viernes, mayo 22, 2009


El Régimen Para-Uribista
(Mayo 21 de 2009)

Hernando Llano Ángel

Con la aprobación en el Senado del referendo reeleccionista y la casi segura sustitución del texto de la Cámara de Representantes, en tanto es imposible conciliar que el 2014 empiece en el 2010, se avanza en forma vertiginosa hacia la consolidación de un nuevo régimen político, que bien puede denominarse para-uribista. Un régimen que pretende que todas las instituciones, empezando por el Congreso de la República --cuya esencia es representar la pluralidad de toda la Nación y ejercer control político sobre el Ejecutivo-- “module” sus leyes para complacer ese animus dominandi que ni el mismo Uribe logra ocultar y de paso garantizar, como una Celestina, las francas ambiciones de sus hijos, Tomás y Jerónimo, ahora denominados empresarios. Curiosa paradoja: el padre niega su ambición pública, mientras sus hijos hacen públicas sus ambiciones privadas.

Tal es la esencia del actual régimen, por eso su rasgo distintivo es la paranoia frente a todas las instituciones, periodistas y líderes que no lo respalden incondicionalmente y su lenguaje es una mezcla indescifrable de simulación y mentira. De allí que sus principales asesores y defensores sean el psiquiatra-filósofo Luis Carlos Restrepo y el sofista José Obdulio Gaviria, quien tilda a los desplazados de migrantes –pues viajan “seguros” por Colombia— y ahora sí reconoce que en “Colombia estamos en guerra, es decir en campaña”, bajo la conducción del presidente Uribe, elevado a la categoría de “mariscal de campo imbatible, vencedor de todas las batallas”[1]. Quizá por lo anterior, Uribe, que se precia de ser un hombre frentero y llamar a las cosas por su nombre, ahora esconde su próxima candidatura presidencial bajo metáforas como la “encrucijada del alma”, después de haber enviado al Senado a su ministro de la Política, Fabio Valencia Cossio, para modular el referendo y así asegurar los votos de una docena de indóciles miembros de la coalición que ponían en vilo su aprobación. Estamos asistiendo a la fase de consolidación del régimen para-uribista, por eso sus más fieles escuderos son trasladados a la arena electoral y a la prensa nacional para que se batan en nombre del Presidente Uribe contra aquellos que José Obdulio llama “una formación de políticos sin pueblo, frecuentados por viudas del poder, contratistas angurrientos y tramadores profesionales de infamias y calumnias”.

El ex ministro de defensa, Juan Manuel Santos, después de evadir su responsabilidad política en los mal llamados “falsos positivos”, se convierte ahora en un “falso candidato” presidencial. Aunque más exacto sería denominarlo “para-precandidato presidencial”, pues espera, como un leal soldado, que el “mariscal de campo imbatible” no aspire a un tercer período para así sucederlo en las nuevas batallas. De otro parte, Luis Carlos Restrepo, antes Alto Asesor de Paz presidencial, desciende al cenagoso terreno de la política proselitista y se convierte en Presidente del partido de la “U”. Es decir, en un auténtico para-político al servicio de Uribe, pues hará las veces de su auxiliar para organizar las debilitadas huestes de la “U”, que ya tiene en la cárcel o sin curul a 7 de sus miembros por estrechas relaciones con los grupos paramilitares. Y la verdad es que el filósofo y psiquiatra, otrora brillante promotor de la ternura en la política, ahora ejerce como un tirano su nuevo cargo, sin ternura alguna, con una vehemencia y audacia tan visceral que empezó por reclamarle a la senadora Marta Lucía Ramírez su curul de la “U” y sin ningún pudor cursó invitación al Representante Roy Barreras, expulsado de Cambio Radical.

Sin duda, para desempeñar cargos tan complejos se necesita la sólida formación de psiquiatra y filósofo, que le ha reportado éxitos tan rotundos como la conversión de criminales de guerra en sólo narcotraficantes, rápidamente extraditados a USA cuando empezaron a revelar la verdad de sus relaciones políticas con numerosos senadores y representantes, empresarios e inversionistas para-uribistas, sin perder en semejante trance su razón y menos su profesional compostura de filósofo y psiquiatra del nuevo régimen. Es tal la versatilidad de Restrepo en estos terrenos brumosos, que lindan con la locura, donde la política se confunde con la criminalidad, que propuso de nuevo la urgencia y conveniencia de la inmunidad parlamentaria para que los congresistas no se sintieran intimidados y atemorizados por otros poderes, como el de la Corte Suprema de Justicia. Esa inmunidad parlamentaria tan valorada y estimada por Pablo Escobar, primo de José Obdulio Gaviria, cuando combatía con plenas garantías desde la Cámara de Representantes al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, antes de ordenar sus asesinato.

Se llega así a una conclusión preocupante, que la esencia de toda parainstitucionalidad es justamente la pretensión de adaptar o crear instituciones funcionales a los intereses y ambiciones de personas o grupos específicos, en lugar de considerarlas y defenderlas en tanto son garantía de imparcialidad para la integridad y dignidad de todas las personas en una sociedad. De allí que John Plamenatz insistiera tanto en que: “El estudio más digno de la política no es el hombre sino las instituciones”. Pero entre nosotros sucede exactamente lo contrario. Por eso las instituciones y la práctica política están tan desacreditadas y al girar en torno a un hombre han degenerado en para-uribismo, que viene siendo una subespecie de parainstitucionalidad plebiscitaria, máxima corrupción de la política, pues ningún hombre puede arrogarse la representación exclusiva de toda una Nación (con nombres tan reveladores como “Primero Colombia” o “Colombia Primero”) y mucho menos considerarse imprescindible o insustituible para su conducción y salvación.

[1] - Ver su artículo del 5 de mayo en El Tiempo: “Caminamos juntos o nos ahorcarán por separado”.

jueves, abril 30, 2009

DE LIBERACIÓN
(http://calicantoopinion.blogspot.com)


Uribe: alquimista del terror y la iniquidad


Hernando Llano Ángel.

Transcurridos 6 años y 8 meses de Uribe cabalgar sobre el brioso corcel de la “Seguridad Democrática”, cuyo exitoso avance no ha logrado contener los cerca de 4 millones de “migrantes” (desplazados) del campo a la ciudad y mucho menos ocultar tras su veloz galope la tenebrosa estela de más de mil “falsos positivos” (ejecuciones sumarias), es una enorme injusticia que apenas sea merecedor a la anodina condecoración: “Premio Cortes de Cádiz a la Libertad”. En realidad, debería ser reconocido con una distinción mayor, como el Premio Nobel de la Libertad, que está en mora de crear y otorgarle la Fundación sueca, así como concedió el Nobel de la Paz a Henry Kissinger y a Menahem Begin, por sus ejemplares y abnegadas acciones en beneficio de la humanidad.

Pero mientras Uribe es exaltado a esa dignidad, bien puede ser catalogado como el mejor alquimista de la política nacional, al transmutar el terror de las ejecuciones sumarias en el oro de la “seguridad democrática” y la arbitrariedad en el ejercicio del poder en el irrefrenable e ilegal referéndum de la segunda “reelección presidencial”. Para ello ha desplegado sus dotes de prestidigitador insuperable, al manipular con siniestra destreza el miedo y odio que infunden las FARC y frustrar con destreza siniestra la codicia y la ambición de poder político de los paramilitares mediante su oportuna extradición a Estados Unidos.

Así las cosas, Uribe parece tener despejado el camino para su segunda reelección, incluso insinuada desde su primera campaña en el punto 98 de su “Manifiesto Democrático”, donde se puede leer: “el País necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad…”

Sin duda, ya está en marcha la conformación de ese Gobierno, para lo cual han sido enviados al movedizo terreno de la arena electoral los leales alfiles de Luis Carlos Restrepo y José Obdulio Gaviria, con la ayuda de tránsfugas mediáticos como Roy Barreras, que pronto nos presentarán en medio de luces y espectáculos ese nuevo partido de la Unidad Nacional, ante la imposibilidad de seguir abusando, con cinismo patriótico, de las exitosas fórmulas electorales de Colombia Primero o Primero Colombia, hoy completamente desacreditadas. Está claro que por fuera de ese nuevo Partido no habrá salvación nacional. Quienes lo ataquen serán apátridas, enemigos de la civilidad y cómplices del terrorismo.

Alquimista del plomo, la plata y la iniquidad

De esta forma, Uribe no sólo emerge como el alquimista providencial que gracias al plomo contra el terrorismo nos dará el oro de la paz, sino como el mejor heredero y obcecado continuador de las constantes más nefastas de nuestra historia: el plomo, la plata y la iniquidad revestida de legalidad. La política nacional bien puede ser descrita como la combinación exacta de estos tres elementos mediante su dosificación y administración estatal más o menos constitucional y más o menos arbitraria, según lo precise el gobernante de turno y lo requiera o soporte el aletargado y maltratado cuerpo de la llamada sociedad civil.

En la actual administración ha sido el plomo de la “seguridad democrática” al servicio de la plata de los inversionistas nacionales y extranjeros, entre quienes sobresalen sus emprendedores y ejemplares hijos, Tomás y Jerónimo, que han demostrado una clarividencia para hacer buenos y legales negocios, apenas comparable a la de López Michelsen en el caso de la Handel, bajo la Presidencia de su padre Alfonso López Pumarejo. Y posteriormente la del mismo presidente López Michelsen al servicio de la hacienda familiar “La Libertad”. También en esto Uribe demuestra ser un digno heredero del civilismo y la discrecional legalidad de nuestros más preclaros gobernantes, siempre al servicio de sus intereses familiares o empresarios familiares, como en el escándalo de Carimagua y los macroproyectos bioenergéticos de la caña de azúcar y la palma africana, cuyos beneficiarios aportaron en forma desinteresada y generosa cuantiosas partidas para la financiación del actual referendo reeleccionista.

Pero hay una diferencia, Uribe supera a todos los anteriores en cinismo, pues cuando estalló el escándalo de DMG y se vinculó a sus hijos indirectamente en tratos comerciales con David Murcia, entonces el presidente Uribe expidió un comunicado oficial haciendo la siguiente defensa paternal: “Sobre mis hijos: ellos no están en la corrupción. Mis hijos no son corruptos. Mis hijos no son traficantes de influencias ante el Estado. Mis hijos no son atenidos al papá. Mis hijos no son hijos de papi. Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son vagos con sueldo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo, honestos y serios”.

Con semejante defensa de sus emprendedores hijos, ahora podemos comprender el alcance exacto del punto 100 de su Manifiesto Democrático: “Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político”. Es una lástima que sólo nos mire a todos los colombianos así, en lugar de darnos un trato semejante al que prodiga a sus hijos. Pero ello es imposible, porque Uribe, al igual que la mayoría de sus antecesores en la Presidencia, considera que el Estado y los intereses públicos son un asunto de carácter familiar, privado y empresarial, que administra y distribuye generosa y legalmente entre sus allegados y cercanos, como si se tratará de una hacienda ubérrima. Por eso entre nosotros predomina la iniquidad, que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es “maldad, injusticia grande”, pues la fórmula de gobernabilidad que hasta ahora hemos conocido desde la Presidencia de la República ha sido: plomo, plata e iniquidad revestida de legalidad.

