Agujeros negros en la política nacional.

AGUJEROS NEGROS EN LA POLÍTICA NACIONAL

(Abril 29 de 2019)

Hernando Llano Ángel.

Nuestra realidad política nacional es tan inverosímil que ella contiene no sólo un agujero negro, sino varios. Dichos agujeros son obra de sus más connotados protagonistas, cuya capacidad para inventarlos, eludirlos o negarlos está en relación directa con sus ejecutorias en el pasado. Entre esos agujeros negros, sobresalen el narcotráfico, la extradición, la violencia política y la corrupción. Según los astrofísicos, la principal característica de los agujeros negros es que poseen tal fuerza gravitacional, que ni siquiera la luz puede salir de ellos. Y esa parece ser también la principal característica de nuestra realidad política nacional. Cada día ella es más oscura e impenetrable, como lo está demostrando por estos días el debate en el Senado sobre las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP.  El vórtice de tal oscuridad es la relación entre el narcotráfico y la política, cuyo origen no se encuentra propiamente en nuestra constelación del sur, sino en la del norte que, bajo la presidencia de un oscuro y tenebroso personaje, Richard Nixon, le declaró la “guerra a las drogas”, como una cortina de humo para ocultar su fracasada y mentirosa guerra de Vietnam. Así lo reveló uno de sus principales asesores, John Ehrlichman, al salir de la cárcel por su implicación en Watergate, al periodista Dan Baum de Harper´s Magazine:  

"¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?", me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. "La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí".

Y desde entonces ese agujero negro no ha parado de atraer y devorar en su interior todo lo que encuentra y necesita para aumentar su tamaño, succionando violentamente lo que se oponga a su crecimiento insaciable. En nuestro caso, desde sus más aguerridos y honestos contradictores, tanto en la política, la justicia, la Fuerza Pública, el periodismo, la academia y los luchadores sociales, hasta la misma naturaleza, sometida a su deforestación y posterior fumigación con glifosato. Un agujero negro que contiene en su interior magnicidios, genocidios y ecocidios, sin que se detenga en su expansión, estimulado precisamente por el prohibicionismo, que cada día aumenta sideralmente las ganancias de los narcotraficantes.

Así las cosas, resulta que el agujero negro del narcotráfico es consubstancial a la misma existencia de la política, en cuyos límites se diluye y fusiona, como quedó plasmado en la ley 975 de 2005, promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Dicha ley, oficialmente denominada de “Justicia y Paz”, concertada con los grupos paramilitares en Santafé de Ralito, previa visita al Congreso de la República y promoción de la misma por su máximo comandante, Salvatore Mancuso, acompañado de Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Ramón Isaza, en el artículo 10.5  estableció que se podían acoger a ella todos los miembros de organizaciones armadas ilegales: “que no se hayan organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”.

Lo anterior consagró legalmente la mayor monstruosidad ética y política concebible, pues de todos era sabido que los grupos paramilitares desde sus orígenes, con los hermanos Castaño y posteriormente con don Berna, Macaco, Jorge 40, y demás pléyade de comandantes, estuvieron dedicados al narcotráfico, denominado por Mancuso “la chequera de la guerra”. Monstruosidad, puesto que la ley 975 lo que estableció es que, si dichos grupos masacraron, descuartizaron y desaparecieron miles de víctimas, podían beneficiarse de la ley 975, puesto que no se habían “organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”. Y entonces cuando sus comandantes en las versiones libres, para acogerse a la alternatividad penal favorable, empezaron a revelar sus alianzas criminales con un número apreciable de congresistas de la coalición gubernamental uribista, inmediatamente fueron extraditados por “narcotraficantes”. Y con ellos la verdad también fue extraditada. Sobre todo, aquella que todavía deben al país y a los cientos de miles de víctimas que causaron. Quizá por ello, ahora de nuevo el senador Uribe y su bancada están tan interesados en que se continúe extraditando, pues temen que empiece a salir algo más de luz de semejante agujero negro, y se conozca la responsabilidad de las “otras personas” en el conflicto armado, como los miembros de la Fuerza Pública y los particulares afines a las Convivir y su posterior mutación criminal en grupos paramilitares. Sin duda, la extradición no es sólo sustracción de soberanía judicial, sino sobre todo miedo a la verdad e impunidad genuina para las incontables víctimas del conflicto armado, como ha sucedido hasta ahora con los paramilitares extraditados. Por eso las objeciones presidenciales son objeciones para la conveniencia del Centro Democrático y su “presidente eterno”, hábilmente disfrazadas de inconveniencia nacional y deben ser negadas en su totalidad por el Senado.

Justo Es Perdonar (JEP)

Justo Es Perdonar.

(JEP)

(abril 15 de 2019)

                

Hernando Llano Ángel.

Y necesario, no solo durante semana santa, sino en todo momento. De lo contrario, permaneceremos atados al rencor por el resto de nuestras vidas. Y del rencor al odio hay menos de un paso, como lo demuestran todos los días en nuestra sociedad connotados líderes políticos que, lamentablemente lo son, porque encarnan y expresan sin límites ese funesto sentimiento que alberga en el corazón de millones de colombianos. Un sentimiento de odio que los puede validar, llegado el momento, a ejercer la violencia con la mejor buena conciencia, sin remordimiento alguno, puesto que su líder lo expresó sin rodeos en un par de trinos contra la Minga Indígena y Campesina por persistir en el bloqueo de la vía panamericana:

“El dilema no es masacrar o firmar, el dilema es autoridad, sensata, firme, que se sienta, con criterio social o seguir generando malos precedentes que no permitirán voltear la página”.

“Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.

No deja de ser curioso que estos consejos sobre el ejercicio de la violencia por parte de la “autoridad serena” estén en abierta contradicción con el número 33 del Manifiesto Democrático, plataforma programática que llevo a Uribe la Presidencia en el 2002, donde escribió:

 “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.

La anterior flagrante contradicción con sus recientes trinos, bien podríamos llamarla la argucia mortal de la razón autoritaria, pues con amarga ironía ella misma termina convertida en terrorismo estatal, como se deduce de su impecable e implacable silogismo. Paradoja criminal de esa “inteligencia superior”.

