DE-LIBERACIÓN
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(Diciembre 11 de 2009)

Una terna convertida en trinca

Hernando Llano Ángel.

En la controversia generada entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia por el nombramiento del Fiscal General de la Nación, encontramos uno de los pasajes más reveladores de la profunda crisis en que se encuentra extraviada, por no decir refundida, la institucionalidad democrática en nuestro país. Por ello, bien vale la pena analizar el trasfondo de la controversia, que es eminentemente político, pues se trata de un asunto de poder, antes que de simple interpretación constitucional y legal. Y en tanto es un asunto de poder político, hay que empezar por reconocer lo que es una realidad pública inocultable e irrefutable, que incluso se ha venido consolidando desde la Constitución del 91, pero que ha alcanzado una notoriedad escandalosa durante estos últimos siete años. Y es la relación simbiótica que se ha establecido entre la política y la criminalidad organizada, a tal punto que hoy forman una realidad inseparable y es ya casi imposible discernir donde comienza una y termina la otra. De alguna manera esta extraña y perversa relación tuvo su mejor expresión en el derogado artículo 35 de la Carta del 9l, “que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento”, consagrando así una especie de impunidad constitucionalizada en beneficio del narcotráfico. Pero eso ya es un asunto del pasado.

Un presente de impunidad legitimada

En el presente, en estos días que corren, la cuestión es mucho más tenebrosa, pues el narcotráfico se ha convertido en la coartada perfecta para burlar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del paramilitarismo, mediante el uso discrecional que ha hecho el presidente Uribe de la extradición. Un uso que objetivamente nos revela que para el Ejecutivo es de mayor gravedad el crimen del narcotráfico que los delitos de lesa humanidad cometidos por las bandas del narcoparamilitarismo contra miles de colombianos. Delitos de los cuales se beneficiaron políticamente todos aquellos Senadores y Representantes que concertaron con los comandantes paramilitares los resultados en aquellas elecciones donde, no por pura casualidad o libre voluntad de los ciudadanos, ellos resultaron ganadores. Delitos que han sido investigados con rigor e independencia por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al punto que hasta la fecha han sido formalmente vinculados 85 congresistas, la mayoría de ellos pertenecientes a la coalición uribista de gobierno. Y ha sido esta labor de desvelar las relaciones entre la política y el crimen lo que tanto ha indispuesto a Uribe contra la Corte, al extremo de tratar de desprestigiarla frente a la opinión pública, tildándola incluso de haber politizado su labor judicial, cuando la realidad demuestra lo contrario: es la política oficial la que se ha criminalizado. No de otra forma puede entenderse la obsesión del mismo presidente Uribe por defender como delito de sedición los crímenes cometidos por los paramilitares, al incorporar semejante adefesio en la ley 975 de 2005, afortunadamente declarado inexequible por la Corte Constitucional. Pero lo que suele olvidarse es que en el diseño de semejante tramoya política y judicial tuve un papel protagónico el Ex Fiscal General, Mario Iguarán, cuando se desempeñaba como Viceministro de Justicia. Después de 4 años de aplicación de la ley 975, cínicamente llamada de “Justicia y paz”, no hay una sola condena por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares y hoy la verdad se encuentra extraditada. La impunidad parece legitimada. Por ello tiene toda la razón el juez Baltazar Garzón, cuando recientemente señalaba que no se “puede anteponer un delito de narcotráfico contra uno de lesa humanidad”, en el reciente examen de dicha ley realizada por el Centro Toledo para la Paz. El deplorable balance de su aplicación, acompañada de la extradición de los principales ex comandantes paramilitares, se convierte así en el principal argumento político y jurídico a favor de la Corte Suprema de Justicia para insistir en la plena independencia que debe tener el nuevo Fiscal frente al Ejecutivo, como en su probada competencia en el área penal, pues el mismo alto comisionado para la paz, Frank Pearl, ha señalado que “este es el proceso de reparación más sofisticado del mundo”.

