Verdades en disputa y
desafíos históricos
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Hernando Llano
Ángel
La asunción de responsabilidad
del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado por la entonces FARC-EP, no es solo un
gran desafío para la supervivencia política de la hoy Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC) y para la competencia e idoneidad judicial de la
JEP, sino para toda la sociedad colombiana, reacia a creer en dicha versión
como verdadera. De nuevo, nos encontramos frente a las paradojas y desafíos de la
verdad, con sus múltiples rostros, actores, aristas y relatos casi
inverosímiles. En un influyente sector político, social y económico, cuyo
epicentro son los descendientes del mismo Álvaro Gómez, ya estaba dictada la
sentencia moral condenatoria contra el expresidente Ernesto Samper y su alfil
Horacio Serpa Uribe. También lo está en el (pre)juicio del presidente Duque,
como albacea de dicha versión, al encomendarle al Fiscal General la misión de
su investigación, esclarecimiento y condena de los verdaderos responsables. En
otros sectores, la hipótesis señalaba a miembros del propio Ejército nacional,
sobre el supuesto de la negativa de Álvaro Gómez a presidir una conspiración
que depusiera de la jefatura estatal a Samper Pizano.
La hora de la verdad
Ahora, el turno es para los
dirigentes de la FARC, quienes deberán aportar a los magistrados de la JEP un
acervo probatorio de tal consistencia que permita la demostración fáctica,
política, histórica y judicial de haber sido los autores intelectuales y
materiales del magnicidio.
Entre esos aportes, uno de los más cruciales será el político, puesto que
tendrán que explicar la lógica que los llevó a planear y ejecutar el crimen de
quien entonces era potencialmente su mejor aliado. El aliado que encarnaba al
interior de la elite dirigente la oposición más temida por Samper, quien se
defendía casi en absoluta soledad con su poder burocrático y clientelista,
atornillado a la silla presidencial. Por la correspondencia ahora revelada de
Tirofijo, nos enteramos que éste apeló al manual leninista de profundizar las
contradicciones entre la elite como una fórmula que supuestamente precipitaría
la caída del régimen: “Lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto, para
ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones, mientras bajamos
otros. Y entre otras cosas los Estados (sic) mayores de bloques y comandos
conjuntos no deben olvidar la creación de comandos para dar de baja a jefes
políticos reaccionarios, y así ayudar a profundizar las contradicciones en el
régimen político”. Es el conocido “divide y reinaras”, reforzado con el dar de “baja”
a quienes consideraban reaccionarios, como lamentablemente sucedió con el
profesor Jesús Bejarano y el camarada José Cardona Hoyos,
entre muchos otros. Ninguna revolución ha triunfado sin haberse producido antes
una división insuperable en la cúpula del régimen, división que encarnaba con
lucidez y valentía Álvaro Gómez, quien iba mucho más allá de la consiga
oportunista de “tumbar a Samper” y buscaba era tumbar el régimen, aunque con
una estrategia diametralmente opuesta a la de las Farc-EP.
“La responsabilidad es del régimen”
Así lo escribió en el editorial
de su diario “El Nuevo Siglo”, el 23 de octubre de 1995, bajo el título “La
responsabilidad es del régimen”:
“Al Presidente
no lo están tumbando ni los políticos, ni los periódicos, ni los gremios,
porque nada se ganaría con remplazarlo por otro personaje del mismo régimen que
quizás no tendría tantas cosas que respetar como el señor Samper. El proceso de
decadencia que vivimos no se acaba con un cambio de nombres.”
Y agregaba que ello debía
emprenderse por vías constitucionales:
“Creemos que
hay que acortar ese camino. Que aún es tiempo, que pueden presentarse
soluciones por las vías previstas en la Constitución y que le evitarían, no
solo al país, sino a los propios personajes que constituyen el régimen, el
tremendo desgaste a que están sometidos”.
