DE-LIBERACIÓN
19 de junio de 2010
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SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: LA POLÍTICA Y LA DEMOCRACIA
PIERDEN POR DOBLE “U”

Hernando Llano Ángel.

Es el titular que me parece mejor resume los resultados de las elecciones de mañana, donde la ausencia de la mayoría de los electores en las urnas terminará por conceder un lánguido triunfo a Juan Manuel Santos y su partido de la “U” sobre Mockus y los verdes. Un triunfo que no alcanzará siquiera el respaldo del 30% de los casi 30 millones de colombianos habilitados para votar. Por eso mismo será una derrota inobjetable de la política y la democracia frente al triunfo irrebatible de la politiquería y la cacocracia, diestras y también siniestras en manipular y robar la esperanza ciudadana desde la noche de los tiempos.

Todo Positivo

Y ese resultado confirma de nuevo la sabia advertencia de Edmund Burke: “Los gobernantes corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”, a los que habría que sumar el casi 70% de colombianos que apenas reciben el 30% del PIB. Tal parece que en este terreno las estadísticas sobre la distribución del PIB guardan una proporción matemática con el porcentaje de los que son políticamente representados, si tenemos en cuenta el arrastre de programas asistencialistas como “Familias en Acción” (cerca de 3 millones) y el tamaño de la burocracia pública, especialmente de las 800 mil familias que tienen al menos un miembro en la Fuerza Pública o las empresas de seguridad privadas, cuya convicción y lealtad son incondicionales con la “seguridad democrática”. Para cerca de cuatro millones de votantes Santos es totalmente positivo, según la expresión castrense, y no tiene nada negativo. No importa que durante el 2007 el propio informe del relator de las Naciones Unidas para investigar las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, haya documentado 507 “falsos positivos” bajo la intachable gestión del entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos. Claro está que él demostró en los debates televisados, con aplomo y cinismo, que no tuvo ninguna responsabilidad en dichos crímenes, como tampoco en la ejecución de la apertura económica, cuando fue ministro de Comercio Exterior bajo el gobierno de Gaviria. Por eso es que su triunfo sella la derrota en línea de la política y la democracia, pues consagra el triunfo de la irresponsabilidad gubernamental hasta los confines de de la impunidad.

Un Gobierno de impUNIDAD Política

No gratuitamente su gobierno se autodenomina de “Unidad Nacional”, pues así pretende perpetuar, con el apoyo de todos los políticos que rápidamente se le sumaron, el mayor logro del Frente Nacional: la impunidad de gobernar sobre los cuerpos de miles de víctimas sin tener que rendir cuentas a nadie por crímenes de lesa humanidad. Pero los tiempos que corren son otros. Santos y su proclamado gobierno de “Unidad Nacional” olvidan que la Justicia, tanto la nacional como la internacional, dejó de ser cómplice del Príncipe y ya no acude presurosa a sus citas y mucho menos atiende como cortesana todas sus peticiones. No porque la justicia se haya politizado, como la sindica Uribe, sino por todo lo contrario: es el crimen el que se ha politizado y pretende seguir gobernando impunemente. Pero resulta que la gente cada día tolera menos el crimen y cada vez cree menos en razones de Estado para justificar o legitimar delitos de lesa humanidad, así sea en nombre de sacrosantos valores como la libertad o un futuro reino de igualdad social. Cada día es más claro que la dignidad de los fines depende de los medios con que se alcancen y que no habrá un triunfo perdurable alcanzado con medios deleznables. Mucho menos cuando los medios utilizados, como la propaganda política, son una negación de la realidad objetiva, aquella que se nos impone a todos con su insoportable peso de dolor e iniquidad, como los cerca de 4 millones de desplazados; los más de 2000 jóvenes asesinados y presentados como “falsos positivos”; los cerca de 3 millones de desempleados y 7 millones de trabajadores informales, que conforman el más pesado legado de Uribe, del cual se siente orgulloso heredero Juan Manuel Santos.

Por eso su triunfo de mañana es tan inobjetable como efímero, pues para gobernar tan tozudas realidades no le bastará con la retórica de un “Gobierno Nacional” y mucho menos convocar a todos los colombianos a un gran “Acuerdo Nacional”, pues ambas fórmulas lo único que pretenden es ocultar y disimular la realidad nacional, negar una vez más el país nacional en beneficio del país político, del que sin duda es su más eximio y destacado representante. Para tratar de conjurar esa realidad ya invoca nuevos embrujos bajo nombres seductores como la “prosperidad democrática” y la “reconciliación nacional”. Aquellos que no comulguen con tan nobles propósitos serán declarados apátridas, personas llenas de rencor, odio y envidia, y no habrá lugar para su mendaz oposición. ¿Puede alguien oponerse a la prosperidad, a la fraternidad y la felicidad de la familia nacional? En caso de existir será considerado un Caín corroído por la envidia de la prosperidad de su virtuoso hermano Abel y no un miembro de la familia colombiana. Deberá, entonces, abandonarla o exponerse a su juzgamiento por traidor o incluso a una eventual estigmatización como aliado de la narcoguerrilla. Pero siempre habrá tiempo para rectificar y las puertas estarán abiertas para ser parte del “Acuerdo Nacional”, porque Juan Manuel es tan magnánimo que ya incluyó los puntos de Petro y Antanas en su programa de “Gobierno Nacional”, demostrando así la versatilidad propia de un camaleón. Nada ni nadie puede escapar a su voracidad de consenso y unanimidad nacional, exceptuando a los obcecados narcoterroristas de las FARC, para quienes incluso ya ofreció una justicia especial a cambio de que no disparen contra el “Acuerdo Nacional”. Es probable que hasta eventualmente hagan parte del “Gobierno Nacional”, porque Juan Manuel no es excluyente y estará al servicio de todos los colombianos.

Un Régimen Parlamentario de ImpUNIDAD Nacional

Para consolidar semejante escenario de “Unidad Nacional”, promoverá una nueva reforma constitucional, para liquidar ese desprestigiado y corrupto Congreso de la República, infiltrado y cooptado por perversos narcotraficantes y paramilitares, contra la voluntad de los abnegados políticos de la coalición uribista, hoy arbitrariamente perseguidos por la Corte Suprema de Justicia y recluidos en cárceles sin garantía alguna de apelar a una segunda instancia. Será una reforma purificadora, moralizante y modernizante que instaurará un verdadero régimen Parlamentario (nada que ver con el penitenciario), para garantizar hasta más allá del 2019 el reino de la “prosperidad democrática” y el retorno de su instaurador, Álvaro Uribe Vélez, quien celebrará como primer ministro el bicentenario de nuestra independencia. De esta forma, por fin, podrá cumplir algunas de sus más caras metas anunciadas en el famoso “Manifiesto Democrático” del 2002, como la que aparece en el punto 18: “El número de congresistas debe reducirse de 266 a 150... Que haya audiencias públicas para los reclamos regionales, pero no auxilios parlamentarios que corrompen la política. Si los eliminamos, con cada $10 millones de ahorro, podemos financiar una pequeña empresa y crear 2 puestos de trabajo”. Curiosamente suena como a una música familiar. Pero, sobre todo, podrá cumplir lo prometido en el punto 98: “En mis manos no se defraudará la democracia. Insistiré que el país necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad”.

Queda claro que Santos será algo más que el heredero de Uribe, encarnará una nueva especie de actor político, será un Presidente Testaferro o, para continuar con las metáforas avícolas, será una incubadora de huevos de serpiente, pues la “seguridad democrática” en lugar de rescatar la civilidad fortaleció como nunca antes el militarismo y su casi impune espíritu de cuerpo; en vez de generar empleo produjo la hecatombe de más de 3 millones de desempleados y la cohesión social la redujo a una red de familias en acción que convirtió en millones de-votos para Santos. Pero no hay motivo para preocuparse. Toda la nación reconoce en Juan Manuel al mejor de los camaleones. Incluso es capaz de convertirse en Uribe y no reconocer su propia identidad. Dentro de poco veremos las hermosas criaturas que brotarán de los huevos de la incubadora oficial, probablemente con una voracidad depredadora similar a la de sus socios del “Gobierno Nacional”. Entonces cobrará pleno sentido un ejercicio de oposición y resistencia ciudadana. Será el momento para que los Girasoles dejen de ser ciegos a la necesidad de coaliciones con otras fuerzas políticas y de reafirmar sus convicciones en que la política y la democracia son un asunto de generaciones y no solamente de elecciones.

Un asunto de generaciones, más que de elecciones

Serán cuatro arduos y difíciles años, no de travesía por el desierto de la oposición, sino de acciones y apuestas estratégicas para ganar en las elecciones municipales y departamentales, forjando así ciudadanía y democracia desde la provincia hasta alcanzar en el 2014 el gobierno nacional. Los más de tres millones de ciudadanos que apostamos por la política contra el clientelismo y la picardía, no podemos olvidar que es en nuestras ciudades y departamentos donde se juega el sentido y la identidad de nuestro sistema político. Si es una Para institucionalidad al servicio de clientelas, contratistas y redes de delincuentes de cuello blanco y organizaciones criminales o, por el contrario, una institucionalidad democrática en función de la ciudadanía. Tanto los dirigentes del Polo como del partido Verde tienen que estar a la altura de la historia y de las nuevas generaciones, cada vez más exigentes con los resultados de su gestión pública, la competencia de sus funcionarios y la coherencia de sus actuaciones en los gobiernos locales. Nunca como ahora el futuro de la Nación y de las nuevas generaciones se juega en el campo de las regiones. Durante los últimos doce años hemos visto como más de tres millones de compatriotas perdieron su condición de ciudadanos. En gran parte ello aconteció bajo el auspicio de las mal llamadas “Convivir” y del auge del narcoparamilitarismo, que bajo el embrujo de la seguridad democrática y con el terror infundido por las FARC, llegó triunfante hasta la Casa de Nariño. Ahora Santos pretende hacer el milagro de transubstanciar la sangre de miles de víctimas del paramilitarismo, de la guerrilla y de miembros de la Fuerza Pública que con sus delitos deshonraron su misión, en un “Gobierno Nacional” y un “Acuerdo Nacional” en aras de una demagógica “prosperidad democrática”. La última vez que vivimos una escena parecida fue durante la exultante proclamación del “Frente Nacional” y hoy padecemos sus gloriosas secuelas. Ya va siendo hora de forjar un País de ciudadanos como una tarea que compromete a varias generaciones, más allá de los resultados de las elecciones de mañana, sólo así la política y la democracia dejarán de perder por doble “U” ante falsos y tramposos jugadores con uniformes y credenciales de estadistas.

