LA HECATOMBE ANDINA: CRISIS DE SOBERANIA Y LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICAS
Hernando Llano Ángel.
Los últimos acontecimientos políticos nacionales e internacionales nos están revelando que no habíamos comprendido el alcance de la advertencia del presidente Uribe sobre la inminencia de una hecatombe, que haría imprescindible su permanencia al mando de la nave del Estado. Todos pensamos que se trataba de una hecatombe nacional. Ahora estamos viendo que el presidente se refería a una hecatombe de orden regional, la hecatombe andina, que sólo una inteligencia superior como la suya podía avizorar con claridad en el horizonte convulso y gris de nuestros inciertos vecinos. Una hecatombe de la cual, en honor a la verdad, no sólo ha sido un profeta iluminado, sino también un artífice brillante. Sin duda, ella ahora se prefigura nítidamente y en toda su dimensión, con presencia norteamericana y tecnología militar de punta en tres bases militares colombianas, gracias a la inexistencia de un conflicto armado interno en nuestra nación.
Del Post-conflicto nacional al Conflicto Internacional
En efecto, como ahora en nuestro país vivimos la etapa del post-conflicto, él se ha desplazado o migrado hacia las fronteras y se ha convertido en un conflicto de orden internacional que cubre toda la región andina. Por consiguiente, como todo conflicto de tal naturaleza, requiere la presencia de una inteligencia superior a la nacional, la inteligencia militar norteamericana para su cabal discernimiento y eventual arbitramento. Incluso puede precisar la presencia de más países, pues como todos sabemos el monstruo del narcoterrorismo demanda una cruzada mundial para su extinción definitiva de la faz del planeta, cada día más amenazado por esa fuerza del mal, cuya codicia y violencia no tiene límites. Ni siquiera el sistema financiero internacional da abasto para su reciclaje, mucho menos podrá erradicarlo las fuerzas militares y de policía de una sola nación por eficaz, heroica y victoriosa que sea su “seguridad democrática”. Con dicha coartada, que Nixon proclamó como la “guerra contra las drogas”, ahora se abre un nuevo capítulo, la “guerra contra el narcoterrorismo”, y mañana puede abrirse otro frente, la guerra contra los “narco-Estados”, como ya un informe para el Congreso Norteamericano empieza a catalogar a Venezuela. Y para que las piezas de la región armen el rompecabezas de la hecatombe, entonces Ecuador carece de un presidente legítimo, pues contó con el generoso aporte de las Farc en miles de dólares (¡de nuevo la imprescindible ayuda norteamericana!) para alcanzar el solio presidencial. Con semejante prueba reina, el presidente Uribe remite el video del mono “Jojoy” a la OEA para que evalúe la relación de Correa con una agrupación narcoterrorista como las FARC.
La Judicialización internacional de la legitimidad democrática
No demorará Correa en denunciar a Uribe como un político y gobernante que cabalga con destreza y convive con seguridad sobre el potro salvaje del paramilitarismo y sus crímenes de lesa humanidad, desde su época de mandatario antioqueño, hasta nuestros días cuando logró la reelección presidencial gracias a los votos leales de numerosos correligionarios, hoy presos por concierto agravado para delinquir por su asociación con dichos grupos criminales, quienes oportunamente aprobaron en el Congreso su reelección inmediata. Todavía resuena el eco del consejo presidencial a sus parlamentarios sub júdice: “Voten, mientras puedan hacerlo…”, antes de que fueran trasladados a la Picota. Sin duda, otra de las proezas presidenciales en el desmantelamiento de las instituciones democráticas, pues logró transformar el régimen parlamentario en uno semi-penitenciario. Para no mencionar las ya conocidas de la Yidispolítica y la persuasiva creación y asignación de Notarias, según lo confesado por el ex superintendente de notariado y registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, como reciprocidad presidencial ante la rápida comprensión de sus argumentos por parte de numerosos parlamentarios. En definitiva, lo que sobresale en medio de esta disputa andina por los títulos de legitimidad democrática de sus correspondientes mandatarios, es que ninguno aprueba la asignatura. Los tres presidentes están fuertemente afectados por sus alianzas estratégicas o coaliciones coyunturales con poderes de facto de carácter criminal y la manipulación arbitraria de su poder presidencial y los insuperables recursos del presupuesto estatal a su disposición. Se trata, pues, de una profunda crisis de legitimidad y soberanías democráticas, que ninguno de los tres mandatarios puede sortear satisfactoriamente ante la comunidad internacional.