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”

Ojalá en esta semana santa el presidente Duque escuche con atención la prédica de Jesús de Nazaret y su maravilloso legado del perdón, que pronunció desde la agonía de su crucifixión: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, dirigidas a quienes precisamente descargaban “violencia y terror” sobre su lacerado cuerpo. De lo contrario, si atiende los consejos de su “presidente eterno” en el ejercicio de la “autoridad serena” y desoye los de Jesús de Nazaret, tendrá que cargar con toda la responsabilidad de haber actuado como jefe de un “Estado terrorista”, además de su eterno remordimiento de conciencia por no haber comprendido el mensaje político más valioso del cristianismo: la doctrina del perdón. Mensaje que comprendieron perfectamente estadistas de la talla de Gandhi y Mandela. Este último, después de haber pasado más de 40 años tras las rejas, afirmó: “El perdón no cambia nada del pasado, pero si el futuro de una Nación”. Lamentablemente el presidente Duque con sus objeciones a la JEP parece no haber entendido nada sobre la justicia y el perdón en sociedades desgarradas por la violencia y el odio. Porque en la JEP no se trata tanto de perdonar a los principales responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, puesto que sus penas serán menores, entre cinco y ocho años, solo si aportan verdad y reparación a sus incontables víctimas. De no hacerlo, deberán pagar por lo menos 20 años de cárcel.

“Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra”.

Pero para comprender y aceptar lo anterior se necesita dejar de odiar. Pero sobre todo dejar de pensar y utilizar a la justicia como una forma de “venganza civilizada”, que ejercen los “buenos” contra los “malos” o “la autoridad serena” contra los “violentos terroristas”. Una justicia punitiva sin horizonte de reconciliación. Y para esos “buenos y virtuosos”, también Jesús de Nazaret dejo formulada una pregunta, cuando iban a lapidar a la mujer supuestamente adultera: “Quién esté libre de pecado, que lance la primera piedra”. Seguramente no todos somos igualmente culpables o pecadores por la ignominia del conflicto armado interno y las diversas formas de violencia que aún padecen miles de víctimas. Pero sin duda, a todos nos cabe alguna responsabilidad por nuestra indolencia y pasividad, frente a tanta injusticia e iniquidad. Especialmente a quienes todavía se dejan manipular por el odio y la soberbia de unos pocos, que temen asumir sus responsabilidades en el ejercicio de “la autoridad serena” y ahora legislan recomendado “masacrar con criterio social”, como en el pasado lo hicieron con los mal llamados “falsos positivos”, cuyo número preciso de jóvenes de estratos populares asesinados todavía desconocemos y es competencia de la JEP esclarecerlo. Justo es perdonar, pero conociendo la verdad y a todos los responsables de la injusticia perpetrada, para así jamás olvidar y en algo reparar a las víctimas.

Alcance de la JEP

Ya que la justicia, cuando debe afrontar la investigación de cientos de miles de asesinatos, de millones de desplazados y despojados de sus tierras, de miles de secuestrados, “falsos positivos” y desaparecidos, jamás podrá sancionar a todos los responsables, sino fundamentalmente a los principales determinadores y protagonistas de tales crímenes. A quienes ejercieron el mando y ordenaron las atrocidades cometidas, ya sea en la insurgencia o desde el Estado, y no las evitaron por omisión o complicidad con los directos perpetradores. Y, en estos casos, se le presenta a la justicia una insuperable paradoja, que expresó así Hannah Arendt, frente al castigo de la cúpula nazista: “Es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”. De allí que el perdón sea precisamente sobre lo imperdonable, como lo precisó Derrida, y como concluyó la pensadora judía: “perdonar es la única reacción que no reactúa simplemente, sino que actúa de nuevo y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la provocó y por lo tanto libre de sus consecuencias, lo mismo quien perdona que aquel que es perdonado. La libertad contenida en la doctrina de Jesús sobre el perdón es liberarse de la venganza, que incluye tanto al agente como al paciente en el inexorable automatismo del proceso de la acción, que por sí misma nunca necesita finalizar» (La Condición Humana, p.260)

Iván Duque: Objetor y procrastinador.

IVÁN DUQUE: PRESIDENTE OBJETOR Y PROCRASTINADOR

Hernando Llano Ángel.

La primera responsabilidad de un buen gobernante es reconocer la realidad, no objetarla y mucho menos rechazarla. La segunda, afrontarla y no postergarla. Y el presidente Duque parece estar empeñado en eludir esas dos responsabilidades. Tanto en relación con la sanción de la ley estatutaria de la JEP, como con su impostergable presencia en el Cauca para que se levante el lesivo bloqueo de la panamericana por parte de la Minga indígena. Lo más grave de lo anterior, es que no parece ser un asunto personal, sino más bien una tendencia institucional y social. Casi que un sello distintivo de su estilo de gobierno y un hábito mental de sus seguidores. Una tendencia que nos puede llevar a un escenario de ingobernabilidad parecido al de Venezuela. En el fondo, todas las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP se reducen a la negativa visceral del Centro Democrático y de su “inteligencia superior”, Álvaro Uribe Vélez, de reconocer y aceptar la participación política de los excomandantes de las FARC en el Congreso de la República. Basta leer lo consignado en “Bases de un Acuerdo Nacional de paz”, documento que contiene todas las modificaciones propuestas por el Centro Democrático al Acuerdo de Paz firmado en Cartagena, después de su lánguido triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 por apenas 53.894 votos y una mayoritaria abstención del 63%, que procrastinó la continuidad de la violencia y la guerra. 

Allí se lee, en el punto 3.5 referido al fin del conflicto: “Las curules especiales que se otorgarán por 8 años a las FARC en el Senado y la Cámara de Representantes, no podrán ser ocupadas por personas que hayan sido condenadas por Delitos de Lesa Humanidad o delitos graves”. Tal es el propósito real de las objeciones y los Actos Legislativos que anuncia Duque. En otras palabras, ganar en el Congreso lo que no se pudo ganar en el campo de batalla, haciendo trizas la JEP. La realidad que se obstina cerrilmente en reconocer y aceptar el Centro Democrático es que es preferible el debate político a la contienda armada. Que más valen las palabras que las balas. Que mejor son las urnas que las tumbas. Por eso la senadora Paloma Valencia llama “narcoterrorista” a Pablo Catatumbo, pues es incapaz de reconocerlo como un contendor y adversario político legítimo, al igual que los seguidores de Catatumbo la señalan de “paramilitar”. Así las cosas, el Congreso se parece cada vez más una trinchera de odios y no un foro para el debate democrático, el cual rápidamente puede derivar en un campo de batalla fatal.

De otra parte, no va a existir impunidad total, pues estos senadores y representantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común están sub judice, se encuentran bajo la jurisdicción de la JEP, en donde deben decir toda la verdad para reparar a sus innumerables víctimas y deberán pagar penas restrictivas de libertad entre 5 y 8 años, según las sentencias de la JEP. De lo contrario, si mienten y no reparan, podrán recibir hasta 20 años de cárcel. Pero como la gobernabilidad de Duque es la del Centro Democrático, y no la de un presidente que representa a todos los colombianos y honra el Acuerdo de Paz, además de cumplir el artículo 22 de la Constitución: “la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos”, entonces objeta la realidad y procrastina la firma de la ley estatutaria. Hasta que las deliberaciones y decisiones de los congresistas vuelvan a la Corte Constitucional, donde se ratificará la constitucionalidad de todo aquello que vanamente objetó. Pasará entonces a la historia como el primer presidente objetor y procrastinador que una Corte Constitucional obliga a sancionar una ley estatutaria. 