DE-LIBERACIÓN
(Junio 3 de 2010)

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Fábula de la gallinita Rumbo y la Unidad Nacional

Hernando Llano Ángel

Acaba de llegar a Bogotá la más prestigiosa comisión internacional de teratología del mundo, que como se sabe es la ciencia encargada de estudiar los monstruos y las deformaciones del mundo animal y vegetal, con el fin de dilucidar la especie a la que pertenece un indescifrable monstruo político que habita en Colombia. La controversia gira en torno a sí se trata de una nueva especie avícola, de inteligencia superior o, por el contrario, es un simple truco de un pícaro prestidigitador con dotes de ventrílocuo avezado. Para tratar de esclarecer el misterio, la Comisión ha solicitado la ayuda de la Fiscalía y sus investigadores, pues la última proeza del monstruo tuvo lugar el pasado 30 de mayo, cuando alcanzó un triunfo arrasador en las elecciones sobre todos los demás contendientes, pero especialmente sobre una rara avis de largo vuelo conocida como Mockus. Después de un arduo seguimiento a Juan Manuel, los investigadores de la Fiscalía comprueban que ha ingresado a la Casa de Nariño. Allí presencian una escena insólita entre el presidente Uribe y Juan Manuel, pues ambos se saludan como simples particulares, más allá de todo protocolo oficial o aspiración política presidencial. Un típico saludo de amigos entrañables dispuestos a tratar asuntos personales. Tan personales, que la conversación gira en torno a una gallina muy popular que el Presidente llama “Rumbo” y sobre el futuro de sus tres huevos. Obviamente los de la gallina.

Prueba Reina

En la prueba aportada por los investigadores de la Fiscalía a la Comisión de teratología, se observa la forma como ambos tratan con sumo cuidado cada uno de los huevos, pues el presidente Uribe le insiste en que son muy frágiles. Especialmente el que tiene en su mano derecha, que cariñosamente llama “seguridad democrática”, y que es su preferido. A tal punto que se lo entrega a Juan Manuel para que lo cuide y lo empolle, mientras esté ausente de la Casa de Nariño, pues dentro de poco y contra su voluntad tendrá que abandonarla. Juan Manuel le responde que lo hará con mucho esmero, poniéndolo a salvo de la peste de los “falsos positivos”, inoculada por una temible y mentirosa serpiente llamada “Prensa” y un tendencioso Philip Alston, Relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales. También le asegura que por ningún motivo permitirá que dicho huevo pueda ser manipulado por peligrosos fanáticos de la legalidad y mucho menos abandonado en una verde pradera a disposición de los terroristas. Luego Uribe le enseña el segundo huevo, que es su máximo orgullo y cariñosamente llama “inversión extranjera”. Un huevo enorme, amarillo y reluciente, de cáscara impenetrable, que se lo pasan de mano en mano. Ambos sonríen con satisfacción y se miran a los ojos con emoción. Juan Manuel le recuerda que el empolló muchos de igual consistencia, cuando fue Ministro de Comercio Exterior y después de Hacienda, con enorme éxito en los mercados internacionales, dejando para el mercado interno los más pequeños y de menor calidad. Uribe le celebra tan buena gestión y levanta su dedo índice, diciéndole: “Así se hace Juan Manuel, hay que atraer más inversión extranjera”.

De repente el Presidente mira para todos los lados, como si se sintiera espiado y perseguido por la Justicia, pero Juan Manuel lo tranquiliza y le dice, dándole un par de palmaditas en su hombro, como entrañable amigo: “No te preocupes Álvaro, no te Das cuenta que tengo todo bajo control”. Y Uribe le responde: “Claro, no me preocupa nada, pero es que no encuentro el último huevito, ese de la “cohesión social”, que es tan pequeñito y maloliente, pero tan importante, pues pone a las familias en acción y rinde una barbaridad”.

A Juan Manuel le brillan los ojos, llenos de picardía, y sin disimular una sonrisita, le responde: “Álvaro, ese ya lo tengo aquí en mi mano derecha, pues es ahora el más importante y estoy seguro que el próximo 20 de junio nos rendirá mucho más”.

Así termina el encuentro entre estos dos amigos y su conversación estrictamente personal, sin referencia alguna a temas de interés público o nacional, relacionada sólo con asuntos y negocios avícolas, como se observa en el truculento vídeo realizado por agentes de la oposición infiltrados en la Fiscalía. Video que ha quedado a disposición del Procurador General de la Nación para la investigación y ejemplar sanción de los responsables de semejante ofensa y violación a la privacidad del Presidente de la República y su amigo, Juan Manuel. Por su parte, la Comisión de expertos en teratología ha dictaminado que no se trata de una nueva especie avícola sino de una conocida ave depredadora, hoy popularmente llamada “U”, de plumaje azul y rojo, pero que lleva más de medio siglo alimentándose del Estado y de los colombianos en nombre de la democracia y la “Unidad Nacional”.

DE-LIBERACIÓN
(Mayo 28 de 2010)
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Un grito de independencia y decencia ciudadana

Hernando Llano Ángel.

Por estas fechas de bicentenarios históricos, el próximo domingo 30 de mayo o el 20 de junio, tendremos como ciudadanos y ciudadanas la excepcional oportunidad de escribir la historia. Podemos dejar de ser anónimos oficiantes de conmemoraciones lánguidas, como la del grito de independencia de 1810, ahogado desde entonces por la politiquería de los mercaderes que consumaron el secuestro y la posterior desaparición del interés y el bien público de la política nacional. Será nuestra oportunidad histórica para empezar a cambiar esa política que se ha escrito con sangre, odio, venganza y codicia de negociantes insaciables, en nombre de fantasmales y criminales instituciones camufladas bajo el falso ropaje de la democracia.

Impúdica y criminal “Democracia”

Hoy ha quedado de nuevo desnuda esa horripilante y tenebrosa democracia en el informe del relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, cuando señala que: “existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales y la impunidad abarca el 98.5% de los casos”. Resalta el señor Alston: “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”. Dado el escandaloso índice de impunidad de estos crímenes de lesa humanidad, el número de “falsos positivos” es todavía incierto, pero la cifra más próxima de semejante hecatombe es de 2.358 víctimas. Tal es el “Rumbo” que nos deja la gallinita de la Casa de Nariño y su cacareada “seguridad democrática”, ahora que al presidente Uribe le dio por comunicarse en ese lenguaje cifrado de avicultor electoral y convirtió a Juan Manuel en ave de corto vuelo y de corral. Debe estar sintiéndose incomodo semejante halcón rapaz, que pregona como propios los méritos de otros en la operación Jaque y culpabiliza a los demás de sus “falsos positivos”. Sin duda, estamos frente a un falso candidato, cuya identidad se debate entre ser un muñeco ventrílocuo o un halcón disfrazado de gallina. Pero esa mutante identidad, entre ave familiar y predadora, la refleja muy bien su intimidante rostro e indescifrable mirada, que evoca más a personajes de películas de terror que a una figura pública digna de confianza.

Condena Política

En el 2007, cuando era ministro de defensa, se registraron 507 ejecuciones extrajudiciales, el mayor número de asesinatos de jóvenes inermes. Es verdad que después de depurar las filas militares de presuntos responsables, la cifra disminuyó, pero no desapareció, como lo ha demostrado el CINEP. Lo anterior significa que tanto a Santos como al Presidente les cabe responsabilidad política por omisión, pues sólo cuando fueron presionados por las denuncias de las madres de las víctimas y del defensor del Pueblo de Soacha, pusieron mayor atención y diligencia, disminuyendo el número de ejecuciones extrajudiciales. Al respecto, el propio ex-fiscal General, Mario Iguarán, explicando el nefasto efecto de la Directiva 029 firmada por el entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, declaró: “¿No será que el afán por el positivo y las ansias por la recompensa está generando estos graves y oscuros sucesos. Allí puede estar diciéndose que hay recompensas por $3.600.000 para cuando se trata de bajas y puede haber una interpretación infortunada que lleva a lo delincuencial”. Para concluir que la Directiva 029 configuraba “un delito de lesa humanidad y de ahí la competencia de la Corte Penal Internacional”. Pero no hay que esperar un escenario judicial tan lejano e incierto, pues la mayor sanción en estos casos no es la condena penal, sino la política, para impedir que en un futuro gobierno de Santos se sigan incubando huevos tan putrefactos para la dignidad de una sociedad y oficialmente tan mortíferos para sus miembros más jóvenes y marginados. Justamente el próximo domingo 30 de mayo el juicio ciudadano puede expresarse condenando en las urnas a Santos a una derrota ejemplar, que incluso pueda significar su extradición de la vida política nacional, pues ni ética ni legalmente está habilitado para gobernar un Estado que se reclama democrático, cuya esencia es el respeto y la vigencia de los derechos humanos de toda la población.

Escribir otra Historia

Ese mismo domingo podemos empezar a escribir otra historia. La historia de una política que no se escribe con odio, ni con la codicia de los mercaderes. De una política que no está manchada con la sangre de la venganza, ni ahogada con las migajas asistencialistas del clientelismo oficial, que jamás colmará la sed y el hambre de justicia social que padecen las mayorías. Pero para ello se precisa del grito de independencia de la ciudadanía en las urnas, de su compromiso y cotidiana responsabilidad con el bien público superior: la justicia social como fundamento de la paz y la legalidad. Es necesario elegir a quien, por su pasado y sus ejecutorias en la vida pública, ha demostrado no sólo honestidad sino sobre todo competencia en aproximarse a esas metas. Metas que son de carácter colectivo y que nadie puede alcanzar en nombre de todos, porque la política no es un asunto exclusivo de los elegidos y mucho menos de los predestinados por apellidos Non Sanctos. Es un asunto de todos. Las metas políticas, cuando son de interés y beneficio público, se alcanzan con el esfuerzo de todos los que están comprometidos con una vida pública y personal digna, que va mucho más allá de una estrecha seguridad que se agota en el cuidado armado de la propia vida o de intereses personales, familiares o empresariales. Es el momento de escribir una nueva política, con todos aquellos que comprenden que una seguridad sin equidad no sólo es precaria, es una insostenible iniquidad: una “maldad e injusticia grande”, como la define el diccionario de la Real Academia.

Por todo lo anterior, quienes están dispuestos a escribir y protagonizar esa nueva política saben que deben contribuir con más impuestos para que haya justicia y no sólo seguridad. Para que haya más educación y menos marginación. Para que exista libertad y no amenazas e intimidación. Para que se pueda confiar y no temer. Para que nunca más se repitan los “falsos positivos”. Para que la política sea una actividad libre, pública y de concertación de legítimos intereses, en lugar de ser un campo de prisioneros, un refugio de mercaderes y un pulso entre criminales, como ha quedado reducida durante estos ocho años por Uribe con la ayuda de la parapolítica y las FARC. En fin, el domingo y el 20 de junio tenemos la oportunidad de rescatar la política como una competencia ciudadana que se desarrolla en el campo de la legalidad y no como un concierto disimulado y agravado para delinquir y gobernar en beneficio del “país político”.

El domingo o el 20 de junio debemos empezar a escribir la política con letra ciudadana y comenzar a desterrar para siempre de su ejercicio a las armas, el crimen, el secuestro, el miedo y los privilegios que empolla la iniquidad de la gallinita Rumbo. Es la oportunidad histórica para cambiar de Rumbo y empezar a cultivar el árbol de la vida, cuidando entre todos ese paisaje verde y generoso que nos regala nuestra portentosa Colombia. Es la hora del triunfo del “país ciudadano” sobre el “país político”, que nos ha legado una realidad vergonzosa e intolerable, más nauseabunda y penumbrosa que el galpón donde vive la gallinita “Rumbo” y su presuntuoso propietario.