Crisis de Soberanía y Legitimidad democráticas
Porque la primera expresión de un Estado democrático es su soberanía en términos de garantizar la vida, seguridad y dignidad de sus ciudadanos. Y sin duda no es el presidente Uribe y menos nuestro Estado, quien pueda acreditar los mejores indicadores de soberanía y democracia en la región, pues tenemos más de tres millones de colombianos desarraigados por causa de un conflicto armado interno; el mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo; el mayor número de víctimas de minas antipersona y de ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. En fin, la más grave y degradada crisis de carácter humanitario que existe en el continente americano, apenas comparable con el desmantelamiento de la legitimidad democrática y sus instituciones liberales (Estado de derecho, competencia pluripartidista y libertad de expresión) que lideran Hugo Chávez en Venezuela y parece emular Rafael Correa en el Ecuador.
Un Gobierno que erosiona las bases nacionales
El anterior paisaje de inexistentes o precarias legitimidades y soberanías democráticas se torna más hostil e impredecible con la presencia de fuerzas militares foráneas, como las norteamericanas, que de entrada reclaman inmunidad para las acciones de sus hombres, negando así al Estado colombiano la primera manifestación de soberanía: la aplicación de justicia sobre aquellos que delinquen contra su población y en su territorio. Asunto que para el presidente Uribe no parece significar nada, pues se precia en proclamar a los cuatro vientos que ha extraditado más de 800 colombianos a los Estados Unidos, entre ellos a criminales de lesa humanidad que no revelarán a la justicia colombiana y a los familiares de sus víctimas el entramado de complicidades oficiales, empresariales e internacionales en la comisión de semejantes crímenes. Es en tal tipo de decisiones donde la soberanía de un Estado democrático cobra sentido, pues quien lo presida jamás delegaría en un tercero el ejercicio de la justicia y el conocimiento de la verdad. En este evento se puede afirmar que Uribe está socavando las bases políticas y jurídicas de la Nación, cuestión tanto o más grave que permitir a fuerzas militares foráneas el uso de sus bases militares para operaciones de inteligencia sobre su territorio y las regiones limítrofes.
Por último, no deja de ser una amarga ironía que precisamente hoy 20 de Julio, cuando se da inició a la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia de la Corona española, asistamos a la conversión de nuestro territorio en un laboratorio privilegiado para la inteligencia militar norteamericana sobre las regiones andina y amazónica, las más portentosas del planeta en biodiversidad y riquezas inexploradas. Así las cosas, nuestro Estado se convierte en un Estado centrífugo y lunático, que cada día gira y depende más del sol norteamericano, porque Uribe y sus socios parecen haber olvidado que el Sur también existe, desconociendo flagrantemente el preámbulo de la Constitución del 91 donde “El pueblo colombiano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente… se compromete a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”. Ahora sólo falta que la obtusa inteligencia de un ex asesor presidencial nos diga que así se promueve la integración afroamericana y el futuro del TLC con Estados Unidos, bajo los designios del carismático e inescrutable Obama, cuya retórica a favor de los Derechos Humanos y contra Guantánamo queda sin muchas bases al promover la ocupación de las nuestras con su personal militar y civil que gozará de inmunidad en nuestro territorio. Una vez más queda claro que el ejercicio imperial de la soberanía no reconoce ningún derecho ni autoridad por encima de sus intereses y los delitos de sus hombres. Tal es el precio del pragmatismo y el realismo político, al cual se debe en primer lugar Obama, como presidente del imperio que es. (Julio 20 de 2009)
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