Todo ello, porque carece de gobernabilidad para consolidar una paz democrática y, por el contrario, está empeñado en imponer una gobernabilidad autocrática, en contravía de la realidad y el respeto de la legalidad, privilegiando así los intereses del Centro Democrático. Lo preocupante es que por estar procrastinando la urgencia de los acuerdos políticos con la Minga indígena  --como lo hizo torpemente con el movimiento de los estudiantes universitarios-- ahora lo termine alcanzado la imprudencia de la fuerza y caiga en la soberbia y la ceguera del dictador vecino que tanto fustiga. Más aún, cuando cuenta con un sonoro corifeo gremial, social y mediático que lo anima a que gobierne con mano firme y corazón rabioso. 

Sería un lamentable contagio de inmadurez presidencial que, ojalá no ocurra, para bien de todos, pero especialmente de los indígenas que ya se cansaron de tanto procrastinador presidencial. Llevan más de 500 años padeciendo como la historia y la política procrastina con sus vidas y sus sueños, a tal punto que ya varias comunidades están siendo alcanzadas y diezmadas por la muerte.

Duque hace trizas la realidad política y emula a Maduro.

Duque hace trizas la realidad política y emula a Maduro

Hernando Llano Ángel.

Durante su campaña presidencial, Iván Duque hizo celebre la expresión “Ni trizas, ni risas”, para referirse a su posición frente al Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc-Ep. Pero su proceder como presidente de la República nos está demostrando que pretende ir mucho más allá. Está intentando hacer trizas la realidad histórica, política y social de nuestro país. Y para ello, se está valiendo de la combinación más eficaz: la ignorancia, las pasiones y el fetichismo legal que embauca y deslumbra a millones de colombianos. Todo ello, adornado y ocultado tras una retórica plagada de eufemismos y un falso tono conciliador que ha polarizado la opinión. Intenta hacer trizas la realidad histórica, negando la existencia de un conflicto armado interno, invocando de nuevo la defensa de la democracia “más antigua y estable de latinoamérica”, apenas comparable a las exageraciones de Maduro en sus discursos sobre la “tradición republicana de Venezuela”, que condensa la Constitución Bolivariana.  

Duque, aprendiz de Maduro

Y lo está emulando rápidamente, desde la orilla opuesta de la ultraderecha, al desconocer la providencia de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP, aduciendo melifluamente que no se trata de un choque de trenes sino de la defensa de la “unidad de los colombianos”.  Con semejantes argucias, el poder ejecutivo desconoce la máxima instancia del poder judicial, la Corte Constitucional, supuestamente en defensa de la democracia. Hace casi 34 años fue destruido el Palacio de Justicia y sacrificado, junto a otros magistrados y un número impreciso de desaparecidos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, también en defensa de la “democracia”.  Hoy todavía retumba, como un eco mortífero, la famosa expresión: “manteniendo la democracia, maestro”, del entonces Teniente Coronel Plazas Vega, hoy reivindicado y exaltado por el
Centro Democrático como un un héroe nacional.

Son circunstancias y hechos muy distintos, pero la semejanza política es preocupante, pues la hecatombe del Palacio de Justicia significó el fracaso sangriento del proceso de paz con el M-19. Ojalá las objeciones y los Actos Legislativos anunciados por Duque para modificar el Acuerdo de Paz del Teatro Colón no signifiquen su muerte prematura y una nueva orgía de sangre con el sacrificio de un número inimaginable de civiles y la exaltación de más “héroes nacionales”.  Ya las cifras de las Naciones Unidas son alarmantes, en el 2018 fueron asesinados 110 líderes y defensores de derechos humanos en 24 departamentos y el número de masacres aumentó en 164% respecto a 2017, al pasar de 11 a 29 casos. De otra parte, han sido asesinados 85 excombatientes de las Farc[1]. Un panorama de violencia política que, lamentablemente, corre paralelo al de Venezuela, develando así la inmadurez sangrienta de nuestra magnificada “democracia”, casi con la misma edad de la venezolana, nacida en 1958 con el pacto de “Punto Fijo”, pero exhibiendo la nuestra cifras mucho más escandalosas y vergonzosas de víctimas mortales, superiores a 220.000 y con cerca de 8 millones de desplazados internos. Sin duda, la mayor crisis humanitaria del continente americano,  producto de un atroz conflicto armado interno que hoy se obstina en negar el Centro Democrático.

Más allá de las trizas, la ignominiosa mentira

De allí la osadía y gravedad de la política de Duque, pues no se trata solo de hacer trizas la paz, sino de algo mucho más insólito y absurdo, se trata de negar la misma realidad política e histórica de nuestro degradado conflicto interno. Por eso la necesidad de tres nuevos Actos Legislativos para borrar de plano el Acuerdo de Paz, pues como no existió conflicto armado, mucho menos era necesario un Acuerdo de Paz. Lo que se pretende cobrar ahora en los estrados judiciales es la victoria militar que no se alcanzó en los campos de batalla y que, por el número de víctimas y atrocidades, debería avergonzarnos a todos los colombianos. De paso, tampoco hubo víctimas civiles a manos de agentes de la Fuerza Pública, como los miles de “falsos positivos”, consecuencia de la Directiva 029 del ministerio de defensa[2] en desarrollo de la política de “Seguridad democrática”, ideada por una “inteligencia superior”, según la expresión laudatoria de José Obdulio Gaviria, para referirse al expresidente Uribe Vélez. Tampoco hubo pactos como los de Ralito y Chivolo entre destacados dirigentes políticos, aupados y promovidos por Uribe, con los comandantes de los grupos paramilitares, como el de su primo Mario Uribe con Salvatore Mancuso[3], y mucho menos alianzas y prósperos negocios con numerosos hacendados, empresarios y hasta magistrados como Gustavo Malo Pinilla, protegido y apoyado por la senadora Paloma Valencia[4]. Por ello, cuando los comandantes Paramilitares empezaron a decir la verdad sobre todo lo anterior, entonces fueron extraditados como peligrosos narcotraficantes y difamadores de la integridad y la honorabilidad de los copartidarios de Uribe. Y hasta el día de hoy esa verdad permanece extraditada. En fin, puesto que nada de eso sucedió, o se recuerda, ni hubo conflicto armado interno, no tiene sentido una Jurisdicción Especial de Paz, menos una Comisión de la Verdad y ni hablar de ese embeleco de siglas: SIJVRNR, Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición. ¿Para qué un director del Centro Nacional de Memoria Histórica si nada de eso existió?  Ya todos los colombianos de bien saben con absoluta certeza qué pasó y quiénes son los políticos impolutos, totalmente inocentes, así como los  empresarios exitosos y honestos –situados en el centro y sin ideologías de odio-- victimizados por una horda de narcoterroristas, “traficantes de derechos humanos”, políticos izquierdistas y jueces venales, simpatizantes del castrochavismo, auxiliadores y cómplices de dictaduras comunistas.

