CALICANTO
(Enero 30 de 2007)

El Estado para Uribe

Hernando Llano Ángel.

Todo parece indicar que el Presidente Uribe y Salvatore Mancuso comparten el mismo diagnóstico en torno al carácter de nuestra crisis política y sus causas profundas. Comparten, por así decirlo, el mismo terreno, la misma heredad, a semejanza de sus haciendas en el Departamento de Córdoba. Ahora resulta que el responsable de todos nuestros males es el mismo Estado (no sus gobernantes), ese monstruo frío y abstracto, que el Presidente hoy está empeñado en liquidar y vender al mejor postor, así como ayer lo estaba en complementar y hasta suplantar mediante las célebres “Convivir”, cuando era Gobernador de Antioquia. En ese entonces se cometieron, entre 1995 y 1997 crueles y numerosas masacres, generadoras del mayor desplazamiento forzado de la población en toda la nación. A tal extremo, que el mismo senador Fabio Valencia Cossio, hoy alto Consejero Presidencial, confrontó al mandatario regional y lo denunció en el diario “El Tiempo” por un “incremento de los homicidios en un 387% en el Urabá, y estar auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad convivir.”[1] La tasa de homicidios por 100.00 habitantes en los cuatro municipios de Urabá rondaba las 500 víctimas, cuando el promedio nacional era de 60, según investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Una región ubérrima en horrores y matanzas. Entre 1995 y 1996 se cometieron más de 2.000 homicidios. Por eso hoy tenemos un Estado a imagen y semejanza de sus gestores. Un Estado para mercaderes y mercenarios. Ya lo había dicho el mismo Macuso en su antológico discurso en el Congreso el 28 de Julio de 2004: “En honor a la verdad, la primera responsabilidad en el conflicto político, social, económico y militar colombiano, deriva de la debilidad del Estado.” Razón por la cual considera que las Autodefensas son una víctima más del Estado: “Es importante que ayudemos al Estado a que repare a todas las víctimas, incluidos nosotros”. Y a renglón seguido convocaba en forma entusiasta a votar por el Presidente Uribe, entonces en tránsito de reelección presidencial: “La razón por la que iniciamos esta negociación política no está muy lejos del sentido común, y por eso genera solidaridad. Creemos que hoy se está trabajando en la dirección adecuada para el fortalecimiento del Estado y sus instituciones.


Es la gran oportunidad de otorgar un voto de confianza en el futuro de nuestro País, sumándonos a 44 millones de personas empeñadas en la construcción de una democracia más legítima y de un Estado más fuerte, más eficiente, más justo y más responsable”. José Vicente Castaño, el estratega en la clandestinidad de las AUC, lo expresó en forma mucho más directa y clara, en entrevista concedida a la revista Semana en el 2005: “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes.[2]” Las anteriores declaraciones dejan meridianamente claro que el Presidente Uribe y los comandantes de las AUC piensan lo mismo sobre el Estado: su función primordial es garantizar la seguridad y prosperidad a unos pocos. Lo demás se dará por añadidura.

A tal punto es compartida dicha visión patrimonialista y elitista del Estado, que en el mismo Manifiesto Democrático, el Presidente Uribe no encuentra un mejor ejemplo para ilustrar la importancia de lo público que hacer una alusión directa a la empresa privada. Allí se puede leer, en el punto 17, que: “Las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad. Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal. Para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a privatizar.” Ahora que estamos asistiendo a la privatización del Seguro Social, no hay duda que el Estado para Uribe no sólo sirve para legitimar los crímenes de lesa humanidad sino también para cometer los de lesa comunidad con total impunidad. Ese es el Estado para Uribe, no el Estado social de derecho que consagra la Constitución en su artículo primero, del cual ya no quedan ni vestigios de lo social, menos aún de derecho y casi nada de Estado.

[1] - El Tiempo, 30 de Agosto de 1995, p.6A
[2] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34.