(Abril 29 de 2009)

lunes, marzo 30, 2009

LA PAZ EN COLOMBIA: MÁS ALLÁ DE LAS VÍCTIMAS Y LOS VICTIMARIOS
POR UNA POLITICA CIUDADANA SIN VENCEDORES NI VENCIDOS
[1]

Hernando Llano Ángel.[2]

Presentación

Estas notas se proponen motivar una reflexión sobre el más complejo y traumático mundo existente, aquel que es producto de las relaciones entre las víctimas y los victimarios, en el marco del actual conflicto colombiano, tomando a la política como hilo de Ariadna para intentar salir del laberinto de terror en que se encuentra extraviada la sociedad colombiana.

Un laberinto que ha cobrado la vida, según el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación y Reconciliación Nacional, al menos de 14.660 colombianos entre 1982 y 2007, período en que se ejecutaron 2.505 masacres rigurosamente documentadas y verificadas. Una sociedad en la que han sido asesinados, entre el año 2002 y 2007, 2.674 sindicalistas, bajo un gobierno que se ufana nacional e internacionalmente del éxito de su política de “Seguridad Democrática”. Una política de “seguridad” que en su guerra contra el terrorismo, generó el año pasado la mayor crisis en la historia de la depuración de altos oficiales en el Ejército colombiano, pues el presidente Uribe destituyó 25, entre ellos 3 Generales, 11 Coroneles, 3 Mayores, 1 Capitán y 1 Teniente por sus graves responsabilidades en más de 1.000 ejecuciones sumarias o asesinatos de civiles (eufemísticamente llamados “falsos positivos”) en cumplimiento de la política de “seguridad democrática”.

Por todo lo anterior, la intuición principal que guiará esta reflexión es muy sencilla, pues no es otra que la de propugnar por el rescate de la política desde una perspectiva ciudadana, ajena por completo a la obcecación de los vengadores, sólo obsesionados con la derrota y la humillación de su enemigo, así utilicen como coartadas la “seguridad democrática”, la “Revolución social” o la “Refundación de la Patria”.

Es decir, una política democrática que supere el falso dilema de la existencia inevitable de vencedores y vencidos y lo reemplace por el de ciudadanos responsables que rotundamente repudian cualquier actor que se valga de la violencia contra civiles como título de legitimidad y estrategia de gobernabilidad, independientemente de los argumentos que esgrima para su ejercicio.

El Poder de la Autonomía Civil frente a la revancha de los Vengadores
Una perspectiva profundamente civilista, situada más allá de todo cálculo estratégico, bien sea que éste se despliegue en la arena electoral para vencer a un adversario en las urnas o en el campo de batalla para derrotar a un enemigo en la guerra. Esta intuición parte de una concepción de la ciudadanía en clave republicana, pues considera que sólo merecerá el título de ciudadano y ciudadana quien sea capaz de construir con otros, diferentes a él, no tanto por su alteridad existencial sino sobre todo por su pluralidad de identidades, un orden político y social que respeta y promueve la dignidad humana mediante relaciones sociales estimuladas por la deliberación, el debate y la cooperación, en un horizonte normativo agonal que excluye la violencia como fuente o instrumento capaz de forjar legitimidad política.

Dicha ciudadanía es aquella capaz de forjar una práctica del poder político cuya matriz generadora se encuentra en la civilidad de la palabra, el debate público y la concertación autónoma de la acción social, como lucidamente lo definiera Hannah Arendt en su texto “La condición humana”, en los siguientes términos:

“El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los hechos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”.

Porque es justamente cuando se da este divorcio entre la palabra y la acción, que surge el espacio para la aparición de las víctimas, condenadas al silencio del miedo y los gritos de espanto y dolor como preámbulos de su muerte o desaparición forzada por la acción devastadora y arrasadora de los actos violentos de sus verdugos, que han sustituido las palabras por proyectiles y los argumentos por golpes.

Tal es el escenario que predomina en Colombia desde hace más de medio siglo, con el agravante de que las palabras y el discurso han servido como coartada para el ejercicio de la violencia por parte de todos los actores, hasta llegar hoy al paradójico extremo de pretender negar mediante la palabra y las leyes la existencia de la misma violencia, como sucede con la postura oficial del presidente Uribe al no reconocer el conflicto armado interno en Colombia, para así soslayar ladinamente la plena aplicación de los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuyo fin primordial es evitar o aminorar al máximo el sufrimiento de las víctimas. Por su obstinación en desconocerlo, es que cada día el conflicto se degrada más y aumenta el número de víctimas civiles, al punto que hoy Colombia ostenta el más alto número de personas despedazadas por las minas antipersona “quiebrapatas” (en promedio 2 diarias); la mayor población desplazada en el continente americano, cerca de 3 millones, y el año pasado, 2008, alcanzó el ignominioso record del mayor número de sindicalistas asesinados, con 39 víctimas.

De allí la importancia de ese principio fundacional sobre el cual descansa todo el edificio humanitario, como es la distinción meridiana entre población civil y combatiente, que la denominada política de “seguridad democrática” se niega a reconocer en la práctica mediante el impulso de estrategias como la red de civiles cooperantes con la Fuerza Pública y el pago de cuantiosas recompensas por informaciones que conduzcan a la captura, desarticulación, descuartizamiento o muerte de terroristas. Los resultados saltan a la vista, aunque se trate de banalizarlos con eufemismos como los llamados falsos positivos en lugar de llamarlos por su nombre: asesinatos o ejecuciones sumarias.

Victimización Recíproca u Horizontal

No obstante lo grave de tan alto número de víctimas, derivadas en gran parte por la aplicación exitosa de la seguridad democrática, hay que reconocer que el número es tan escandaloso y escabroso en Colombia porque las víctimas del pasado suelen convertirse en los victimarios del presente, a tal extremo que sus identidades y roles se intercambian, pues cada actor violento se reconoce ante todo como víctima y casi nunca como victimario. Razón tenía Simone Weil, en su libro “La verdad y la Gracia”, cuando señaló:

“La ilusión constante de la revolución consiste en creer que las víctimas de la fuerza, por ser inocentes de las violencias que se producen, si se pone en las manos su fuerza la manejaran con justicia. Pero -salvo las almas que están muy próximas a la santidad- las víctimas están manchadas por la fuerza de los verdugos.
El mal que está en la empuñadora de la espada se transmite por la punta. Y las víctimas, así colocadas en la cumbre y embriagadas por el cambio, hacen tanto mal o aun más y luego vuelven a caer rápidamente”.

Tal podría ser la parábola trágica de la guerrilla colombiana, especialmente de las FARC, cuando hoy se ensaña cruelmente contra miembros de la comunidad indígena AWÁ, o cuando pretende hacer del secuestro prolongado de civiles y miembros de la Fuerza Pública, cautivos en condiciones más degradantes que las de Guantánamo, una supuesta táctica de lucha revolucionaria.

Al respecto, no está demás citar las siguientes palabras de Manuel Marulanda Vélez[3], más conocido como Tirofijo, en la instalación en el Caguán el 7 de Enero de 1999 del fallido proceso de paz con Pastrana: “Huyendo de la represión oficial nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia (Tolima), donde el Estado nos expropió fincas, ganado, cerdos y aves de corral, extendiendo esta medida a los miles de compatriotas que no compartían la política bipartidista del Frente Nacional. De paso, le cerraron las puertas a nuevas corrientes políticas en vía de crecimiento, convirtiendo las elecciones en una maquinaria excluyente sólo para beneficio del bipartidismo liberal-conservador, quienes eran los únicos que podían elegir a sus representantes, porque así "lo consagraba la Constitución".

Más adelante afirma: “Ante la inminencia de la agresión gubernamental estos 48 hombres se dirigieron al propio presidente, al Congreso, a los gobernadores, a la Cruz Roja Nacional e Internacional, a la Iglesia, a las Naciones Unidas, a los intelectuales franceses y demás organizaciones democráticas para que impidieran el comienzo de una nueva confrontación armada en Colombia con imprevisibles consecuencias. Desafortunadamente nadie nos escuchó, salvo la Iglesia, ya que comisionó al sacerdote Camilo Torres Restrepo para que se entrevistara con nosotros, pero los altos mandos militares se lo impidieron. A los pocos días empezó el gigantesco operativo con 16.000 hombres del Ejército que utilizaron toda clase de armas, incluso bombas bacteriológicas lanzadas por aviones piloteados por expertos militares gringos, y sólo ahora, después de 34 años de permanente conformación armada, los poderes y la sociedad comienzan a darse cuenta de las graves consecuencias del ataque a Marquetalia. En aquel entonces esos 48 campesinos solamente exigían la construcción de vías de penetración para sacar sus productos agrícolas, un centro de mercadeo y unas escuelas para educar a sus hijos, lo que implicaba del Estado una inversión no superior a cinco millones de pesos.”

Es por ello que las víctimas adquieren hoy, más allá de la verdad de su dolor, un valor ontológico y gnoseológico, pues son parte constitutiva de la realidad. Sus voces, memorias e historias tienen que ser recuperadas e incorporadas al presente, ya que sin ellas la realidad nunca será completa, nunca será verdad. Incluso podría afirmarse que en la medida en que una sociedad se empeña en negar y desconocer a las víctimas, éstas trágicamente se van mutando hasta convertirse en los más crueles vengadores de esa sociedad indolente e indiferente. Aquí bien vale la pena parafrasear a Pascal y afirmar que en la exclusión no sólo está el error, sino algo peor: el horror.

De allí que sea imprescindible no sólo escuchar a todas las víctimas, sino además contar con ellas. Sólo así se podrá algún día compartir una realidad política común donde no existan víctimas que posteriormente se transforman en implacables vengadores, como ha venido sucedido en Colombia a partir de la década del 80 con la aparición de los grupos paramilitares, posteriormente convertidos en AUC, según la siguiente versión de uno de sus principales protagonistas, Salvatore Mancuso, expuesta en el mismo Congreso de la República:

“Reafirmo aquí, en la cuna de las Leyes y en el templo de la Democracia, que el compromiso patriótico de las AUC, por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo, y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros.”

De esta forma, se ha venido configurando en Colombia lo que el investigador Iván Orozco Abad en su libro “Sobre los límites de la conciencia humanitaria. Dilemas de la paz y la justicia en América Latina”, denomina acertadamente “la victimización horizontal bidireccional” para referirse a aquellos procesos donde dos o más partes de un conflicto armado se victimizan recíprocamente bajo condiciones carentes de claridad en lo relacionado con la justicia, no solo desde el punto de vista del ius in bello, sino también del ius ad bellum”.