 Síganme los buenos ciudadanos

Tal es la realidad política que promueve con éxito ese joven cortes, con voz firme y hasta apellido aristocrático, tras el cual se oculta una intrincada maraña de intereses, ambiciones, prejuicios y odios, que teme sobre todo  que se develen las atroces verdades de su pasado inmediato y más lejano. Porque bien saben que quien gobierna el presente controla el pasado y escribe el futuro. Ese es el trasfondo de las objeciones y de los nuevos Actos Legislativos que presentará Duque al Congreso, todo ello acompañado de una puesta en escena tétrica que ya empezó, manipulando los sentimientos y exacerbando los odios, utilizando para ello la dignidad ultrajada de las víctimas más indefensas, la niñez abusada por el reclutamiento y la violencia sexual, en desarrollo del brutal combate entre las Farc y el Estado. De esta forma, estamos entrando en la fase más sórdida de la degradación ética, la instrumentalización política de las víctimas más frágiles, sometidas al escarnio del escándalo mediático, sin respeto alguno a su dignidad y dolor. Pero esa es una verdad electoralmente rentable y políticamente muy eficaz para deslegitimar totalmente al adversario. Pronto veremos un espectáculo repugnante, el concurso mediático entre la FARC y el CENTRO DEMOCRÁTICO, compitiendo y exhibiendo el número de víctimas que mutuamente se incriminan. Las redes sociales podrían colapsar de  víctimas, dolor, mentiras y odio sin límites.

Duque, fumigador y emprendedor

Y para completar semejante escenario de horror, se lo refuerza con la promoción de otra política que merece el aplauso y estímulo de la galería y del más grande y peligroso impostor político del mundo, Donald Trump: hay que fumigar con glifosato la portentosa biodiversidad de nuestros bosques y la precaria salud y vida de miles de campesinos marginados. Ya Fernando Londoño, desde su editorial del programa radial “La hora de la verdad”, clama: “Glifosato, pero a la lata (…) que llueva glifosato sobre los campos”. No importa que el glifosato cause graves daños a la salud de las campesinas embarazadas y que sus hijos nazcan con deformaciones, enfermedades y limitaciones insuperables. Esa violencia contra la niñez campesina se oculta bien, no causa escándalo y nadie es responsable, así sea una política estatal promovida desde la Presidencia. Poco le importa a Duque que corra el riesgo de causar un irreversible ecocidio, pues le asiste la encomiable intención de derrotar a los narcoterroristas, y menos si se suma a la lista infame de maltratadores y violadores de la salud, la dignidad y el futuro de la niñez campesina[5]. Tampoco parece importarle mucho las consecuencias del fracking,  pues se hará con mucho cuidado, para el bienestar de todos los colombianos. Sin duda, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pero la mayoría de colombianos ya no soportamos más seguir viviendo en este celestial infierno, así no seamos tan virtuosos como quienes hoy  nos gobiernan y cuestionemos su obsesión por salvarnos de los narcoterroristas, violadores de niños y castrochavistas, sometiéndonos eternamente a las llamas de la guerra, las mentiras maniqueas de sus políticas de odio y su justicia revanchista, para de paso eludir cínicamente sus responsabilidades históricas ante miles de víctimas. Por todo lo anterior, hoy el nombre de la justicia es la verdad, la memoria y la dignidad de todas las víctimas: las del campo y la ciudad, las desplazadas y las exiliadas, las muy pobres y muy rica, las notables y sin nombre. Por eso la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de los desaparecidos son un derecho y una responsabilidad de la mayoría de los colombianos, si queremos algún día vivir en paz y mirarnos de frente sin vergüenza y culpa alguna, al no haber aceptado por más tiempo ser cómplices pasivos o activos de tanta mentira, ignominia e impunidad. Sólo las verdades de las víctimas –por duras y atroces que sean-- y la plena asunción de responsabilidades por parte de todos sus victimarios –sin excepciones, justificaciones y subterfugios-- nos podrán reconciliar con nuestro pasado y tener un horizonte de convivencia pacífica, sin más vengadores irredentos, gracias a una justicia restauradora y reparadora, situada más allá del castigo y del ajuste de cuentas revanchista.

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[1] https://colombia2020.elespectador.com/pais/las-9-preocupaciones-de-la-onu-sobre-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz

2- https://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo87344-directiva-ministerial-029-de-2005

3- https://verdadabierta.com/uribe-llego-a-la-presidencia-con-el-apoyo-de-los-paras/

[4] - http://caracol.com.co/radio/2018/11/20/politica/1542738288_933071.html

[5]http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/malformaciones_congenitas_y_agroquimicos.pdf

TRUMP, DUQUE, GUAIDÓ Y MADURO ¿CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS?

TRUMP, DUQUE, GUAIDÓ Y MADURO ¿CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS?

(Febrero 20 de 2019)

Hernando Llano Ángel.

Sin duda, la elocuencia y la seguridad son dotes que despliega el presidente Duque en sus intervenciones públicas, más allá de las ayudas técnicas que lo asistan. A tal punto que parece estar actuando, casi leyendo un libreto, como si estuviera representando un papel para el que se siente predestinado. Un papel tanto más trascendental cuanto que es intemporal, ya que pretende abarcar el pasado, el presente y el futuro. Lo grave es que lo hace con tal arrogancia y una convicción tan absoluta de poseer la verdad, que incluso no depara en reescribir la historia, como cuando atribuyó a los Padres Fundadores de la República norteamericana una influencia directa en la gesta de nuestra independencia, que en realidad nunca existió.

Más que a una sobreestimación del papel de los Padres Fundadores en nuestro pasado, lo que es verdaderamente vergonzoso y preocupante para nuestro presente y futuro es su admiración y postración frente Trump, quien hoy desafía y hace trizas con su prepotencia y soberbia el legado más valioso de los Padres Fundadores: la primera constitución republicana de la modernidad. Lejos de ser Trump un estadista, su comportamiento es el de un chantajista en la arena internacional que en forma irresponsable abre de nuevo la Caja de Pandora de la guerra comercial y la carrera nuclear armamentista, cuyas consecuencias pueden ser fatalmente irreversibles para toda la humanidad. Y como si lo anterior fuera poco, ahora desafía a su propio Congreso, echando mano a la declaratoria de “Emergencia Nacional”, para construir el muro de la segregación y la persecución contra la población latina, so pretexto de combatir una inminente invasión de peligrosos delincuentes y narcotraficantes que ponen en riesgo la “seguridad nacional”.