DE-LIBERACIÓN

17 de Mayo de 2010

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Mockus y Santos: Vidas paralelas y horizontes irreconciliables.

Hernando Llano Ángel.

Un fantasma, cuyos antepasados proceden de lejanas e ignotas tierras, recorre a Colombia. Su figura es una extraña mezcla de Quijote y Moisés. Del primero tiene la inspiración de la locura y su obsesión por la justicia. Del segundo, el carácter de la ley y la fe en lo sagrado. En esta campaña por la Presidencia de Colombia su máxima aspiración es desterrar de la política la ilegalidad del crimen y la trampa, instaurando de nuevo la vigencia de la ley como garantía de igualdad y dignidad para todos. Por eso parece un profeta iluminado que proclama la sacralidad de la vida en medio de un desierto de fosas comunes que no logran ocultar los frutos de la “democracia más estable y profunda de América Latina”: cerca de 18.000 desaparecidos, según informe del Instituto de Medicina Legal en su reciente publicación: “Forensis: datos para la vida”.

Mockus, con su voz trémula y ademanes temblorosos, se enfrenta sin odio a una “seguridad democrática” que ha cobrado hasta la fecha 2.358 vidas de jóvenes anónimos y pobres, cuyas ejecuciones sumarias son denominadas con cinismo mediático como “falsos positivos”. Durante 2007 se registró el mayor número de “falsos positivos” con 507 víctimas, siendo entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, con quien ahora se disputa cabeza a cabeza la favorabilidad en las encuestas de opinión para alcanzar la Presidencia. Tiene sentido, entonces, hacer una comparación entre estos dos candidatos, que no sólo encarnan vidas paralelas, sino que además representan horizontes irreconciliables para el destino de Colombia.

Para empezar, hay que reconocer que Juan Manuel es un digno heredero no sólo de Uribe, sino de algo más trascendental y significativo que desde Gaitán se conoce como el “País Político”, él cual ha vivido y prosperado a costa y en contra del “País Nacional”. Ese “País Político” que en nombre de la “civilidad” y la “democracia” ha cometido genocidios y magnicidios en forma impune desde 1948 y ahora aspira a continuar haciéndolo en nombre de la “seguridad democrática”. No es gratuito que Juan Manuel proponga, entonces, que el Fiscal General de la Nación sea nombrado en adelante por el Presidente, para cubrir así lealmente todas sus fechorías y las de sus subalternos. En tal eventualidad, ya no habrá posibilidades de llamar a juicio a un ministro, como Sabas Pretelt, para que responda ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por su ejemplar gestión como mercader de cargos públicos.

Tiempos Criminales

Por eso Juan Manuel rescató de la ultratumba política a ilustres hijos de prohombres como Mariano Ospina Pérez y Guillermo León Valencia, para que le levantaran su brazo derecho de fiel heredero de la “convivencia política” y la “paz” que forjaron sus padres. Se comprende que ahora Juan Manuel no tenga apellido, pues en este tramo final de campaña quiere ocultar su origen y su pasado, tan ajeno a la sacralidad de la vida y de lo público y tan cercano a la picardía de lo mundano y a las tramoyas del poder corrupto y cortesano. Poder que aspira a seguir regentando como un testaferro de Uribe o su muñeco ventrílocuo, pues apeló a su fingida voz en una cuña radial para confundir a electores incautos y luego celebrar con picardía semejante proeza de sus geniales publicistas de la mentira (J.J. Rendón). Propaganda electoral que, con el consentimiento tácito de Uribe, mancilló la dignidad presidencial de Jefe de Estado de todos los colombianos, pues se convirtió en pregonero de la “U” y de Juan Manuel. De allí que rápidamente la sacaran del aire y ya no se escuche tan destemplada cuña. Razón le asiste al destituido Gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, cuando reclama que “desde Uribe hasta el Alcalde” deben ser sancionados por intervención en política proselitista. Es el signo de los tiempos que corren: la ilegalidad y la criminalidad han reducido la política a una especie de concierto disimulado para delinquir y han convertido a la Casa de Nariño en una penumbrosa dependencia para conspirar contra la Corte Suprema de Justicia. En sus sótanos fue recibido “Job”, el legendario jefe de la oficina de sicarios de Envigado, por el actual Secretario de Prensa de la Presidencia y futuro embajador de Colombia en la Santa Sede, Cesar Mauricio Velásquez. Engrosará así la lista de funcionarios non sanctos en representación de nuestro desacreditado cuerpo diplomático, que después de su periplo europeo regresan a rendir cuentas ante la justicia, como Jorge Noguera y Sabas Pretelt.

De alguna manera el inexorable paso del tiempo, que no se detiene, revela tanto como oculta, y refleja bien nuestro pasado inmediato y esa ignominiosa historia de “reconciliación” llamada Frente Nacional, donde prohombres liberales y conservadores pactaron el “miti-miti” del Estado (como si fuera su Hacienda particular), repartiéndoselo durante casi medio siglo, eludiendo de paso toda responsabilidad como determinadores de “La Violencia”. Sin duda, Santos es un vástago de esa tradición de privatizar y criminalizar lo público. Por eso su facilidad para conversar en 1997 con criminales de lesa humanidad como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso para promover una nueva edición del “Frente Nacional”, ahora en clave criminal, y forzar así la salida de la Casa de Nariño de Samper, quien se le adelantó en tratos y acuerdos financieros con otro sector más “decente y empresarial” del narcotráfico. Así las cosas, el país político pasó del “pacto de caballeros” del Frente Nacional al “pacto entre criminales”, pero sin coalición y alternancia gubernamental, pues los de cuello blanco y “manos limpias” hoy gobiernan, mientras los delincuentes comunes y sanguinarios son extraditados o eliminados. Una sutil división del trabajo sucio y una acertada combinación de todas las formas de lucha, en nombre de la “democracia más estable y profunda de América Latina”. Estable en los torrentes de sangre que la recorren y profunda en el número de fosas comunes, trincheras y minas antipersonales que la surcan.

Tiempos Ciudadanos

Pero los tiempos están cambiando. De nuevo el País Nacional, ahora más joven y citadino, empieza a reconocer que la política es un asunto ciudadano y no quiere permitir que siga siendo violada, expropiada, secuestrada y mancillada por los dueños del País Político. Ha llegado la hora de recobrar la libertad de la política, contra el chantaje del miedo y de su secuestro por intereses corporativos y privilegios familiares. Por eso el mensaje de Mockus, refrendado por su gestión pública y la de su fórmula vicepresidencial, Sergio Fajardo, ha calado tan hondo en las nuevas generaciones y en el País Nacional. Estamos frente a dos horizontes irreconciliables de la vida pública: el de la criminalidad y la impunidad política al mando del Estado o el de la ciudadanía política y la legalidad transformando el Estado. Tal es la encrucijada que debemos resolver en las próximas elecciones y ningún ciudadano puede ser ajeno a semejante responsabilidad histórica, política y ética. Si triunfa Santos, será el putrefacto País Político que se impone de nuevo sobre el naciente País Nacional que ahora se expresa con rostro imberbe de País Ciudadano. Santos celebrará y consolidará esa funesta unión de la política con el crimen, que merece el nombre de régimen Electofáctico, en tanto son los poderes de facto los que determinan quién gana y quién gobierna tras bambalinas, y no la libre voluntad de los ciudadanos.

Pero si gana Mockus, el triunfo es el de una nueva ciudadanía que no se deja manipular por el miedo y el asistencialismo gubernamental. Una ciudadanía que asume la responsabilidad de no dejarse engañar más por las mentiras oficiales que niegan las pruebas y evidencias crecientes de sus graves ilegalidades y crímenes (interceptaciones y persecución política del DAS a los opositores del Gobierno y “falsos positivos”) como tampoco se intimida frente a la violencia organizada, sea de derecha o de izquierda, institucional o ilegal. Una ciudadanía que repudia radicalmente la violencia y el crimen como fuente de legitimidad y gobernabilidad. Una ciudadanía que se expresa heroicamente todos los días en el campo, como las comunidades indígenas del Cauca cuando rechazan a las FARC y a todos aquellos actores armados que cometen execrables crímenes contra la población civil, sin importar el uniforme que porten. Como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, acribillada y humillada por todos los actores armados, incluyendo el condecorado por Uribe Vélez con el título de pacificador de Urabá, general (r) Rito Alejo del Río, hoy privado de la libertad por crímenes contra sus líderes. Crímenes cometidos durante la gestión de Uribe como Gobernador de Antioquia (930 asesinatos entre 1995 y 1997) gracias a la promoción y defensa de las Cooperativas de Seguridad Convivir, una de las cuales fue fundada por Salvatore Mancuso en Córdoba, antes de dar su paso a la creación de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) con los hermanos Castaño.

Horizonte de Criminalidad, Impunidad, Mentira y Muerte contra horizonte de Civilidad, Legalidad, Verdad y Vida.

El próximo 30 de mayo no sólo se estará definiendo quién gana. Se estará decidiendo qué tipo de sociedad somos: la tolerante con el crimen y la ilegalidad, responsable de genocidios como la “Violencia” y de magnicidios como los de Jorge Eliecer Gaitán y Luis Carlos Galán, pasando por Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, José Antequera, Carlos Pizarro y una innumerable lista de líderes populares anónimos, sin olvidar el holocausto de la justicia y de miles de abnegados miembros de la Fuerza Pública o, por el contrario, si somos una sociedad civil responsable y decente que no está dispuesta a seguir legitimando este entramado de criminalidad política y se compromete a construir una auténtica democracia y un Estado Social de derecho insobornable.
Lo que está en juego es y si la actual generación de las redes sociales, con sus padres y mayores, gana la oportunidad histórica de empezar a tejer una sociedad incluyente y equitativa, promovida por un Estado de Justicia, donde la única excluida sea la violencia estructural de la pobreza y la personal de la venganza o, por el contrario, va a continuar gobernando la ilegalidad del crimen y la impunidad bajo la perfecta coartada de un candidato Non Sancto llamado Juan Manuel y de una cacocracia diestra en robar la confianza ciudadana y en pervertir el sentido de lo público.

Cada quien decide bajo qué horizonte vive y cuál sociedad legará a sus hijos: la de la civilidad, la legalidad y la equidad o la de la criminalidad, la impunidad y la desigualdad que hasta ahora hemos consentido por la ambición y astucia de unos pocos pícaros disfrazados de políticos; la indolencia, comodidad o necesidad de muchos que los eligen y la fútil pasividad de la mayoría que no vota. Es la hora de la verdad que rinde tributo a la vida y la legalidad o de la mentira complaciente con la muerte y la ilegalidad. De su decisión el próximo 30 de mayo o el 20 de junio depende cuál sociedad prevalecerá.

DE-LIBERACIÓN
14 de Abril de 2010
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Elecciones presidenciales: Entre Parkinson y Alzheimer

Hernando Llano Ángel.