Derecho a la guerra que ambas o todas las partes tratan de legitimar y justificar ante la sociedad, en unos casos por la intolerable presencia de un Estado protector de aberrantes privilegios sociales ( “en Colombia el 10% más rico de la población concentra el 46.5% de los ingresos del país, al mismo tiempo dicho ingreso es tres veces superior al obtenido por el segundo 10% de las personas catalogadas como ricas, con lo que se concluye que un estruendoso 62.3% del ingreso está en manos del 20% de la población colombiana”) Y en otros casos, por la ausencia o ineficacia del Estado para garantizar la vida y la libertad de ese 20% de la población, que es víctima frecuente de extorsiones y secuestros, al punto de situar a Colombia en el deshonroso primer puesto del mundo con civiles secuestrados.

Concentración del ingreso que en el régimen de propiedad de la tierra alcanza niveles aberrantes, pues según el economista e investigador Ricardo Bonilla González, en su ensayo “Pobreza, estructura de propiedad y distribución del ingreso”, en Colombia “la mayor proporción de propietarios (55.6%) y de predios (56.8%) tienen una estructura de micro y minifundios menores de 3 hectáreas y disponen del 1.7% del territorio registrado catastralmente; y un grupo de 2.428 propietarios, públicos y privados poseen el 53.5% del territorio reseñado, es decir, 44 millones de hectáreas, para un promedio de 18.093 hectáreas por propietario o un territorio seis mil veces más grande que el minifundio de 3 hectáreas en el que viven 2.2 millones de hogares colombianos”.

Como consecuencia de semejante injusticia, concluye el citado investigador, “la pobreza rural es la más dramática e inaudita de nuestro país, en ella se clasifica el 81.3% de la población, canasta vieja, al 90.4% canasta nueva, o el 68.2% en los cálculos más recientes de la Misión de pobreza. En el mejor de los casos, ello implica que hay al menos 8.2 millones de habitantes del campo que viven en situación de pobreza, mientras 3.3 millones califican en la pobreza extrema o indigencia. Lo tremendamente inaudito es encontrar que en la gran despensa alimenticia de Colombia, 3.3 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de hambre”.

Semejante panorama de injusticias e iniquidades, es lo que ha venido retroalimentado una simbiosis perversa entre el crimen y la política, que como bien lo dejará planteado Albert Camus en su controvertido ensayo “El hombre rebelde”, se puede hoy citar perfectamente para comprender la encrucijada histórica que vive Colombia:

“… A partir del momento en que por falta de carácter corre uno a darse una doctrina, desde el instante en que se razona el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el grito; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”.

En efecto, hoy en Colombia no sólo legisla, sino que incluso gobierna esa simbiosis entre el crimen y la política, como lo pone cada día de presente una serie de escándalos e investigaciones macabras, como la de los llamados “falsos positivos” y ahora las ilegales interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), adscrito directamente a la Presidencia de la República, en gran parte realizadas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigan numerosos políticos de la coalición de gobierno relacionados con el paramilitarismo y las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C) y a periodistas que han venido desentrañando tan macabra maraña, como es el caso de Hollman Morris y sus investigaciones sobre los asesinatos de líderes de la comunidad de Paz de San José de Apartado.

Para comprender la forma como se ha tejido la urdimbre de esa trama de gobernabilidad e impunidad, es pertinente recordar la declaración de Salvatore Mancuso en el noticiero de televisión de la Radio Cadena Nacional (R.C.N), donde relató la reunión sostenida con el senador Mario Uribe en el 2002, para promover una estrategia de paz con el Gobierno central. Una semana después el presidente Uribe ordenó la extradición de Mancuso a Estados Unidos para que fuera juzgado por narcotraficante, y no continuará desenredando esa madeja de la alianza estratégica del crimen con la política en que se ha convertido la gobernabilidad de Colombia.

Según la anterior declaración, Mancuso contactó al Senador Mario Uribe, primo segundo del presidente Álvaro Uribe, para iniciar los trámites de la que posteriormente se conocería como la ley de “Justicia y Paz”. Una ley que no es de Justicia y tampoco de paz, producto de una compleja y difícil negociación entre los cabecillas de las AUC y el Ejecutivo, que ha terminado por dejar insatisfechas a todas las partes, pero especialmente a las víctimas, en la medida que no cumple con los tres criterios universalmente reconocidos de verdad, justicia y reparación.

Hoy la verdad está casi totalmente extraditada, pues 14 de los máximos cabecillas de las AUC fueron enviados a los Estados Unidos, donde están siendo procesados por narcotráfico y no por sus crímenes de lesa humanidad. Así se escamotea el conocimiento de quienes desde sus posiciones de privilegio económico y social o de responsabilidad gubernamental, auspiciaron económicamente o fomentaron por omisión de sus deberes oficiales el crecimiento del paramilitarismo y su desenfrenada acción criminal.

Mucho menos hay justicia, pues además de la benignidad de las penas, que oscilan entre 5 y 8 años de cárcel, para crímenes de lesa humanidad, el mismo presidente Uribe se enfrentó a las altas Cortes cuando estas dejaron sin fundamento y aplicación legal la tipificación del delito político de sedición a quienes hubiesen cometido tales crímenes, desafiando así el dictamen del Presidente sobre el alcance de la ley 975 de 2005 de buscar: “tanta justicia como fuere posible, y tanta impunidad como fuera necesaria”. Por último, sin verdad y sin justicia nunca habrá reparación, por cuantiosa que sea la indemnización económica a favor de los sobrevivientes de la víctima.

Por todo lo anterior, es que no cabe hablar de una justicia transicional en Colombia, sino más bien de una justicia transaccional. Una justicia que transa penas benignas a favor de criminales de lesa humanidad, con el propósito central de simular justicia, pretendiendo así evadir una futura intervención de la Corte Penal Internacional, que todo parece indicar se dará inevitablemente al cabo de los años, pues ninguna realidad judicial y mucho menos política puede soportar tan elevados niveles de impunidad e ilegitimidad.

De allí que sea un disparate total comparar el proceso actual de la mal llamada ley de “Justicia y Paz” con lo sucedido en Sudáfrica, donde la reconciliación eliminó el apartheid, fuente de discriminación y victimización de la mayoría de la población negra, reconociéndole así sus plenos derechos y el poder de gobernar. En Colombia está sucediendo todo lo contrario, pues bajo la ley 975 –que no puede denominarse de “justicia y paz”- estamos asistiendo a un tratamiento benevolente dado a criminales privilegiados para afianzar aún más un régimen económico y social al servicio de privilegios criminales, que requieren para su defensa y sostenimiento incluso de la legitimación política del crimen.

En palabras concluyentes de Iván Orozco Abad, se trataría de la “legalización de una brutal contra-revolución narco-conservadora. Ironía de la historia”, pues ésta fue propiciada y afianzada por los excesos y el desconocimiento flagrante del DIH por parte de quienes pretendieron hacer la revolución en Colombia.

[1] - Texto presentado en la inauguración del XXVII Curso de Derechos Humanos en el Colegio de Abogados de Cataluña, el 4 de Marzo de 2009.

[2] - Abogado y Magister en Estudios Políticos. Profesor Asociado Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

[3] - Pronunciadas por Joaquín Gómez, ante la inasistencia de Marulanda, por supuestas razones de seguridad.

lunes, febrero 16, 2009

DE-LIBERACIÓN
(http:/calicantopinion.blogspot.com)
­Febrero 15 de 2009

Libertad y Paz: rehenes de Uribe y las Farc


Hernando Llano Ángel

Cada día es más evidente que la libertad y la paz, materias primas de la política y la democracia, han sido secuestradas por Uribe y las Farc. Las tienen como rehenes de sus estrategias belicistas y proyectos hegemónicos, donde los civiles no somos más que una masa de maniobra en sus estratagemas para deslegitimar, humillar y derrotar al contrario.

Poco importa la vida, la libertad y menos la dignidad de quienes están en su poder o bajo sus órdenes. Mucho menos importa la verdad. En su obsesión por vencer al “enemigo”, incluso niegan o inventan la realidad y tratan de acomodarla a la medida de sus odios y revanchas. Así, por ejemplo, para Uribe no existe el conflicto armado, aunque todos los días apela a la “seguridad democrática” y advierte sobre la peligrosidad de la “culebra”, que al parecer se le ha convertido en una medusa con más de mil cabezas imposibles de cortar, pues apenas caen al suelo de la exclusión social brotan y crecen como “maleza” en tierra ubérrima. Para las FARC no hay secuestrados, sino “canjeables”, “retenidos” y “prisioneros de guerra”. No obstante lo anterior, deliran en su pretensión de ser reconocidas como una fuerza beligerante, pero son incapaces de respetar los principios y las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario, como el principio de distinción entre combatientes y civiles, que las obliga a un respeto absoluto de la población civil. En lugar de ello se han dedicado al secuestro y el asesinato de quienes consideran traidores, como ahora lo hacen con los indígenas Awá, emulando así la crueldad de los paramilitares y las autodefensas. Pero a semejante degradación del que se autodenomina “Ejército del Pueblo” hay que sumar una mayor, la del Ejército Institucional, inducida por el éxito de la política gubernamental autodenominada de “seguridad democrática”, que estimula con recompensas el descuartizamiento de sus enemigos y el asesinato de jóvenes civiles bajo el eufemismo de “falsos positivos”.

No más “demócratas” y “revolucionarios” ejemplares

Precisamente para impedir que tan ejemplares combatientes y enemigos, que recíprocamente se dan el trato de terroristas, pero individualmente se proclaman como auténticos “demócratas” y “revolucionarios”, es que hay que repudiarlos a todos por igual. Ninguno de ellos merece nuestro apoyo, pues por sus procedimientos y acciones cada día se ilegitiman más. Cada día hacen nuestras vidas menos humanas y más vergonzosas. Cada día nos mienten con mayor cinismo y criminalidad. Hay que demostrarles que no aceptamos ser más víctimas en nombre de la “revolución” y mucho menos cómplices de los “cercos humanitarios”, que ahora ordena el presidente Uribe y coordina su ministro Santos, sin asumir responsabilidad política alguna por su fatal desenlace, como ha sucedido con los “falsos positivos” que en forma cínica han venido endilgando a excesos de algunas unidades militares, ocultando que es un resultado lógico de la “seguridad democrática”.

Ciudadanos, en lugar de víctimas o verdugos

Es hora de demostrarles que somos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la vida, la libertad y la verdad, presupuestos esenciales de la paz. Que no vamos a consentir más masacres, donde los únicos responsables son los “otros”, las Farc o la Fuerza Pública, pero nunca ellos como resultado de sus paranoias revolucionarias y “cercos humanitarios”. Que nosotros sí nos tomamos en serio la democracia y la Constitución y no las convertimos en coartadas para saldar nuestros odios y salvaguardar privilegios sociales ignominiosos, en nombre de la seguridad inversionista. No permitamos que nuestras vidas y valores se inviertan y desaparezcan en las pirámides sin fondo de la codicia y el odio de esta guerra degradada. Basta ya de crímenes y mentiras en nombre de la “seguridad democrática” y la “justicia social”.