¿Los cuatro jinetes del Apocalipsis?

Sin lugar a dudas, la mayor posverdad o Falsa Noticia de nuestros días es el liderazgo democrático que se arroga Trump y que sumisamente emula Duque, como un leal Boy Scout y un bufón colonial, incapaz siquiera de rechazar la estratagema y el tinglado belicista de enviar 5.000 tropas a nuestro territorio. Con semejantes argucias fatales ambos dicen promover la democracia en la arena internacional, compitiendo así con Maduro en cinismo y desparpajo cuando éste afirma que defiende y promueve el socialismo del siglo XXI y la soberanía del pueblo venezolano. Tal escenario de impostores y farsantes que se disputan en forma tragicómica el rol de estadistas demócratas y de líder socialista está bien para una exitosa serie de Netflix, pero no para contar con el apoyo de millones de ingenuos “ciudadanos de bien” y de “nostálgicos anti-imperialistas”, que los aúpan en sus aventuras de mercaderes de la muerte. Lo que está en juego no es la democracia, sino la mercadocracia del petróleo y el dominio geopolítico de la región, ya no sólo por Estados Unidos sino también por Rusia y China. Esa es la encrucijada histórica ante la que nos encontramos. Lo más grave es que sus protagonistas no son estadistas. Cada día se parecen más a los cuatro jinetes del Apocalipsis: la conquista, la guerra, el hambre y la muerte.  Y todos juegan a ella con cartas marcadas, Trump con la “ayuda humanitaria; Duque con “el cerco diplomático”; Guaidó con la “transición democrática” y Maduro con la “soberanía nacional y el socialismo”, que pronto será: “Patria Libre o Morir”.

Ojalá esta tragicomedia termine en una vulgar transacción de poder, negocios e impunidad, bajo el espejismo de “elecciones libres y transparentes” y no en una epopeya, sangrienta y cínica, denominada “intervención humanitaria”. Intervención que seguro contará con el sacrificio de miles de “heroicos ciudadanos” inmolados por la codicia, la vanidad y la criminalidad de quienes se autoproclaman estadistas y demócratas. Sin embargo, en la realidad representan, respectivamente, los papeles de un autócrata payaso imperial; un fiel bufón colonial; un valioso alfil político en el ajedrez geopolítico “interméstico”[1] y un cleptócrata criminal, cómplice de una corrupta cúpula militar. Cúpula  que todavía lo respalda y está a punto de enajenar a terceros las mayores reservas petrolíferas del planeta, degradando así un sueño de justicia social en una tragicomedia infernal, con un telón de fondo musical, en el mejor de los casos, o con pozos ardiendo como en Irak, en el más apocalíptico  de los escenarios                     .

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[1] Pues la crisis venezolana es tanto de orden doméstica como internacional y sólo se resolverá cuando las fuerzas y los intereses en conflicto, en ambos ámbitos, lo decidan por negociación o imposición.

"Un callejón con salida"

“UN CALLEJÓN CON SALIDA”

Hernando Llano Ángel

Tal pareciera que las posiciones antagónicas entre el Gobierno nacional y el ELN nos han conducido a un callejón sin salida. Un callejón en el que ambos están atrapados, paradójicamente, porque pretenden convertir el Derecho en su principal arma de guerra para imponerse sobre el contrario, derrotarlo y someterlo. Por parte del ELN, invocando incluso el DIH en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, como una “respuesta lícita” a los ataques realizados por la Fuerza Pública contra sus campamentos en el mes de diciembre, no obstante haber decretado y cumplido el ELN un cese al fuego unilateral por las fiestas navideñas hasta la primera semana de este año.  Y ahora, el Gobierno nacional también invoca su Derecho soberano a desconocer el protocolo suscrito por el anterior gobierno con los Estados garantes, en el evento de ruptura de las conversaciones con el ELN, y solicita a Cuba la captura y extradición de sus comandantes por terroristas. Ambos hacen del Derecho una lanza para el combate y la derrota del contrario y no un escudo para la protección de la vida, la libertad y la seguridad de todos, como es el espíritu del DIH y de toda Constitución Política.

En el principio, está la política

Más allá de todos los argumentos legales, incluido el comunicado  --que no Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-- donde demanda  a “todos los Estados a que, de conformidad con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, cooperen activamente con el Gobierno de Colombia y con todas las demás autoridades competentes a llevar ante la justicia a los autores, organizadores, y financiadores de estos condenables actos de terrorismo”, el presidente Duque y sus asesores, empezando por su Alto Comisionado para la Pax[1], deberían reconocer el principio de realidad según el cual la existencia de conflictos crónicos y arraigados en el pasado, como el del ELN, nunca se han resuelto  jurídicamente, con la fuerza del derecho, sino políticamente, con la creatividad y la flexibilidad de los acuerdos, después de largas, difíciles y complejas conversaciones entre las partes históricamente enfrentadas.

Precisamente el Acuerdo del Teatro Colón, entre el Estado colombiano y las FARC-EP, es el más reciente y mejor ejemplo de ello, motivo por el cual sigue contando con todo el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y lo exhibe con orgullo como su mayor éxito en el terreno de la diplomacia internacional. Es más, el mismo Consejo de Seguridad, promueve desde 2015 mediante la Resolución 2554 la mediación de su enviado especial, el señor Staffa de Mistura en la guerra siria, buscando una salida política al conflicto que en la actualidad tiene los niveles más degradados de terrorismo en el mundo, sin incurrir en el absurdo de subordinar su intervención a la entrega de Bashar al Assad, como determinador y autor de los mismos, ante la Corte Penal Internacional.  Simplemente porque la “paz con legalidad” sólo se logra al final de un conflicto armado y no puede ser una condición inmodificable e inamovible para iniciar conversaciones con una organización ilegal y rebelde, que incurre frecuentemente en actos terroristas. Por eso, conviene recordarle al presidente Duque y su Comisionado para la Pax, que fue el mismo senador Álvaro Uribe Vélez, quien después del triunfo del No en el plebiscito, en el primer comunicado de celebración, expresó:

Compatriotas: El sentimiento de los colombianos que votaron por el Sí, de quienes se abstuvieron y los sentimientos y razones de quienes votamos por el No, tienen un elemento común: todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le de protección a la FARC  (sic) y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión. Señores de la FARC: contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad. 

Bien podría haber exigido Uribe, con esa exigua mayoría de apenas 53.894 votos, no cumplir el Acuerdo de paz firmado en Cartagena con esa organización “narcoterrorista”, y forzar al presidente Santos para que demandara a Cuba la captura y extradición del Secretariado de las FARC. Afortunadamente, entonces se impuso la sensatez política y el principio de realidad, sobre el fundamentalismo legal, el maniqueísmo moral y el pírrico triunfo electoral. Ello permitió, entre otras cosas, que la tasa de homicidios descendiera en los dos siguientes años a los niveles más bajos de los últimos 40 y no se presentarán atentados de las dimensiones horripilantes como el de la Escuela de cadetes General Santander. Aunque ahora el mismo senador Uribe, tergiversando por completo la realidad, haya escrito el ominoso y mentiroso trino: “Que grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo”.