Así han sido descritas por ingeniosos cibernautas las próximas elecciones presidenciales, pues Antanas Mockus ha puesto a temblar al establecimiento político y éste cuenta a su favor con la mala memoria de muchos colombianos para asegurar su continuidad. Colombianos desmemoriados o incurablemente ingenuos, votarán de nuevo por los mismos con las mismas eternas y demagógicas promesas: seguridad, prosperidad, justicia y cambio, que llevan anunciando sin pudor alguno durante todas sus vidas consagradas al cinismo, la simulación y la mentira.

La hora del Juicio Ciudadano

Pero todo parece indicar que les ha llegado la hora y que en esta ocasión sus estrategias de simulación patriótica, manipulación del miedo y la ignorancia, sumadas al control clientelista y burocrático, no serán suficientes para contener una ciudadanía que ya está hastiada de tanta mentira, corrupción y engaño. Una ciudadanía que repudia la simbiosis de la política con el crimen, tanto el de cuello blanco de Agro Ingreso Seguro y Carimagua como el de las motosierras del narcoparamilitarismo, que son la piedra angular de una coalición gubernamental experta en hacer giros en “U” y en avanzar en contravía de la decencia, la legalidad y la democracia. De un Presidente y su candidato testaferro, Juan Manuel Santos, que son incapaces de asumir responsabilidad política alguna por las ejecuciones extrajudiciales de la “seguridad democrática” y las omisiones en la supervisión y control de Directores del DAS, como Jorge Noguera, que ineludiblemente los conducirá a ambos a responder judicial y disciplinariamente por sus extralimitaciones y omisiones en el ejercicio de sus cargos, cuando no a su procesamiento extemporáneo por la Corte Penal Internacional para subsanar la impotencia de nuestro sistema judicial. Porque estamos llegando a un punto irreversible en el conocimiento de la cadena de los responsables de los éxitos de la “seguridad democrática”, como hoy lo estamos viendo con las “chuzadas” del DAS y el terror de los “falsos positivos”, que debe conducir a una condena más eficaz que la judicial, como es la política, que se expresa en el juicio ciudadano depositado en las urnas con la derrota de quienes aspiran a continuar gobernando impunemente. Sin duda, estamos asistiendo de nuevo y de manera vertiginosa al despertar de una conciencia ciudadana que se rebela contra aquella lacerante advertencia de Sartre: “Nada hay más respetable que una impunidad largamente tolerada”, y por eso mira con entusiasmo a Mockus y Fajardo, que encarnan exactamente lo contrario.

Precisión Matemática

Una ciudadanía que empieza a encontrar con precisión matemática una fórmula presidencial que representa la antitesis de ese país político, especializado en la expoliación de lo público y en legar a las próximas generaciones un paisaje desértico y mortecino. En contraste, Mockus, Fajardo, Peñalosa y Lucho, pueden mostrar que han cultivado en sus administraciones un frondoso árbol verde, que cobija con su sombra amplios y diversos sectores sociales de nuestras ciudades, aunque sus raíces sean todavía frágiles y poco profundas. En sus administraciones han demostrado urbanismo y humanismo, seguridad y civismo, sin incurrir en los “falsos positivos” de la mal llamada “seguridad democrática”. Pero sobre todo han invertido la concepción y práctica política de los líderes del establecimiento y sus promotores, para quienes la conservación y perpetuación en el poder justifica los medios y la combinación de todas las tácticas y formas de lucha, sin límite alguno para mentir, engañar y delinquir. Por eso no dudaron en reformar un “articulito” de la Constitución; en violar los topes de la financiación para la recolección de firmas ciudadanas en el referéndum reeleccionista; en ordenar a los congresistas que “voten antes de ir a la cárcel” y en convocar reuniones de la coalición de la “U” en la Casa de Nariño para asegurar la continuidad de la “seguridad democrática” y de paso afirmar a todos los medios de comunicación que el Presidente no interviene en las campañas políticas, así como tampoco “ordena nada ilegal”.

Por el contrario, Mockus y Fajardo, con su ejemplo en Bogotá y Medellín han demostrado que son los medios utilizados los que legitiman y justifican el poder y que no todo vale en la competencia democrática. En fin, que son los medios empleados, como la deliberación con la ciudadanía y la niñez; la devolución del dinero público de la reposición oficial por los votos obtenidos en la pasada contienda electoral y la rectificación auténtica de los errores, lo que dignifica y da sentido a los fines promovidos por la política. Que la política tiene sentido como ejercicio de vida y libertad, no como empresa de muerte e intimidación. También por ello los valores que promueven los verdes son el debate entre adversarios y no el combate entre enemigos; la confianza entre los ciudadanos en lugar del miedo y la avaricia mercenaria de las recompensas; la legalidad democrática y no la impunidad de una espuria y criminal “seguridad democrática”. Los verdes no hablan de transparencia, porque bien saben que “la ética no se dice, sino que se muestra”, tanto en la gestión pública como en la vida privada. Que puede más la fragilidad de una verdad temblorosa que la firmeza de una violenta mentira.

Por todo lo anterior, las próximas elecciones presidenciales son crucialmente históricas, pues con nuestro voto podemos decidir el fin de la actual cacocracia o su consolidación non sancta, puesto que quienes hoy nos gobiernan son diestros ladrones o cacos de la voluntad y la confianza ciudadana y aspiran a seguir usufructuando la política y el Estado en beneficio propio y la legitimación del crimen, si así lo permite el alzheimer político de miles de colombianos.
Pero también las elecciones del 30 de mayo pueden significar el comienzo de una frágil y temblorosa democracia, que exigirá de todos comportarnos como auténticos ciudadanos comprometidos en la construcción y defensa de un orden legal y justo, es decir, a la altura de nuestra dignidad de seres humanos, sin delegar ni excluir violentamente a nadie en una tarea que por esencia es colectiva: la construcción de un orden político y social en el cual no haya lugar para salvadores ni líderes insustituibles y mucho menos para héroes o vengadores.

De una democracia modesta y vital que permita gobernar “contando las cabezas en lugar de cortarlas” y no la pesadilla política que hasta hoy hemos padecido y consentido, donde se cortan cabezas sin poder contarlas y gobierna la impunidad de los verdugos sobre el olvido y la humillación de las víctimas. El próximo 30 de mayo tenemos una oportunidad para poner fin al arte de gobernar como concierto para delinquir agravado y/o disimulado y sustituirlo por una fórmula ya probada por dos matemáticos en las dos principales ciudades de nuestro país: gobernar es un concierto ciudadano para debatir y convivir con libertad, confianza, equidad y legalidad.

DE-LIBERACIÓN
13 de Marzo de 2010
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Prohibido girar en “U”

Hernando Llano Ángel.

En víspera de las elecciones para el Congreso, cuando ya la Corte Constitucional prohibió al presidente Uribe girar en “U por segunda ocasión, se abre un resquicio para rescatar la política y el Congreso de las redes del crimen y la ilegalidad. Redes que han tejido un complejo entramado donde se funden intereses criminales, muy bien representados en la ley 975, camuflada como de “Justicia y Paz", con la defensa de privilegios críminales como los de las Empresas Promotoras de Salud y los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro.

No por casualidad, Mario Uribe, hoy en la cárcel por parapolítica, fue ponente de la ley 975 y Andrés Felipe Arias es el candidato del presidente Uribe en la consulta conservadora de mañana. Tal es el principal legado del uribismo: haber convertido el Congreso en la matriz de un régimen electofáctico, que legisla en función y beneficio de los poderes de facto, bien sea ilegales o legales. Por eso constitucionalizó el transfuguismo partidista e impidió la vigencia inmediata de la silla vacía, para permitir así que los herederos del narcoparamilitarismo continuaran en el Congreso. Como resultado de tales órdenes presidenciales, las bancadas mayoritarias de la “U” y el partido conservador, aprobaron la actual reforma política, cuyos hijos legítimos son partidos tan representativos de la fusión de la política y el crimen como el Partido de Integración Nacional y Apertura Liberal - DMG.

Del PIN, se sabe que es fruto de la unión de clientelas electorales bajo el control de Luis Alberto Gil y Juan Carlos Martínez Sinisterra, ambos presos en la picota por parapolítica y narco-paramilitarismo respectivamente, quienes a su vez fueron dirigentes de Convergencia Ciudadana, partido que mutó exitosamente, como por arte de magia, en el PIN. Así las cosas, sus siglas bien podría significar Partido de Impunidad Nacional o Partido de Ignominia Nacional. Quizá por ello hoy se puede leer en numerosos pasacalles y vallas, en las principales ciudades del país, lo siguiente: “PIN: el partido del Presidente. El que la gente quiere”. En cuanto a Apertura Liberal, es la metamorfosis de DMG en la política, para así ampliar su prontuario de estafadores financieros a la arena política como defraudadores de la confianza y la ingenuidad ciudadana.

Contra este panorama de criminalización creciente de la política, cuyo máximo responsable es el presidente Uribe, cabalgando sobre el caballo apocalíptico del miedo y la guerra, con su nefasta estela de “falsos positivos” y cerca de 4 millones de desplazados, asociado a la ambición desmedida del poderoso “Don dinero” --que hoy incluso denuncia en su informe sobre los Derechos Humanos en nuestro país el Departamento de Estado norteamericano-- es que mañana puede pronunciarse todo colombiano y colombiana que tenga noción de la dignidad y la decencia y no esté bajo el embrujo de la cínica y criminal “seguridad democrática”, o esté convertido en un rehén de políticas asistencialistas y menesterosas como “familias en acción” y otros subsidios oficiales.

Afortunadamente hay una opción amplia de partidos y candidatos empeñados en depurar la política del crimen, que pasan el escrutinio de su pasado sin que sus manos y conciencias estén ensangrentadas por haber auspiciado formas legales de delinquir, como las Convivir, tan furibundamente promovidas y defendidas por el entonces gobernador de Antioquia y hoy presidente Uribe.

El poder judicial, con la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, han dado ejemplo de su coherencia en la aplicación de la ley penal y la defensa de la Constitución. La primera ha vinculado penalmente por asociación de políticos con el crimen, mediante la llamada parapolítica, a 86 congresistas, 48 del Senado y 38 de la Cámara. Del anterior número, 14 pertenecen al ahora partido presidencial de la “U”; 15 al partido conservador, adalid de los valores y las buenas costumbres; otros 15 al glorioso partido liberal y 13 más al decente Cambio Radical. Los restantes se distribuyen entre Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia; Colombia Democrática; Colombia Viva y Apertura Liberal, que se han mimetizado en nuevas siglas como el PIN y Apertura Liberal-DMG.

Semejante prontuario político criminal da suficientes elementos de juicio para votar conscientemente y no contribuir, por desconocimiento o ingenuidad, a reelegir delincuentes disfrazados de políticos. No hay que olvidar que las elecciones nos dan la oportunidad de ser los jueces de última instancia y que mediante ellas decidimos que valores e intereses serán los que determinan la calidad de nuestras vidas y el tipo de relaciones humanas que tengamos.

