Hernando Llano Ángel.
El debate suscitado por la senadora Gina Parody sobre la inaceptable e intolerable práctica de algunos estudiantes de encapucharse para intervenir en las asambleas universitarias, bien vale la pena extenderlo a otras esferas y ámbitos de nuestra vida institucional, como el Congreso y la misma Presidencia de la República. Así nos percataríamos de que la capucha de tela es inocua e insignificante frente a la capucha mental y moral que predomina en las altas esferas del poder estatal. Sin duda, las capuchas oficiales son mucho más sofisticadas y por eso es casi imposible detectarlas. Incluso pasan inadvertidas para la misma senadora, no obstante ella contar con un psicodélico y vistoso juego de gafas, que siempre luce con ese aire indescifrable de modelo chic o de niña bien que se encuentra en el lugar equivocado.
Capuchas Transparentes
La principal razón por la cual es tan difícil detectar las capuchas oficiales es que parecen auténticas, pues hacen parte de la identidad de sus portadores y ellos las llevan con absoluta naturalidad. Podríamos decir que son transparentes. Así las cosas, es comprensible que la senadora no haya podido detectar que entre los miembros de su partido político, curiosamente denominado partido de la “U”, ya sean diez (10) los congresistas procesados por concierto para delinquir agravado con bandas paramilitares. En otras palabras, que a su lado tenía más encapuchados como Honorables Senadores y Representantes que los tres o cuatro estudiantes que aparecen ocultando su rostro en la famosa arenga en la Universidad Distrital. Lo anterior demuestra que el asunto es más complejo de lo que cree la senadora, pues los encapuchados más peligrosos son los que enseñan sin temor su rostro, pero ocultan su identidad política y verdaderos intereses económicos bajo la investidura que tienen y el cargo oficial que desempeñan. Ellos no son identificables por nuestros ojos, sino por nuestro juicio, pero este suele tardar demasiado para ser certero. El reciente rechazo de la senadora a un tercer período de Uribe, es señal de que empieza a tener mejor juicio. La cuestión es tan compleja, que en muchas ocasiones ni siquiera el juicio de avezados magistrados es suficiente para identificarlos, pues sus actividades oscilan entre la política y el crimen y casi siempre cuentan con coartadas perfectas para su justificación, cuando no con testigos que son descartados por su condición de criminales y mitómanos irredimibles.
“Caras vemos, corazones no sabemos”
Como en el sabio refrán popular, corazones pérfidos se ocultan con facilidad bajo rostros bondadosos. Difícil imaginar que tras las buenas maneras, la fina elegancia y la atemperada voz de Salvatore Mancuso se oculte el temible y sanguinario comandante de las AUC. Seguramente por ello fue escuchado con tanta atención y aplaudido con entusiasmo cuando pronunció su discurso en el Congreso, pues parecía un parlamentario más. De alguna manera las investigaciones sobre la parapolítica y las versiones de los principales ex comandantes paramilitares nos han revelado que son legión los encapuchados en el interior del Estado colombiano. Ellos cumplen sus funciones sin necesidad de portar un antifaz distinto al de su distinguido e importante cargo: Senadores, Representantes, Directores de Institutos Descentralizados, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Generales, Coroneles, Fiscales y un extenso etcétera, que todavía ignoramos hasta qué encumbradas instancias y profundas fosas puede llegar. Según el Fiscal General de la Nación, Mario Enrique Iguarán, en la actualidad esa institución adelanta investigaciones contra más de 300 funcionarios por presuntas vinculaciones con grupos armados ilegales. Estamos, pues, literalmente frente a un Estado encapuchado. Pero un Estado que no porta una capucha cualquiera, mugrienta y de tela desteñida, como la que usan en las asambleas algunos estudiantes en Universidades públicas. No. Es un Estado que cuenta con una capucha a salvo de cualquier sospecha, la capucha democrática, siempre reluciente y fragante.
La Capucha Democrática
El Estado colombiano porta una fina y vistosa capucha democrática, parecida al juego de gafas de la senadora Parody, que le permite proyectarse muy bien en todos los escenarios nacionales e internacionales. Pero bajo esa capucha democrática se han ocultado durante más de medio siglo los rostros de conspicuos gobernantes que incurrieron, por acción u omisión, en gravísimos actos criminales. Bastaría mencionar esa preciosa capucha roja y azul llamada Frente Nacional, confeccionada a la medida de la impunidad y la conservación de los privilegios de quienes desataron la vorágine de la Violencia, para después gobernar en nombre de la paz y la reconciliación, sin que hasta la fecha hayan rendido cuentas de la funesta herencia de iniquidad y corrupción que nos legaron.
Sin embargo esa “civilista” capucha luce como un burdo antifaz frente a la que adorna el Estado actual, cubierto con los oropeles de la “seguridad democrática” y los Consejos Comunitarios presidenciales, donde la audiencia queda hipnotizada por el verbo coloquial y familiar de Uribe y las generosas dádivas de Acción Social. Es la capucha del llamado Estado Comunitario que, con la invaluable ayuda de incondicionales medios de comunicación e impactantes denuncias como la de la senadora Parody, logra ocultar hechos tan graves y criminales como los siguientes, someramente mencionados en algunas publicaciones de circulación semanal.
Por ejemplo, la revista Cambio de la semana pasada, bajo el insólito título de “Buena Conducta”, celebra que la Fuerzas Armadas hayan avanzado en el respeto de los derechos humanos, pero señala lo siguiente: “Según cifras del Gobierno, entre 2002 y lo que va de este año, se han registrado ejecuciones extrajudiciales de 470 personas. Por esta razón, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, viene desarrollando una estrategia para reducir este tipo de conductas”[1]. Y para completar, en un recuadro, destaca los siguientes nombres de oficiales que aparecen gravemente implicados o están siendo investigados por presuntos vínculos con grupos paramilitares: General Mario Montoya Gil; General (r) Julio Charry Solano; General (r) de la Policía Rosso José Serrano; Coronel de la Policía William Alberto Montezuna y Almirante (r) Rodrigo Quiñones. Si lo anterior amerita el título de “Buena Conducta”, no hay duda de que vivimos bajo la capucha de un Estado democrático que logra así ocultar con éxito sus prácticas terroristas. Por eso en el mismo artículo se señala que lo que “más preocupa al Ministerio de Defensa es que 190 ONG, agrupadas en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, presentaron en agosto un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, según el cual en los últimos cinco años aumentó 67.71 por ciento el registro de ejecuciones extrajudiciales. Además, se da cuenta de por lo menos 1.122 casos entre julio de 2002 y Diciembre de 2007, frente a 669 casos entre enero de 1997 y junio de 2002”. Por todo lo anterior se puede concluir que estamos frente a un Estado encapuchado, que luce con desparpajo y criminal cinismo el antifaz de democrático.
[1] - Revista Cambio número 793, 11 al 17 de Septiembre de 2008, página 38.
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