacidad de mutación y mimetismo, que hoy se conoce bajo el nombre de terrorismo. Entonces la sutil mariposa se reviste de legitimidad y pretende volar más allá del bien y del mal, más allá de la Constitución y la ley, por eso algunos de sus miembros incurren en actos terroristas, que hoy el Fiscal General apenas califica de “burdo montaje y estafa”, como los cometidos por el Mayor del ejército Jaime Efrén Hermida y el Capitán Luis Gerardo Barrero. Falsos positivos que, según el Presidente, nunca existieron.



Es que toda metamorfosis impone su propia semántica legal y judicial. Por eso el Presidente, al comienzo de su gestión y como una primera fase de esta culminada simbiosis entre el crimen y la política, promovió la ley 782 de 2003, que le permitió empezar conversaciones, nunca negociaciones, con los comandantes de las AUC, reconocidos entonces como delincuentes comunes. En desarrollo de las mismas, cuya condición para empezar y continuarlas era el cese del terrorismo y las hostilidades, dichas organizaciones han perpetrado al menos 3.000 asesinatos y aún no han liberado más de 300 personas que figuran como secuestradas, según los reportes de “País Libre”, la fundación gestada por el actual Vicepresidente, Francisco Santos, ahora al frente de la política pública para la promoción, protección y vigencia de los Derechos Humanos. En el transcurso de las conversaciones, bajo la denodada coordinación del Psiquiatra y Filósofo Luís Carlos Restrepo, se logra una extraordinaria transformación en la personalidad e identidad de tan temibles y traumatizados pacientes. Terminan rehabilitados y convertidos en actores políticos, gracias a la sapiencia jurídica del actual Fiscal que, como Viceministro de Justicia, siguiendo instrucciones del ex presidente de FENALCO, Sabas Pretelt, negocia el contenido de la ley de “Justicia y Paz” atendiendo la solicitud de sus clientes para ser tratados como delincuentes políticos. Todo lo anterior, siguiendo instrucciones del Presidente Uribe, quien considera que “es muy difícil trazar una línea divisoria entre quienes participan en delitos de rebelión y sedición y quienes cultivan, procesan y trafican con drogas ilícitas”, según declaraciones públicas a RCN. Se culmina, así, la primera fase de la metamorfosis de la simbiosis entre el crimen y la política.

La segunda fase comienza con la reelección del prestidigitador de semejante acto de reconversión. Para ello no son despreciables los votos de Senadores y Representantes afines al paramilitarismo. En principio, aprobando el acto legislativo de la reelección presidencial inmediata y luego acompañándolo en su victoriosa campaña reeleccionista. Por eso no tiene sentido aportar prueba alguna sobre la responsabilidad presidencial en la configuración de este entramado cacocrático, pues a ello no sólo han contribuido la gran mayoría de los 69 senadores y 102 representantes que lo respaldan en el Congreso, sino los más de siete millones de Colombianos que lo reeligieron, apenas el 18% del total de ciudadanos y ciudadanas habilitadas para votar. Porque en la política no se trata de establecer culpabilidades personales sino responsabilidades colectivas. Y, sin duda, la confianza de la mayoría de esos siete millones de compatriotas ha sido defraudada y robada, gracias a esa hábil prestidigitación presidencial del miedo ciudadano a los ataques del coleóptero rojo y a su esperanza ingenua en un mandatario que prometió luchar contra la politiquería y la corrupción. Hoy vemos que sus aliados y compañeros de viaje están gravemente implicados con la multiforme y multicolor mariposa del paramilitarismo. Por todo ello estamos viviendo en los tiempos de la cacocracia, el gobierno de los ladrones más astutos y habilidosos, aquellos que roban la confianza ciudadana, posando de santos y virtuosos.

Afortunadamente el dominio de los cacos todavía puede ser desafiado y electoralmente derrotado en muchas regiones del país. Es nada menos lo que está en juego en las próximas elecciones regionales del 2007. Por eso, además de garantías para una competencia libre y justa, se precisa de una ciudadanía responsable, reacia a la manipulación mediática y al maniqueísmo moralizante, capaz de asumir conscientemente su papel, sin delegar en terceros la salvación de una espuria “democracia” y mucho menos creer que la patria es patrimonio de unos pocos. De lo contrario, la metamorfosis cacocrática se extenderá por todo el país, bajo la falaz consigna presidencial de “Primero Colombia”.

(Noviembre 22 de 2006)