Que predominen los valores de la dignidad y la decencia o los del crimen, la ambición y el cinismo, es una decisión irreversible. Por eso seguir retrocediendo en “U” o haciendo pilatunas y pi(n)ruetas no es una opción. La Corte Constitucional prohíbe girar en “U” y las normas de la prudencia y la decencia también. De lo contrario, seguiremos extraviados en el laberinto uribista de la política y el crimen. Mañana tenemos una valiosa oportunidad para empezar a salir del mismo y liberarnos del embrujo de la cínica y criminal “seguridad democrática”.

DE-LIBERACIÓN
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Enero 23 de 2010

HORIZONTE POLITICO TOTALMENTE VICIADO
(Exclusivo para el Seminario Virtual Caja de Herramientas)

Hernando Llano Ángel.

Comienzan las campañas electorales y perdemos el horizonte en nuestras ciudades. Los pasacalles con consignas pueriles y las vallas gigantes con los rostros sonrientes de cientos de candidatos, nos ocultan el sol durante el día y en las noches nos roban la luna y las estrellas. Se produce una especie de eclipse total y nos sentimos extraviados. Hasta el horizonte de nuestras vidas parece diluirse en medio de tanta contaminación visual. Semejante desmesura en la publicidad, apenas logra ocultar promesas eternas, siempre repetidas con mucha “originalidad”: “El senador firme con la seguridad” (Santiago Castro, del Partido Conservador), “Luchando por un país justo” (Alexander López, del Polo Democrático Alternativo), “Lideremos el cambio” (Adriana Barragán, Cambio Radical) y “Participá o mamate la politiquería” (Juan Fernando Reyes, de Fajardo y Alianza Social Indígena). Aunque en muchos otros casos las consignas revelan verdades atroces e incluso desvelan las identidades de candidatos cuya ambición no conoce barreras y su vocación de tránsfugas es tan radical que siempre militan de frente en el bando ganador, como aparece en las vallas de Roy Barreras: “De frente con el Presidente”, del partido de la “U”. Una campaña elocuente, pues Uribe queda al descubierto tras esas gigantes y costosas vallas en su condición de Presidente-candidato. Es el mejor ejemplo de “tramparencia electoral”, según el corrosivo humor político de “El Cucuyo”.

“Lo llevo en la sangre”.

Pero en la transparencia de consignas electorales, la Alianza Democrática Nacional (ADN) es la ganadora absoluta, pues su lema reza: “lo llevo en la sangre”. Es decir, la política para ADN es una especie de herencia genética, transmitida de generación en generación, como si fuera un asunto de filiación atávica y no de afiliación racional. Así las cosas, el legado que han heredado es un lastre de ignominia, antes que un cúmulo de virtudes, pues uno de sus antepasados inmediato, además de su matriz, el partido “Colombia Viva” , fue el desaparecido movimiento “Convergencia Ciudadana” y en especial los genes electorales aportados por el ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, cuya riqueza de genes también alcanzó para el nacimiento del Partido de Integración Nacional (PIN). Como es sabido, Martínez se encuentra en prisión por sus estrechas relaciones con el narcoparamilitarismo en el Valle del Cauca. Al respecto, no hay que olvidar que el ex senador Martínez aportó una cuota no despreciable de votos a su amigo Juan Carlos Abadía, hoy gobernador del Valle y adalid de la “seguridad democrática” en la región. Seguramente por ello ADN se presenta también en la propaganda electoral de sus vallas como “Uribismo de opinión”, con el beneplácito del presidente Uribe, para camuflar su descendencia directa y legítima de “Colombia Viva” y “Convergencia Ciudadana”. Lo curioso es que el presidente Uribe, tan sagaz en materia política, siempre alerta a denunciar los “guerrilleros vestidos de civil” y la “combinación de todas las formas de lucha”, no vea estos fenómenos de mutación criminal y mimetismo político, de los cuales se aprovecha y saca ventajas electorales sobre sus competidores. Ello lo sabe bien el aspirante al senado por ADN, Carlos Moreno de Caro, que no se pierde ni un Consejo Comunal presidencial. Incluso parece que Uribe de repente perdiera su prodigiosa memoria, pues olvida que él mismo extraditó a Hebert Veloza, alías “H.H”, ex comandante del Bloque Pacífico, y responsable de la masacre del Naya, según su propia versión ante la Fiscalía. Versión en la que también reveló la forma como electoralmente favoreció a Convergencia Ciudadana y en particular al ex senador Juan Carlos Martínez en las pasadas elecciones al Congreso.

Coherencia electoral más ilegitimidad democrática = Uribismo triunfante.

De lo anterior se concluye que en ese comportamiento político del presidente Uribe hay tanta coherencia y “tramparencia” electoral como incongruencia ética e ilegitimidad democrática, pues también se benefició en las pasadas elecciones de los votos aportados por movimientos como “Colombia Democrática” (que fundó con su primo segundo Mario Uribe) “Colombia Viva” y la misma “Convergencia Ciudadana”, todos inexistentes porque algunos de sus dirigentes y ex congresistas se encuentran en la cárcel por concierto agravado para delinquir. Por eso es que el horizonte político y electoral está totalmente viciado, pues gran parte de la opinión ciudadana ha refrendado esta simbiosis de la política con el crimen, a la cual no es ajena la llamada “seguridad democrática”, cuyos éxitos jamás podrán ocultar y mucho menos legitimar los asesinatos de jóvenes inocentes, cínicamente denominados falsos positivos. Por último y como para no desentonar con el anterior desolador horizonte político y ético, el Procurador Ordoñez, caracterizado por sus escrúpulos morales, reconoce en su concepto sobre el trámite de la ley de referéndum que se cometieron muchos vicios, pero que todos son subsanables porque la voluntad soberana de los ciudadanos prevalece sobre cualquier formalidad. Olvida el procurador que no puede existir legitimidad democrática sin acatamiento de la Constitución, pues como bien lo señala el artículo 3 de la Carta del 91 “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la constitución establece”. Es decir, con estricto cumplimiento de las formalidades establecidas en la Carta y la ley 134 de 1994, a las cuales debe someterse el pueblo, por más mayoría que sea, con absoluto respeto del Estado de derecho, de los adversarios y las minorías políticas, cuando se trata de una auténtica democracia y no de una simulada como es la que siempre hemos tenido.

Mayorías Inexistentes

Pueblo que, entre otras cosas, no deja de ser una invención fantasmagórica y mediática, antes que una mayoría política, pues Uribe gobierna sólo con el respaldo del 27.67 por ciento del censo electoral, ya que obtuvo 7.397.835 votos en el 2006 de un censo total de 26.731.700 ciudadanos habilitados para votar. En vista de lo anterior, incluso el argumento político de la soberanía popular es una falacia más endeble que los supuestos argumentos jurídicos del Procurador Ordoñez. Así las cosas, no hay que perder de vista lo esencial, que en nuestro sistema político no deciden y mucho menos eligen las mayorías, sino las minorías concurrentes en las urnas, que ni siquiera alcanzan el 30% del censo electoral, en el caso de la elección presidencial. Y ello es casi una refrendación matemática de nuestra realidad de exclusión y segregación social, pues cerca del 70% de nuestra población vive en la informalidad del rebusque y la precariedad laboral. Quizás por todo ello los delegatarios en la Asamblea nacional Constituyente, que fueron electos también con apenas el 26 por ciento del censo en 1990, decidieron que la Constitución podía reformarse mediante referéndum si participaba al menos el 25 por ciento y la mitad más uno votaba positivamente la reforma propuesta.

Entonces llegamos a la conclusión más paradójica y preocupante, pues en nombre de una imaginaria democracia participativa, minorías que no superan el 13 por ciento del censo actual pueden decidir la suerte de la mayoría y con cinismo proclamar que encarnan la voluntad general y la soberanía popular. Definitivamente un horizonte político totalmente viciado, más allá de las irregularidades en la financiación y el trámite de la ley de referéndum, sumadas a las mutaciones y mimetismos de la parapolítica en movimientos como el PIN y ADN, que millones de electores, más no de ciudadanos política y éticamente responsables, parecen estar dispuestos a respaldar en las urnas para afianzar un uribismo cínico y triunfante que gobierna con una fórmula política que fusiona el miedo a las FARC con la codicia empresarial, el asistencialismo de Acción Social y el clientelismo de los Consejos Comunales, bajo siglas mentirosas como la “Seguridad democrática” y el “Estado Comunitario”, desde un supuesto “trono de superioridad moral”, según calificación del inefable José Obdulio Gaviria.

Posdata: Según últimas noticias, el Consejo Nacional Electoral acaba de suspender la personería jurídica de ADN, por irregularidades legales en su constitución, una de las más graves la intervención de los ex senadores Dieb Malof y Vicente Blel, quienes propiciaron la mutación y conversión de “Colombia Viva” en ADN. Igual suerte debería correr el PIN y por los mismos motivos, pues proviene de “Convergencia Ciudadana”, cuyo fundador, el ex senador Luis Alberto Gil Castillo y su correligionario, Juan Carlos Martínez, están presos. El mismo destino deberían correr todos los movimientos que representan el llamado “Uribismo de opinión”, como el partido de la “U”, pero los únicos competentes para imponer esa sanción somos los ciudadanos en las urnas el próximo 14 de marzo y el 30 de mayo. Vale la pena no olvidar a Edmund Burke: “Los políticos corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”.

DE-LIBERACIÓN
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(Diciembre 11 de 2009)

Una terna convertida en trinca

Hernando Llano Ángel.

En la controversia generada entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia por el nombramiento del Fiscal General de la Nación, encontramos uno de los pasajes más reveladores de la profunda crisis en que se encuentra extraviada, por no decir refundida, la institucionalidad democrática en nuestro país. Por ello, bien vale la pena analizar el trasfondo de la controversia, que es eminentemente político, pues se trata de un asunto de poder, antes que de simple interpretación constitucional y legal. Y en tanto es un asunto de poder político, hay que empezar por reconocer lo que es una realidad pública inocultable e irrefutable, que incluso se ha venido consolidando desde la Constitución del 91, pero que ha alcanzado una notoriedad escandalosa durante estos últimos siete años. Y es la relación simbiótica que se ha establecido entre la política y la criminalidad organizada, a tal punto que hoy forman una realidad inseparable y es ya casi imposible discernir donde comienza una y termina la otra. De alguna manera esta extraña y perversa relación tuvo su mejor expresión en el derogado artículo 35 de la Carta del 9l, “que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento”, consagrando así una especie de impunidad constitucionalizada en beneficio del narcotráfico. Pero eso ya es un asunto del pasado.