Transcurridos casi 25 años de su
asesinato, hoy sabemos que su determinador o autor intelectual fue el mismo
Manuel Marulanda junto al Secretariado de las Farc-Ep y que su decisión tuvo
relación directa con el origen del conflicto armado interno, pues en 1961,
siendo senador Álvaro Gómez, éste denunció la existencia de las llamadas
“repúblicas independientes”. Repúblicas
que pretendió erradicar el presidente Guillermo León Valencia en 1964 con la
llamada operación “Soberanía” contra Marquetalia, episodio que catalizó la
transformación de una autodefensa campesina en la leyenda fundacional de las
FARC, rodeada del heroísmo épico de cerca de 50 campesinos que resistieron el
asedio de batallones y bombardeos. Por
ello, los responsables del magnicidio deben aportar ahora toda la verdad con
testimonios y pruebas irrefutables, para que la JEP asuma por competencia
material dicha investigación. Pero, más allá de esos aspectos judiciales y de
la colisión entre las jurisdicciones, que ya presagia otro tenso pulso entre la
Fiscalía y la JEP, hay dimensiones de mayor trascendencia. Dimensiones
relacionadas con el conocimiento de nuestra degradada realidad política y de
sus principales protagonistas y responsables. Pero también con nuestro rol como
ciudadanos, sin el cual jamás podremos transformarla y superarla. Al respecto, el
mismo Álvaro Gómez describía con clarividencia ese régimen, en entrevista
publicada en la Revista Diners número 303 en junio de 1995: “El régimen transa
las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna. El
régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene
lugar sobre la tierra”.
El régimen por tumbar
Hoy, como ayer, ese régimen que
Gómez llamaba a tumbar sigue incólume, con la gravedad que, después de su
asesinato, se ha ido consolidado de tal forma que parece irreconocible y poco
tiene que ver con la legitimidad y la legalidad de una auténtica democracia. Es
un régimen que ha fusionado la política con el crimen, lo legal con lo ilegal y
lo legítimo con lo ilegitimo, bajo un manto denso e impenetrable de elecciones
con coaliciones y alianzas de sus candidatos y gobernantes con fuerzas y grupos
criminales, pero también con intereses empresariales y banqueros que financian
y avalan
generosamente sus campañas. Y esto no es de ahora, pues sucede desde la
noche de los tiempos. Solo que esa ilegalidad criminal y legalidad empresarial
tienen tal capacidad de metamorfosearse y mimetizarse con el poder político
institucional que no lo percibe nuestra frágil memoria e ignorancia política e
histórica. Tras bambalinas, todavía hoy se ocultan los fantasmas de Odebrecht y
del Ñeñe Hernández,
para solo nombrar dos poderes de facto que fueron determinante en las recientes
elecciones presidenciales y no irnos hasta las últimas tres décadas del siglo
pasado. Décadas donde el narcotráfico, primero, y el narcoterrorismo, después,
precipitaron incluso la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, la
expedición de la Carta del 91 y la elección de más de un presidente. O recordar
la reciente y aún más terrorífica metamorfosis de ese poder cristalino de la
cocaína camuflado en las AUC, previo ensayo exitoso en el laboratorio legal de
las Convivir, y su rápida conversión en narcoparamilitarismo hasta coronar,
mediante la parapolítica, la Presidencia y el Congreso de la República. En fin,
por esa maraña inextricable de la política con el crimen, desde César Gaviria
hasta el presente, ninguno de los presidentes ha podido gobernar sin tener
relaciones implícitas o explicitas con la ilegalidad y la criminalidad. En
ocasiones haciendo promesas electorales de procesos de paz, como Pastrana con
las FARC, o mediante coaliciones con criminales como los PEPES, para liquidar a
Pablo Escobar, durante Gaviria, o incluso con apoyos entusiastas a embriones
del paramilitarismo como las Convivir, promovidas por el entonces gobernador de
Antioquia, Álvaro Uribe, hoy en líos con la justicia por ese pasado turbio, que
millones de sus seguidores no quieren ver ni reconocer, rubricado después con
los “falsos positivos”, hijos legítimos y hasta legales de su “seguridad
democrática”, siendo ya presidente de la república.
La responsabilidad ciudadana, más allá del maniqueísmo
Sin duda, en todo ese pasado y
presente, los ciudadanos tenemos alguna responsabilidad en nuestra condición de
electores. Obviamente, unos más que otros. Siempre estamos eligiendo, con más o
menos consciencia e información, miedo o ignorancia, esperanza y hasta
entusiasmo, aquel candidato que creemos podrá garantizarnos seguridad, paz y prosperidad,
sin deparar mucho en los medios que utilice para lograrlo. Y cuando tuvimos la
oportunidad de decidir sobre el Acuerdo de Paz para comenzar a poner fin a esa
tramoya de la política con las armas y el crimen, reflejamos de cuerpo entero
nuestra confusión. Una confusión que, en últimas, es un miedo casi invencible a
reconocer las terribles verdades que hacen parte de nuestra realidad,
mirándonos de frente, despojándonos de nuestros prejuicios, intereses,
simpatías partidistas o ideológicas, odios personales o familiares
comprensibles y hasta venganzas generacionales, que llevan a muchos a
considerar que en política hay unas violencias buenas y otras malas. Incluso, buenos
muertos, cuya ejecución hay que celebrar. Así como Tirofijo y el Secretariado
de las FARC-EP consideraron que “el señor de las repúblicas independientes”
debía ser “ajusticiado” por haber promovido políticamente la operación
Marquetalia. Contra esa violencia burguesa del Estado, entonces desplegaron su
“justiciera” violencia guerrillera, asesinando el líder conservador, cobrándole
la factura de su discurso contra las “repúblicas independientes” 24 años
después.