Lamentablemente los hechos están demostrando lo contrario, ha sido la incapacidad del Estado y la falta de voluntad política de sus gobernantes en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente en el campo, lo que está permitiendo el resurgimiento de un terrorismo difuso e impune que ya ha cobrado la vida de más de 400 líderes sociales y defensores de derechos humanos y cerca de 80 desmovilizados de las FARC-EP. Y, para completar tan deplorable y doloroso cuadro, ahora hace su aparición la forma más cínica y letal del terrorismo, aquella que apela al DIH y los DDHH para justificar y “legitimar” una nueva guerra, que estamos viendo como empieza, pero no sabemos cómo ni cuándo terminará, aunque tenemos la certeza que el mayor número de víctimas serán civiles, como lo fueron el 80% de las víctimas mortales que nos dejó el conflicto armado interno entre 1958 y 2013, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/).

Una salida política

Por todo lo anterior, hay que buscarle una salida al callejón, y ella podría empezar por cambiar el ultimátum legal por uno político, y exigirle al ELN la liberación inmediata de todos los secuestrados con el concurso del CICR y el cese de todas las formas de criminalidad por un período razonable de al menos tres meses, contando para ello con el acompañamiento y la verificación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, replicando así la experiencia de concentración de las FARC-EP en las Zonas Veredales de Transición, que bien  garantizaron la seguridad y tranquilidad demandada por el senador Uribe a todas las partes. Entonces, allí sí procedería la iniciación de la mesa de conversaciones en Cuba o en un lugar de territorio colombiano, mutuamente definido entre el Gobierno nacional y el COCE del ELN. Quizá ensayando propuestas similares, liberadas del fardo del legalismo, se pueda abrir el callejón y encontrar una salida política al mismo. Al respecto, convendría que Miguel Ceballos, como Alto Comisionado para la Pax, tuviera en cuenta las claves de Christopher R. Mitchell para el tratamiento de conflictos crónicos e intratables, cuando advierte que no se debe caer en tres graves errores:

1-      El de los “Derechos contrapuestos”, pues cada parte reclama con intransigencia “tener razón acerca de la importancia superior de sus derechos”.

2-       “Evitar las etiquetas adheridas” que deslegitiman totalmente al contrario y “dejar que las palabras y los símbolos se decidan más tarde.”

3-       Evitar aplicar soluciones al “conflicto fabricadas por otros”. [2]

Claves también plenamente exigibles al ELN, pues además de cometer los anteriores errores, ha sumado a ellos el horror del reciente atentado, fortaleciendo y estimulando así el belicismo revanchista del gobierno, revestido de fundamentalismo legal, como la fórmula por excelencia para derrotar a los terroristas y poner fin al conflicto. Fórmula fabricada y aplicada por Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo, con los resultados que hoy todo el mundo padece y lamenta. Al respecto, hoy el enviado especial de Trump informa que ha “logrado un principio de acuerdo de paz” con los Talibanes en Afganistán[3], después de 17 largos años de combate infructuoso con cientos de miles de víctimas civiles, para poner fin a la sangrienta y fracasada “guerra contra el terrorismo”, iniciada por Georges W Bush en el 2001, bajo la criminal y mentirosa consigna de que “con los terroristas no se negocia”.

(enero 29 de 2019).       

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[1]  Pax Romana, pues Ceballos no actúa buscando la paz política concertada, sino la impuesta por sometimiento judicial y/o militar, que desembocará en una escalada de terror imprevisible.

[2] Mitchell, Christopher R, Conflictos intratables: Claves de tratamiento. Gernika Gogoratuz, documento 10, Bizkaia, 1997.

[3] https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/estados-unidos-y-talibanes-logran-principio-de-acuerdo-de-paz-en-afganistan-articulo-836489.

Más allá del terror, contra el terrorismo.

Más allá del terror, contra el terrorismo.

                                                                                                                                                       Hernando Llano Ángel.

Más allá del sufrimiento y el repudio que nos causa el horripilante atentado contra la Escuela Nacional de Cadetes, General Santander, reivindicado por el ELN, está el aturdimiento moral y colectivo al que nos puede conducir. Porque lo que ha explotado y vuelto añicos la vida y los sueños de más de 20 jóvenes en formación, justamente para proteger la vida y las libertades públicas de todos, no puede marcar nuevamente el ascenso incontrolable de la violencia y la brutalidad, con su sangrienta e irreversible estela de más víctimas. Ese sería el triunfo del terror y la muerte, sobre los cuerpos y la memoria de los jóvenes sacrificados, quienes se formaban precisamente para proteger la vida y la libertad contra esa violencia aleatoria, arbitraria y criminal.

Sin duda, dicha acción aturde, nubla y enturbia el juicio político. Literalmente lo dinamita y vuelve añicos. Es más, lo desplaza progresivamente de la deliberación pública y su lugar va siendo ocupado por el juicio moral de gobernantes firmes al frente de millones de buenos ciudadanos airados que, de la noche a la mañana, están de acuerdo que con los terroristas no se negocia, pues deben ser aniquilados, sin miramiento alguno, en una guerra sin cuartel.

Y esta es una historia conocida por todos, pero que no sobra recordar. Ocurridos los ataques del 11 de septiembre de 2001, con cerca de 3.016 víctimas mortales, el presidente norteamericano Georges W Bush declaró la primera guerra del siglo XXI, la guerra contra el terrorismo. Transcurridos casi 18 años, hoy el terrorismo es ubicuo, se ha diseminado y estalla en los cinco continentes, casi ningún lugar está a salvo de su mortal y aleatoria presencia. Y, no obstante lo anterior, quienes conducen esa guerra –al igual que la guerra contra el narcotráfico— se ufanan de su victoria, contra toda la mortal evidencia que nos demuestra su fracaso[1]. Esas “victorias” son las dos más falsas noticias de nuestros días. La persecución y aniquilación de los responsables de esas tres mil víctimas en suelo norteamericano ha cobrado la vida de cientos de miles de personas y la diáspora por Europa y el mundo de más de tres millones de personas. La mayoría de las víctimas son civiles inermes e inocentes, en naciones como Afganistán, Irak, y Siria, producto de bombardeos indiscriminados contra niños y ancianos, dejando sólo devastación y miseria.