Dejemos de ser rehenes de nuestros miedos y odios. Ya es hora de-liberarnos de Uribe y las Farc, auténticos carceleros de la libertad y la paz. Sólo así podremos algún día vivir en democracia, sin miedo y gracias a la seguridad ciudadana que es fruto de la responsabilidad, la equidad y la solidaridad social. No de esta “seguridad democrática-paranoica”, tan propia de los inversionistas y los mercaderes, desvelados por sus bolsas y la tranquilidad de sus mezquinas vidas, siempre rodeados de escoltas y extremas medidas de seguridad, a tal punto que ya han perdido por completo su libertad y toda noción de dignidad. Al fin de cuentas son rehenes de Uribe y las Farc y todo parece indicar que les interesa seguir siéndolo, pues primero está su bolsa y seguridad personal, poco les importa la vida en su dimensión pública y social.

martes, enero 27, 2009

DE-LIBERACIÓN

(http://calicantopinion.blogspot.com)
(Enero 25 de 2009)

Obama: entre el mito y la mitomanía de la República Norteamericana
Hernando Llano Ángel

Obama se debate entre el mito del sueño americano, que encarna a la perfección, y la mitomanía de la República norteamericana, proclamada por los padres fundadores de la Unión, a la cual recurre con la fuerza de la esperanza y la urgencia de un pueblo por hacerla realidad. Porque la historia cotidiana de los Estados Unidos, no la idealizada de los principios y valores tan elocuentemente evocada por Obama en su discurso de posesión, no es propiamente un ejemplo de vigencia y respeto de los derechos humanos, tanto doméstica como internacionalmente. Más bien todo lo contrario, como bien lo demuestra la temprana guerra de secesión y la saga de luchadores contra la segregación y la discriminación racial, encabezada por Martin Luther King, Jr. , que ofrendaron valiente y generosamente sus vidas en defensa de la igualdad y la dignidad inherentes a todo ser humano. De ello hay un eco explícito en su discurso: “debido a que hemos probado el mal trago de la guerra civil y la segregación”, hemos “resurgido más fuertes y más unidos de ese oscuro capítulo”. Pero todavía faltan muchos capítulos por escribir para que esa igualdad de derechos y oportunidades sea una realidad para la inmensa mayoría de la población negra y los millones de inmigrantes, que viven en una especie de gueto social y cultural que les impide sentirse y actuar plenamente como ciudadanos norteamericanos.

Entre el mito y la mitomanía

Seguramente por ello Obama evoca con tanta fuerza y en varias ocasiones el mito del discurso republicano de los Padres fundadores: “Ha llegado el momento de reafirmar nuestro espíritu de firmeza: de elegir nuestra mejor historia[1]; de llevar hacia adelante ese valioso don, esa noble idea que ha pasado de generación en generación: la promesa divina de que todos somos iguales, todos somos libres y todos merecemos la oportunidad de alcanzar la felicidad plena”. Es claro que esa “promesa divina” se ha desgastado y convertido en una mentira terrenal para millones de norteamericanos, hasta llegar a la mitomanía actual que los lleva a creer que pueden impartir lecciones de democracia y derechos humanos a todo el planeta y a confundir la felicidad con una mercancía que se puede comprar y consumir sin límites en el mercado. Por eso se encuentran sumidos en una crisis tan profunda: “Menos tangible pero no menos profunda es la pérdida de confianza en nuestro país - un temor persistente de que el declive de Estados Unidos es inevitable y de que la próxima generación debe reducir sus expectativas”.

Para conjurar semejante estado de ánimo, Obama retoma el mito fundacional por excelencia de la República norteamericana: la fe en su pueblo para actuar en forma concertada y unida, como fuente inagotable del poder de sus instituciones: “Hoy nos reunimos porque hemos elegido la esperanza sobre el miedo, la unidad de propósitos sobre el conflicto y la discordia. Hoy hemos venido a proclamar el fin de las quejas mezquinas y las falsas promesas, de las recriminaciones y los dogmas caducos que durante demasiado tiempo han estrangulado a nuestra política”. Para ello Obama propone como fórmula: “restablecer la confianza vital entre el pueblo y su gobierno”. Una confianza dilapidada por Bush, quien en nombre de la “mayoría moral” y sus hipócritas valores, instauró la mentira, la guerra, la tortura y la avaricia del sector financiero como sus divisas de gobierno. Por eso abundan en el discurso de Obama alusiones muy directas a los responsables de la crisis, sin eludir las que le corresponden como dirigente y aquellas que son colectivas: “Nuestra economía está gravemente debilitada, como consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también por el fracaso colectivo a la hora de elegir opciones difíciles y de preparar a la nación para una nueva era”.

La reinvención del pueblo

Y con ese propósito se embarca en la reinvención del pueblo norteamericano, recordándole sus principales virtudes y fortalezas bajo la inspiración de los valores de la cosmovisión política republicana: “rechazamos como falsa la elección entre nuestra seguridad y nuestros ideales. Nuestros padres fundadores, enfrentados a peligros que apenas podemos imaginar, redactaron una carta para garantizar el imperio de la ley y los derechos humanos, una carta que se ha expandido con la sangre de generaciones”. Esa encomiable cosmovisión está hoy muy distante de la realidad, pues fue totalmente negada desde el 11 de septiembre del 2001 por la llamada “guerra contra el terrorismo” y su “Patriot Act”, que confinó y arrasó los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la cárcel de Guantánamo e hizo de la tortura un modelo de interrogatorio. De allí el enorme simbolismo que tiene la orden de cerrar Guantánamo y condenar explícitamente la tortura. Sin embargo, lo primero no sucederá antes de un año, lo cual refleja dramáticamente los límites de Obama frente al poder de las burocracias, el miedo sembrado por Bush en el corazón del norteamericano corriente y ese alambrado de normas y procedimientos que condenan preventiva y arbitrariamente a quien es considerado como un enemigo terrorista.

El discurso de posesión es generoso y entusiasta en el redescubrimiento de las virtudes y los valores de ese pueblo republicano, casi en proporción directa a la ausencia de las mismas en su condición actual. He ahí el valor y la fuerza del mito. Por eso alude al crisol de su multiculturalidad, a su pluralismo y tolerancia religiosa, a su capacidad de trabajo, audacia, austeridad, honestidad y coraje, rasgos que en la actualidad están desapareciendo en el norteamericano común, temeroso de perder su empleo frente a tanto latino y asiático advenedizo.

Obama comprende que para “rehacer a Estados Unidos” primero hay que redescubrir y reinventar al “pueblo norteamericano” como principal responsable de su destino: “este es el precio y la promesa de la ciudadanía”.

El tono moral de la “nueva era” se inspira en los valores fundacionales de la “era inicial”: “Al reafirmar la grandeza de nuestra nación, somos conscientes de que la grandeza nunca es un regalo. Debe ganarse. Nuestro camino nunca ha sido de atajos o de conformarse con menos. No ha sido un camino para los pusilánimes, para los que prefieren el ocio al trabajo o buscan sólo los placeres de la riqueza y la fama. Más bien, han sido los que han asumido riesgos, los que actúan, los que hacen cosas -algunos de ellos reconocidos, pero más a menudo hombres y mujeres desconocidos en su labor, los que nos han llevado hacia adelante por el largo, escarpado camino hacia la prosperidad y la libertad.” No deja de insistir en ese mito fundacional: “Pero esos valores sobre los que depende nuestro éxito - el trabajo duro y la honestidad, la valentía y el juego limpio, la tolerancia y la curiosidad, la lealtad y el patriotismo - esas cosas son viejas. Esas cosas son verdaderas. Han sido la fuerza silenciosa detrás de nuestro progreso durante toda nuestra historia. Lo que se exige, por tanto, es el regreso a esas verdades. Lo que se nos pide ahora es una nueva era de responsabilidad - un reconocimiento, por parte de cada estadounidense, de que tenemos deberes para con nosotros, nuestra nación, y el mundo, deberes que no admitimos a regañadientes, sino que acogemos con alegría, firmes en el conocimiento de que no hay nada tan gratificante para el espíritu, tan representativo de nuestro carácter que entregarlo todo en una tarea difícil”.

No obstante lo anterior, es incapaz de reconocer ante el mundo la responsabilidad del estilo de vida norteamericano en la actual crisis, pues más adelante afirma: “No vamos a pedir perdón por nuestro estilo de vida, ni vamos a vacilar en su defensa, y para aquellos que pretenden lograr su fines mediante el fomento del terror y de las matanzas de inocentes, les decimos desde ahora que nuestro espíritu es más fuerte y no se lo puede romper; no podéis perdurar más que nosotros, y os venceremos”. Con este emplazamiento, Obama se sitúa ante el mayor desafío histórico que enfrenta, como es intentar reconciliar los imperativos de una República con la lógica belicista, maniqueísta y expoliadora de todo imperio.

¿Una República imperial?

Detrás de ese tono épico, subyace la concepción y cosmovisión republicanas de la política, que pondrá a prueba la capacidad estratégica de Obama y su equipo de gobierno para subordinar la lógica del imperio a los imperativos éticos de esa República posmoderna y cosmopolita que anuncia. Por eso proclama que su política internacional se guiará por el fomento de la amistad, la democracia y la diplomacia con los demás Estados. De entrada anuncia que “comenzaremos a dejar Irak, de manera responsable, a su pueblo, y forjar una paz ganada con dificultad en Afganistán” y tiende la mano “al mundo musulmán, que busca un nuevo camino adelante, basado en el interés mutuo y el respeto mutuo. A aquellos líderes en distintas partes del mundo que pretenden sembrar el conflicto, o culpar a Occidente de los males de sus sociedades - sepan que sus pueblos los juzgarán por lo que puedan construir, no por lo que destruyan”. Que en la actual crisis de Oriente Medio es más aplicable a Israel, empecinado en la destrucción y aniquilamiento de cualquier vestigio de resistencia y autonomía del pueblo palestino. Seguramente por ello sus tropas se apresuraron a salir de la franja de Gaza antes de la posesión de Obama.
En concordancia con el respeto republicano por la Constitución y la ley, también fustiga a “aquellos que se aferran al poder mediante la corrupción y el engaño y la represión de la disidencia”, y les advierte que “tenéis que saber que estáis en el lado equivocado de la Historia; pero os tenderemos la mano si estáis dispuestos a abrir el puño”. Una alusión directa a todos los gobernantes que pretenden diseñar y ajustar las constituciones a la medida de sus obsesiones, odios y delirios de grandeza, tan familiares y cercanos en nuestro vecindario.

