IVÁN DUQUE: PRESIDENTE OBJETOR Y PROCRASTINADOR
Hernando Llano Ángel.
La primera responsabilidad de un
buen gobernante es reconocer la realidad, no objetarla y mucho menos
rechazarla. La segunda, afrontarla y no postergarla. Y el presidente Duque
parece estar empeñado en eludir esas dos responsabilidades. Tanto en relación
con la sanción de la ley estatutaria de la JEP, como con su impostergable
presencia en el Cauca para que se levante el lesivo bloqueo de la panamericana
por parte de la Minga indígena. Lo más grave de lo anterior, es que no parece
ser un asunto personal, sino más bien una tendencia institucional y social.
Casi que un sello distintivo de su estilo de gobierno y un hábito mental de sus
seguidores. Una tendencia que nos puede llevar a un escenario de
ingobernabilidad parecido al de Venezuela. En el fondo, todas las objeciones al
proyecto de ley estatutaria de la JEP se reducen a la negativa visceral del
Centro Democrático y de su “inteligencia superior”, Álvaro Uribe Vélez, de
reconocer y aceptar la participación política de los excomandantes de las FARC
en el Congreso de la República. Basta leer lo consignado en “Bases de un Acuerdo Nacional de paz”,
documento que contiene todas las modificaciones propuestas por el Centro Democrático
al Acuerdo de Paz firmado en Cartagena, después de su lánguido triunfo del NO
en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 por apenas 53.894 votos y una
mayoritaria abstención del 63%, que procrastinó la continuidad de la violencia
y la guerra.
Allí se lee, en el punto 3.5 referido al fin del conflicto: “Las curules especiales que se otorgarán
por 8 años a las FARC en el Senado y la Cámara de Representantes, no podrán ser
ocupadas por personas que hayan sido condenadas por Delitos de Lesa Humanidad o
delitos graves”. Tal es el propósito real de las objeciones y los Actos Legislativos
que anuncia Duque. En otras palabras, ganar en el Congreso lo que no se pudo
ganar en el campo de batalla, haciendo trizas la JEP. La realidad que se
obstina cerrilmente en reconocer y aceptar el Centro Democrático es que es
preferible el debate político a la contienda armada. Que más valen las palabras
que las balas. Que mejor son las urnas que las tumbas. Por eso la senadora
Paloma Valencia llama “narcoterrorista” a Pablo Catatumbo, pues es incapaz de
reconocerlo como un contendor y adversario político legítimo, al igual que los
seguidores de Catatumbo la señalan de “paramilitar”. Así las cosas, el Congreso
se parece cada vez más una trinchera de odios y no un foro para el debate
democrático, el cual rápidamente puede derivar en un campo de batalla fatal.
De otra parte, no va a existir
impunidad total, pues estos senadores y representantes de la Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común están sub judice, se encuentran bajo la jurisdicción
de la JEP, en donde deben decir toda la verdad para reparar a sus innumerables
víctimas y deberán pagar penas restrictivas de libertad entre 5 y 8 años, según
las sentencias de la JEP. De lo contrario, si mienten y no reparan, podrán recibir
hasta 20 años de cárcel. Pero como la gobernabilidad de Duque es la del Centro
Democrático, y no la de un presidente que representa a todos los colombianos y
honra el Acuerdo de Paz, además de cumplir el artículo 22 de la Constitución:
“la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos”, entonces objeta la
realidad y procrastina la firma de la ley estatutaria. Hasta que las
deliberaciones y decisiones de los congresistas vuelvan a la Corte
Constitucional, donde se ratificará la constitucionalidad de todo aquello que
vanamente objetó. Pasará entonces a la historia como el primer presidente
objetor y procrastinador que una Corte Constitucional obliga a sancionar una
ley estatutaria.
Todo ello, porque carece de gobernabilidad para consolidar una
paz democrática y, por el contrario, está empeñado en imponer una
gobernabilidad autocrática, en contravía de la realidad y el respeto de la
legalidad, privilegiando así los intereses del Centro Democrático. Lo
preocupante es que por estar procrastinando la urgencia de los acuerdos políticos
con la Minga indígena --como lo hizo
torpemente con el movimiento de los estudiantes universitarios-- ahora lo
termine alcanzado la imprudencia de la fuerza y caiga en la soberbia y la
ceguera del dictador vecino que tanto fustiga. Más aún, cuando cuenta con un
sonoro corifeo gremial, social y mediático que lo anima a que gobierne con mano
firme y corazón rabioso.
Sería un lamentable contagio de inmadurez presidencial
que, ojalá no ocurra, para bien de todos, pero especialmente de los indígenas
que ya se cansaron de tanto procrastinador presidencial. Llevan más de 500 años
padeciendo como la historia y la política procrastina con sus vidas y sus
sueños, a tal punto que ya varias comunidades están siendo alcanzadas y
diezmadas por la muerte.
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