A tales extremos conduce la guerra contra el terrorismo y todavía es incierto el día de su culminación. Pero a esta altura la conclusión es obvia, el terror engendra y reproduce el terrorismo. Por ello, no hay terrorismo más temible y letal que el de los puros y virtuosos gobernantes y ciudadanos amantes de la ley y el orden   --a los que subordinan la vida misma-- imbuidos de una superioridad moral tal que les impide hablar y llegar a eventuales acuerdos con el contrario, puesto que con los “terroristas no se negocia”, ya que carecen de humanidad[2]. Sólo merecen la aniquilación. Y así quedamos todos en manos de los fundamentalistas del terror, obcecados en eliminar al otro al precio de nuestra propia eliminación.

Para no extraviarnos en ese laberinto del terror, deberíamos sentir con igual intensidad el asesinato en los últimos dos años de más de 400 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, como ahora sentimos cientos de miles de personas el asesinato de los jóvenes policías, cuya formación precisamente tenía como finalidad garantizar a todos los derechos humanos. De esta forma empezaríamos a superar ese mortal maniqueísmo, según el cual hay una violencia buena y justa -casi siempre afín con nuestros intereses y semejantes— y otra totalmente mala e injusta, que es la de los terroristas. Entonces repudiaríamos con igual intensidad y firmeza ambas violencias, tanto la que aniquila a los líderes sociales como la que asesina a jóvenes cadetes, sin pretender justificar y mucho menos legitimar ninguna de las dos.

Por eso el mayor peligro que ahora se cierne en esta nueva cruzada contra el terrorismo, es precisamente que ella no tenga límites y desconozca la existencia de fronteras y acuerdos, como el protocolo de negociación con el ELN firmado entre los Estados de Colombia y Cuba. Porque no faltaran las voces de quienes alienten la persecución en caliente contra los terroristas, que buscarán refugio en Venezuela, cuyo gobierno actual no es reconocido como legítimo. Entonces querrán matar dos pájaros de un tiro, la dictadura y el terrorismo. Obviamente, sin ellos correr riesgo personal alguno, puesto que ambos bandos disponen de suficiente carne de cañón joven para sacrificar. Poco importa los daños colaterales de las víctimas civiles, ya que se trata de defender “la democracia contra la dictadura”, en fin, la lucha interminable del “bien contra el mal”.

Para no provocar semejante catástrofe, deberíamos mirarnos al espejo y reconocer el rostro desfigurado y sangrante de las más de 220.000 víctimas mortales que nos ha dejado el conflicto armado desde 1958, fecha en la que nació nuestra presuntuosa “democracia”, la más violenta y estable del continente en la generación de crisis humanitarias con sus cerca de 8 millones de desplazados y desarraigados internos. Mejor sería continuar forjando entre todos una auténtica democracia, sin más víctimas, verdugos y vengadores ejemplares, que no precise de tantos héroes y sí de mucha más ciudadanía, donde la política deje de ser una práctica corrupta, sepultada y ocultada por la guerra, pues el fuego y la sangre nos impedirán ver Odebrecht y demás negociados.

En fin, una democracia donde la palabra honrada y la vida predominen sobre la retórica belicista y la muerte, que hoy promueven con sus acciones tanto el ELN como el gobierno de Duque. Para vencer el terror hay que ir más allá del terrorismo y volver a la política, cumpliendo el artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, en lugar de asediarla y ahogarla en el fangoso, sangriento y doloroso campo de la guerra, del cual apenas empezamos a salir. No permitamos que la obsesión por la legalidad de Duque nos lleve al terror de la ilegalidad y que la obsesión por la revolución del ELN nos conduzca al laberinto del terror, donde los civiles corremos el riesgo de morir secuestrados y vivir atemorizados.

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[1] "Mediante cualquier evaluación objetiva, la guerra contra el terror ha sido un absoluto desastre y no ha logrado sus objetivos más esenciales", señala Richard Jackson, profesor y director de la revista Critical Studies on Terrorism. "No ha logrado erradicar ni tampoco reducir los niveles de terrorismo en el mundo. De hecho, si vemos las estadísticas, el aumento de los ataques terroristas en el mundo ha coincidido con el periodo de la guerra contra el terror, lo que sugiere que es una profecía autocumplida (una predicción que en sí misma es la causa de que se haga realidad.(https://www.eldiario.es/internacional/guerra-terror-cumple-cerca-victoria_0_812969326.html)

[2] Amos Oz, el escritor israelí recientemente fallecido, en su conferencia “¿Cómo curar a un fanático?”, nos advierte lucidamente: “Digo que la semilla del fanatismo siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo”.

Los escándalos, los negocios y la guerra.

 Hernando Llano

 Conflicto, Drogas y Paz

 03 Diciembre 2018

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Los escándalos, los negocios y la guerra: ¿hasta dónde llegará la corrupción?

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Una denuncia indignante y un llamado altivo a la ciudadanía. Repaso fidedigno de las cosas que están sucediendo y que involucran inclusive al presidente Duque y a su rival Gustavo Petro.

Hernando Llano Ángel*

La guerra como suprema corrupción

La guerra es la máxima corrupción de la política, pues ella eleva la violencia y la muerte al pedestal histórico de la gloria y la victoria. La guerra convierte en héroes a quienes mueren combatiendo, como si la negación de la vida de los otros y la ofrenda de la propia fueran una proeza digna de imitar.

Por eso las sociedades acaban por celebrar esa ética de destrucción física del enemigo, desconociendo de plano la condición humana del adversario, convirtiéndole en un objetivo militar que debe ser aniquilado.

Entonces se mata con la mejor buena conciencia. Unos en nombre de la libertad y la seguridad. Otros en nombre de la justicia y la revolución.

Nunca faltarán banderas para adornar el crimen: la Patria, la democracia, el socialismo y la misma dignidad humana. Así las cosas, cuando vivimos en sociedades que se debaten entre la guerra y la paz, nuestra sensibilidad moral se atrofia y acabamos por acostumbrarnos al odio y la revancha, la sangre y la muerte.

La justicia es venganza, en el mejor de los casos cárcel y humillación.

La mayoría se vuelve indiferente y la empatía desaparece. Algunos dicen que lo anterior es simplemente “resiliencia” y hacen de ella una bandera política, cuando en realidad es indolencia criminal y moralmente inaceptable. Pero así sucedió a raíz del plebiscito por la paz, cuando el 63 por ciento de los colombianos habilitados para votar no lo hicieron.

Entonces asistimos a la derrota de un Acuerdo, pero ante todo asistimos a la derrota de nuestra propia condición y sensibilidad humanas, de nuestra capacidad para reconocernos como ciudadanos y colombianos con iguales responsabilidades y derechos para convivir en paz. Fue una vergüenza nacional, todavía mayor para quienes hoy reclaman con orgullo y vehemencia el triunfo del no.

Cambalache ético    

Odebrecht en Colombia.  Foto: Procuraduría General de la Nación

Por todo lo anterior, el debate ético entre nosotros es tan difícil y absurdo.