Por último, reafirma el principio republicano del poder, cuyo sustento encuentra en “generaciones anteriores que se enfrentaron al fascismo y al comunismo no sólo con misiles y tanques, sino con sólidas alianzas y firmes convicciones. Comprendieron que nuestro poder solo no puede protegernos ni nos da derecho a hacer lo que nos place. Sabían por contra que nuestro poder crece a través de su uso prudente, de que la seguridad emana de la justicia de nuestra causa, la fuerza de nuestro ejemplo y las cualidades de la templanza, la humildad y la contención”.

Sólo el futuro nos revelará si es compatible tal escala de valores con la existencia del mayor imperio militar que haya existido en la historia, pues ella nos ha demostrado, desde Roma hasta el presente, que la República y el Imperio son irreconciliables en un mismo Estado. Si Obama logra semejante proeza, sin duda habremos entrado en una nueva era bajo la égida de una República cosmopolita y global, guiada por un hombre multiétnico y un gobernante tan insólito que merecerá el título de auténtico demócrata.


[1] - Todos los subrayados fuera del texto.

miércoles, diciembre 24, 2008

DE-LIBERACIÓN

(calicantopinion.blogspot.com)

(Diciembre 24 de 2008)


Más de 2008 verdades en vilo


Hernando Llano Ángel


El 2008 pasará a nuestra historia como el año de las verdades en vilo. De las verdades que se resistieron a ser enterradas, desaparecidas, asesinadas, extraditadas, secuestradas, desplazadas, cooptadas y burladas, a pesar de existir una poderosa legión de intereses, de impostores profesionales y de medios de comunicación que se empeñaron en dejarlas en vilo. Una legión que se confabula de la manera más sutil e ingeniosa para hacernos creer que vivimos en una nación apasionada por la libertad y la democracia. Cuando somos una nación que está a punto de naufragar, no tanto por el inclemente invierno, como por el diluvio de mentiras que durante años ha anegado y ahogado nuestra conciencia. Por eso conviene comenzar por desvirtuar la mentira más consolidada y profunda, matriz de todas las demás: somos la democracia más antigua y estable de Suramérica. Una mentira arraigada en la ingenuidad política de unas minorías que concurren periódicamente a las urnas, pero que los medios de comunicación proyectan como la mayoría del pueblo colombiano, cuando la verdad es que apenas representa el 45 por ciento del censo electoral.[1] Una mentira meticulosa e insidiosamente repetida por todos los medios de comunicación, empeñados en reducir la democracia a las elecciones y el Estado a un mercado que todos los días se ofrece al mejor postor. Una mentira que niega la esencia de la democracia: “aquella forma de gobierno que permite contar cabezas en lugar de cortarlas”, según la precisa definición de James Bryce, y que en nuestro caso ha sido trasmutada por una “forma de gobierno que permite cortar cabezas (y manos) sin poder contarlas”, gracias a los “falsos positivos”[2] y a la tenebrosa alianza de la política con el crimen sellada en el templo sagrado de la “seguridad democrática”.

Mentiras Mediáticas

Unos medios que elevan al presidente Uribe al pedestal de caudillo multitudinario, cuando sus 7.397.835 votos apenas representan el 27.67% del potencial electoral. Es decir, un gobernante de minorías relevantes, pues más del 70 por ciento de la ciudadanía no lo respaldó. Razón tenía Borges al decir que la democracia era una ficción inventada por la estadística. En nuestro caso, habría que agregar que una tenebrosa ficción, si empezamos por recordar cifras como las siguientes, oportunamente recuperadas por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación y Reconciliación Nacional, que “ha establecido en forma provisional que entre 1982 y 2007 se ejecutaron 2.505 masacres con 14.660 víctimas”[3].

Por lo anterior, este 2008 que está agonizando no podía ser la excepción. Se despide con un triple record de ignominia para un Estado que cínicamente se autoproclama democrático, pero posee el mayor número de sindicalistas asesinados (39) en el mundo; el más alto número de víctimas por minas antipersona (en promedio 2 diarias) y la mayor población desplazada en el continente americano por causa del conflicto armado (más de 3 millones de colombianos).

En gran parte ello es consecuencia de la obstinada negación presidencial del conflicto, que lo degrada así cada día más, al punto de haber tenido que destituir apresuradamente[4] un representativo número de oficiales y miembros de la fuerza pública, en total 25, entre ellos 3 Generales, 11 Coroneles, 3 Mayores, 1 Capitán y 1 Teniente, por sus graves responsabilidades en más de 1.000 ejecuciones sumarias (“falsos positivos”) o asesinatos, en cumplimiento de la política de “seguridad democrática”. En contraste con lo anterior, sobresale la llamada “Operación jaque” como un éxito rutilante, pues ella fue el resultado positivo de la combinación de todas las formas de mentir. Empezando por la mentira más denigrante e intolerable, propia de las FARC, como es la práctica del secuestro con fines supuestamente revolucionarios, que este año le reportó el merecido repudio masivo por parte de la ciudadanía y su ostracismo político de la vida nacional e internacional, al persistir en dicha acción deleznable y auténticamente reaccionaria. No por casualidad hay tanta semejanza entre Guantánamo y los campos de reclusión de los secuestrados por las FARC en la selva. De no proceder a liberar en forma incondicional e inmediata a todos sus rehenes y por fin comprender el Secretariado de las FARC que no puede existir política sin libertad, la extinción en la manigua de la selva, igual que la vida de su fundador, será su destino inexorable.

Por último, para cerrar con broche de oro su ejemplar desempeño, miembros del ejército asesinaron el pasado 16 de diciembre, bajo la coartada de un inexistente retén militar, al comunero indígena Edwin Legarda Vásquez, compañero de la Consejera Mayor del CRIC, Aida Marina Quilcué, dirigente inquebrantable de la Minga por la vida y dignidad de nuestro pueblo. Sin lugar a dudas, Aida sobresale como el personaje del año en las luchas políticas y sociales, pues es la auténtica encarnación de esa democracia telúrica, raizal y plural que empezó a recorrer desde el sur profundo la geografía y la historia de América Latina. Este año esa gesta popular llegó hasta las puertas de la inabordable sede del poder presidencial, hoy designada la “casa de Nari” por los cómplices y socios de Don Berna, que la visitan con familiaridad y mayor facilidad que los dirigentes de la Minga. Así termina política y simbólicamente un año que como ninguno otro nos deja un legado de verdades en vilo que se niegan a morir, de voces que no se callan pese a la extradición y de miles que retumban desde sus fosas comunas. De verdades que se resisten a seguir siendo estafadas por pirámides de sueños y referendos ilegales, porque la realidad de todas las víctimas es más tozuda y verdadera que la codicia y la prepotencia de los victimarios, así ellos cuenten con los medios de comunicación y la Fuerza Pública para imponer transitoriamente sus mentiras oficiales, institucionales y financieras.

2009: Un año de verdad crucial.

Todo parece indicar que el 2009 será el año de las verdades definitivas y las mentiras insostenibles. Así lo anuncia la recesión económica global y la incierta transición política que estamos viviendo, tanto nacional como internacionalmente, más aún con la futura presidencia de Barack Obama, siempre y cuando éste no se someta a un proceso de “blanqueamiento” político que lo torne irreconocible. Una transición que nos plantea en Colombia el dilema de legitimar el crimen o dignificar la política mediante la depuración de sus filas de la legión de impostores y criminales de cuello blanco que hoy la comandan. La legitimación del crimen ha avanzado vertiginosamente durante estos 6 años gracias a la simbiosis uribista de la política con el narcoparmilitarismo, una vez embaucados y extraditados sus comandantes en virtud de la ley de “justicia y paz”, acallando así la estridencia de unas verdades que casi no lo dejaban gobernar. Por último, ha consumado dicha alianza estratégica con una reforma política que deja en ejercicio a los testaferros del narcoparmilitarismo hasta el 2010 y mediante la aprobación noctámbula de un referendo ilegal, como un acto vergonzoso propio de asaltantes de la voluntad popular, pues hoy todos sabemos que fue financiado por grupos plutocráticos y cacocráticos[5], expertos en secuestrar la voluntad ciudadana y manipular el miedo a las FARC de millones de firmantes incautos.

Por el contrario, la dignificación y depuración de la política sólo podrá ser obra de una conciencia ciudadana no manipulable por el miedo y las encuestas amañadas, sumada al ejemplar enjuiciamiento nacional e internacional de todos aquellos criminales que se han camuflado de políticos, sin importar sus encumbradas investiduras de derecha o de izquierda, completamente salpicadas de sangre y complicidades infames[6].

Sin duda, el 2009 será un año crucial, pues definirá la suerte de todos en el 2010, que seguirá debatiéndose entre las urnas y las tumbas, la verdad y la mentira, la libertad y el secuestro, la justicia y la impunidad, la guerra y la paz, la dignidad de un pueblo autónomo o la humillación de una nación servil. De cada uno de nosotros depende la superación de los anteriores dilemas. Entonces sabremos si nos resignamos a vivir en una “democracia” de mentiras honorables y mortales o en una Colombia de verdades humildes y vitales, como las de la Minga y el pesebre de Jesús de Nazareth. Obviamente este último es mi deseo para todas y todos durante el 2009 y el 2010.


[1] - Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el potencial electoral en las elecciones presidenciales del 2006 era de 26.731.700 ciudadanos, de los cuales votaron 12.041.737 y de estos, 7.397.835 por Álvaro Uribe Vélez.
[2] -Ejecuciones extrajudiciales donde aparecen gravemente implicados miembros de la Fuerza Pública, cuyo número desde el 2002 es de 1.015 casos documentados.
[3] - Ver http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co/ “Trujillo. Una tragedia que no cesa”. Página 13.
[4] - Para aminorar el impacto de la visita y el informe de la delegada de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
[5] - Entre estos figura Transval, la transportadora de valores de DMG, que aportó generosamente la custodia y traslado de los pliegos de firmas ciudadanas del referendo hasta la Registraduría.
[6] - Según editorial de “El Espectador” del 22 de Diciembre: “A la fecha, 34 de los 102 senadores electos en 2006 y 25 de 168 representantes a la Cámara están siendo investigados por vínculos con el paramilitarismo”.

jueves, noviembre 20, 2008


El Régimen Piramidal
(Noviembre 20 de 2008)
Hernando Llano Ángel.
De nuevo las noticias son tan vertiginosas, que ya las pirámides sepultan las fosas comunes de los falsos positivos. Sobre los gritos inconsolables de las madres frente a los restos de sus hijos, ahora se imponen las voces airadas de los clientes de DMG y de las Pirámides en contra del Gobierno. Así las cosas, esas captadoras de sueños y codicia han logrado opacar al terrible Leviatán que, en nombre de una supuesta “seguridad democrática”, desaparece, ejecuta y sepulta a quienes considera una amenaza para su orden y prosperidad o le proporcionan una fácil oportunidad para proyectar su invencible superioridad militar, como aconteció con los jóvenes de Soacha.