Una trinca en lugar de una terna

Con la reciente renuncia de la abogada Virginia Uribe y su remplazo por la abogada Margarita Leonor Cabello Blanco, la terna inicial del presidente Uribe queda de nuevo reducida a una persona, su verdadero candidato, Camilo Ospina, pues el magistrado del Consejo Estado, Marco Antonio Velilla, está tan distante del derecho penal y de la política criminal como la señora Cabello Blanco, experta en diversas áreas, excepto en derecho penal. Por el contrario, Camilo Ospina, ex ministro de Defensa, si está muy familiarizado con la política criminal, pues fue el autor de la fatídica Directiva 029 de dicho Ministerio, que reglamentó el pago de las recompensas a particulares por aquellas informaciones que permitieran la captura o baja de miembros de la guerrilla. Lo grave es que dicha circular tiene una relación directa de causalidad con las ejecuciones sumarias, mal llamadas “falsos positivos”, pues a partir de su aplicación ellas empezaron a aumentar exponencialmente. Incluso el entonces Fiscal General, Mario Iguarán, expresó que: “¿No será que el afán por el positivo y las ansias por la recompensa está generando estos graves y oscuros sucesos. Allí puede estar diciéndose que hay recompensas por $3.600.000 para cuando se trata de bajas y puede haber una interpretación infortunada que lleva a lo delincuencial”. Para concluir que la Directiva 029 configuraba “un delito de lesa humanidad y de ahí a la competencia de la Corte Penal Internacional”.

Por eso la improcedencia, por no decir que la impostura ética, política y hasta judicial de postular el presidente Uribe en dicha terna a Camilo Ospina. ¿Podrá Camilo Ospina ordenar la investigación por ejecuciones sumarias de jóvenes civiles inermes que, indirectamente, fueron víctimas de la Directiva 029 firmada por él como ministro de defensa? ¿Cómo puede entender la comunidad internacional, empezando por la ONU, que sea nombrado Fiscal General de la Nación, Camilo Ospina?

No hay que olvidar que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, no descartó que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales pueda intervenir la Corte Penal Internacional. Al respecto expresó: "Estamos observando y manteniendo un registro de ejecuciones extrajudiciales, y parece que es sistemática y difundida esta práctica". Dijo que la meta es que las autoridades nacionales investiguen y entreguen resultados, pero cuando un país no tiene la posibilidad o la voluntad de investigar, "en esa otra situación la CPI tendría autoridad para intervenir”.
Por todo lo anterior es que se puede concluir que la terna se convirtió en una trinca. Las tres acepciones que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es) describen perfectamente nuestra situación, pues trinca significa: “1f. Conjunto de tres cosas de una misma clase. 2. f. Conjunto de tres personas designadas para argüir recíprocamente en las oposiciones. 3. f. Grupo o pandilla reducida de amigos”.

Para eludir la coyunda de semejante trinca presidencial, la Corte Suprema de Justicia ha rechazado hasta la fecha la terna presentada por el presidente Uribe, señalando que no cumple con los requisitos de idoneidad e independencia que requiere ser Fiscal General de la Nación, entre cuyas funciones está, según el numeral 4 del artículo 251 de la Constitución Política: “Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto”. Por ello sería un absurdo y una claudicación de los magistrados de la Corte frente al Estado de derecho y la ética de los Derechos Humanos si ceden a la presión del Ejecutivo y nombran a Camilo Ospina como Fiscal General.

Entonces se estaría consumando, una vez más, la lúcida descripción de García Márquez sobre el sentido de la ley en nuestra cultura política y el ordenamiento jurídico: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Tal sería el panorama de la persecución del crimen con Camilo Ospina como Fiscal, una especie de reencarnación del inefable Camilo Osorio y su penumbroso e impune paso por la Fiscalía General de la Nación. De consumarse su nombramiento, será inevitable en el futuro la intervención de la Corte Penal Internacional para subsanar los casos más escandalosos e inadmisibles de impunidad. Entonces estaremos frente al mayor legado histórico de Uribe: el desmantelamiento y la impotencia del Estado Colombiano en todos los ámbitos, militarmente dependiente de Estados Unidos; económicamente empeñado al FMI y el Banco Mundial y judicialmente en manos de la Corte Penal Internacional o de la justicia norteamericana, ya saturada de extraditados. Pero para consumar semejante proeza, Uribe sabe que precisa de otros cuatro años más.