Carecemos de una semántica común y no podemos entendernos. A tal punto que algunos llaman retención al secuestro y “falsos positivos” al asesinato. Incluso los autócratas, como Uribe, se autodenominan demócratas y los liberticidas, como el ELN, revolucionarios.

Ni hablar de lo que acontece en la política internacional, donde Trump y Putin se estrechan la mano, posando de estadistas, cuando no pasan de ser vulgares chantajistas, respaldados por su arsenal nuclear.

Nunca faltarán banderas para adornar el crimen: la Patria, la democracia, el socialismo y la misma dignidad humana.

Por ello nos resulta casi imposible distinguir entre la derecha y la izquierda. Los más astutos se reclaman por fuera de la izquierda o la derecha y se ubican en un supuesto centro radical, posando de demócratas, ajenos a toda “ideología”, excepto la de su propio cinismo y su oportunismo político.

Vivimos como en cambalache: “Revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo todos manoseaos”.

Odebrecht y asociados

Por eso no debe extrañarnos que empresas como Odebrecht, cuya misión principal es la construcción de megaobras públicas, haya acabado siendo la empresa internacional con mayor capacidad para minar y destruir las instituciones públicas en América Latina.

Puede leer: Odebrecht, caso emblemático de corrupción.

Tampoco debe extrañarnos que Odebrecht se haya asociado con AVAL, el más voraz de los grupos financieros en Colombia, para esquilmar impunemente nuestro ya flaco erario y celebrar transacciones con cláusula de confidencialidad.

Un contrato en el cual AVAL fue asesorado por un abogado cuyas iniciales NHMN revelan su verdadera identidad y profesión: “No Hay Moral Ninguna” en sus actuaciones, más allá de la del hábil leguleyo “para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo”.

En efecto, Néstor Humberto Martínez Neira, es ese leguleyo de mano maestra a quien se refería Gabriel García Márquez en su proclama “Por un país al alcance de los niños”: “entre nosotros cohabitan de la manera más arbitraria la justicia y la impunidad”. Por eso está al frente de la Fiscalía General de la Nación.

Esa cohabitación ha pasado de ser un asunto personal para convertirse en institucional, estructural y global. Comenzando por la cohabitación entre el sector financiero y el crimen organizado, que es quizás la más vieja y la más sofisticada. Entre nosotros, mediante el lavado de activos procedentes del narcotráfico, como han sido los casos emblemáticos del Banco de Occidente, casa matriz del grupo AVAL, y el Banco de Colombia, de donde salieron millones de pesos del célebre proceso 8.000 con destino a la campaña presidencial de Samper.

Tras el horror y el hedor que nos dejó la guerra sin cuartel entre el Estado y las FARC donde la inmensa mayoría de los muertos no fueron combatientes —y un conflicto del cual desconocemos la mayor parte de negociados y enriquecimientos ilícitos entre elites guerrilleras, empresariales y militares— tal vez lo único nuevo que estamos presenciando es que se esté corriendo el velo de la corrupción entre empresarios, banqueros y la cúpula de la política nacional.

Puede leer:  De acusadores a acusados: Néstor H. Martínez y sus antecesores.

Presidentes políticamente implicados y éticamente inhabilitados

Por eso ha llegado la hora de los escándalos, las verdades y las incompatibilidades inocultables que señalan al poder presidencial como la pieza clave e intocable de tan intrincada red institucional de corrupción.

Es de dominio público que el actual entramado de corrupción viene desde la presidencia de Álvaro Uribe, pasa por la de Santos y llega incluso a la de Duque.

También por ello, Duque estaría éticamente inhabilitado para postular la terna de candidatos de la cual sería escogido el próximo Fiscal Ad-Hoc, pues tiene un evidente y público conflicto de interés por haber acompañado a Oscar Iván Zuluaga a Brasil, donde se concertó el apoyo de Odebrecht a favor del primero.

Limpieza de verdad en las instituciones

Petro ¿podrá responder por el vídeo en el que recibe fajos de billetes?  Foto: Facebook Gustavo Petro

Por lo tanto, en este caso, como en todos los demás donde las instituciones estatales se encuentran involucradas en presuntas actividades ilícita —bien como consecuencia de su lucha implacable contra la guerrilla, negociaciones con el narcotráfico y/ o el paramilitarismo— ella no pueda ser juez y parte, ya que está demasiado implicada para ser imparcial y buscar toda la verdad.

De allí la inevitabilidad de renovar del todo las instituciones oficiales, liberándolas del fardo de tantos intereses y complicidades, para que puedan investigar de verdad las responsabilidades de todos los involucrados en el “conflicto armado interno” que nos costó 220 mil vidas. Tanto de aquellos que participaron o que coadyuvaron en la defensa del establecimiento como en su brutal ataque, durante más de cincuenta años, con su estela de ignominia y mentiras casi impenetrables.

Nos resulta casi imposible distinguir entre la derecha y la izquierda. Los más astutos se reclaman por fuera de la izquierda o la derecha y se ubican en un supuesto centro radical.

Esa es la enorme responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y de la Comisión de búsqueda de Desaparecidos, que apenas dan comienzo a sus labores —y que por eso tiene tantos opositores dentro del establecimiento político, económico y social—.

Le recomendamos: La Comisión de la verdad y su papel para la democracia.

Una coyuntura de escandalosas verdades

Sin duda estamos entrando en una coyuntura de escandalosas verdades, que comienza por revelarnos cosas insospechadas y casi inverosímiles, como las imágenes de Petro guardando sigilosamente fajos de billetes, cuyo origen y destino tendrá que explicar ante la opinión pública y la justicia.

Entonces caerán muchas caretas de impostores, tanto a la derecha, como al centro y a la izquierda, con sus discursos demagógicos contra la corrupción y la politiquería.

Quedarán desnudos, enseñando sus impúdicas promesas y vergonzosas mentiras.

Verificaremos atónitos que no hemos vivido en una democracia sino bajo una plutocracia cleptócrata, que cada cuatro años además de robarnos la confianza, convierte lo público en un botín que se disputan y esquilman insaciables intereses de grupos económicos y banqueros con Aval político y legal.

Nos corresponderá como ciudadanía aguzar nuestro juicio ético, para no ser ingenuos en esta era de posverdades y redes sociales, confrontando implacablemente las palabras con los hechos y el pasado con el presente de cada uno de los candidatos y gobernantes que se reclaman adalides de la moral pública, la equidad y la lucha contra la corrupción y la politiquería.

De lo contrario seguiremos entregando nuestro presente y futuro a demagogos irresponsables, que por cierto abundan en el vecindario y en la política internacional.

Ya lo advertía Gramsci: "El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos".

*Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com

TAGS: Gustavo Petro, Hernando Llano, Corrupción, Néstor Humberto Martínez, Odebrecht, Grupo AVAL

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