Pirámides de desaparecidos

Resulta ahora mucho más grave la desaparición de una Pirámide, como DFRE[1], que la de miles de seres humanos Desaparecidos en forma Fácil, Rápida y Ejecutiva. Como una cruel ironía, que refleja muy bien la escala de valores predominante, han salido a las calles miles de manifestantes a desafiar al Príncipe porque éste se ha convertido en una amenaza para sus bolsillos, pero no para sus vidas. Al menos por ahora. Y así han quedado de nuevo solas las víctimas de los falsos positivos, relegadas a un rincón de la actualidad, como si fueran una pesadilla que rápidamente hay que ocultar y olvidar. Igual a como sucedió hace 23 años con los desaparecidos del Palacio de Justicia, por el delito de ser jóvenes y trabajar en la cafetería. Con mayor razón ahora, cuando los desaparecidos son jóvenes marginales de Soacha, seres sospechosos e indeseados, sin ninguna fortuna. El crimen de Estado ha sido desplazado por los damnificados de las Pirámides y las avalanchas del invierno. La realidad contante y sonante del dinero ha sepultado, una vez más, el sentido de la vida y la dignidad de estos jóvenes, pobres y desafortunados. Ellos carecen de valor para el Gobierno y la sociedad. Son marginales y “desechables”. Sus muertes no ameritan la declaratoria de la emergencia social, como sí la exige con premura el poderoso don dinero.

Esas son las prioridades de este régimen piramidal, en cuya cúspide rige la mentira y gobierna la avaricia del poder aliada con el crimen de lesa humanidad. Es precisamente por ello que los damnificados de DMG y las pirámides consideran intruso e ilegítimo al presidente Uribe: por inmiscuirse en un asunto que ellos estiman no le compete. Nada menos que el derecho de cada ciudadano a disponer de su dinero como a bien tenga. Ya lo vociferaba ante las cámaras de televisión una furibunda y fiel usuaria de DMG: no habrá más votos por el presidente Uribe. Razón tenía Maquiavelo cuando le advertía al Príncipe que no se metiera en forma arbitraria con el dinero del vulgo y mucho menos con sus mujeres. Parece que la crisis de las Pirámides presagia por ahora el fin de los Consejos Comunitarios, no vaya a ser que un desesperado damnificado o una visceral estafada se transformen en una mortal carga explosiva y arrasen con toda la parafernalia de la seguridad presidencial.

A tales extremos se suele llegar cuando la política se mezcla con la mentira, la codicia y el crimen, como sucede en la actualidad, aunque ello se pretenda ocultar bajo el oropel de la legalidad y una mediática y carismática popularidad presidencial. Por ejemplo, al tipificar como sediciosos en una supuesta ley de “justicia y paz” a criminales de lesa humanidad y narcotraficantes de alta peligrosidad, cuyas máximas penas serían en Colombia de ocho años en prisión. Y tan portentosa alianza del crimen con la ley, auspiciada y convenida por el presidente Uribe con el auxilio del entonces viceministro de Justicia y hoy Fiscal General, Mario Iguarán, se pretendía perfeccionar en el altar de la llamada justicia transicional. Afortunadamente la Corte Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no lo permitieron y develaron así el escándalo de la mal llamada parapolítica, que es en realidad la simbiosis del crimen con la política, de la que en forma magistral se ha servido el presidente Uribe desde su gobernación en Antioquia.

Algo semejante, pero en el terreno más cenagoso del mercado y las finanzas, es lo que ha venido haciendo con éxito David Murcia Guzmán, sin cargar con el lastre de tanto falso positivo. Lastre sangriento que nos lo recuerda Mancuso en su última teleaudiencia, casi inadvertida por el escándalo de las Pirámides, cuando afirma que se reunió en varias ocasiones con el entonces Secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, mano derecha de Uribe, para coordinar la creación de las Convivir, que luego se trasmutaron en las criminales AUC. No por casualidad las víctimas de estas bandas en Antioquia, durante sus tres años como gobernador (1995-1997), aumentaron piramidalmente, con 143 asesinatos en 1995, en 1996 con 357 y en 1997, como para culminar su “mandato de bien”, la cifra llegó a 439. Todo ello, bajo el reinado de quien condecoró como “pacificador de Urabá”, y le rindió luego un homenaje de desagravio, el General (r) Rito Alejo del Río, hoy detenido por su activa colaboración con las AUC, según lo confirman con sus testimonios Mancuso y Ever Veloza, alías “H.H.”.

AUV > DMG
Por todo lo anterior, se puede afirmar que Álvaro Uribe Vélez (AUV) es en la política lo que David Murcia Guzmán representa en la economía, aunque como jefe de Estado lo supere en responsabilidad social y lo someta en el ámbito judicial. Ambos encarnan la promesa y la realidad de ganancias rápidas, seguras y rentables, sin importar mucho los medios para alcanzarlas. Ambos transitan por la ambigua línea de la legalidad y la escabrosa de la criminalidad. Uribe con las Convivir y la “Seguridad democrática”; DMG con sus tarjetas y novedosos mecanismos de comercialización y financiación. Los dos tan cercanos al narcotráfico, pero tan distantes de sus protagonistas. Ambos despiertan tanta pasión como odio y cuentan con miles de seguidores, que adoran sus virtudes y no ven sus graves defectos. Pero cada uno de ellos beneficia a unos pocos, aunque se proyectan en sus respectivos campos como líderes altruistas que trabajan incansablemente por el bien de todos. Uribe se autoproclama como el demócrata por excelencia que combate a muerte el terrorismo y la corrupción; Murcia se proyecta como el empresario generoso que lucha por la clase media y los pobres contra la codicia y la ambición del sector financiero. Mientras Uribe manipula y defrauda la confianza ciudadana y los valores democráticos, Murcia hace lo propio con la ambición y el dinero de sus clientes. Pero entre ellos existe una diferencia apreciable. Uribe supera con creces a Murcia, pues es un timador de la fe pública y un defraudador profesional de la democracia. Las pérdidas que produce son irrecuperables: vidas humanas sacrificadas en nombre de la “seguridad democrática” y la creciente ilegitimidad de las instituciones estatales, copadas por la ambición de mercaderes y mercenarios al servicio de unos pocos. Sólo que semejante costo no es apreciado por las mayorías en lo inmediato, pues está diferido hacia el futuro y girado contra las generaciones por venir. Ellas tendrán que rescatar de los cimientos de las pirámides miles de desaparecidos y hacer justicia a la memoria de tantas víctimas inocentes, además de ajustar cuentas con la buena conciencia de verdugos ilustres, hoy intocables por el poder judicial porque ocupan la cúspide de la pirámide estatal.

Por el contrario, las pérdidas generadas por Murcia son de cobro inmediato y, aunque cuantiosas, recuperables, pues se tasan en precios y no en valores tan trascendentales e irreversibles como la vida, la dignidad, la decencia y la legitimidad política. Seguramente por ello es mucho más fácil juzgar y hasta condenar a DMG. Sus delitos son económicos y no de lesa humanidad. Ellos están al alcance de la justicia nacional. Todo lo contrario sucede con AUV, que se sitúa más allá del bien y del mal, pues obra inspirado por el más noble servicio a la “Patria” y con la coartada de la “seguridad democrática”. De allí su obsesión por el poder presidencial, que le garantiza impunidad, siempre y cuando cuente con el juicio favorable de sus firmantes y electores, convertidos así en cómplices de este ignominioso régimen piramidal. Un régimen coronado por la criminalidad y sustentado en la impunidad política y la indolencia ciudadana. Un régimen que ocupa el primer lugar en el mundo por crímenes de sindicalistas, con 39 asesinados durante el año pasado y 464 desde el 2002, bajo la eficiente protección de la “seguridad democrática”. Un régimen que es sacudido en sus estructuras de mentira y fraude por escándalos como la Yidispolítica y movimientos telúricos como la Minga de Resistencia Indígena y Popular, que hoy ingresa a Bogotá.

Con bases tan deleznables no hay pirámide que se sostenga indefinidamente. Su imagen tambalea en el orden internacional, aunque internamente parezca tan firme como DFRE y DMG para sus ingenuos ahorradores. Pero de ilusiones y mentiras no puede vivir una sociedad por mucho tiempo. Ya lo saben los ahorradores defraudados, ahora falta que lo aprendan los electores deslumbrados, aunque ya sea demasiado tarde, pues los daños en la vida pública, por perjudicarnos a todos, son insubsanables. Sólo nos queda el derecho a no creer y reelegir a los responsables de semejante hecatombe política, económica, social y ética. Sería tanto como nombrar a David Murcia Guzmán de gerente del Banco de la República. Sin embargo hay millones de ciudadanos que así lo quieren, pero en la Presidencia de la República, por una tercera vez.

[1] “Dinero Fácil, Rápido y en Efectivo”, según el ingenio pastuso de su fundador, Carlos Alfredo Suárez.

miércoles, octubre 15, 2008

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA

EN CONTEXTOS DE GUERRA
[1]


Hernando Llano Ángel.[2]

Agradezco a los organizadores de la cátedra internacional Ignacio Martín Baró por su amable invitación a participar en este panel interdisciplinario en compañía de profesionales que tanto han aportado a la comunicación desde la perspectiva académica, gremial, fundacional y de la propia formación de opinión pública, como son los casos de José Vicente Arizmendi, Marta Toro, Rocío Castañeda, Ubencel Duque y Hollman Morris, frente a quienes soy un inexperto y un advenedizo. Por ello, no voy abordar esta compleja, apasionante y posmoderna trinidad que forman los medios, la opinión pública y la guerra –tres cosas distintas que configuran nuestra única realidad terrenal-- desde la perspectiva de la comunicación, sino desde una perspectiva más amplia y la vez mundana, como es la política.

Arendt y Camus

Lo voy a hacer a partir de una pareja de pensadores que descolló por su lucidez, valor, resistencia civil y sensibilidad frente a la condición humana sometida a los avatares de la violencia y la guerra en el siglo XX, como lo fueron Hannah Arendt y Albert Camus.

Ambos realizaron valiosos aportes en la formación de una opinión pública reflexiva, crítica y democrática, mediante la interpelación a sus lectores en diarios y revistas para que asumieran posturas éticas y civilistas frente a quienes desde el poder político hábilmente manipulaban sus sentimientos, pasiones, miedos y prejuicios, invocando grandes valores como la paz, la libertad, la seguridad y la justicia, para así movilizarlos en forma entusiasta a los frentes de batalla y sacrificar sus vidas y la de sus enemigos en nombre de la humanidad y supuestas causas supremas.