Un presente de impunidad legitimada

En el presente, en estos días que corren, la cuestión es mucho más tenebrosa, pues el narcotráfico se ha convertido en la coartada perfecta para burlar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del paramilitarismo, mediante el uso discrecional que ha hecho el presidente Uribe de la extradición. Un uso que objetivamente nos revela que para el Ejecutivo es de mayor gravedad el crimen del narcotráfico que los delitos de lesa humanidad cometidos por las bandas del narcoparamilitarismo contra miles de colombianos. Delitos de los cuales se beneficiaron políticamente todos aquellos Senadores y Representantes que concertaron con los comandantes paramilitares los resultados en aquellas elecciones donde, no por pura casualidad o libre voluntad de los ciudadanos, ellos resultaron ganadores. Delitos que han sido investigados con rigor e independencia por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al punto que hasta la fecha han sido formalmente vinculados 85 congresistas, la mayoría de ellos pertenecientes a la coalición uribista de gobierno. Y ha sido esta labor de desvelar las relaciones entre la política y el crimen lo que tanto ha indispuesto a Uribe contra la Corte, al extremo de tratar de desprestigiarla frente a la opinión pública, tildándola incluso de haber politizado su labor judicial, cuando la realidad demuestra lo contrario: es la política oficial la que se ha criminalizado. No de otra forma puede entenderse la obsesión del mismo presidente Uribe por defender como delito de sedición los crímenes cometidos por los paramilitares, al incorporar semejante adefesio en la ley 975 de 2005, afortunadamente declarado inexequible por la Corte Constitucional. Pero lo que suele olvidarse es que en el diseño de semejante tramoya política y judicial tuve un papel protagónico el Ex Fiscal General, Mario Iguarán, cuando se desempeñaba como Viceministro de Justicia. Después de 4 años de aplicación de la ley 975, cínicamente llamada de “Justicia y paz”, no hay una sola condena por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares y hoy la verdad se encuentra extraditada. La impunidad parece legitimada. Por ello tiene toda la razón el juez Baltazar Garzón, cuando recientemente señalaba que no se “puede anteponer un delito de narcotráfico contra uno de lesa humanidad”, en el reciente examen de dicha ley realizada por el Centro Toledo para la Paz. El deplorable balance de su aplicación, acompañada de la extradición de los principales ex comandantes paramilitares, se convierte así en el principal argumento político y jurídico a favor de la Corte Suprema de Justicia para insistir en la plena independencia que debe tener el nuevo Fiscal frente al Ejecutivo, como en su probada competencia en el área penal, pues el mismo alto comisionado para la paz, Frank Pearl, ha señalado que “este es el proceso de reparación más sofisticado del mundo”.

Una trinca en lugar de una terna

Con la reciente renuncia de la abogada Virginia Uribe y su remplazo por la abogada Margarita Leonor Cabello Blanco, la terna inicial del presidente Uribe queda de nuevo reducida a una persona, su verdadero candidato, Camilo Ospina, pues el magistrado del Consejo Estado, Marco Antonio Velilla, está tan distante del derecho penal y de la política criminal como la señora Cabello Blanco, experta en diversas áreas, excepto en derecho penal. Por el contrario, Camilo Ospina, ex ministro de Defensa, si está muy familiarizado con la política criminal, pues fue el autor de la fatídica Directiva 029 de dicho Ministerio, que reglamentó el pago de las recompensas a particulares por aquellas informaciones que permitieran la captura o baja de miembros de la guerrilla. Lo grave es que dicha circular tiene una relación directa de causalidad con las ejecuciones sumarias, mal llamadas “falsos positivos”, pues a partir de su aplicación ellas empezaron a aumentar exponencialmente. Incluso el entonces Fiscal General, Mario Iguarán, expresó que: “¿No será que el afán por el positivo y las ansias por la recompensa está generando estos graves y oscuros sucesos. Allí puede estar diciéndose que hay recompensas por $3.600.000 para cuando se trata de bajas y puede haber una interpretación infortunada que lleva a lo delincuencial”. Para concluir que la Directiva 029 configuraba “un delito de lesa humanidad y de ahí a la competencia de la Corte Penal Internacional”.

Por eso la improcedencia, por no decir que la impostura ética, política y hasta judicial de postular el presidente Uribe en dicha terna a Camilo Ospina. ¿Podrá Camilo Ospina ordenar la investigación por ejecuciones sumarias de jóvenes civiles inermes que, indirectamente, fueron víctimas de la Directiva 029 firmada por él como ministro de defensa? ¿Cómo puede entender la comunidad internacional, empezando por la ONU, que sea nombrado Fiscal General de la Nación, Camilo Ospina?

No hay que olvidar que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, no descartó que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales pueda intervenir la Corte Penal Internacional. Al respecto expresó: "Estamos observando y manteniendo un registro de ejecuciones extrajudiciales, y parece que es sistemática y difundida esta práctica". Dijo que la meta es que las autoridades nacionales investiguen y entreguen resultados, pero cuando un país no tiene la posibilidad o la voluntad de investigar, "en esa otra situación la CPI tendría autoridad para intervenir”.
Por todo lo anterior es que se puede concluir que la terna se convirtió en una trinca. Las tres acepciones que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es) describen perfectamente nuestra situación, pues trinca significa: “1f. Conjunto de tres cosas de una misma clase. 2. f. Conjunto de tres personas designadas para argüir recíprocamente en las oposiciones. 3. f. Grupo o pandilla reducida de amigos”.

Para eludir la coyunda de semejante trinca presidencial, la Corte Suprema de Justicia ha rechazado hasta la fecha la terna presentada por el presidente Uribe, señalando que no cumple con los requisitos de idoneidad e independencia que requiere ser Fiscal General de la Nación, entre cuyas funciones está, según el numeral 4 del artículo 251 de la Constitución Política: “Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto”. Por ello sería un absurdo y una claudicación de los magistrados de la Corte frente al Estado de derecho y la ética de los Derechos Humanos si ceden a la presión del Ejecutivo y nombran a Camilo Ospina como Fiscal General.

Entonces se estaría consumando, una vez más, la lúcida descripción de García Márquez sobre el sentido de la ley en nuestra cultura política y el ordenamiento jurídico: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Tal sería el panorama de la persecución del crimen con Camilo Ospina como Fiscal, una especie de reencarnación del inefable Camilo Osorio y su penumbroso e impune paso por la Fiscalía General de la Nación. De consumarse su nombramiento, será inevitable en el futuro la intervención de la Corte Penal Internacional para subsanar los casos más escandalosos e inadmisibles de impunidad. Entonces estaremos frente al mayor legado histórico de Uribe: el desmantelamiento y la impotencia del Estado Colombiano en todos los ámbitos, militarmente dependiente de Estados Unidos; económicamente empeñado al FMI y el Banco Mundial y judicialmente en manos de la Corte Penal Internacional o de la justicia norteamericana, ya saturada de extraditados. Pero para consumar semejante proeza, Uribe sabe que precisa de otros cuatro años más.

DE-LIBERACIÓN
Octubre 31 de 2009
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¿Un Estado de opinión putrefacto o una opinión en estado de putrefacción?

Hernando Llano Ángel.

Es tal el cúmulo de escándalos de corrupción que se amontonan en la vida política nacional, que bien vale la pena preguntarse si la putrefacción es la esencia del famoso Estado de opinión proclamado por el presidente Uribe o, quizás suceda lo contrario, y dicho Estado sea la expresión más fiel de una opinión putrefacta, que convalida sin ningún escrúpulo el escándalo de cada nuevo día. Es probable que un asunto tan estrechamente relacionado con la esencia de nuestro régimen político, irrigado desde la Violencia hasta nuestros días con la sangre y el sudor de muchos para la fecundidad y la riqueza de unos pocos, no se pueda plantear bajo esa falsa disyuntiva. De alguna forma la realidad actual es el producto más logrado de la conjunción de ambas dimensiones. Un Estado de opinión tan descompuesto tiene su sustento en una opinión putrefacta, que no merece el calificativo de ciudadana.

Vidas desechables y dineros sagrados

Una opinión para la cual la corrupción de Agro, Ingreso Seguro es más intolerable que aquella que ha engendrado los “falsos positivos”, cuya matriz es la intocable y “exitosa” política de “Seguridad democrática”, es una opinión tanática y putrefacta. Una opinión que considera que la vida de jóvenes citadinos y de campesinos anónimos no tiene casi valor, pues su crecimiento desbordado y marginal los convierte en materia desechable y también reciclable. Lo saben bien todos los reclutadores de la muerte, que tanto ganan con la guerra. Empezando por aquellos que en nombre de la paz invierten millones de dólares en la remodelación de Bases Militares e invocan la Patria para simular soberanía y violar la Constitución. Continuando con los soldados campesinos que son inmolados como héroes de la patria o los campesinos guerrilleros desmembrados y desaparecidos como terroristas apátridas. Hasta aquellos cientos de miles que son desplazados y oficialmente declarados migrantes, según la cínica semántica de una obtusa inteligencia oficial. Pero los anteriores costos son insignificantes y colaterales, pues la inversión de capital nacional e internacional ha crecido exponencialmente y la seguridad se ha recuperado en todas las carreteras, aunque ellas cada día sean menos transitables. En contraste con la anterior minusvalía de la vida pobre, el dinero de los impuestos es sagrado y no se puede tolerar que continúe irrigando en forma irreversible los ubérrimos predios de la agroindustria dedicada a los biocombustibles. El Ministro de agricultura debe ser censurado y destituido.

Por el contrario, quien fuera ministro de defensa, Juan Manuel, como un santo varón, se convierte en precandidato presidencial y en digno heredero de los éxitos y también crímenes de la “seguridad democrática”. Es la inversión absoluta de la vida y sus valores de libertad y dignidad, subordinados a los imperativos del mercado y la seguridad de sus codiciosos inversionistas. Es la corrupción irreversible del Estado, anunciada en forma premonitoria y precisa en los siguientes términos, casi ministeriales, por José Vicente Castaño, en su fallida transición de comandante de las AUC a empresario exitoso, en una entrevista concedida a la revista Semana en junio de 2005: “En Urabá tenemos cultivo de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes.” Sin duda, el espíritu que inspira la política de Agro, Ingreso Seguro.

La putrefacción del Estado de opinión

Es la putrefacción del Estado como consecuencia lógica de la máxima corrupción de la política: su reducción a una guerra sin más horizonte que la muerte o la derrota del contrario. La llamada guerra contra el narcoterrorismo. A partir de entonces incluso la naturaleza es convertida en mortífera enemiga. Ella es “la mata que mata”. Debe ser fumigada con glifosato, expoliada e incluso exterminada. Y sus pobladores, cultivadores y comercializadores, convertidos en “culebras y sabandijas”, según la opinión presidencial, deben ser bombardeados, interceptados, capturados y extraditados hasta su rendición o aniquilación total. Para ello se dotará a siete Bases Militares colombianas de sofisticados dispositivos de inteligencia y se contará con un contingente de sacrificados militares y técnicos norteamericanos, expertos en la “mata que mata”, por un período de al menos 10 años. Incluso aquellos que pongan en duda el triunfo ineluctable del “Estado de opinión” sobre el peligroso estado de naturaleza y sus depredadores, serán sometidos a un tratamiento preventivo y reeducados bajo la asesoría científica del Psiquiatra y filósofo Luis Carlos Restrepo, conocedor como pocos de los efectos mortales de la “fruta prohibida”. En caso de no surtir efecto tal tratamiento, los apátridas serán extraditados a Estados Unidos, aunque allí oficialmente se empiece a considerar el asunto de la guerra contra las drogas como una derrota cumplida, pues el verdadero enemigo lo tienen en casa y se llama extra-adicción. Una forma más personal y sofisticada de putrefacción del espíritu y el sueño americano, el cual obviamente no puede ser fumigado con glifosato, pues su alto contenido tóxico y letal afectaría grave e irreversiblemente la salud del pueblo norteamericano.