La conversión de la paz
Pero hoy, curiosamente casi 25
años después, sus antiguos camaradas y cómplices del Secretariado, en comunicado
público de su partido, escriben: “Reconocemos que fue un error haber asesinado
a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado. Hemos leído sus biografías y
hoy sabemos que su contribución a la paz del país habría sido fundamental. Pero
la guerra nubla la mirada del futuro y sólo permite ver la realidad en blanco y
negro para dividirla en amigos y enemigos”. Algo que jamás hubieran reconocido
y escrito sin la conversión política que ha producido en ellos el Acuerdo de Paz.
Conversión que todavía está muy lejos de iniciarse en muchos de los
protagonistas de la política colombiana, obsesionados con la venganza, para no
hablar de los millones de colombianos que aún creen en la pueril y falsa
versión de que todo lo que nos acontece es una gran mentira.
“Nada es verdad, todo es mentira”
Una treta del pérfido “comunista”
Juan Manuel Santos, aliado con los criptosocialistas Obama y Biden, quienes
respaldaron el diabólico “Acuerdo de paz” para que el narcoterrorismo sembrara
de coca la mitad del país y quedara Colombia en manos de las FARC y la JEP, con
su “justicia de impunidad”. Algo tan delirante como el comportamiento de Trump
frente al coronavirus y la invitación a sus seguidores a que no tengan miedo de
la gripita, que salgan a las calles, como si todo fuera un cuento chino y que
voten por él el próximo 3 de noviembre, para salvarlos de los radicales
socialistas de Biden que pretenden ganarle mediante fraude electoral a través
del correo. Con estas narrativas, totalmente irreales y maniqueas, que millones
de personas no ponen en duda, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, es
que se degrada la política y se consolidan esos regímenes que Álvaro Gómez
Hurtado llamaba a tumbar, no violentamente, sino ciudadanamente, políticamente en
las urnas y no promoviendo guerras, cavando trincheras y más tumbas.
Nueva ciudadanía y liderazgos políticos
Pero para ello, se precisa que
tengamos como ciudadanos el valor y la suficiente lucidez de no dejarnos
embaucar por aquellos que todavía creen que la realidad es en blanco y negro y
la política un combate a muerte entre demócratas y comunistas, entre “amigos
virtuosos” contra “enemigos corruptos”, entre ciudadanos de bien contra los del
mal, o, en el colmo de la estulticia, entre “paracos” uribistas contra
“mamertos” petristas y viceversa. Los desafíos históricos para el
esclarecimiento de muchas verdades, el funcionamiento de la justicia
transicional y restaurativa y el logro de la reconciliación política nacional,
demandan una nueva ciudadanía capaz de superar esas falsas dicotomías que nos
dividen en bandos irreconciliables y de nuevos liderazgos políticos que se
sitúen más allá del ajuste de cuentas
entre clases sociales o, lo que es peor, de líderes que solo pretenden evadir
sus responsabilidades personales y políticas y temen más a las verdades y a la
justicia que hoy se empiezan a vislumbrar a partir del Acuerdo de Paz y
especialmente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías
de no repetición. Ya va siendo hora de empezar a reconocernos y reconciliarnos,
para no seguir avergonzándonos por un pasado tan atroz y superar este presente
cargado de crímenes que no cesan y de vengadores insaciables. Pero, sobre todo,
para dejar un futuro más amable a las nuevas generaciones, con un horizonte cierto
de democracia, civilidad, paz política, justicia social y prosperidad económica.
Esos son los desafíos históricos de la elección presidencial del 2022, si superamos
la morbilidad del coronavirus y no nos dejamos arrastrar por la letalidad del
autoritarismo. Porque si esto último sucede, el futuro nunca será de todos,
sino de muy pocos, como ha sido durante el pasado y lo es hasta el presente, con
casi total impunidad y mucha criminalidad. Entonces quedarían muchas verdades
por develar y responsables por identificar, tanto en la extrema izquierda como
en la extrema derecha, quienes respectivamente suelen ordenar asesinatos y
gobernar llenos de certeza, frialdad y buena conciencia, con coartadas como la
“revolución” y la “democracia”, que con el tiempo se nos revelan como una gran
falsedad.