No obstante el carácter y alcance tan disímil de sus obras, ambos coincidieron en la problemática que nos convoca en este panel, pues asumieron una postura de radical resistencia civil y denuncia crítica de los supuestos alcances progresistas y revolucionarios que desempeñan la violencia y la guerra en los asuntos humanos, tanto en la esfera de lo público como en los conflictos políticos nacionales e internacionales.

Arendt lo hizo a través de su monumental investigación, “Los orígenes del Totalitarismo” y especialmente en su incisivo ensayo “Sobre la Violencia”, que la consagraron como la pensadora política que abordó en la forma más sugerente y creativa la compleja y crucial relación entre poder y violencia, superando las tradicionales concepciones de la derecha y las revolucionarias de la “nueva izquierda”, tan proclives a rendir culto a la violencia directa como juez de última instancia en las controversias políticas y sociales.

Por su parte, Albert Camus, en su controvertido ensayo “El Hombre Rebelde”, ajustó cuentas en forma temprana y contundente con la mistificación de una violencia supuestamente progresista, como la del régimen Stalinista, que bajo la coartada de la liberación del proletariado y el campesinado ordenó miles de crímenes de lesa humanidad e instauró nuevos campos de concentración en Siberia.

Entonces, escribió Camus, en la introducción de la mencionada obra, lo siguiente: “Pero a partir del momento en que por falta de carácter corre uno a darse una doctrina, desde el instante en que se razona el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el grito; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”. En nuestro caso, habría que agregar que nos gobierna.

Pero para entrar en materia y referirme al papel de los medios de comunicación en la generación de opinión pública, es pertinente comenzar con una breve y profunda reflexión de Arendt en otro de sus libros fundamentales, “La Condición Humana”, donde escribió lo siguiente:

Realidad Aparencial: “Para nosotros, la apariencia --algo que ven y oyen otros al igual que nosotros-- constituye la realidad”.[3] (Diapositiva 1)

En efecto, la opinión pública pertenece al ámbito de lo aparente, en su doble acepción de aquello que, primero, aparece ante nosotros --proyectado en pantallas de televisión, escuchado a través de la radio y/o leído en la prensa escrita—y, segundo, como aquello que no es, pero se nos presenta como verosímil, según las diversas versiones e interpretaciones que se disputan el sentido y alcance de los hechos y acontecimientos que determinan nuestras vidas.

Hechos y acontecimientos que al desarrollarse en un contexto de guerra se convierten, ellos mismos, en materia de profunda controversia, pues la parte que logre persuadir a la opinión de que su versión de lo sucedido es la verdadera, desvirtuando como falsa o mentirosa la brindada por su adversario o enemigo, ya se habrá asegurado más de la mitad de la victoria. De allí el aserto del famoso aforismo inglés, según el cual: “La verdad es la primera baja o víctima en todas las guerras”.

Lo estamos corroborando en los dos casos más emblemáticos y dramáticos de nuestro degradado conflicto interno, la famosa “Operación Jaque”, en donde al parecer tendremos que esperar la versión de Hollywood, protagonizada por Michael Douglas, para saber exactamente lo que sucedió, pues sólo la ficción podrá brindarnos la medida de esa espectacular “verdad”. Y las tenebrosas ejecuciones extrajudiciales, que es el eufemismo oficial de actualidad para denominar los crímenes de Estado, que tardíamente endilga el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a mandos militares sin identificar.

Por ello, la primera cuestión que quiero plantear para el debate en este panel, es la imperiosa necesidad de reconocer que la opinión pública se ha convertido entre nosotros en un verdadero campo de batalla, donde el comunicador aparece en muchas ocasiones como el blanco perfecto de los combatientes, cuando no su más preciado aliado o incluso temible adversario. Es por eso que tenemos en Colombia tan alto número de periodistas asesinados, amenazados, investigados y estigmatizados. Por ello es también el periodismo una profesión tan peligrosa como apasionante y compleja, pues permite conocer como ninguna otra a los protagonistas de la guerra, sus laberintos de odio y venganza, sus abismos éticos y crímenes atroces.

De allí la pertinencia de ver y escuchar a uno de esos protagonistas, Salvatore Mancuso, quien empezó a revelarnos, antes de que el Presidente Uribe ordenará su rápida extradición, la forma como se fue configurando en Colombia la alianza entre la política y el crimen, más conocida bajo el eufemismo de la “parapolítica”. (Proyectar dos primeros vídeos).

El merito del periodista Juan Carlos Giraldo, en esta entrevista excepcional, es que nos permite ver y escuchar, más allá de la apariencia de las elecciones y los triunfos de los candidatos, la realidad criminal que hay detrás de nuestro régimen político que no merece por lo tanto el título de democrático, sino más bien de régimen electofáctico, pues en la realidad es esa simbiosis de la política con los poderes de facto lo que determina la suerte de las elecciones y el nombre de los ganadores.

También, como veremos a continuación, es la alianza entre dichos grupos criminales con políticos profesionales, como el caso del Senador Mario Uribe Escobar, lo que marcará la expedición de algunas leyes, como la mal llamada ley de “Justicia y Paz”, que después determinará gran parte de la agenda política nacional e internacional del actual gobierno. (Proyectar vídeo Mancuso, caso Mario Uribe).

Y es en este contexto donde los comunicadores y en general todo profesional que potencialmente incida en la formación de opinión pública, como es el caso de los docentes y los denominados intelectuales, que encontramos en Arendt y Camus dos extraordinarios ejemplos de lucidez, coherencia y valor, que bien vale la pena tratar de emular.

Para continuar con Arendt, recurro ahora a una cita tomada de su ensayo “Comprensión y política”, donde nos advierte sobre el papel de la comunicación en contextos de guerra y nos dice: “Las armas y la lucha corresponden a la esfera de la violencia y la violencia, a diferencia del poder, es muda; la violencia empieza donde termina el discurso. Las palabras que se usan para combatir pierden su calidad de discurso y se convierten en clichés”. (Diapositiva 5) “El lugar que los clichés han llegado a ocupar en nuestro lenguaje y en nuestros debates cotidianos puede muy bien indicar hasta qué punto no sólo nos hemos privado de la facultad del habla sino que no dudamos en utilizar medios más efectivos que los libros malos (y sólo los libros malos pueden ser buenas armas) para solucionar nuestros diferendos”[4]. (Diapositiva 6)

Sin duda, entre nosotros predominan los clichés y con ellos se pretende sustituir la realidad, incluso negarla, como sucede con el lenguaje oficial que no reconoce la existencia de la guerra o el conflicto armado interno --aunque en la operación jaque haya utilizado el símbolo del CICR-- sino de un ataque terrorista contra la democracia más profunda y estable de América Latina. De allí el enorme desafío que enfrentamos los periodistas y los docentes, pues como mediadores que somos entre la realidad que se informa y el conocimiento que se imparte, siempre corremos el riesgo de ponernos al servicio de la mentira o la dominación bajo los más incuestionables e intocables clichés.

En el caso de los comunicadores, por ejemplo, convirtiéndose en agentes propagadores y propagandistas del odio, al punto que les impida ver cualquier rasgo de humanidad en quien es considerado enemigo público de la patria o incluso de toda la especie.

En tales circunstancias pierde todo sentido indagar quién es tal enemigo, basta nombrarlo con el cliché que lo condena y lo estigmatiza, bien sea como terrorista, apátrida, narcoterrorista, guerrillero, paramilitar o, en otras circunstancias y latitudes, como musulmán, judío, armenio, kurdo, serbio, bosnio o fundamentalista.

Todos estos clichés tienen en común que resuman odio. Y como bien lo señala Camus, en la entrevista “Las servidumbres del odio”, concedida al periódico “El Progreso de Lyon” en 1951 (Diapositiva 7) “El odio es en sí mismo una mentira. Se calla instintivamente con relación a toda una parte del hombre. Niega lo que en cualquier hombre merece compasión. Miente, pues, esencialmente sobre el orden de las cosas. La mentira es más sutil. Sucede incluso que se miente sin odio, por simple amor a uno mismo. Todo hombre que odia, por el contrario, se detesta a sí mismo, en cierto modo. No hay, pues, un lazo lógico entre la mentira y el odio, pero existe una relación casi biológica entre el odio y la mentira.”

Develar y denunciar cómo el odio engendra portentosas mentiras, bien puede ser uno de los principales desafíos que nos corresponde asumir a los comunicadores y educadores en este tiempo y en esta tierra colombiana, como condición previa y necesaria para algún día disfrutar de la convivencia democrática y dejar así de vivir bajo el imperio del miedo y la desconfianza.

Mentiras, tales, como que hay una violencia menos atroz y más justificable que otra, ayer representada por las Convivir y las AUC, y hoy trasmutada en la política oficial denominada “seguridad democrática”, en nombre de la cual se estimula el asesinato, el desmembramiento del enemigo y las llamadas ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes o terroristas. Mentiras como llamar retenciones a los secuestros y ajusticiamiento a los asesinatos, cometidos supuestamente en nombre de una justicia que se autoproclama revolucionaria, como lo hacen las FARC y el ELN.

Y en un terreno menos anegado por la violencia y las venganzas, pero que de alguna forma lo auspicia y abona, continuar afirmando y enseñando desde la cátedra y los medios masivos que vivimos bajo la protección de un Estado Social de Derecho, cuando éste no deja de ser una ilusión fantasmagórica y hasta terrorífica para millones de compatriotas. A tal punto que la misma Corte Constitucional, en su famosa sentencia sobre la situación de los más de tres millones de colombianos desplazados, lo denominó un “estado de cosas inconstitucional”. Sin duda, nuestro Estado es cada día menos social y menos de derecho, y hoy está convertido en una especie de ficción mediática que ya ni siquiera es capaz de garantizar a sus asociados el servicio de la justicia. No le faltaba razón a San Agustín, cuando afirmaba en su famosa obra “La ciudad de Dios”, que “Un reino sin justicia es un gran robo”. En nuestro tiempo, se podría afirmar que “Un Estado sin justicia es una ignominia”.

Y en nuestro caso, no sólo por cumplirse 36 días sin el servicio estatal de la administración de justicia a raíz del paro de ASONAL, sino por algo mucho más escandaloso, como ha sido la decisión del Presidente Uribe de extraditar a criminales de lesa humanidad para que sean juzgados por narcotráfico en Estados Unidos, burlando así el derecho de las víctimas a la verdad, sin la cual jamás podrá haber justicia y mucho menos reparación, como también escamoteando el conocimiento público de la responsabilidad y complicidad de importantes y numerosos dirigentes empresariales y líderes políticos comprometidos en el funcionamiento y consolidación de esa maquinaria criminal.