PARÁFRASIS DE LA CRIMINALIDAD POLÍTICA
(Octubre 2 de 2009)

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Hernando Llano Ángel.

1- En Colombia la justicia no se ha politizado. Es el crimen el que se ha politizado.


2- Vivimos en una sociedad tan criminalizada, que ya nadie habla de comprometerse sino de involucrarse.


3- El signo de los tiempos: Los verdugos gobiernan y las víctimas emigran.


4- El progreso electoral: Pasamos de partidos políticos a microempresas electorales y de microempresas a organizaciones criminales.


5- Título de la obra: Referéndum Reeleccionista. Banda Musical: Concierto para delinquir. Vocalista: Luis Guillermo Giraldo. Autor: Álvaro Uribe Vélez.


6- Ejecutorias presidenciales: El narcotráfico se ha politizado; la verdad se ha extraditado y la política se ha criminalizado.


7- Evocación nostálgica: Hace 17 años que Pablo abandonó La Catedral.

DE-LIBERACIÓN
(Septiembre 9 de 2009)

EL RÉGIMEN URIBEFÁCTICO: QUINTAESENCIA

DE LA TRAMOYA NACIONAL

Hernando Llano Ángel.

Álvaro Uribe Vélez encarna la quintaesencia de la tramoya nacional, nombre benévolo y noble para designar nuestra realidad política, que nunca ha dejado de ser “un enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”, para ocultar bajo la etiqueta de una impúdica y mentirosa democracia esta ubérrima hecatombe. Pero hay que ser justo con Uribe y su histórica obra de gobierno, imposible de culminar en dos efímeros períodos presidenciales de cuatro años. Uribe requiere de más tiempo. No es un gobernante cualquiera. Él marca un cambio de época y de régimen.

Un tránsfuga plebiscitario

Para empezar, con su triunfo en el 2002 rompe la tradición histórica del partido liberal, pues como candidato disidente alcanza la Presidencia de la República. Pretensión en la que fracasaron líderes con estatura política y ética muy superior, como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. Ambos fueron asesinados por levantarse contra la violencia más execrable y criminal, aquella que defiende sin límites la codicia de los privilegiados y las ambiciones insaciables de los nuevos ricos, eufemísticamente conocidos como los emergentes. Todo lo contrario representa Uribe. Basta recordar su paso por la Gobernación de Antioquia (1995-1997), su entusiasta defensa de las Convivir, su condecoración al General (r) y hoy encarcelado, Rito Alejo del Río, y la macabra estela de 939 víctimas de grupos paramilitares, que comienza en su primer año de Gobernador con 143 asesinatos, en el segundo supera el doble, con 357 y cierra con un broche de sangre de 439 víctimas. Con razón el excomandante paramilitar Freddy Rendón, más conocido como el “Alemán”, hablando sobre las afinidades políticas de Carlos Castaño con Uribe, reveló que: “Cuando aparece Uribe con ese discurso, Carlos decía: Uribe es el hombre con el que nosotros vamos a hacer la negociación, porque es antioqueño, porque es cercano a amigos nuestros, porque fue quien impulsó las Convivir y todas se convirtieron en autodefensas, porque Pedro Juan Moreno era cercanísimo a Carlos, yo lo ví muchas veces reunido con él. Y además surge con un discurso igualito al de Carlos. ¿En que sentido? Recogía ese ideal de la autodefensa, que había que tener una mano fuerte contra la guerrilla, que había que liberar los territorios para que el Estado entrara a ejercer soberanía. Que el monopolio de las armas tenía que estar en manos del Estado. Entonces, nosotros nos identificamos en ese momento y además cuando ese hombre surge como candidato presidencial, todo se volcó a un apoyo irrestricto en las regiones” . Justamente ese cambio de época está dado por su capacidad para utilizar en beneficio propio los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución del 91, como acudir al referéndum para su segunda reelección, y manipular el miedo a las FARC y la ingenuidad política de millones de colombianos para convertirse así en un tránsfuga plebiscitario, que con sus firmas y en nombre de “Primero Colombia” ha llegado en dos ocasiones a la Presidencia.

Ahora pretende serlo por tercera vez, pero en nombre de “Colombia Primero”, fundación que violó los topes de financiación para la recolección de firmas y recurrió a los generosos aportes de empresas emergentes, como Transval, la encargada de transportar los valores de DMG. Sin duda, Uribe y sus correligionarios, además de ser profesionales del transfuguismo son habilidosos mercaderes de la política. No coincidencialmente Sabas Pretelt, ex presidente de Fenalco, coronó con éxito la negociación con los paramilitares y concertó con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño la reforma de ese “articulito” de la Constitución, según otra famosa expresión de Fabio Echeverri Correa, ese prototipo de empresario y líder antioqueño. Quedan así resumidos los sustentos de la legitimidad plebiscitaria de Uribe: la violencia paramilitar, la codicia de la politiquería, y el miedo de la población, engendrado y alimentado por el terror de las FARC, convertidas en las mejores promotoras de su éxito gubernamental. Pero en esta tercera campaña hay que añadir 2.03 Billones de pesos del programa Familias en Acción para 2.7 millones de hogares, lo cual constituye una cuota inicial nada despreciable para continuar Uribe en su interminable campaña electoral, apenas comparable con Chávez en Venezuela.

El Régimen Uribefáctico

Con el arribo y la prolongada posesión de Uribe de la casa de Nariño, la política se ha convertido en una gran tramoya, “esa máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos prodigiosos”, como es pretender proyectar en el escenario nacional e internacional la imagen de un “Estado de Opinión”, que se autoproclama superior al Estado de derecho y todo ello en nombre del pueblo y la democracia. En la página Web de la Presidencia, el 11 de Junio de 2009, se puede leer este titular: “No es el Congreso quien garantiza la reelección sino el voto del Pueblo: Uribe” y también “La Constitución del 91 eliminó la reelección por componendas políticas. Le quitó ese derecho al pueblo simplemente por componendas políticas”. En fin, un régimen sincrético, producto de esa alianza ignominiosa entre privilegios sociales con criminales privilegiados y de violencia atroz (“falsos positivos”) con imágenes publicitarias (“Colombia es pasión”). Privilegios como los de las grandes empresas y el sector financiero, que en el 2008 reportaron ganancias, respectivamente, por 29.8 y 10.8 Billones de pesos, gracias a la “seguridad democrática”. En el pasado reciente las obtuvieron con la “para-seguridad” brindada por criminales profesionales, hoy traicionados y extraditados a Estados Unidos, para evitar que continuaran revelando los secretos y nombres de los principales artífices de esta tramoya nacional. De aquellos que esperan seguir beneficiándose otros cuatro años e indefinidamente, aún por interpuesta persona. Incluso lo ha dicho “el Alemán”: “Uribe hizo mucho por el país, pero ya es el momento de entregarle el poder a otras personas”. Candidatos sobran para ello. Incluso con perfiles más democráticos y hasta discurso “alternativo”, pero fieles herederos de la “seguridad democrática”. Ya lo había advertido con lucidez otro Álvaro, en la crisis del 8.000, cuando escribió “lo que hay que tumbar es el régimen” y no sólo al Presidente. Y Uribe lo comprendió perfectamente. Consolidó un régimen de criminales poderes de facto. En su cúspide brilla la mezquindad y la soberbia, disfrazadas de democracia y Estado de opinión. En su base abunda el hambre, la codicia, el odio y la revancha a disposición del mejor postor, las más altas recompensas, los menesterosos subsidios y el más hábil embaucador. Como en el pasado, el oro y la escoria se dan la mano. Un clásico como Montesquieu, en su célebre “Espíritu de las Leyes”, escribió: “El gobierno despótico tiene por principio el temor; ahora bien, los pueblos tímidos, ignorantes y abatidos no necesitan muchas leyes. Todo estriba en dos o tres ideas: no se precisa más. Cuando se amaestra a un animal se cuida que no cambie de maestro, de lección ni de paso, y se impresiona su cerebro con dos o tres movimientos nada más”. En efecto, bastó con cambiar un “articulito” y repetir todos los días: “seguridad democrática”, “confianza inversionista” y “cohesión social”. Ahora el animal parece estar domado y el domador no se quiere bajar. Sobre su lomo toma plácidamente tinto y abusa de su ingenuidad y torpeza sin cesar. Ilusamente cree que gobernar es lo mismo que cabalgar. Pero el potro de la ilegitimidad democrática sobre el cual cabalga es brioso y ningún domador, por mañoso o experto que sea, ha logrado llegar a la meta sin antes perder los estribos y morder el polvo de la ignominia, que es peor que una derrota. Como en un espectáculo de rodeo, es cuestión de tiempo su vergonzosa caída. Entonces el público lo chiflará, aunque antes lo haya aplaudido y alentado en su frustrada osadía.

DE-LIBERACIÓN
(Agosto 13 de 2009)

A PROPÓSITO DE LAS BASES MILITARES

Rescato de mis archivos la columna titulada “Los Otros”, escrita para la edición del periódico EL PAÍS del viernes 1 de Febrero de 2002, pero que nunca fue publicada y causó la terminación unilateral de mi contrato y la desaparición de sus páginas de opinión de la columna “Calicanto”. Lamentablemente conserva plena actualidad, pues en ella se hace alusión a la propuesta electoral del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez sobre la necesidad de contar con presencia militar norteamericana en Colombia para profundizar el “Plan Colombia”. La siguiente es la versión como originalmente fue escrita y se quedó esperando en vano su publicación. Posteriormente realicé otras tres versiones, cada vez más breves, a solicitud del Subdirector de Opinión, Luis Guillermo Restrepo, pero tampoco fueron publicadas. El problema no era de espacio físico, sino mental e ideológico. Por eso no tuvo cabida en EL PAIS. Afortunadamente el ciberespacio es ilimitado, por ahora.

LOS OTROS

(Primera Versión)

Hernando Llano Ángel.

Es el título de la estupenda y última película de Alejandro Aménabar, tan cercana a nuestra realidad. En ambas es difícil discernir los límites entre la vida y la muerte. Sus personajes están atrapados en una atmósfera fantasmal, rodeados de miedo, temiendo incluso a la luz del día, refugiados en una hermosa e insondable mansión. El Padre de familia, apenas un espectro, regresa de la segunda guerra mundial y al final desaparece tan misteriosamente como llega. Como espectador, uno se siente fascinado y desconcertado con la trama. La historia genera una especie de miedo metafísico envolvente, pues ignoramos lo que sucede, sin recurrir la película a ningún efecto especial. La trama es tan sutil y a la vez compleja, que impide identificar la maldad o bondad en sus personajes, la verdad o la mentira en sus relatos. Es imposible distinguir entre los vivos y los muertos. Solo al final uno descansa y cree haber descifrado la inteligente trama de su director y guionista, un legítimo heredero de Buñuel y Hitchcock, que mezcla magistralmente el surrealismo con el suspenso.Pero nuestra realidad es mucho más compleja y terrorífica. Al punto que deambulamos en un limbo ambiguo y sangriento, entre la guerra y la paz. Con la enorme diferencia de que somos los protagonistas de la película y en ella se nos va la vida. En la película nacional no tendremos la oportunidad del espectador, al salir del teatro, para empezar a descifrar lo que ha visto, pues es probable que nuestros ojos estén cerrados para siempre. Nos toca optar por ser responsables, en lugar de víctimas o verdugos. De alguna forma, asumir el papel de auténticos ciudadanos.

