CALICANTO
(Enero 22 de 2007)

Más allá del “reality” paramilitar.

Hernando Llano Ángel.

Más allá del “reality” del proceso paramilitar que empezará a trasmitirse por la TV, lo verdaderamente importante no es tanto el conocimiento de la verdad pasada, sino la forma como las estrategias, alianzas y acciones criminales de los paras han configurado la realidad política actual y condicionan el futuro del poder político en nuestra sociedad. Desde esta perspectiva, más escandalosa que la probable impunidad que alcancen a través de la benignidad de las penas que les sean impuestas a los responsables de crímenes imperdonables, es la legitimidad política que dicho proceso ha logrado consolidar hasta el presente. Ello se refleja en el nivel de popularidad conservado por el Presidente Uribe, pese a ser uno de los artífices del proceso de “paramilitarización” de la sociedad a través del auspicio y fomento entusiasta de las “Convivir”, además de ser el gran prestidigitador detrás de la ley de justicia y paz, mediante la cual logró convertir en actores políticos a terroristas y narcotraficantes. Lo increíble es que a estas alturas, después de las revelaciones parciales de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Mancuso, el proceso continúe sin objeción alguna, cuando está en duda la aplicabilidad de la misma ley de justicia y paz, que excluye de su orbita dichas atrocidades.

Sin duda, esta coyuntura tiene una dimensión crucial para la consolidación de dicho proyecto político, donde confluyen desde los intereses más criminales de los narcoparamilitares, pasando por los espurios del gamonalismo y el clientelismo político hasta los intocables de elites económicas privilegiadas, o marcar el comienzo de su ocaso y derrota nacional. Pero tal como aparecen las cosas, estamos más cerca de lo primero que de lo segundo. La suerte del mismo no dependerá tanto del sistema judicial, rehén de las normas, los procedimientos y el carácter de sus funcionarios, como de la comprensión política ciudadana de lo que está sucediendo y su expresión en las próximas elecciones regionales y locales. Al fin de cuentas, somos los ciudadanos y ciudadanas los jueces de última instancia, pues con nuestro voto estaremos legitimando en el poder estatal o condenando al ostracismo de la vida política a quienes no pueden aspirar a representar interés público alguno por su pasado criminal o sus más o menos clandestinas alianzas con los protagonistas del mismo.

Tal es la trascendencia de las elecciones regionales que se realizarán en Octubre próximo para definir nuestros gobernantes regionales, que se convierten así en la verdadera prueba de identidad de nuestro régimen político, pues cada día nos enteramos con mayor precisión que detrás de las últimas elecciones el poder de facto del narcoparamilitarismo resultó ser determinante, salvo contadas excepciones. Estamos ante una encrucijada histórica: la consolidación de un régimen electofáctico, donde los poderes criminales de los paras o la guerrilla, según las regiones, deciden quienes pueden aspirar a gobernar, vivir o morir, o, por el contrario, empezar a reconstruir, desde las cenizas de la autonomía y la responsabilidad ciudadana, una precaria y secuestrada democracia. Sin duda, algo mucho más importante y valioso que el “reality” que está por comenzar y amenaza con cautivar y enajenar la atención nacional.