Por eso, a la pregunta de su entrevistador “¿Y no es la mentira una de las mejores armas del odio, quizá la más pérfida y la más peligrosa?”. Camus respondió: “El odio no puede tomar otra máscara, no puede privarse de esta arma. No se puede odiar sin mentir. E inversamente, no se puede decir la verdad sin sustituir el odio por la compasión (que no tiene nada que ver con la neutralidad). De diez periódicos, en el mundo actual, nueve mienten más o menos. Es que en grados diferentes son portavoces del odio y la ceguera. Cuanto mejor odian más mienten. La prensa mundial, con algunas excepciones, no conoce hoy otra jerarquía. A falta de otra cosa mejor, mi simpatía va hacia esos, escasos, que mienten menos porque odian mal.”

Ese podría ser un imperativo ético para comunicadores y educadores: “odiar mal para mentir menos”. Y ello empieza por ser conscientes de nuestros odios para no seguir diciendo o defendiendo mentiras, bien sea desde la prensa o desde la cátedra. Mentiras tan piadosas como que “Somos la democracia más estable y profunda de América Latina”. O la colosal y cínica afirmación del estelar asesor presidencial, José Obdulio Gaviria: “En Colombia no hay desplazados, sino migrantes.” Sin dejar de mencionar la principal tesis de la “inteligencia superior” que guía los destinos de la nación: “En Colombia no hay conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra la democracia”.

Afortunadamente la mayoría de quienes estamos en este Auditorio hemos sido formados en la escuela jesuita del discernimiento, bajo la influencia y el ejemplo vital de hombres como Ignacio Martín Baró, quien nos advirtió que “No hay saber verdadero que no vaya esencialmente vinculado con un hacer transformador sobre la realidad, pero no hay hacer transformador de la sociedad que no involucre un cambio de las relaciones entre los seres humanos”. Y ese cambio en nuestras relaciones está determinado por nuestra capacidad para no mentir y adulterar la realidad. Por nuestra autenticidad existencial, veracidad comunicativa y coherencia vital en el trato con los demás y la misma realidad.

Por ello, es pertinente terminar con la última respuesta de Camus a la pregunta “¿Cuál es la importancia privilegiada de la mentira? Entonces respondió: “Su importancia proviene de que ninguna virtud puede aliarse con ella sin perecer. El privilegio de la mentira es que siempre vence al que pretende servirse de ella…No, ninguna grandeza se ha establecido jamás sobre la mentira. La mentira a veces hace vivir, pero nunca eleva. La verdadera aristocracia, por ejemplo, no consiste en batirse en duelo. Consiste, en primer lugar, en no mentir. La libertad no consiste en decir cualquier cosa y en multiplicar los periódicos escandalosos, ni en instaurar la dictadura en nombre de una libertad futura. La libertad consiste, en primer lugar en no mentir. Allí donde prolifere la mentira, la tiranía se anuncia o se perpetúa.”

Claro está que la proliferación de las mentiras como la perpetuación de las tiranías no depende sólo de los comunicadores y los educadores, sino también de quienes se las creen o las desean, y es en tal contexto donde cobra todo su significado la resistencia civil.

Porque la resistencia civil es la afirmación del poder de las verdades y las identidades plurales, siempre reacias a todo tipo de hegemonías homogeneizadoras, aniquiladoras de la riqueza de la diversidad de la vida, bien a través del mercado, la cooptación política y las nuevas formas de un caudillismo autoritario que se proyecta como insustituible e imprescindible entre nosotros y el vecindario, aunque sus protagonistas estén situados en orillas contrarias y divergentes.



Muchas gracias por su atención.

Octubre 9 de 2008.






[1] - Ponencia presentada en la Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró.
Panel: Medios de Comunicación y Opinión Pública en contextos de guerra. Diálogos Interdisciplinarios. Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Octubre 9 de 2008. Auditorio Los Almendros.

[2] - Profesor Asociado Departamento de Ciencia Jurídica y Política. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Abogado y Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

[3] - Arendt, Hannah. (1993). La Condición Humana. Barcelona, Edit Paidós, p. 59.

[4] - Hilb, Claudia (Comp), (1994). “El resplandor de lo público. En torno a Hannh Arendt”, Caracas. Editorial Nueva Sociedad, p. 32.

martes, septiembre 23, 2008

­DE-LIBERACIÓN

(http://www.calicantopinion.blogspot.com/)

El Estado Encapuchado
­Septiembre 21 de 2008
Hernando Llano Ángel.

El debate suscitado por la senadora Gina Parody sobre la inaceptable e intolerable práctica de algunos estudiantes de encapucharse para intervenir en las asambleas universitarias, bien vale la pena extenderlo a otras esferas y ámbitos de nuestra vida institucional, como el Congreso y la misma Presidencia de la República. Así nos percataríamos de que la capucha de tela es inocua e insignificante frente a la capucha mental y moral que predomina en las altas esferas del poder estatal. Sin duda, las capuchas oficiales son mucho más sofisticadas y por eso es casi imposible detectarlas. Incluso pasan inadvertidas para la misma senadora, no obstante ella contar con un psicodélico y vistoso juego de gafas, que siempre luce con ese aire indescifrable de modelo chic o de niña bien que se encuentra en el lugar equivocado.

Capuchas Transparentes

La principal razón por la cual es tan difícil detectar las capuchas oficiales es que parecen auténticas, pues hacen parte de la identidad de sus portadores y ellos las llevan con absoluta naturalidad. Podríamos decir que son transparentes. Así las cosas, es comprensible que la senadora no haya podido detectar que entre los miembros de su partido político, curiosamente denominado partido de la “U”, ya sean diez (10) los congresistas procesados por concierto para delinquir agravado con bandas paramilitares. En otras palabras, que a su lado tenía más encapuchados como Honorables Senadores y Representantes que los tres o cuatro estudiantes que aparecen ocultando su rostro en la famosa arenga en la Universidad Distrital. Lo anterior demuestra que el asunto es más complejo de lo que cree la senadora, pues los encapuchados más peligrosos son los que enseñan sin temor su rostro, pero ocultan su identidad política y verdaderos intereses económicos bajo la investidura que tienen y el cargo oficial que desempeñan. Ellos no son identificables por nuestros ojos, sino por nuestro juicio, pero este suele tardar demasiado para ser certero. El reciente rechazo de la senadora a un tercer período de Uribe, es señal de que empieza a tener mejor juicio. La cuestión es tan compleja, que en muchas ocasiones ni siquiera el juicio de avezados magistrados es suficiente para identificarlos, pues sus actividades oscilan entre la política y el crimen y casi siempre cuentan con coartadas perfectas para su justificación, cuando no con testigos que son descartados por su condición de criminales y mitómanos irredimibles.

“Caras vemos, corazones no sabemos”

Como en el sabio refrán popular, corazones pérfidos se ocultan con facilidad bajo rostros bondadosos. Difícil imaginar que tras las buenas maneras, la fina elegancia y la atemperada voz de Salvatore Mancuso se oculte el temible y sanguinario comandante de las AUC. Seguramente por ello fue escuchado con tanta atención y aplaudido con entusiasmo cuando pronunció su discurso en el Congreso, pues parecía un parlamentario más. De alguna manera las investigaciones sobre la parapolítica y las versiones de los principales ex comandantes paramilitares nos han revelado que son legión los encapuchados en el interior del Estado colombiano. Ellos cumplen sus funciones sin necesidad de portar un antifaz distinto al de su distinguido e importante cargo: Senadores, Representantes, Directores de Institutos Descentralizados, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Generales, Coroneles, Fiscales y un extenso etcétera, que todavía ignoramos hasta qué encumbradas instancias y profundas fosas puede llegar. Según el Fiscal General de la Nación, Mario Enrique Iguarán, en la actualidad esa institución adelanta investigaciones contra más de 300 funcionarios por presuntas vinculaciones con grupos armados ilegales. Estamos, pues, literalmente frente a un Estado encapuchado. Pero un Estado que no porta una capucha cualquiera, mugrienta y de tela desteñida, como la que usan en las asambleas algunos estudiantes en Universidades públicas. No. Es un Estado que cuenta con una capucha a salvo de cualquier sospecha, la capucha democrática, siempre reluciente y fragante.

La Capucha Democrática

El Estado colombiano porta una fina y vistosa capucha democrática, parecida al juego de gafas de la senadora Parody, que le permite proyectarse muy bien en todos los escenarios nacionales e internacionales. Pero bajo esa capucha democrática se han ocultado durante más de medio siglo los rostros de conspicuos gobernantes que incurrieron, por acción u omisión, en gravísimos actos criminales. Bastaría mencionar esa preciosa capucha roja y azul llamada Frente Nacional, confeccionada a la medida de la impunidad y la conservación de los privilegios de quienes desataron la vorágine de la Violencia, para después gobernar en nombre de la paz y la reconciliación, sin que hasta la fecha hayan rendido cuentas de la funesta herencia de iniquidad y corrupción que nos legaron.

Sin embargo esa “civilista” capucha luce como un burdo antifaz frente a la que adorna el Estado actual, cubierto con los oropeles de la “seguridad democrática” y los Consejos Comunitarios presidenciales, donde la audiencia queda hipnotizada por el verbo coloquial y familiar de Uribe y las generosas dádivas de Acción Social. Es la capucha del llamado Estado Comunitario que, con la invaluable ayuda de incondicionales medios de comunicación e impactantes denuncias como la de la senadora Parody, logra ocultar hechos tan graves y criminales como los siguientes, someramente mencionados en algunas publicaciones de circulación semanal.

Por ejemplo, la revista Cambio de la semana pasada, bajo el insólito título de “Buena Conducta”, celebra que la Fuerzas Armadas hayan avanzado en el respeto de los derechos humanos, pero señala lo siguiente: “Según cifras del Gobierno, entre 2002 y lo que va de este año, se han registrado ejecuciones extrajudiciales de 470 personas. Por esta razón, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, viene desarrollando una estrategia para reducir este tipo de conductas”[1]. Y para completar, en un recuadro, destaca los siguientes nombres de oficiales que aparecen gravemente implicados o están siendo investigados por presuntos vínculos con grupos paramilitares: General Mario Montoya Gil; General (r) Julio Charry Solano; General (r) de la Policía Rosso José Serrano; Coronel de la Policía William Alberto Montezuna y Almirante (r) Rodrigo Quiñones. Si lo anterior amerita el título de “Buena Conducta”, no hay duda de que vivimos bajo la capucha de un Estado democrático que logra así ocultar con éxito sus prácticas terroristas. Por eso en el mismo artículo se señala que lo que “más preocupa al Ministerio de Defensa es que 190 ONG, agrupadas en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, presentaron en agosto un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, según el cual en los últimos cinco años aumentó 67.71 por ciento el registro de ejecuciones extrajudiciales. Además, se da cuenta de por lo menos 1.122 casos entre julio de 2002 y Diciembre de 2007, frente a 669 casos entre enero de 1997 y junio de 2002”. Por todo lo anterior se puede concluir que estamos frente a un Estado encapuchado, que luce con desparpajo y criminal cinismo el antifaz de democrático.

[1] - Revista Cambio número 793, 11 al 17 de Septiembre de 2008, página 38.