Algunos lo han hecho, como es el caso de las numerosas Comunidades de Paz de Chocó y Antioquia; los pobladores de Caldono y Bolívar; o los del Magadalena Medio con Pacho de Roux S.J a la cabeza; los de Mogotes, Santander, como auténticos herederos de los Comuneros; las mujeres de la Ruta Pacífica y de Barrancabermeja, junto a los pueblos indígenas Paeces, Guambianos, Aruhacos y U`was. Todos tienen en común que rehúsan jugar el rol de víctimas o verdugos, pues renuncian radicalmente al ejercicio de la violencia por su propia mano, así como a delegarla en un tercero que se manche las manos en su nombre. De esta forma las organizaciones populares, comunidades indígenas y colectivos de mujeres dan lecciones de valor civil y de ética política a cientos de miles de citadinos, confusos y cobardes, que parecen optar por la cómoda y cínica actitud de elegir a un tercero que, con voz desafinada y ademanes corteses, propone a su vez invitar a terceros externos para que salven la patria, invocando una supuesta e inexistente autoridad democrática.

Según el libreto de este exitoso candidato, veremos en la televisión cómo mueren por nosotros los otros, aquellos que heroícamente llegarán del Norte a salvarnos. A todos los que comparten esta Hollywoodense intervención y deliran por eliminar a esos “otros” de hoy, quienes a su vez sueñan con la revancha histórica de gobernar sin los “otros” de siempre, los oligarcas, valdría la pena recordarles que en una guerra civil degrada es imposible distinguir entre los unos y los otros, pues en ella todos perdemos. Más nos convendría ser sensatos y reconocer que no existen “Otros”, responsables exclusivos de la guerra o la paz, pues ambas son consecuencias de nuestras acciones y omisiones. Los “Otros” tambien somos nos-otros. La guerra deriva de nuestra indolencia, comodidad, ambición y soberbia, que delega en otros la forma como vivimos y morimos. Y así nos vamos convirtiendo todos en inquilinos de nuestra propia casa, consintiendo que los otros y los intrusos la ocupen y desmantelen, hasta convetirla en un inmenso cementerio. Entonces reinará la paz de los muertos, como sucede en la fría mansión de “Los Otros” de Aménabar.

(Columna Calicanto para El PAIS, edición del Viernes 1 de Febrero de 2002)
Nota: Esta columna no fue publicada en EL PAIS. Está pendiente su aparición en las páginas de opinión.

DE-LIBERACIÓN
(http://calicantopinion.blogspot.com)

LA HECATOMBE ANDINA: CRISIS DE SOBERANIA Y LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICAS

Hernando Llano Ángel.

Los últimos acontecimientos políticos nacionales e internacionales nos están revelando que no habíamos comprendido el alcance de la advertencia del presidente Uribe sobre la inminencia de una hecatombe, que haría imprescindible su permanencia al mando de la nave del Estado. Todos pensamos que se trataba de una hecatombe nacional. Ahora estamos viendo que el presidente se refería a una hecatombe de orden regional, la hecatombe andina, que sólo una inteligencia superior como la suya podía avizorar con claridad en el horizonte convulso y gris de nuestros inciertos vecinos. Una hecatombe de la cual, en honor a la verdad, no sólo ha sido un profeta iluminado, sino también un artífice brillante. Sin duda, ella ahora se prefigura nítidamente y en toda su dimensión, con presencia norteamericana y tecnología militar de punta en tres bases militares colombianas, gracias a la inexistencia de un conflicto armado interno en nuestra nación.

Del Post-conflicto nacional al Conflicto Internacional

En efecto, como ahora en nuestro país vivimos la etapa del post-conflicto, él se ha desplazado o migrado hacia las fronteras y se ha convertido en un conflicto de orden internacional que cubre toda la región andina. Por consiguiente, como todo conflicto de tal naturaleza, requiere la presencia de una inteligencia superior a la nacional, la inteligencia militar norteamericana para su cabal discernimiento y eventual arbitramento. Incluso puede precisar la presencia de más países, pues como todos sabemos el monstruo del narcoterrorismo demanda una cruzada mundial para su extinción definitiva de la faz del planeta, cada día más amenazado por esa fuerza del mal, cuya codicia y violencia no tiene límites. Ni siquiera el sistema financiero internacional da abasto para su reciclaje, mucho menos podrá erradicarlo las fuerzas militares y de policía de una sola nación por eficaz, heroica y victoriosa que sea su “seguridad democrática”. Con dicha coartada, que Nixon proclamó como la “guerra contra las drogas”, ahora se abre un nuevo capítulo, la “guerra contra el narcoterrorismo”, y mañana puede abrirse otro frente, la guerra contra los “narco-Estados”, como ya un informe para el Congreso Norteamericano empieza a catalogar a Venezuela. Y para que las piezas de la región armen el rompecabezas de la hecatombe, entonces Ecuador carece de un presidente legítimo, pues contó con el generoso aporte de las Farc en miles de dólares (¡de nuevo la imprescindible ayuda norteamericana!) para alcanzar el solio presidencial. Con semejante prueba reina, el presidente Uribe remite el video del mono “Jojoy” a la OEA para que evalúe la relación de Correa con una agrupación narcoterrorista como las FARC.

La Judicialización internacional de la legitimidad democrática

No demorará Correa en denunciar a Uribe como un político y gobernante que cabalga con destreza y convive con seguridad sobre el potro salvaje del paramilitarismo y sus crímenes de lesa humanidad, desde su época de mandatario antioqueño, hasta nuestros días cuando logró la reelección presidencial gracias a los votos leales de numerosos correligionarios, hoy presos por concierto agravado para delinquir por su asociación con dichos grupos criminales, quienes oportunamente aprobaron en el Congreso su reelección inmediata. Todavía resuena el eco del consejo presidencial a sus parlamentarios sub júdice: “Voten, mientras puedan hacerlo…”, antes de que fueran trasladados a la Picota. Sin duda, otra de las proezas presidenciales en el desmantelamiento de las instituciones democráticas, pues logró transformar el régimen parlamentario en uno semi-penitenciario. Para no mencionar las ya conocidas de la Yidispolítica y la persuasiva creación y asignación de Notarias, según lo confesado por el ex superintendente de notariado y registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, como reciprocidad presidencial ante la rápida comprensión de sus argumentos por parte de numerosos parlamentarios. En definitiva, lo que sobresale en medio de esta disputa andina por los títulos de legitimidad democrática de sus correspondientes mandatarios, es que ninguno aprueba la asignatura. Los tres presidentes están fuertemente afectados por sus alianzas estratégicas o coaliciones coyunturales con poderes de facto de carácter criminal y la manipulación arbitraria de su poder presidencial y los insuperables recursos del presupuesto estatal a su disposición. Se trata, pues, de una profunda crisis de legitimidad y soberanías democráticas, que ninguno de los tres mandatarios puede sortear satisfactoriamente ante la comunidad internacional.

Crisis de Soberanía y Legitimidad democráticas

Porque la primera expresión de un Estado democrático es su soberanía en términos de garantizar la vida, seguridad y dignidad de sus ciudadanos. Y sin duda no es el presidente Uribe y menos nuestro Estado, quien pueda acreditar los mejores indicadores de soberanía y democracia en la región, pues tenemos más de tres millones de colombianos desarraigados por causa de un conflicto armado interno; el mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo; el mayor número de víctimas de minas antipersona y de ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. En fin, la más grave y degradada crisis de carácter humanitario que existe en el continente americano, apenas comparable con el desmantelamiento de la legitimidad democrática y sus instituciones liberales (Estado de derecho, competencia pluripartidista y libertad de expresión) que lideran Hugo Chávez en Venezuela y parece emular Rafael Correa en el Ecuador.

Un Gobierno que erosiona las bases nacionales

El anterior paisaje de inexistentes o precarias legitimidades y soberanías democráticas se torna más hostil e impredecible con la presencia de fuerzas militares foráneas, como las norteamericanas, que de entrada reclaman inmunidad para las acciones de sus hombres, negando así al Estado colombiano la primera manifestación de soberanía: la aplicación de justicia sobre aquellos que delinquen contra su población y en su territorio. Asunto que para el presidente Uribe no parece significar nada, pues se precia en proclamar a los cuatro vientos que ha extraditado más de 800 colombianos a los Estados Unidos, entre ellos a criminales de lesa humanidad que no revelarán a la justicia colombiana y a los familiares de sus víctimas el entramado de complicidades oficiales, empresariales e internacionales en la comisión de semejantes crímenes. Es en tal tipo de decisiones donde la soberanía de un Estado democrático cobra sentido, pues quien lo presida jamás delegaría en un tercero el ejercicio de la justicia y el conocimiento de la verdad. En este evento se puede afirmar que Uribe está socavando las bases políticas y jurídicas de la Nación, cuestión tanto o más grave que permitir a fuerzas militares foráneas el uso de sus bases militares para operaciones de inteligencia sobre su territorio y las regiones limítrofes.

Por último, no deja de ser una amarga ironía que precisamente hoy 20 de Julio, cuando se da inició a la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia de la Corona española, asistamos a la conversión de nuestro territorio en un laboratorio privilegiado para la inteligencia militar norteamericana sobre las regiones andina y amazónica, las más portentosas del planeta en biodiversidad y riquezas inexploradas. Así las cosas, nuestro Estado se convierte en un Estado centrífugo y lunático, que cada día gira y depende más del sol norteamericano, porque Uribe y sus socios parecen haber olvidado que el Sur también existe, desconociendo flagrantemente el preámbulo de la Constitución del 91 donde “El pueblo colombiano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente… se compromete a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”. Ahora sólo falta que la obtusa inteligencia de un ex asesor presidencial nos diga que así se promueve la integración afroamericana y el futuro del TLC con Estados Unidos, bajo los designios del carismático e inescrutable Obama, cuya retórica a favor de los Derechos Humanos y contra Guantánamo queda sin muchas bases al promover la ocupación de las nuestras con su personal militar y civil que gozará de inmunidad en nuestro territorio. Una vez más queda claro que el ejercicio imperial de la soberanía no reconoce ningún derecho ni autoridad por encima de sus intereses y los delitos de sus hombres. Tal es el precio del pragmatismo y el realismo político, al cual se debe en primer lugar Obama, como presidente del imperio que es. (Julio 20 de 2009)